11.10.06

La inseguridad jurídica en San Luis



Por Matías Bailone


El Gobernador de la Provincia de San Luis ha producido otra vergüenza institucional de suma gravedad. Con la excusa de una etérea Emergencia del Sistema de Seguridad de la Provincia ha dictado tres decretos de “necesidad y urgencia”, que no existen en el marco constitucional local, y a través de los mismos pretende la modificación de leyes provinciales, algo que –obviamente- sólo puede realizarse por otras leyes y no por decretos.

Como si esta irrisoria irresponsabilidad fuera poco, la Legislatura Provincial amparada en la ignominiosa mayoría oficialista, ratifica decretos como si fueran proyectos de ley del Ejecutivo, produciendo una gravísima inseguridad jurídica provincial.

El texto de los supuestos decretos de necesidad y urgencia, abundan en graves alteraciones del orden republicano. Lo que más nos preocupa es la flagrante violación del principio constitucional de inocencia durante el proceso penal, que atenta contra el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional y contra el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El decreto 5315 MLyRL-2006 del 4 de Octubre de 2006 amparado en un decreto inmediatamente anterior que estableció una ‘Emergencia del Sistema de Seguridad Provincial’, modifica dos artículos del Código de Procedimientos Penales de la Provincia (un decreto modifica una ley!!!!) donde se pretende instaurar la prisión preventiva (recordemos que es una medida de coerción procesal destinada a inocentes) como regla absoluta durante el proceso penal. Esto además de atentar groseramente contra los artículos mencionados de la Constitución Nacional y del Pacto de San José de Costa Rica, viola directamente el artículo 40 de la Constitución de la Provincia de San Luis, que dice: “Las medidas de seguridad personal sobre un imputado o procesado que esta Constitución autoriza, son siempre de carácter excepcional”. La excepcionalidad es convertida en regla por este decreto del Poder Ejecutivo.

Dicho decreto en sus artículos 11 y 12 establece que el auto de procesamiento contendrá siempre la orden de embargo o inhibición general de bienes del procesado para los gastos, costas del juicio y la reparación económica a la víctima. Aquí se produce una peligrosa confusión entre el proceso penal y el civil conexo, del cual habla el artículo 91 del vigente Código Procesal Penal Provincial. Además se olvida que en San Luis no existe tal cosa como el ‘actor civil’.

Lo que actualmente es una facultad para el querellante, de pedir el embargo suficiente al victimario del delito juzgado, ahora se pone como una obligación para el magistrado que dicta el procesamiento. Dicho hecho agrava ilegalmente las condiciones de procesamiento y detención, especialmente cuando todavía el encartado se halla sometido a proceso y goza de pleno reconocimiento de su inocencia. Además este pedido de embargo obligatorio al procesado es una clara muestra de la normativización de los reclamos de la víctima, ya que se reemplaza la potestad que tiene en virtud del inciso b del artículo 92 del código ritual, por una facultad que ilegalmente se toma el Estado de pedir siempre y en todo caso dichas medidas cautelares económicas.

Como si todo esto fuera poco, además, la traba obligatoria del embargo o inhibición de bienes, es prevista que no sea inferior a una suma tan excesiva y desproporcionada como la equivalente a tres veces la remuneración de un Juez de Primera Instancia (aproximadamente cerca de 24.000 pesos argentinos).

El artículo 12 del mismo decreto del Gobernador modifica el artículo 514 del Código Procesal: elimina la caución personal para la obtención de la eximisión de prisión o excarcelación, y además eleva la suma para la caución real al mismo monto del párrafo anterior. Estas dos modificaciones (supresión de la caución personal y elevamiento irracional de la caución real) son violatorias de todos los artículos que hemos citado precedentemente, y de todos los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que firmados por la Argentina tienen status supraconstitucional, asi como de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal (conocidas como las Reglas de Mallorca).

Todas estas ilegales modificaciones del Código de Procedimientos Penales acarrea una situación de alta inseguridad para todos los ciudadanos de la Provincia de San Luis. Cualquiera de nosotros que por una desgracia del destino tenga un accidente de tránsito donde produzca una víctima fatal (homicidio culposo, art. 84 CP.) quedará atrapado en este espiral de represión punitiva donde no encontraremos la libertad sino después de un largo y penoso via crucis.

Las garantías penales y procesales penales que hoy se atacan en San Luis, que fueron ideadas por las ilustradas mentes del siglo XVIII, y plasmadas por nuestros constituyentes de 1853, son la ‘Carta Magna’ del ciudadano. Nos permiten a cada uno de nosotros un ámbito de libertad y de respeto a nuestra individualidad y humanidad, ante cualquier duda que recaiga sobre nosotros de una posible comisión de un ilícito. No olvidemos que siempre somos inocentes hasta que un proceso penal llevado a cabo con todas esas garantías, nos indica nuestra culpabilidad, o mantiene nuestra inocencia.

Estas vulneraciones de derechos nos afectan a todos. Hoy más que nunca, las asociaciones de derecho, y los ciudadanos sanluiseños, debemos peticionar ante las autoridades para que depongan este ESTADO DE ILEGALIDAD Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE PRIMERA GENERACIÓN. Y hacer responsable directo y principal de este Estado de Ilegalidad al Gobernador de la Provincia de San Luis, como así lo demuestran los decretos de su autoría.


www.matiasbailone.com.ar

10.10.06

El INSTITUTO NACIONAL YRIGOYENEANO
invita a Ud. a participar del Acto Académico
en Homenaje a los 90 años de la Primera Presidencia
del Dr. Hipólito Yrigoyen

Jueves 12 de Octubre a las 18 hs.

Salón Rojo, Facultad de Derecho
Universidad de Buenos Aires
Avda. Figueroa Alcorta 2263

Disertantes:
Tulio Ortiz, Hebe Clementi, Osvaldo Alvarez Guerrero, Roberto Corne, Miguel Espeche Gil, Guillermo Gasió, Saúl Martínez, Enrique Zuleta Alvarez.
Moderan: Fernando Blanco Muiño y Diego Barovero.

www.yrigoyen.gov.ar

8.10.06

El precio del Gasoil


Por JUAN CARLOS DE PABLO

En uno de sus inolvidables monólogos dominicales, Tato Bores contó la siguiente historia. Un señor entra en un negocio, para comprar un cenicero. Cuando pregunta el precio, el vendedor le responde: $ 20. ¿Cómo, si enfrente lo venden a $ 15? Entonces vaya a comprarlo enfrente. Lo que ocurre es que enfrente se terminaron. Esta última afirmación generó la siguiente, antológica, respuesta: "aquí, cuando se terminen, también los vamos a vender a $ 15".

Bores, o quien le escribía los libretos, sabía lo que se empecinan en ignorar los funcionarios, y quienes siguen basando sus análisis en la estimación del inflación que mensualmente publica el INDEC: que el del gasoil es el precio al cual se consigue combustible, no el numerito que figura en los surtidores que, cada vez con mayor frecuencia, aparecen con las mangueras cruzadas.

El otro día un par de distinguidos empresarios locales le pidió "racionalidad" a los hogares en el consumo de energía, porque si estos demandan energía de manera irracional, las industrias y los comercios sufrirán cortes, o sustitución por fuentes de energía más caras, y se pondrá en peligro la continuación del crecimiento "a tasas chinas".

Flor de problema tenemos todos los profesores de economía, o al menos quienes enseñamos que el ser humano adopta sus decisiones en base a los beneficios y costos que enfrenta. Porque en un país donde a los hogares se les regala la energía, el gas, etc., ¿qué tiene de irracional no cuidarlos, como si fueran escasos y valiosos? Irracional sería apagar la luz.

Como irracional sería no seguir andando en autos nafteros, lo más campantes, por la Argentina. Por si no lo sabe, le cuento que en nuestro país las estaciones de servicios venden… impuestos, ya que en el caso de la nafta mucho más de la mitad del precio que usted paga, no queda en manos de los extractores y destiladores de petróleo, o en las de los expendedores de nafta, sino que va a las arcas públicas. Mientras estamos detenidos comprando impuestos, meten un líquido en el tanque de combustible, para que podamos ir hasta el próximo surtidor, a seguir comprando… impuestos.

Pues bien, a pesar del fuerte componente impositivo, la nafta cuesta en Argentina la mitad de lo que sale en los países limítrofes, y menos de la mitad de lo que cuesta en muchos países del mundo. ¿Es que los argentinos somos unos genios, y los extranjeros idiotas, o que "algo" está ocurriendo?

Siguiendo con la racionalidad y la irracionalidad, ¿qué tiene de irracional que los porteros limpien las veredas empujando las hojas con el chorro de agua potable que sale de las mangueras, si ellos no pagan los costos de potabilizar y distribuir la increíble cantidad que gastan de esa manera? Si se le duplicara el salario al portero de un edificio, pero se le instalara un medidor de consumo de agua en la canilla que utiliza para limpiar la vereda, sin dictar ningún curso de economía, al otro día se lo vería barrer la vereda.

Volvamos al gasoil. Como bien explicó el economista Fernando Navajas, si el problema es un faltante de gas, hay que explorar, hay que extraer, y encima hay que instalar un gasoducto. Tarea que se mide en años. Pero en el caso del gasoil, el producto se transporta en barcos que hay, se carga y descarga en puertos que hay, y se distribuye a través de un sistema que existe. La cuestión es de precio.
Me explicaron que de determinada cantidad y calidad de petróleo, vía destilación, salen proporciones aproximadamente fijas de nafta, gasoil, etc. De la misma manera que cuando se faena una vaca, salen proporciones aproximadamente fijas de lomo, carnaza cuadrada y nalga. ¿Cómo se igualan las proporciones en que aparece la oferta, con la estructura de la demanda? En el caso de la vaca, y parafraseando al recientemente desaparecido Fernando Siro, con la correspondiente estructura de precios. En sus palabras: "No hay que coimear al carnicero para que te dé lomo en vez de nalga; sólo hay que pagar más".

En Argentina, durante mucho tiempo, la estructura de precios de los combustibles generó exportación de nafta e importación de gasoil. Hoy, "gracias" a los controles internos de precios y a los derechos de exportación, es un gran negocio exportar la nafta que sobra, y es un pésimo negocio importar el gasoil que falta. Y a los empresarios del sector, igual que a usted y a mí, no les gusta perder dinero. El Gobierno acaba de disponer que para exportar nafta hay que pedir autorización. Supongo que dicha autorización estará sujeta al compromiso de importar gasoil. ¿Qué hacen quienes no exportan nafta, porque no destilan en Argentina?
Queda para los historiadores económicos repasar las medidas adoptadas, por Duhalde primero, por el actual gobierno después, en materia energética. Me anticipo a decir que las van a calificar de barbaridades… sin tener en cuenta el aumento del precio internacional de los combustibles. Con dicho aumento, ni hablar.
Pero esto, como digo, queda para los historiadores económicos. Porque quien tiene una responsabilidad ejecutiva tiene, primero y principal, que enfrentar la realidad como es, en parte heredada en buena medida generada. Y esto quiere decir actuar sobre los precios, de manera creíble.

Dejarle a Shell vender el nuevo gasoil al precio que anunció, implicaría una caída en el precio, porque según parece en el mercado negro, donde hay, hoy el producto se está comercializando a precios superiores. Junto a lo cual tiene que tener sentido importar gasoil, para lo cual el precio tiene que reflejar el costo de adquirirlo, el costo de importarlo, etc. ¿No quiere el Gobierno que el precio del gasoil se "entere" de todo esto? Tendrá que inventar un nuevo subsidio… mientras lo pueda financiar.

O inventamos un nuevo modelo de desarrollo, por el cual la actividad económica puede seguir creciendo "a tasas chinas" sin usar combustibles, o –como lo sospecha todo el mundo- estamos en problemas. Que se comenzarán a solucionar el día que las autoridades, sin decir nada, empiecen a desandar el berenjenal en el que se metieron.