Un gran error y una injusticia

Por Víctor H. Martínez

El portón de la historia argentina tiene dos bisagras que abrieron lamentablemente sus puertas a desencuentros y episodios dolorosos que aún muestran heridas profundas. El 6 de setiembre de 1930, un golpe cívico-militar derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen y el 28 de junio de 1966, otro golpe de Estado puso fin al gobierno del presidente Arturo Umberto Illia. Aunque en distintas circunstancias, hay el común denominador de todas las quiebras de la normalidad institucional: la pretensión de sus autores de justificar lo injustificable.

El 4 de agosto de 1900 nacía en Pergamino, Buenos Aires, Arturo Illia, quien luego de obtener su título de médico se radicó hacia 1929 en Cruz del Eje para ejercer su profesión como médico de Ferrocarriles. A diferencia de otros distinguidos colegas, abrazó el quehacer político al que serviría hasta el fin de sus días.

La dictadura del general Uriburu lo apartó de su cargo en el Ferrocarril, por lo que decidió completar sus estudios en Dinamarca, Alemania, Rusia y Francia, profundizando no sólo sus conocimientos científicos sino las percepciones de la política y las cuestiones sociales.

Después de ser senador provincial entre 1936 y 1940, vicegobernador, diputado nacional y gobernador electo, llegó a la presidencia el 12 de octubre de 1963. En su larga trayectoria debió sufrir la brusca separación de sus cargos por pronunciamientos militares.

Conocimos a Illia en el llano, dirigiendo campañas políticas desde el Comité Central y tuvimos su compañía cuando fuera elegido gobernador y nosotros recibíamos el diploma de legisladores. Muchos compartimos el abandono compulsivo determinado por la dictadura; pero en tanto nosotros nos lamentábamos por ese hecho, Illia, abrevando en sus adversidades, con postura “gandhiana”, nos alentaba con la frase que repetía en varias tribunas: “Hay que proseguir la lucha”.

Para comprender la sinrazón del despotismo que terminó con el gobierno democrático de Illia que, como todos los pronunciamientos autoritarios invocan el orden y la renovación progresista, cabe formularse unos interrogantes, teniendo presente anteriores y posteriores gobiernos.

¿Respetaba Illia la plataforma electoral y la Constitución Nacional? Fiel al documento de Avellaneda de 1945, habiendo obtenido más del 34 por ciento de los votos afirmativos y superado los votos en blanco, levantó las proscripciones posibilitando que el PJ participara en las elecciones nacionales de 1965. Respetó el derecho de huelga, las libertades de asociación y de prensa, la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, los derechos humanos y las libertades públicas, gobernando sin Estado de sitio. Hizo efectivos los derechos sociales sancionando la ley del salario mínimo, vital y móvil, cumplió con el pago del 82 por ciento móvil y saneó el sistema de seguridad social.

¿Defendió Illia los intereses nacionales frente a propios y extraños? Además de imponerse gran austeridad y de su probada honestidad en el manejo de la cosa pública, alentó modificaciones al Código Penal para incriminar a funcionarios ante eventuales actos de corrupción y enriquecimiento ilícito; durante su período se expresó en la Carta de Alta Gracia la estrategia en defensa de las producciones básicas, ratificó en la crisis de Santo Domingo el principio de no intervención, y obtuvo una resolución favorable en la ONU sobre la discusión por las Islas Malvinas.

Anuló los contratos petroleros considerados ilegítimos e inconvenientes para la Nación; desconoció la injerencia del Banco Mundial en la conducción de los servicios eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba), disminuyó la deuda externa, reestructuró el sistema ferroviario desquiciado en 1956, sancionó la ley de medicamentos para lograr rebaja de precios, implantó un régimen de promoción industrial más eficiente y puso en marcha el Plan Nacional de Desarrollo.

Hoy está en uso exhibir como modelo de buen gobierno los alentadores índices económicos, aunque no compartimos el criterio de subordinar valores al éxito económico y, menos, al coyuntural.

En la buena senda

Debe recordarse que nada en el gobierno de Illia se apartaba de la buena senda en materia económica. Aplicó el presupuesto por programas. La recaudación fiscal creció en 1965 con relación a 1964 un 80 por ciento y en el primer semestre de 1966, comparado con igual período de 1965, un 32 por ciento. Como se dijo, la deuda externa se redujo a 2.650 millones. El PIB creció un ocho por ciento en 1964 y un 7,8 en 1965 y la actividad agropecuaria lo hizo en el 7,1 por ciento, en tanto la manufacturera creció un 15,8 por ciento.

Las exportaciones, medidas en millones de dólares, pasaron a 1.410 en los primeros meses de 1966. La posesión de oro y divisas, que era negativa en 400 millones de dólares al momento de asumir Illia, pasó a ser positiva en 100 millones, en 1966. El salario real se incrementó en 6,2 por ciento y el costo de vida bajó en 6,2 por ciento.

En el orden educacional, instrumentó el plan nacional de alfabetización, promocionó la investigación científica y sostuvo la autonomía universitaria, destacándose que la educación pública recibió el más alto presupuesto de la historia.

Tuvimos el privilegio de seguir a Illia como médico, político y funcionario y sentirlo apegado al sistema de partidos, particularmente a la UCR. Tenía todas las cualidades del gran estadista, sin improvisaciones fáciles, con su accionar basado en el conocimiento profundo del país. Cuando jóvenes, nos convenció y formó sin imposiciones ni estridencias, pero con energía, sometidos sólo a la ley.

Los escenarios son distintos, pero siempre lo comparamos con Mahatma Gandhi, liderando con humanismo ejemplar a los pueblos, al servicio de las causas nobles, en favor de la paz y de la justicia social. Fue, pues, médico de almas y estadista de ciudadanos.

Nos complace que los protagonistas directos hayan reconocido la injusticia y el error del 28 de junio de 1966, pero los peligros que acechan a la democracia, aun dentro de su seno, siguen latentes y nos exigen estar vigilantes y actuantes en defensa de las instituciones.

Para ello, nada mejor que mirar atrás sin parcializar la historia ni avivar rencores, pero sí para recoger conductas y apreciar el valor de hombres que dieron lo mejor de sí, permitiendo que la juventud ejerza su derecho a conocerlos, en la búsqueda de futuras opciones.

Dr. Víctor Hipólito Martínez.
Ex Vice Presidente de la Nación Argentina (1983-1989), Ex Intendente de la Ciudad de Córdoba durante el Gobierno nacional del Dr. Illia (1963-1966). Actual Presidente del INSTITUTO NACIONAL YRIGOYENEANO, www.yrigoyen.gov.ar . Profesor emérito de Derecho Minero de la Universidad Nacional de Córdoba.
(Foto: El Dr. Illia junto al Dr. Víctor Martínez en la ciudad de Bs. As., circa 1973, foto tomada por Luisa Cerutti). El presente artículo fue publicado en el diario cordobés 'La Voz del Interior' el día 28 de junio de 2006.

Arturo Illia: un sueño breve

Visto desde hoy el balance de la gestión presidencial de Arturo Illia destaca por logros innegables, pero en su tiempo fue criticado y ridiculizado hasta la exasperación. Hay pocos casos en la historia argentina donde un presidente lograra un consenso tan rotundo para ser echado del poder. Y hay pocos casos, donde la mayoría de los que abogaron por su despido se hayan arrepentido, asumiendo que fue un error su conducta de entonces.

Esta situación tan peculiar ha impedido un examen a fondo de ese momento histórico. ¿Cuál fue la verdadera responsabilidad del peronismo en su caída? ¿Cómo se gestó la conjura militar? ¿Qué papel cumplió Estados Unidos, disconforme con varias medidas que afectaban a empresas norteamericanas? Analizando la carrera de Arturo Illia desde antes de su llegada a la Casa Rosada, Cesar Tcach explica su acción de gobierno, el clima adverso que lo rodeó y la forma en que los opositores lo fueron cercando hasta lograr su salida. Este análisis se complementa con entrevistas realizadas por Celso Rodríguez a figuras prominentes de los sesenta y con la publicación de documentos hasta hoy desconocidos de la CIA y del Departamento de Estado de U.S.A. Allí queda clara la actitud vergonzosa de ciertos políticos argentinos, peregrinando a la Embajada a pedir el golpe de 1966 y garantizando que nada malo ocurriría tras él.

Arturo Illia: un sueño breve revela de manera brillante, y quizás por primera vez, la trama completa del golpe de 1966 y muestra como la irresponsabilidad de las Fuerzas Armadas y de buena parte de la diligencia política y gremial y la triste indiferencia de la sociedad fueron determinantes para interrumpir la democracia

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ARTURO ILLIA UN SUEÑO BREVE de César Tcach y Celso Rodríguez con prólogo de Robert Potash Edhasa, junio 2006, Bs. As.

Un sueño breve

El golpe militar del 28 de junio distó de ser el correlato de crisis económica alguna. El propio Mariano Grondona lo reconocía el 2 de agosto en su revista Comentarios, al señalar que se trataba de una “Revolución espiritual” en medio de grandes cosechas y una relativa bonanza económica. ¿Dónde encontrar espiritualidad en un golpe de Estado? La respuesta entroncaba con los lugares comunes de la cultura política nacional. La Argentina no era concebida como un país más, como una nación entre otras. Lejos de la mediocridad, “el más occidental y menos subdesarrollado de los países del continente” tenía una misión: conducir a América latina “fuera” del mundo subdesarrollado e incorporarla de pleno derecho al mundo occidental. Pero la proa visionaria que inspiraba su epopeya hundía sus simientes en una nueva política y una nueva elite dirigente. En los meses posteriores al golpe militar, los análisis de la revista Comentarios, dirigida por Grondona, permiten recorrer el imaginario de la “Revolución Argentina” y la cultura política sobre la que se sustentaba. A partir de un diagnóstico certero, una sociedad particularista y fragmentada, consideraba imperativo “un cambio de estructuras” cuya clave residía en el “pase a retiro” de la antigua clase política. Ese pase a retiro –expresión que por sí misma implicaba ya una militarización del lenguaje utilizado en el análisis político– conducía al desplazamiento de una dirigencia cuyas virtudes anclaban en la “artesanía del comité” y el manejo de la promoción electoral. Frente a esa clase política, cuya decadencia era irreversible, el golpe militar habría significado, explícitamente, una operación de “eutanasia política”. Desde ese punto de vista, la eutanasia justificaba la disolución de los partidos políticos, incapaces de superar el “juicio de residencia” de los militares y la opinión pública. Se apelaba a esta figura –que en la época del dominio hispano suponía un juicio evaluativo de las máximas autoridades coloniales al terminar su gestión– pero a diferencia de entonces, los dirigentes partidarios estaban condenados de antemano: se trataba de un “juicio de residencia” sin posibilidad de absolución. En reemplazo de esa perimida dirigencia política, irrumpía –de acuerdo con la revista de Grondona– una nueva elite compuesta por técnicos, militares y hombres de empresa. Estos nuevos administradores emergían de los sectores más modernos y pujantes de la sociedad argentina, y estarían destinados a constituir una “nueva clase política”. Es verdad que frente a la fuerza hegemónica del imaginario que se acaba de describir, el gobierno radical se mostró desinteresado en articular consensos y políticas de alianzas. También fue evidente su ineficacia en el plano de la comunicación política. Pero es difícil precisar hasta qué punto el golpe fue una respuesta a su propia acción, especialmente, con respecto a las Fuerzas Armadas y el sindicalismo, en la medida en que muchas de las líneas de fractura estaban dibujadas de antemano. Un ejemplo es ilustrativo al respecto. En el terreno sindical, Illia intentó modificar –mediante el decreto 969 de marzo de 1966– la Ley de Asociaciones Profesionales: se dejaba en pie una CGT única pero el manejo de los fondos se repartía entre la central, la federación provincial y el sindicato de base, y se estipulaba la participación de las minorías en las direcciones gremiales. Esta iniciativa enfureció a la burocracia sindical peronista. Pero su práctica desestabilizadora hundía sus raíces en los propios inicios de la gestión presidencial. Los dirigentes sindicales nunca dejaron de concebir las elecciones de julio de 1963 en términos de “farsa electoral”. El cuestionamiento a la legitimidad de origen del gobierno nacional se realizaba en clave antiliberal: el radicalismo expresaba un orden liberal y partidocrático destinado a ser reemplazado por otro capaz de expresar a los verdaderos actores de la comunidad nacional, como los sindicatos, el Ejército y la Iglesia. Para Vandor, las Fuerzas Armadas sentían las inquietudes del pueblo y de la CGT (...). La primacía otorgada a los factores de poder en la determinación de los procesos políticos formaba parte de un imaginario extendido en la sociedad argentina. No se trataba de algo difícil de entender. Hasta Tato Bores –el gran humorista político argentino– señalaba en su programa dominical: “Los factores de poder están rabiosos”. En el plano militar, la rabia estaba alimentada por la convicción de experimentar, simultáneamente, una guerra interna y una época de decadencia nacional que sólo su acción podría revertir. Su predisposición al golpismo estaba inscripta en tendencias profundas y de larga duración, irrigadas por crecientes niveles de autonomía institucional que se extendían a la sombra de una misión por demás equívoca: la de defender un metafísico “ser nacional”. Es por eso que son de dudosa plausibilidad las hipótesis contrafactuales que especularon sobre la posibilidad de evitar el golpe si no hubiese existido anuencia gubernamental al pase a retiro de Onganía o si se hubiesen puesto límites a las expresiones del general Pistarini en su discurso del 29 de mayo, u otros acontecimientos puntuales. A contragusto de esta interpretación, hubo quienes sostuvieron que Illia defendió una “democracia de pizarrón”, y que el golpe fue necesario por haberse agotado la paciencia social (...). En un país de memoria frágil y corazón versátil, la paciencia no figuraba en el listado de las virtudes ciudadanas. En rigor, la dictadura militar del general Onganía agravó los peligros que pretendía conjurar. La sedicente nueva elite –que de nuevo tenía poco, dado que era también alimentada por los viejos referentes del poder económico (...)– prestó su consentimiento al general Onganía y avaló un nivel de violencia material y simbólica sin precedentes sobre la sociedad argentina. Desde la clausura sine die del parlamento y los partidos hasta la censura de las minifaldas, desde el coqueteo inicial con la CGT a la represión del sindicalismo, el nuevo gobierno no sólo clausuró una época marcada por la imposibilidad de resolver la cuestión peronista: inició la era de las dictaduras soberanas y fundacionales, es decir, de un tipo de régimen militar que lejos de limitarse a reemplazar las instituciones de un modo provisorio (como fueron los anteriores golpes militares), se proponía la fundación de un nuevo ciclo histórico. El Acta y el “Estatuto de la Revolución Argentina” se situaban por encima de la Constitución Nacional. De acuerdo con Robert Potash, fueron elaborados bajo la “mirada vigilante del general Julio Alsogaray”. La persistente violencia de “los de arriba” comenzó a legitimar la violencia popular y, paradójicamente, a deslegitimar “desde abajo” los valores de la democracia política, ya de por sí devaluados en el período precedente. La idea de revolución desplazó a la de paz, reforma, parlamento e instituciones representativas, descalificadas como meras cáscaras vacías. Es que el Onganiato fue, en definitiva, el prefacio al apogeo de las grandes organizaciones del peronismo radicalizado y la izquierda revolucionaria. El 7 de setiembre de 1966, a raíz de la muerte de Silvia Martorell –la esposa de Illia, tan ridiculizada por Eloy Martínez– cerca de cuatro mil personas acompañaron al presidente en su trayecto hacia el cementerio de la Recoleta. Fue despedida con gritos a favor de la democracia y la “patria libre”; luego, una manifestación de jóvenes radicales fue disuelta por la policía en la céntrica intersección de Callao y Santa Fe. Ese mismo día, caía asesinado por una bala calibre 45 de la policía cordobesa el estudiante Santiago Pampillón. A la saña de la represión policial los universitarios contestaron con el lenguaje de las barricadas, haciéndose dueños del Barrio Clínicas (...). La policía no pudo entrar en toda la noche. Aquel 7 de setiembre, los radicales porteños se dispersaron frente a la represión. Los universitarios cordobeses, en cambio, respondieron a la violencia con la violencia. La distancia entre ambas actitudes marcaría el creciente foso entre democracia y revolución (...).

Último acto de Arturo Illia

En la ciudad cordobesa de Bell Ville, Arturo Umberto Illia encabezó, el domingo 26 de junio de 1966, el últimos acto como presidente de los argentinos. Ese día, a las 16.40, el entonces avión presidencial Independencia decoló desde el aeródromo de la ciudad del este cordobés, con destino a Buenos Aires.

A los periodistas que cubrimos esa jornada nos quedó la impresión de que habíamos sido testigos de “su último acto”. El fervor del pueblo que lo acompañó en todo momento no alcanzó para disipar los rumores sobre su destitución. Arturo Illia arribó ese domingo a las 10.20 a Bell Ville y desarrolló una extensa actividad inaugurando obras, acompañado de un fervor popular sin antecedentes para esa localidad.

Poco después del mediodía, en el kilómetro 501 de la ruta nacional número 9, se concretó la ceremonia más importante de la visita presidencial, cuando Illia cortó las cintas inaugurando el Parador de YPF, uno de los más modernos del país para esos tiempos. Las expectativas estaban centradas en las palabras que a los postres iba a pronunciar el primer mandatario.

Los rumores de golpe circulaban por todos los rincones del país, pero Arturo U. Illia eludió en su mensaje referirse concretamente a la actividad política y a la crisis militar. Orientó su discurso hacia las políticas energéticas y agropecuarias de su gobierno, herramientas estratégicas para el desarrollo del país y particularmente de esa región que demandaba la electrificación rural para su despegue.

Desde las primeras horas del lunes 27 de junio, la impresión de que Illia había presidido el día anterior en Bell Ville sus últimos actos populares comenzó a efectivizarse en los hechos. La crisis militar se desató a media mañana con la destitución del general Caro, comandante del segundo cuerpo de Ejército, por el titular de esa fuerza, Pascual Pistarini, quien adoptó la medida sin consultar al jefe del Estado. Illia lo destituyó, pero Pistarini desconoció la orden del presidente, quien horas después fue desalojado de la Casa Rosada.

La caída de Illia marcó el fin de la cuenta regresiva que se inició en la mañana del sábado 29 de mayo de 1966, en ocasión de celebrarse el Día del Ejército. En esa ceremonia, Pascual Pistarini pronunció, al lado del presidente Illia, un duro y crítico discurso. Sus palabras sonaron más fuertes cuando advirtió que “no existe la libertad cuando no se proporciona a los hombres las posibilidades mínimas de lograr su destino trascendente”. El concepto centralizó los titulares de los principales diarios del país.

Para los sectores políticos, este discurso estuvo basado en el famoso comunicado 150 de Campo de Mayo, que puso fin al enfrentamiento de “azules y colorados” y que galvanizó el liderazgo del general Juan Carlos Onganía. Discursos que reconocían para muchos el pensamiento y el asesoramiento ideológico de Mariano Grondona, a quien, junto a Bernardo Neustadt, el destituido presidente Illia no habría de concederles notas ni reportajes hasta el fin de sus días en febrero de 1983.

Juan Carlos Toledo.
Redacción del matutino cordobés: "La Voz del Interior". 25 de junio de 2006.

Una enorme oportunidad perdida, por Raúl Alfonsín

Eran otros tiempos los que vivía la República cuando asumía la presidencia de la Nación el doctor Arturo Illia. El país estaba en una espesa bruma, en un estado de derrota, a veces daba la imagen de una división casi esquizofrénica entre los hechos y las palabras; no encontraba el rumbo, prisionero el pueblo de una desorientación que le impedía encontrar el camino que lo sacara de la decadencia y de los enfrentamientos, y lo llevara decididamente hacia el crecimiento con equidad y paz. Tiempos duros y difíciles, por eso no alcanzó un gobierno extraordinario como el de don Arturo Illia para consolidar la democracia.

Los argentinos habíamos perdido la confianza, la solidaridad, y éramos como autómatas encastillados en nuestras individualidades, dispuestos a imponer nuestras ideas, no a discutirlas. En este estado de situación, la convocatoria del doctor Illia no fue escuchada por todos.

“Tanto daño puede causar el abuso del poder por el gobierno, como el abuso del derecho por los ciudadanos”, advertía el presidente. Nadie ignora que el gobierno no abusó un ápice de su poder. Lamentablemente, fueron los ciudadanos los que abusaron de sus derechos, respetados como nunca antes.

Pienso que el período de gobierno de don Arturo Illia transcurrió en un momento en el que aún tenía plena vigencia la cultura autoritaria y antidemocrática que se había venido sedimentando en la población desde los años ’30.

Es cierto que el derrocamiento de Illia tuvo todos los ingredientes clásicos de los golpes de Estado en cualquier parte del mundo: actividad conspirativa en los cuarteles, connivencia civil, respaldo de grupos económicos, contexto internacional favorable, etcétera. Pero también es cierto que contó con un sustrato cultural que desde distintos ángulos alimentaba actitudes de desprecio hacia la democracia y que condicionó en gran medida el comportamiento de la población.

El peronismo, sin duda, desempeñó un papel importante en este proceso, empezado por la línea de acciones claramente desestabilizadoras que adoptó desde el comienzo su componente sindical, y culminando con el apoyo brindado por el gremialismo peronista al golpe del 28 de junio de 1966. A esto debe agregarse la acción obstruccionista desarrollada por el PJ en el Congreso y que colocó a la minoritaria representación radical en una situación terriblemente difícil.

Aún se mantenía viva en la conciencia política peronista la posición de ruptura con el orden –demoliberal– del que Illia era un claro exponente. Desde este enfoque, la perspectiva de un golpe que pusiera fin a un orden semejante no causaba aprehensión ni estimulaba movilizaciones populares en defensa del sistema. Por el contrario, se diría que hasta resultaba apetecible. En la izquierda y sus aledaños, entre tanto, estaba de moda la revolución cubana, que en aquellos años alcanzaba su punto de mayor prestigio e influencia sobre vastos estratos estudiantiles y de la juventud en general.

Este fenómeno nutrió entre nosotros una cultura de desprecio por lo que se solía llamar, con un facilismo extremo, “democracia burguesa”. Los sectores sometidos a esta influencia daban la bienvenida a cualquier circunstancia o proceso que sirviera para “agudizar las contradicciones”, lo que para ellos terminaba también por arrojar una luz macabramente positiva sobre los golpes de Estado, uno de los cuales finalmente se produjo aquel fatídico 28 de junio de 1966, antecedente para lo que luego sería para el país el período más sangriento del siglo.

La Argentina se perdió así la enorme oportunidad de crecer de la mano de un gobierno que en el poco tiempo que estuvo en el poder puso en práctica una impecable política económica con cifras de crecimiento impensadas poco antes y con la puesta en práctica de la verdadera democracia social.

Dr. Raúl Ricardo Alfonsín

A mayor pena, mayor delito. Por Diego Goldman

A mayor pena, mayor delito

Ante cada nuevo azote de la delincuencia se suman las voces que propugnan un incremento de las escalas punitivas y un endurecimiento de la legislación penal.

El pedido de "mano dura" no es en estos casos patrimonio exclusivo del gremio de los choferes de taxis (el cual tiene particular debilidad por el endurecimiento de la legislación represiva), sino que en ocasiones es apoyado por gran parte de la ciudadanía, prestigiosos periodistas, políticos de todas las extracciones, intelectuales variopintos y aún por juristas de nota.

El razonamiento subyacente a este clamor por mayores penas no está exento de cierta lógica económica y es el siguiente: dado que la pena es el "precio" que el delincuente debe "pagar" por sus actos antisociales, un incremento de ese "precio" debería determinar una disminución de la "demanda" de delitos, es decir una caída de los índices delictivos.

Sin embargo el axioma de que "a mayores penas menores delitos" no es tan consistente como parece a simple vista, y estoy dispuesto a contradecirlo a continuación y, más aún, a sostener que, llegado a cierto punto de agravamiento de las escalas penales, un incremento de las penas puede determinar un aumento de la actividad delictiva.

Un primer argumento en este sentido es que, efectivamente, la amenaza de pena no es lo único que determina la propensión a delinquir de ciertas personas. Es por demás obvio que otro tipo de factores culturales, económicos y, fundamentalmente, morales, tienen una influencia determinante en el incremento o disminución de la delincuencia. Hasta un autor como Richard A. Posner, de quien no podemos precisamente sostener su simpatía por el socialismo económico y su inseparable compañero, el abolicionismo penal, ha llegado a deslizar que "...es posible que desde el punto de vista económico se justifique realizar algunos intentos, por modestos que sean, para lograr que la distribución del ingreso y de la riqueza sea más equitativa debido a que una distribución de esta naturaleza tal vez reduzca la incidencia y en consecuencia el costo de delinquir, ya sea aumentando el costo de oportunidad del criminal (es decir, el ingreso que deja de percibir realizando una actividad legítima), y, de manera menos probable, disminuyendo los ingresos que se podrían obtener del delito..." (Richard A. Posner, "Utilitarismo, economía y teoría del derecho", publicado en Estudios Públicos N° 69, pág. 207).

Dejo planteado el punto, que merece un análisis mucho más exhaustivo (que queda pendiente para otra ocasión), para seguir analizando el "axioma de la mano dura", pero en sus propios términos.

Para empezar, hay que reconocer que la idea de que a mayores penas menores delitos no es en principio incorrecta, y dejando de lado todos los demás factores que influyen en la producción de un hecho criminal y ciertas (justificadas) prevenciones morales que produce la idea de utilizar instrumentalmente a una persona aplicándole una pena para intimidar al resto de la sociedad a efectos de que no delinca (la llamada "teoría de la prevención general"), parece casi irrefutable que un incremento del "precio" del delito llevará a su disminución.

El problema es que, planteada la cuestión como un simple incremento aritmético de las penas, el argumento es demasiado simplista como para superar un análisis crítico.

En efecto, lo que una persona hipotéticamente evaluaría antes de decidirse a cometer un delito no es tanto el monto nominal de la pena, sino las posibilidades efectivas de que le sea aplicada. El auténtico precio que paga el delincuente es, en todo caso, el monto de la pena multiplicado por la posibilidad de que se haga efectiva, por lo que un aumento de la escala punitiva no producirá una disminución de la delincuencia, siguiendo el "axioma de la mano dura", si al mismo tiempo una disminución inversamente proporcional de la posibilidad de que la pena se aplique disminuye el "precio efectivo" de la acción criminal.

Por lo general, el aumento de las escalas penales determina precisamente una disminución del número de condenas, por la sencilla razón de que los jueces son personas con convicciones morales como cualquier otra, y usualmente se niegan a aplicar penas absolutamente desproporcionales a los actos que buscan desalentar.

Si, por ejemplo, una ley asignara pena de muerte al libramiento de cheques sin provisión de fondos, seguramente le haría un flaco favor a la actividad comercial, dado que ningún juez dictaría una sentencia ordenando la muerte de un mal pagador.

Aunque no he estudiado el tema lo suficiente, creo que inclusive es socialmente eficiente que los jueces no dicten ese tipo de sentencias desproporcionadas, dado que no resulta racional sacrificar un bien de alto valor para proteger bienes de un valor inferior. Supongamos que el valor de la vida del peor estafador puede estimarse en, digamos, $ 100.000, ¿valdría la pena sacrificarla para evitar que cometa estafas por $ 50.000?

Aún inconscientemente, creo que este tipo de comparaciones no están ajenas de la mente del juez que tiene que resolver un determinado caso y por ello las normas que buscan endurecer las penas y hacer más gravosa la situación de la persona sometida a un proceso penal han fracasado invariablemente. Después de todo, como bien lo ha puesto de manifiesto la escuela del realismo jurídico, los jueces primero deciden la solución de un caso de acuerdo a sus propios parámetros valorativos y recién después buscan las normas que sustenten la decisión adoptada, apoyándose en las que les resultan favorables y descartando aquellas que no lo hacen.

Aplicar penas de prisión efectiva, por caso, para lesiones leves producidas por un accidente de tránsito involuntario, o privar de su libertad a una persona en base a la mera sospecha de que podría haber evadido impuestos, son medidas tan desproporcionadas en relación a los fines que persiguen que dificilmente un juez se decida a aplicarlas.

Por ello una politica penal que efectivamente busque disminuir la delincuencia debe buscar no tanto que las penas sean graves, sino que sean efectivas. Y, precisamente, para que las penas sean efectivas no deben resultar desproporcionadas a los delitos que se busca prevenir. En particular, las penas de prisión deberían reservarse solo a los casos más graves entre aquellos contemplados por los códigos penales, tales como homicidios dolosos, robos con armas, lesiones graves, violaciones, secuestros, etc. Para delitos de menor significación, como por ejemplo pequeñas estafas, violación de secretos profesionales, lesiones culposas, etc., deberían establecerse penas alternativas a la privación de la libertad, que sean efectivamente aplicadas por los jueces y que constituyan un verdadero instrumento de disuación de ese tipo de conductas.

Es más efectivo para evitar el delito, por ejemplo, que la persona que está por delinquir tenga la certeza de que cuenta con un 90% de posibilidades de recibir una pena moderada (supongamos dos meses de prisión), que saber que, si bien existe la posilidad de recibir una pena sumamente grave (supongamos quince años de prisión), esta sólo se hace efectiva en un 0,1% de los casos.

El anteproyecto de Código Penal presentado por el Ministerio de Justicia, si bien criticable en muchos aspectos, expresa en cierta medida estas ideas, estableciendo la posibilidad de la imposición de penas alternativas a la prisión para delitos menores, al tiempo que estipula que estas se hagan efectivas suprimiendo la facultad de condenar condicionalmente.

Con las modificaciones que resultaren pertinentes luego de un debate amplio pero racional de la cuestión, sería positivo que reformas legislativas en este sentido se concretasen en un futuro no muy lejano.

Dr. Diego H. Goldman
http://diegogoldman.blogspot.com/

A 110 años del suicidio de Leandro Alem

LA FIGURA DE ALEM

Discurso del Dr. Bernardo de Irigoyen

Las cenizas de los hombres que, como el doctor Alem, personificaron ese conjunto de virtudes cívicas y privadas, que dignifican la vida, arrojan luces que alumbran el desenvolvimiento libre de los pueblos. La acción del tiempo, lejos de extinguirlas las conforta, para que sirvan de estímulo y de ejemplo a las generaciones que se suceden en el orden de la humanidad.
No estoy llamado a pronunciar el elogio fúnebre del doctor Leandro N. Alem.
Están designados los ciudadanos que deben perfilar en este acto los contornos de esa figura acentuada que representó en épocas recientes las manifestaciones y los anhelos de la opinión nacional.
Algunos de esos oradores dibujarán probablemente los primeros esfuerzos de aquel joven, que destituído de influencias y de favores, se incorporó airosamente al movimiento literario y científico del país. Aquel acto fué ya la profecía de su figuración política. Ocupó pronto un puesto prominente, entre Gallo, Del Valle, Goyena, López y otros igualmente esclarecidos, y tuvo poderosa influencia en los acuerdos y trabajos políticos de aquella agrupación, brillante por el talento de sus hombres, los que parecen destinados a ausentarse prematuramente del escenario de la vida.
Otros escribirán los variados accidentes de la existencia de Alem y referirán la espontaneidad con que, cuando la dignidad de la patria pareció en peligro, abandonó las reflexivas tareas del foro, para defender valientemente en los campos de batalla la integridad y el nombre de la Nación. y después de haber formado dignamente algunos años en las filas del ejército nacional, tornó a esta capital, para actuar con ardimiento en nuestras contiendas internas, conquistando ya en aquellas luchas el prestigio de que ha vivido acompañado, fuera próspera o adversa la situación en que lo colocaron los acontecimientos. Más tarde, debate con notabilísima ilustración en los parlamentos de la Provincia y de la Nación las altas y ruidosas cuestiones administrativas y constitucionales, que apasionaron en aquellos días el sentimiento nacional, y se aleja después de la escena pública sin reparar si son muchos o pocos los que lo acompañan, porque la soledad nunca abatió su espíritu ni debilitó sus patrióticos ideales.
Y no faltará alguno que al trazar esos rasgos biográficos, recuerde aquellos días críticos, en los que, aproximados los partidos tradicionales de la República, interrumpieron el espontáneo retraimiento de Alem, designándolo para presidir el levantamiento popular de julio, en favor de las libertades constitucionales del país.
El aceptó sin vacilaciones la confianza que se le discerniera : tomó el puesto que le señalaran sus convicciones, el voto de sus amigos y de sus adversarios, y permaneció desde entonces fiel al espíritu, al lenguaje y al programa de aquella revolución, esencialmente nacional por los levantados designios que la decidieron.
Pero la revolución no fué como se ha dicho, una pasión de su alma ardiente, ni una veleidad genial. El creía sinceramente que las ideas que ha seguido sosteniendo formaban parte del plan sancionado por el sentimiento y por las necesidades constitucionales de la República y aceptado deliberadamente en 1890 por la Unión Cívica en el acto fundamental de su convocatoria.
La verdad, el desinterés, la pureza de propósitos, el amor a las instituciones que garantizan el destino de las naciones, la integridad política en la más alta acepción de la palabra; estas fueron las cualidades que constituyeron su ascendiente y su poder.
Vivió desde sus primeros años identificado con el pueblo, que lo miraba como verdadero representante de sus aspiraciones y de sus derechos. Nada podía ofrecer a los que lo acompañaban en las largas y espinosas luchas que dirigiera; y sin embargo, grandes colectividades en la capital y en la República los siguieron; con incontrastable abnegación, y desde el infausto momento de su muerte, el pueblo permaneció agrupado en torno de sus restos, como pidiendo todavía inspiraciones a su probado patriotismo o esperando órdenes de la autoridad moral que invistiera en toda la República, fundada en el título de sus acrisolados servicios, de la incorruptibilidad de su carácter y del poder atrayente de sus generosos ideales.
Leandro Alem baja a la tumba envuelto en su tradicional austeridad. Rodéanlo, sin embargo, los honores y demostraciones que el país unánimemente le acuerda, y este hecho enseñará a nuestra posteridad que los grandes caracteres se imponen al respeto de los pueblos y que la pobreza de un ciudadano ilustre reviste en ciertas situaciones el esplendor de la grandeza, que la historia se encarga de perpetuar.
Saludemos con amor y recogimiento los despojos mortales de este amigo esclarecido y que su memoria se grabe en el espíritu y en los buenos recuerdos de la patria.

Dr. Bernardo de Irigoyen

(Véase La Prensa, 5 de julio de 1896.) www.historia.radicales.org.ar

Leandro Alem - 110 años de su muerte

LEANDRO ALEM, 1° DE JULIO DE 1896

El dolor es mudo como la muerte, y es por ello que mis labios debían permanecer silenciosos ante la vista de este féretro que se ausenta para siempre de nosotros.
Pero quiero también a mi vez retribuirle ese adios postrero que me legó este gran hombre, al perderse para siempre en el fondo insondable del infinito.
La vida del Dr. Alem es una lucha continua: desde sus primeros pasos en el mundo, no tuvo más recursos que sus solas fuerzas, y ellas fueron suficientes para llegar a ser el caudillo más grande y el tribuno más brillante que registran los anales argentinos.
¡Qué poderosas debían ser ellas ! y qué grande la virtud de su alma., y qué virilidad la de sus sentimientos!
Su carácter tenía el temple del acero: inflexible e inquebrantable, no transigió nunca, ni con el crímen, ni con el vicio.
Eligió la senda del deber y de ella jamás se apartó, por más irresistibles que fuesen los obstáculos a vencer, y fué por eso que el pueblo que vió y comprendió los esfuerzos de su alma generosa, creyó siempre en la sinceridad de sus creencias y en la fidelidad de su conducta.
No iba a la plaza pública a agitar las muchedumbres por propósitos livianos, ambiciosos o mercenarios.

Jamás buscó nada para si en su agitada vida política; todo lo hacía por la patria. El pueblo, que asi lo sabía, concurría a su llamado y veía que el ejemplo de su vida austera coincidía en un todo con sus propósitos.
No hizo la propaganda de su doctrina como otros, en lecciones de ciencias especulativas en las cátedras a las jóvenes inteligencias preparadas para ello, sinó que su acción fué más vasta y más persistente; su cátedra era la tribuna popular y desde ella, a la vista de todos y expuesto al juicio público, era desde donde proclamaba las doctrinas políticas sin disfraces de ninguna especie y rindiendo siempre culto a la verdad.
Ha caído, no como el atleta esforzado en medio de la lucha, sinó que él mismo, de una manera estudiada y con profundo conocimiento de causa, se arrancó la vida.
Buscó en el suicidio un descanso de las batallas tan fuertes que tuvo que dar durante su existencia.
No conozco en nuestros anales patrios un sólo caso igual al presente : todos los luchadores del pueblo, como Mariano Moreno, Echevarría, Alsina y otros, han terminado su vida cumpliendo el proceso evolutivo de la materia : nacer, crecer y morir.
Alem ha sido el único que no quiso sentir su espíritu decrépito y ver que las fuerzas y el ánimo le faltaban: creería, si esto hubiese podido suceder, que no era el mismo hombre; se hubiera desconocido !
Su vida ha sido una continua lucha por la causa del bien, y el día que creyó ver debilidades en el camino que de tiempo atrás se trazó, hizo lo que Aníbal y Catón de Utica : librar a sus enemigos de un campeón que nunca pudo ser vencido ni doblegado por ellos. Potius moris quam fedaeris.
Nunca nada le negó a su patria: en la más grande guerra internacional que tuvo, fué uno de los primeros voluntarios animosos que concurrió al llamado del deber, abandonando familia y estudios y soportando todas las rudas tareas del soldado, a pesar de tener una naturaleza excesivamente debilitada.
Cuando en una república vecina se produjo una revolución a efecto de derribar un gobierno espúreo, él se puso al servicio de esa obra, recolectando socorros y dinero para esa redención.
Pero donde más se agiganta su figura es de seis años a esta parte.
Tocóle ser jefe del partido popular, y con tan gran éxito que, en el reducido espacio menor de dos años formó el partido más grande y fuerte que se haya conocido en nuestras luchas civiles.
Pero, es necesario verlo como trabajaba; emprendía una serie de giras a las provincias, agitando y poniendo en pie el espíritu público que estaba inerte; de allí viene, organiza todo el movimiento electoral de la capital; pera para todo esto le fué necesario sacrificarlo todo: su estudio de abogado desapareció, su pasar honrado y modesto se liquidó, sus horas de sueño no existían y su salud se resintió de todo este gran esfuerzo hecho.
Su obra fué grande y ella no sólo dió resultados benéficos al país en la forma y modo de organización unipersonal de los comités, sinó que puso también en práctica el sistema de las convenciones para los puestos electivos.
El partido formado por él dió sus irutos, tanto en la lucha paeífica de los comicios como en el campo azaroso de las revoluciones.
No sólo perdió su bienestar personal y salud, sinó que sufrió cárceles, destierros y persecuciones, soportando todas estas injusticias con altivez y sin humillaciones.
Lo único que le quedaba que dar al pueblo era la vida, y creyendo que ella pudiera ser fructífera para su causa se la arrancó con todo valor y sin pedir en cambio nada para él.
Fué por su causa tribuno, apóstol y mártir de su credo político, sin más satisfacción que la del deber cumplido.
Recojamos, pues, su testamento político y juremos aquí, en su tumba, llevar adelante los principios de nuestro partido, imitando el ejemplo de su vida para no desfallecer, para no claudicar, ni arrollar la bandera en medio de la jornada.
Tengamos presente que la sangre de este mártir, dada en holocausto por la buena causa, no puede quedar estéril sinó que servirá para justificar nuestras creencias y sentimientos.
La verdad es que nos falta él. El más esforzado, el más batallador y el más grande y abnegado de los tribunos argentinos.
El vacío que deja su partida será imposible de ser llenado y si valoramos lo que valía en la vida, hoy después de su muerte sabremos ver la falta que nos hará para nuestra propaganda y acción. Y es por todo ello que la gratitud póstuma le ha de levantar un monumento en el bronce o en el mármol, erigido por el óbolo generoso y desinteresado del pueblo, pues su nombre brilla ya en el panteón de la inmortalidad.
Y digo por el óbolo del pueblo, porque murió pobre después de haber vivido virtuoso y haber sido combatido por los sicarios y sayones de los protervos, pero ¡qué le da a él esto! ¡desgraciado de aquél a quien no se combate ! Su mérito ha de ser muy obscuro y dudoso cuando no basta a despertar el ladrido de la envidia, ni el furor de los envilecidos.
Yo, señores, que lo he seguido a su lado por más de quince años, con el mismo cariño y estimación que a un padre, se cuán grande era su alma candorosa y apasionada, ese cerebro tan profundo y bien constituído y ese gran corazón a la vez de héroe y de niño por su romanticismo y pureza.
Yo, señores, he querido comprimir mis sentimientos políticos, no he querido dar la nota fuerte en esta tumba, porque el gobierno y una parte de la prensa adversa a nuestra causa han rendido tributo de aprecio y admiración hacia el doctor Alem. Han comprendido recién que era virtuoso e ilustre y han venido a pagar ese tributo ante su tumba; a la virtud, que no tiene partidos, como no tiene ni país ni idioma determinado, y que impone el yugo de su autoridad, de su ascendiente y de su prestigio a todos los corazones nobles y generosos.
De su frente ya pálida y velada por los fantasmas de la muerte, se destacan rayos luminosos que nos han de alumbrar a nosotros en el camino a recorrer en la vida, para no separarnos del deber y la lealtad.

¡ Doctor Alem! tú has atravesado el estrecho istmo que separa la vida del sepulcro, en brazos de la inmortalidad y coronado por la gloria. Desde tu mansión silenciosa, templo de tu virtud y heroismo, nos predicas con tu muerte y tu testamento lecciones mudas pero sublimes, que nosotros recogeremos en el fondo de nuestras almas, nuestras rodillas se doblarán involuntariamente al pasar por delante de tu tumba y nuestras lágrimas correrán largo tiempo como si pudieran reanimar tus frías cenizas.
Dichoso tú que por tus obras, hoy sobrenadas en el piélago inmenso de la eternidad, en que todo se sumerge y perece!
Vivirás en lo íntimo de mi ser como el más caro de los míos! Te profesaba un cariño sincero, tú lo sabes bien, cuando a la despedida me llamabas tu joven y leal amigo.
Serás mi égida en el camino de la existencia, y todos los días los míos rogarán por ti; tanto te querían! Hoy
cómo te lloran !
Hay prendas adoradas que viven constantes en el sueño inconmensurable y eterno de la muerte, dice el gran dramaturgo inglés; así vivirá tu nombre para tus amigos y para el pueblo de quien fuiste el mártir y el apóstol de su credo.
¡Adiós para siempre!

Dr. Domingo Demaría

Discurso en el entierro del Dr. Alem

de www.historia.radicales.org.ar/alem.htm

A 40 años del asalto a la Rosada

Con el golpe a Illia nació un nuevo tipo de dictadura

Por César Tcach
Politólogo, Investigador CONICET y Director Maestría en Partidos Políticos (Universidad de Córdoba)

¿Cuáles fueron las causas del golpe militar del 28 de junio de 1966 que derrocó a Arturo Illia? No fue el correlato de crisis económica alguna; el producto bruto interno crecía a un ritmo cercano al 8% anual. El propio Mariano Grondona lo reconocía el 2 de agosto en su revista Comentarios, al señalar que se trataba de una "Revolución espiritual" en medio de grandes cosechas y una relativa bonanza económica. Lejos de la mediocridad, "el más occidental y menos subdesarrollado de los países del continente" tendría una misión: conducir a América latina "fuera" del mundo subdesarrollado e incorporarla de pleno derecho al mundo occidental.

Desde esta mirada, se hacía imperativo un "cambio de estructuras" cuya clave era el "pase a retiro" de la antigua clase política. En reemplazo de esa perimida dirigencia política, irrumpiría una nueva elite compuesta por técnicos, militares y hombres de empresa. Este punto de vista era compartido por el comandante del primer cuerpo de Ejército, general Julio Alzogaray, quien —de acuerdo a un documento de la CIA fechado el 1º de junio— habría informado a la inteligencia norteamericana que el inminente nuevo gobierno se proponía disolver todos los partidos políticos y establecer regulaciones específicas para la formación de otros nuevos. Alzogaray les comunicó, además, que los objetivos eran neutralizar las actividades comunistas, hacer de la Argentina un aliado activo de los países occidentales, recuperar la confianza de los inversores extranjeros y fortalecer las relaciones con los EE.UU.

Por cierto, existía una amplia brecha entre lo que el general Alzogaray decía en privado a los funcionarios norteamericanos y lo que decía en público. Poco tiempo antes, había sostenido en Santa Rosa de La Pampa que los golpes militares eran "cosa del pasado", una "etapa cerrada" de la historia argentina. En la madrugada del golpe se ocupó personalmente de desalojar a Arturo Illia de su despacho en la Casa Rosada.

Los propósitos desestabilizadores contaron con el beneplácito de la XXII Asamblea de ACIEL (Acción Coordinadora de Instituciones Empresariales Libres), entidad que agrupaba a los grandes empresarios nacio nales y extranjeros. En la primera semana de junio expresó en una declaración que el gobierno favorecía la actividad disolvente de grupos minoritarios que incitaban a la ocupación de fábricas y universidades; abriendo las puertas a un proceso que favorecía "la propagación de ideas extremistas que propugnan, directa o indirectamente, la implantación del colectivismo". Poco tiempo después, la Sociedad Rural se referirá al Onganiato en una terminología que no dejaba lugar a dudas: "nuestro gobierno".

Sin embargo, el golpe militar contó con una red de complicidades en la sociedad civil que excedía con holgura los límites de los grandes grupos de poder económico. Un informe de la CIA fechado el 3 de junio informó que el sindicalismo vandorista había establecido contactos con los militares y resuelto no oponerse al golpe. No era de extrañar.

En el terreno sindical, Illia intentó modificar la ley de asociaciones profesionales: el manejo de los fondos se repartiría, de acuerdo con esa iniciativa, entre la central, la Federación provincial y el sindicato de base. Se estipulaba, asimismo, la participación de las minorías en las direcciones gremiales. Esta iniciativa enfureció a la burocracia sindical peronista. Pero su práctica desestabilizadora hundía sus raíces en los propios inicios de la gestión presidencial.

Los dirigentes sindicales nunca dejaron de concebir las elecciones de julio de 1963 en términos de "farsa electoral". El cuestionamiento a la legitimidad de origen del gobierno nacional se realizaba en clave antiliberal: el radicalismo expresaba un orden liberal y partidocrático destinado a ser reemplazado por otro capaz de expresar a los verdaderos actores de la comunidad nacional, como los sindicatos, el Ejército y la Iglesia.

Vandor, elogiado sospechosamente por la revista Confirmado, no se sonrojaba al señalar que las Fuerzas Armadas sentían las inquietudes del pueblo y de la CGT. Con mayor precisión, Juan José Taccone, máximo dirigente de Luz y Fuerza en Capital Federal, sintetizaba: "La clase obrera debe integrarse al resto de los sectores nacionales, de los que no excluimos, por supuesto, a la Iglesia o al Ejército. No debemos perder contacto con empresarios industriales (...) estamos en la búsqueda de una síntesis nacional". El lugar de privilegio que los sectores corporativos —"factores de poder", en el lenguaje de la época— debían tener en la toma de decisiones formaba parte de un imaginario que renegaba de los partidos y el Parlamento.

El impacto de las tendencias desestabilizadoras fue potenciado por el comportamiento de los propios partidos políticos, y en especial, de la oposición parlamentaria. Los bloques legislativos vetaron el tratamiento del presupuesto nacional para el año 1966. Ante la negativa, en abril de ese año el presidente Illia envío un mensaje al Parlamento, en el que reiteraba la necesidad de su urgente tratamiento, al tiempo que el propio ministro de Defensa, Leopoldo Suárez, acusaba al Congreso de presionar al país. Como respuesta, siete bloques —PJ, UCRI, MID, PDP, PDC, PSA y Alianza Misionera— elaboraron un despacho conjunto que ratificaba la negativa y postulaba la prórroga del presupuesto del año anterior, como norma de emergencia. Al veto del proyecto de presupuesto 1966 (cuando se dio el golpe de Onganía aún no había sido aprobado) se añadió el rechazo al proyecto de reformas impositivas con las que el gobierno pretendía hacer frente a las demandas del sector educativo.

En los hechos, los partidos operaban en contra del sistema de partidos y desprestigiaban con su accionar la institución parlamentaria. Su dudosa responsabilidad cívica alimentó la convicción militar de ser protagonistas de una época cuyos dos rasgos más sobresalientes eran la decadencia nacional y la guerra interna. Al calor de esas creencias, el gobierno de Onganía reemplazó el antiperonismo por el antipartidismo generalizado e inició la era de las dictaduras soberanas y fundacionales, es decir, de un tipo de régimen militar que lejos de limitarse a reemplazar las instituciones de un modo provisorio (como fueron los anteriores golpes militares), se proponía la fundación de un nuevo ciclo histórico.

César Tcach es autor del libro "Arturo Illia, un sueño breve. El rol del peronismo y de los Estados Unidos en el golpe militar de 1966". (Edhasa, 2006). Nota publicada en CLARÍN, 26 de Junio de 2006.

A 40 años de aquel crimen contra la República

Hace 40 años el Presidente de la Nación Arturo Illia era despojado de su mando y vilmente arrastrado fuera de la Casa Rosada por un grupo de forajidos que se ampararon en el poder limitado de las armas y de la fuerza.

Arturo Illia fue un presidente que moldeó su plataforma de gobierno sobre la honestidad, la libertad y el progreso. Un verdadero ejemplo de democracia liberal, de hecho así lo llamaron quienes lo derrocaron.

Todos los actores de aquel vandálico acto se arrepintieron de haber frustrado la posibilidad de que Argentina retome la senda yrigoyeneana y el ideario liberal de 1853. Las semejanzas con otro evento histórico de reciente data son más que sugestivas. Del Golpe de Estado de 2001 muchos con el tiempo dirán lo mismo.

Al día siguiente de su vil derrocamiento, Illia convocó al Escribano Mayor de Gobierno con el fin de hacer una pública manifestación de sus bienes. El 12 de octubre de 1963, cuando asumió la primera magistratura de la República, poseía una propiedad en Cruz del Eje obsequiada con el aporte de 4000 vecinos que habían contribuido individualmente con un peso moneda nacional, sus útiles de consultorio, un automóvil, y un depósito bancario de 300.000 pesos, mientras que a la fecha de su destitución, seguía teniendo la casa, pero había perdido el automóvil y el saldo del banco. Por otra parte, durante los 32 meses de gobierno, dispuso de 80 millones de pesos anuales para gastos reservados, sobre los cuales no estaba obligado a rendir cuentas. De los 240 millones durante los años 1964, 1965 y 1966, sólo utilizó 20 millones, entre otras cosas para la presentación en Europa de una obra de teatro de Ricardo Rojas, y procedió a reintegrar los 220 millones restantes a la Tesorería General de la Nación.

Había sido presidente de la Nación entre octubre de 1963 y junio de 1966, cuando lo derrocó un golpe militar ante la indiferencia, si no el aplauso, de gran parte de una sociedad que volvía a poner sus esperanzas en las espadas.

En pocos meses el gobierno del dictador Juan Carlos Onganía había entrado a palo y machete en las universidades, rebajado los salarios y devaluado el peso. Se terminaba un país en el que había crecido el producto bruto interno, había mermado la deuda externa y que dedicaba a la educación el porcentaje de su presupuesto más alto de la historia.

Illia no fue, ni por lejos, el político débil, ingenuo, indeciso que sus enemigos, y algunos de sus amigos, pero en especial la propaganda golpista de entonces hizo creer a gran parte de la sociedad. Es cierto que llegó al poder limitado por la proscripción del peronismo y con poco más del veinte por ciento de los votos. Pero las reglas para las elecciones de 1963 no fueron dictadas por Illia y sí fueron seguidas por todos quienes aspiraron a la presidencia, entre ellos hombres con concepciones políticas tan diferentes como el general Pedro Eugenio Aramburu y Oscar Alende.

No fue su supuesta debilidad lo que derrocó a Illia, sino algunas de sus decisiones de gobierno, como la de anular los contratos petroleros que favorecían a empresas norteamericanas, y sancionar una ley de medicamentos que afectaba los intereses de los poderosos laboratorios extranjeros. El proyecto de país de Illia no coincidía con el proyecto que el liberalismo pergeñaba en los cabildeos militares de los que participaba Alvaro Alsogaray, que llegó a proponer a su hermano, el general Julio Alsogaray, para suceder al presidente a derrocar, según el relato del historiador Gregorio Selser en un libro inolvidable, y casi inhallable, "El onganiato".

La historia rescata su austeridad, su honestidad, el haber vivido y muerto en la pobreza. Sin embargo, es la obstinada convicción democrática de Illia el rasgo que mejor lo retrata hoy, cuando su partido atraviesa la mayor crisis de su historia.

Es también la cualidad que se rescató hace veinte años, en los encendidos y tardíos discursos de homenaje con que se honró a un hombre que defendió siempre la democracia, aunque la democracia hubiese sido incapaz de defenderlo. "
Alberto Amato.

Illia , Por Daniel Salzano.

(Publicado en "La Voz del Interior", Córdoba, 25 de enero de 2003.)

De los 63 años que tenía cuando asumió la presidencia, Illia Arturo Umberto había pasado la mitad en Cruz del Eje, donde llegó designado como médico del ferrocarril por Hipólito Yrigoyen.

Se levantaba con el pito de las seis y a las diez había que cebarle un par de mates. Esas cosas en el pueblo se sabían. Lo mismo que el contenido de su guardarropa: una corbata roja con leoncitos y un traje azul marino donde cargaba muestras gratis, apretadas como puños en todos los bolsillos.

A veces le pagaban con gallinas y a veces pagaba él la nafta que consumía la ambulancia. De noche, cuando el cucharón de la luna se derramaba sobre el pueblo, jugaba unas manos al chinchón, se daba una vuelta por el comité y, antes de dormir, leía a Krause. O a Weber. O el Patoruzú.

Cada vez que debía ausentarse para cumplir con sus obligaciones políticas, en Cruz del Eje le organizaban una cena de despedida cuyo menú incluía mayonesa de ave, paella a la valenciana, flan con crema, vino de la casa y agua mineral San Remo.

En 1963 se despidió desde la cabecera con una reverencia y acompañado por dos mariposas que volaban en círculos alrededor de su cabeza, viajó a Buenos Aires para ocupar la Casa Rosada.

Tres años más tarde lo derrocó un batallón de tanques porteños al mando de un general vestido como Patton. Illia lo enfrentó con el traje azul y un ejemplar de la Constitución en la mano. Ríndase, general.

Al cumplirse diez años de su muerte voy a rendirle un homenaje, doctor. Estos son los hombres que lo sucedieron en el cargo desde su destitución: Onganía, Levingston, Lanusse, Cámpora, Lastiri, Perón, Isabel, Luder, Videla, Viola, Galtieri, Bignone, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Camaño, Puerta, Rodríguez Saá y Duhalde.

Ríndanse.

El Golpe a Illia recordado por Marini

Han transcurrido 30 años, un tercio de mi existencia, desde el golpe militar del 28 de junio de 1966 hasta hoy. Faltaban menos de 5 meses para que yo cumpliera 60 años (la edad de un hombre mayor), el mismo tiempo que falta ahora para llegar, Dios mediante, al festejo familiar de mis jóvenes 90 años.
Me parece un lapso suficientemente prolongado, que habrá de permitirme estar en condiciones de emitir un juicio objetivo, sin ningún resentimiento ni reacción partidaria o personal acerca del significado del golpe de los militares de aquella época, liderados por el General Onganía. De todos los asaltos al poder llamados golpes, pronunciamientos o revoluciones que, a partir del 6 de septiembre de 1930, quebraron la normalidad constitucional de la República, éste fue el más absurdo e inexplicable, para no decir injusto. Destituyeron a un presidente intachable, ejemplo de honradez, y de positiva eficiencia, puesto que, en su gobierno, se había elevado el producto bruto interno en más del 25 %, reducido la deuda externa (alrededor de 1800 millones de dólares de un total de 7500 millones), detenido la inflación, que en los seis meses de 1966 alcanzaba solo al 5,4 %, respetando los derechos individuales, la libertad de expresión y afirmado el federalismo, como lo pueden atestiguar los gobernadores de la oposición de aquella época: Deolindo Bittel de El Chaco, Leopoldo Bravo de San Juan, Felipe Sapag de Neuquen, Gabrielli de Mendoza, Durán de Salta y Díaz Colodrelo de Corrientes.
Los golpistas, algunos arrepentidos después, designaron para reemplazarlo a Juan Carlos Onganía, un general reaccionario, admirador del caudillo español Franco, que tenía una idea peyorativa de la política. No estaba en su conocimiento que la mediación entre la sociedad y el gobierno corresponde a los partidos políticos. Por ese motivo suprimió a los partidos políticos y se apoderó de sus bienes. Reemplazó a la Constitución Nacional por el estatuto de la Revolución Argentina, a la soberanía del pueblo por al soberanía de las Fuerzas Armadas, creando, en definitiva, un poder personal absoluto e ilimitado.

¿Cómo pudo ocurrir todo esto tan insólito?:

1.- El Plan de Lucha contra el gobierno radical.
Trataré de explicarlo. Pocos días antes de asumir al gobierno en octubre de 1963, fui saludado a la salida del Comité de la Provincia de la UCR por un ex diputado peronista, quien me felicitó por haber alcanzado la gobernación de la provincia de Bs. As., agregandoa continuación que debía darme una mala noticia: Perón había resuelto un plan de lucha contra el gobierno del Dr. Illia, y el sindicalismo de Vandor y Alonso tenía la instrucciones del conductor máximo para pedir mejoras salariales, tomar las fábricas y lugares de trabajo, y lo mismo en la Administración nacional y de las provincias. Vale decir que a Perón le interesaba alterar el orden. Comprometer la paz social en la República, para que no se consolidara el gobierno del radicalismo en perjuicio de sus propósitos de retomar el Gobierno de la Nación.
Abreviando: el Secretario General de la CGT, Alonso, me pidió una audiencia al mes de asumir el gobierno y me pidió un sueldo mínimo de $12.000 para los empleados administrativos de Bs. As., que estaban en $ 5.000, me parece recordar. Desde luego que era imposible satisfacer semejante pretensión con los recursos del presupuesto. Como yo estaba advertido del plan de lucha, no me costó trabajo deducir que habían empezado las acciones de ese plan. El gobierno bonaerense procedió conforme a derecho, dando intervención ala Justicia en cada caso de violación de la leyes que protegen la seguridad jurídica y la paz social. La policía, cuya jefatura ejercía mi inolvidable y entrañable amigo Juan José López Aguirre, procedió en los casos en que era solicitado el auxilio de la fuerza pública, con gran corrección y evitó entrar en el desorden y la represión.

2.- La dimisión de Onganía impulsa la actividad de los golpistas.
La renuncia del General Avalos a la Secretaria de Guerra, dio origen al problema de su reemplazo. El presidente Illia consideraba que la secretaría de Guerra tenía una función administrativa, que de ningún modo podía chocar ni interferir con la exclusivamente militar del Comandante en Jefe del Ejército. Con este criterio personal, su candidato era el general de Brigada Castro Sánchez. Era necesario conocer la opinión del comandante en jefe. A tal fin el Ministro de Defensa Leopoldo Suarez citó a Onganía, quien tenía su candidato propio. Illia nombra a Castro Sánchez y Onganía presenta su dimisión. Desde esa fecha se aceleraron los intentos golpistas de Pistarini, Alzogaray, Villegas, Fonseca, etc, que culmina con el torpe golpe del 28 de junio de 1966.

3.- La verdadera causa del golpe.
El golpe de 1966 no se produjo por errores ni por tardanzas del gobierno de Illia (criticado por los medios implicados con los golpistas, que inventaron la tortuga, etc.) sino porque el Presidente se negó a dar soluciones políticas que evitasen el triunfo del peronismo en las elecciones de 1967.
Afirmo que esa es la verdad. Como gobernador de la prov. de Bs. As. era interrogado mucha veces por militares de la más alta graduación sobre qué haríamos con el peronismo y siempre contesté que el camino del sufragio estaba abierto para todos los ciudadanos. En nuestra plataforma de gobierno, entre los famosos 7 puntos, estaba la integración del cuerpo electoral de la República. Como radicales no podíamos consentir la proscripción de un importante sector cívico.

4.- El pacto sindical militar:
Era notoria la buena relación entre los dirigentes sindicales y los militares golpistas de Onganía.
Cuando los militares asumieron de facto el gobierno, los descamisados de Perón se pusieron saco y corbata, fueron a la Casa Rosada y ocuparon un palco en el Teatro Colón el 9 de julio de 1966, diez días después del asalto nocturno perpetrado para arrebatarle su cargo al presidente constitucional Arturo Illia.
Pero la historia ya ha dado su juicio.

Dr. ANSELMO MARINI
Ex Gobernador de la Prov. de Bs As. (1963 - 1966)

extraído de: www.historia.radicales.org.ar
y http://ricardobalbin.tripod.com/illia.htm

Velocidad de tortuga

Por Pepe Eliaschev.

Buenos Aires, 25 de junio de 2006. - La tortuga, animal lento, era el estigma de aquel gobierno que derrocaron hace 40 años. ¿Es antiguo pensar hoy en 1966? ¿Resulta una terapia piadosa e irremediablemente obsoleta descubrir en aquellas vilezas muchos de los vicios que hoy nos enceguecen?

El 28 de junio de 1966, un coronel y doce agentes de la Policía Federal echaron al presidente Arturo Illia de la Casa Rosada, a la que había ingresado constitucionalmente el 12 de octubre de 1963.

En su minucioso y formidable “Último acto”, Emilio Gibaja cuenta los detalles sórdidos de aquella operación con la que nació la “revolución argentina”. En las horas de penumbra de aquel amanecer de espanto, las Fuerzas Armadas voltearon a un gobierno civil y entronizaron a Juan Onganía como dictador. Esa tarde, el diario que entonces manejaba el Ejército, La Razón, tituló a toda página, “Ha terminado en la Argentina la era de la democracia liberal”.

Casi nadie derramó lágrimas por aquel golpe. Enseguida supimos quiénes eran y qué querían esos oficiales idolatrados por Jacobo Timerman, Augusto Vandor y Jorge Abelardo Ramos, entre otros. Para los medios, los sindicatos y la izquierda política, el apacible gobierno radical era un miasma indefendible.

Las revistas golpistas publicaban caricaturas supuestamente denigrantes en las que Illia, que al ser derrocado tenía 64 años, era presentado como un enclenque octogenario dando de comer a las palomas de Plaza de Mayo.

La desocupación era inferior al 5 por ciento y al ser derrocado Illia casi la mitad de las provincias eran gobernadas por la oposición: había dos gobernadores peronistas, tres neo-peronistas, tres conservadores y dos desarrollistas. Las proscripciones políticas a comunistas y justicialistas, aplicadas por los militares y por Frondizi entre 1955 y 1963, habían sido levantadas ya en 1964.

Sin embargo, ya para comienzos de ese año se gestó y fue abortado un foco guerrillero castrista en Salta, aventura en la que Cuba y sobre todo Ernesto Guevara estaban muy involucrados. Los sindicatos peronistas, con su “plan de lucha”, se esforzaron por hacer irrespirable el clima social. Una foto de esa época, publicada ahora en Todo es Historia (junio 2006), cuenta el clima de manera inmejorable: se ve en ella a un vigilante de la Federal sosteniendo en ambas manos dos tortugas en cuyos caparazones se había pintado “SOMOS GOBIERNO – UCR”. Las había recogido de la calle, donde las dejaban en para armar pequeñas “movidas” que eran recogidas por la prensa golpista, encabezada por Primera Plana y Confirmado, la revista que publicó Timerman para acompañar la toma del poder: es bueno releer en alguna hemeroteca los nombres de algunos integrantes de esos staffs.

Aleccionada parcialmente por la desgracia, la Argentina corrigió hoy algunos de sus peores vicios. Por eso, mientras que el gobierno de Illia, electo con el 23 por ciento de los votos pero con abrumadora mayoría del Colegio Electoral fue perseguido con el estigma de minoritario y fraudulento, esa suerte no le cupo afortunadamente al de Néstor Kirchner, apoyado en 2003 por el 22 por ciento de los sufragios.

Aquella era “la hora de los hornos”, como pregonaban cineastas revolucionarios y foquistas empedernidos. En Madrid, Juan Perón, según relato de Tomás Eloy Martínez, “justificó, defendió y prohijó” el golpe militar. Es que, como agudamente señala Gregorio Caro Figueroa, la liquidación de la “ficción” democrática y constitucional todo lo justificaba, de izquierda a derecha.

Fascistas y marxistas se regocijaban de la melancólica salida del gobierno de un hombre echado con un pelotón de la Guardia de Infantería de la Federal, pero poseedor de una dignidad civil insuperable. “El país comenzó a hundirse en el abismo abierto por aquellas demandas revolucionarias empeñadas en menospreciar las señales de una situación económica mundial que, favorable a la Argentina, podían proporcionar una razonable base de sustentación a un reformismo menos estrepitoso pero quizá posible” sostiene Caro Figueroa.

La actualidad de aquel golpe es palpable. La Argentina tiene un viejo romance con la velocidad y con los gobiernos “ejecutivos”. Tiene, también, un viejo desdén por restricciones y equilibrios a los que estigmatiza como resabios de formalismos obsoletos, meros frenos impuestos a un gobierno popular.

Dentro de 72 horas, el miércoles 28, se evocarán los 40 años del inútil y premonitorio derrocamiento de un gobierno democrático. La noción de que solo los terremotos fundacionales fecundan mejores realidades trajo décadas de atraso y horrores. “La idea de refundar al país a partir del cataclismo se propagó como endemia” define Caro Figueroa.

¿No tendrá el Dr. Kirchner un breve momento este miércoles, para desagraviar en público al presidente Illia y compensar históricamente al menos una de las tantas falencias capitales del peronismo?

© pepe eliaschev

Columna publicada el diario Perfil, domingo 25 de junio de 2006

Acoso sexual y derecho penal

Por Matías Bailone

El Senado dio el día de ayer media sanción a un proyecto que incorpora el tipo penal de ‘acoso sexual’ en ámbitos laborales o académicos. El proyecto de autoría de Gustavo Bossert y Ricardo Gil Lavedra, modifica el artículo 149 bis del Código Penal y pune al que "abusando de una relación de superioridad jerárquica, laboral, docente o de índole similar, efectuare un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la víctima, en caso de no acceder, un daño en el ámbito de esa relación".

Rubén Figari en su obra “Delitos de índole sexual” (Ediciones Jurídicas Cuyo, 2003, pág. 92) define al acoso sexual como “la solicitud o requerimiento de favores de índole sexual mediante el prevalimiento del autor respecto de una situación de superioridad de cualquier índole, anunciándole a la víctima males que tengan relación con sus expectativas legítimas en el ámbito relacional, funcional o de trabajo que lo une al sujeto activo y que puede traer sus consecuencias negativas si no accede a dichas pretensiones, pero excluye los contactos corporales, de allí su diferencia con el abuso sexual”.

El acoso sexual no tiene en nuestra legislación punitiva una figura autónoma, sino que su punición queda determinada por el tipo penal de coacción del actual segundo párrafo del artículo 149 bis del Código Penal que dice: “será reprimido … el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”. Algún sector de la doctrina iuspenalista afirma que el socialmente llamado ‘acoso sexual’ podría ser catalogado como una tentativa de abuso sexual, pero como bien enseña Figari el abuso sexual y el antiguo abuso deshonesto no admiten tentativa.

Con la sanción en Diputados de este proyecto se incorporaría al Código Penal una figura delictiva abierta, donde la determinación concreta del ‘requerimiento de carácter sexual’ queda librada al arbitrio de la magistratura o al azar interpretativo. La amplitud y vaguedad de este tipo delictivo, de gran actualidad publicitaria en sistemas judiciales de origen anglosajón, producirá en la práctica graves injusticias en ámbitos laborales, donde la simple acusación funcionará como ‘condenación social’, ya que generalmente por falta de elementos probatorios difícilmente pueda arribarse a una condena penal.

Considero, además, que criminalizar conductas –sin ninguna duda reprochables y deleznables- que pueden ser resueltas en el derecho privado o en el derecho laboral, además de ser prácticas actuales de nuestros parlamentos, son arduamente conciliables con nuestros principios constitucionales. Nuestros Estados Constitucionales de Derecho exigen que el sistema penal sea utilizado como último recurso frente a políticas públicas que efectivamente pueden solucionar conflictos sociales (principio de racionalidad).

De todas formas, el accionar de quien detentando superioridad ejerce insinuaciones de supuesto contenido sexual sobre sus dependientes, es una conducta que se encuentra contemplada –como ya vimos- en el actual art. 149 bis, como un delito contra la libertad individual. Especializar el tipo penal no sólo es de una inutilidad manifiesta sino además es sintomático de un discurso retrógrado que pretende imponer la concepción que el agravamiento de penas enmienda todos los problemas de una sociedad.

Matías Bailone

www.iuspenalismo.com.ar

11 de Mayo de 2006. Ateneo de Ciencias Penales y Criminológicas de Cuyo.