11.10.06

La inseguridad jurídica en San Luis



Por Matías Bailone


El Gobernador de la Provincia de San Luis ha producido otra vergüenza institucional de suma gravedad. Con la excusa de una etérea Emergencia del Sistema de Seguridad de la Provincia ha dictado tres decretos de “necesidad y urgencia”, que no existen en el marco constitucional local, y a través de los mismos pretende la modificación de leyes provinciales, algo que –obviamente- sólo puede realizarse por otras leyes y no por decretos.

Como si esta irrisoria irresponsabilidad fuera poco, la Legislatura Provincial amparada en la ignominiosa mayoría oficialista, ratifica decretos como si fueran proyectos de ley del Ejecutivo, produciendo una gravísima inseguridad jurídica provincial.

El texto de los supuestos decretos de necesidad y urgencia, abundan en graves alteraciones del orden republicano. Lo que más nos preocupa es la flagrante violación del principio constitucional de inocencia durante el proceso penal, que atenta contra el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional y contra el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El decreto 5315 MLyRL-2006 del 4 de Octubre de 2006 amparado en un decreto inmediatamente anterior que estableció una ‘Emergencia del Sistema de Seguridad Provincial’, modifica dos artículos del Código de Procedimientos Penales de la Provincia (un decreto modifica una ley!!!!) donde se pretende instaurar la prisión preventiva (recordemos que es una medida de coerción procesal destinada a inocentes) como regla absoluta durante el proceso penal. Esto además de atentar groseramente contra los artículos mencionados de la Constitución Nacional y del Pacto de San José de Costa Rica, viola directamente el artículo 40 de la Constitución de la Provincia de San Luis, que dice: “Las medidas de seguridad personal sobre un imputado o procesado que esta Constitución autoriza, son siempre de carácter excepcional”. La excepcionalidad es convertida en regla por este decreto del Poder Ejecutivo.

Dicho decreto en sus artículos 11 y 12 establece que el auto de procesamiento contendrá siempre la orden de embargo o inhibición general de bienes del procesado para los gastos, costas del juicio y la reparación económica a la víctima. Aquí se produce una peligrosa confusión entre el proceso penal y el civil conexo, del cual habla el artículo 91 del vigente Código Procesal Penal Provincial. Además se olvida que en San Luis no existe tal cosa como el ‘actor civil’.

Lo que actualmente es una facultad para el querellante, de pedir el embargo suficiente al victimario del delito juzgado, ahora se pone como una obligación para el magistrado que dicta el procesamiento. Dicho hecho agrava ilegalmente las condiciones de procesamiento y detención, especialmente cuando todavía el encartado se halla sometido a proceso y goza de pleno reconocimiento de su inocencia. Además este pedido de embargo obligatorio al procesado es una clara muestra de la normativización de los reclamos de la víctima, ya que se reemplaza la potestad que tiene en virtud del inciso b del artículo 92 del código ritual, por una facultad que ilegalmente se toma el Estado de pedir siempre y en todo caso dichas medidas cautelares económicas.

Como si todo esto fuera poco, además, la traba obligatoria del embargo o inhibición de bienes, es prevista que no sea inferior a una suma tan excesiva y desproporcionada como la equivalente a tres veces la remuneración de un Juez de Primera Instancia (aproximadamente cerca de 24.000 pesos argentinos).

El artículo 12 del mismo decreto del Gobernador modifica el artículo 514 del Código Procesal: elimina la caución personal para la obtención de la eximisión de prisión o excarcelación, y además eleva la suma para la caución real al mismo monto del párrafo anterior. Estas dos modificaciones (supresión de la caución personal y elevamiento irracional de la caución real) son violatorias de todos los artículos que hemos citado precedentemente, y de todos los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que firmados por la Argentina tienen status supraconstitucional, asi como de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal (conocidas como las Reglas de Mallorca).

Todas estas ilegales modificaciones del Código de Procedimientos Penales acarrea una situación de alta inseguridad para todos los ciudadanos de la Provincia de San Luis. Cualquiera de nosotros que por una desgracia del destino tenga un accidente de tránsito donde produzca una víctima fatal (homicidio culposo, art. 84 CP.) quedará atrapado en este espiral de represión punitiva donde no encontraremos la libertad sino después de un largo y penoso via crucis.

Las garantías penales y procesales penales que hoy se atacan en San Luis, que fueron ideadas por las ilustradas mentes del siglo XVIII, y plasmadas por nuestros constituyentes de 1853, son la ‘Carta Magna’ del ciudadano. Nos permiten a cada uno de nosotros un ámbito de libertad y de respeto a nuestra individualidad y humanidad, ante cualquier duda que recaiga sobre nosotros de una posible comisión de un ilícito. No olvidemos que siempre somos inocentes hasta que un proceso penal llevado a cabo con todas esas garantías, nos indica nuestra culpabilidad, o mantiene nuestra inocencia.

Estas vulneraciones de derechos nos afectan a todos. Hoy más que nunca, las asociaciones de derecho, y los ciudadanos sanluiseños, debemos peticionar ante las autoridades para que depongan este ESTADO DE ILEGALIDAD Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE PRIMERA GENERACIÓN. Y hacer responsable directo y principal de este Estado de Ilegalidad al Gobernador de la Provincia de San Luis, como así lo demuestran los decretos de su autoría.


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