Democracia y derechos fundamentales frente al desafío de la globalización

Por LUIGI FERRAJOLI

1. Premisa. Deseo ante todo expresar mi más profundo agradecimiento a todos los colegas del Consejo Superior de la Universidad de La Plata por haberme honrado con la entrega del título de doctor honoris causa en Derecho y por las razones con las cuales han motivado la propuesta de esta distinción. Agradezco también a todos Ustedes, particularmente en la persona de vuestro Presidente, el Profesor Gustavo Adolfo Azpiazu. En fin, un agradecimiento especial al insigne colega Eugenio Raúl Zaffaroni por los conceptos y las generosas referencias que ha tenido conmigo en su Laudatio.

Estoy además complacido de encontrarme en esta casa histórica, en esta Universidad que cumple sus primeros cien años y de estar presente en esta ciudad de La Plata, uno de los lugares donde más fuerte y vigorosa ha sido la lucha de resistencia contra las dictaduras militares y muy firme el compromiso en la vuelta y en la defensa de la democracia, tal como lo atestigua la admirada personalidad -tan querida en Italia- de una fundamental protagonista de la lucha por los derechos humanos en toda América: me refiero a la Presidente de las "Abuelas de Plaza de Mayo", Estela Carlotto, cuya militancia permanente ha sido un ejemplo para toda una generación de jóvenes bien conscientes de aquellos valores, comenzado por su hijo, el diputado Remo Carlotto. Otro motivo por el que me siento muy orgulloso por este reconocimiento es que proviene de una comunidad de penalistas argentinos que figuran entre las más prestigiosas del mundo y que contaron en sus comienzos con el determinante magisterio de Luis Jiménez de Asúa (1). A estos penalistas argentinos, entre los que se encuentran David Baigún, Eugenio Raúl Zaffaroni y Julio Bernardo Maier, me unen fuertes y antiguos vínculos de amistad y afecto. Siempre he admirado las enseñanzas de estos maestros, en particular de Raúl Zaffaroni, quien es seguramente a nivel internacional uno de los juristas más ilustres de nuestro tiempo. Estos grandes maestros han restituido a las disciplinas penalistas la dimensión civil y democrática que tuvieron en sus orígenes con la Ilustración, dando vida -y no casualmente en Argentina, donde los horrores del arbitrio policial y de la represión política han sido más dolorosos y terribles- a un movimiento democrático y garantista de penalistas y criminólogos, que combina rigor científico y militancia cultural, reflexión teórica y pasión democrática.

Por lo demás, de esta concepción y orientación es fiel reflejo este Segundo Seminario italo-argentino sobre los derechos de los privados de libertad -un tema frecuentemente desatendido por la cultura penalista académica-. Seminario que reúne, junto a tantos estudiosos argentinos, comprometidos en la defensa de los derechos humanos, también a colegas italianos, comenzando por mi fraternal amigo Alberto Filippi, cuya labor para el conocimiento de la realidad latinoamericana en Italia y en Europa se remonta a los años Setenta, cuando colaboramos en Roma con Lelio Basso en la constitución de los Tribunales Russell II, concebidos para denunciar el terrorismo de Estado y los genocidios perpetrados por las dictaduras en Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Igualmente, me complace la presencia de Stefano Anastasia de la Asociación Antigone, que desde hace muchos años conduce en Italia batallas muy parecidas a las que están librando ustedes para extender y aplicar los derechos fundamentales a toda la sociedad argentina. Es por el conjunto de estas razones que esta lección tendrá por objeto el análisis de esos derechos y de sus garantías.

2. Derechos fundamentales y democracia constitucional. Un nuevo paradigma. Es cierto que los derechos fundamentales -políticos, civiles, de libertad y sociales- han sido solemnemente consagrados en las constituciones de todos los países civiles como dimensiones sustanciales de la democracia, llamada por ello mismo "constitucional", y han sido proclamados en las Declaraciones, Pactos y Convenciones internacionales, hasta haberse vuelto la principal fuente de legitimación y, en caso de que sean violados, de deslegitimación de cualquier orden jurídico y político, tanto estatal como internacional.

Yo creo que en virtud de la constitucionalización de esos derechos ha cambiado la naturaleza tanto del derecho como de la democracia. Cambió la naturaleza del derecho, cuya validez ya no depende sólo de las formas legislativas de su producción, sino también de sus contenidos, es decir, de la sustancia de las leyes producidas, la cual no puede derogar los principios y los derechos establecidos constitucionalmente, siendo que en tal caso resultaría inválida. Simultáneamente, cambió la naturaleza de la democracia, que ya no consiste sólo en la omnipotencia de las mayorías y, por lo tanto, en su dimensión política o formal, sino también en los límites y vínculos de contenido que le impone como su dimensión sustancial, lo que podemos llamar "esfera de lo que no es posible decidir": la esfera de aquello que ninguna mayoría puede decidir, esto es, la lesión de los derechos de libertad, y la esfera de aquello que ninguna mayoría puede dejar de decidir, esto es, en cambio, la no satisfacción de los derechos sociales.

Se trató de un cambio sustancial de paradigma tanto del derecho como de la democracia, que no por casualidad se produjo a partir de la derrota del nazifascismo y de las catástrofes de las dos guerras mundiales (2). De allí el "nunca más" impuesto al derecho y a la política bajo la forma de límites y vínculos a los poderes supremos, a través de esos pactos de convivencia que son las constituciones rígidamente puestas por encima de la legislación ordinaria. De allí la dimensión sustancial insertada junto a la formal, tanto en el derecho como en la democracia, que ya no se vinculan sólo a las normas formales que establecen el "quién" y el "cómo" de las decisiones, sino también a las normas sustanciales -la paz y los derechos humanos- que establecen "qué" es lo que no se permite decidir (la violación de los derechos de libertad) y "qué" es lo que no se permite dejar de decidir (la satisfacción de los derechos sociales).

3. La crisis actual de la democracia constitucional. Lamentablemente, aquel "nunca más" opuesto a las tragedias del pasado no fue respetado. Por un lado, no fue respetado en el interior de los ordenamientos estatales, incluyendo a los más avanzados, donde hemos asistido en estos años a violaciones masivas de los derechos humanos. Piénsese sólo en los horrores de Guantánamo y de Abu Ghraib, en las leyes de emergencia, restrictivas de la libertad personal en Estados Unidos e Inglaterra, y, por otra parte, en la disolución de las garantías de los derechos de los trabajadores y el progresivo desmantelamiento de la esfera pública y del Estado social, fomentado por las actuales políticas neoliberales. Pero ese "nunca más" no fue respetado, sobre todo, en el orden internacional, donde las promesas de paz y de protección de los derechos fundamentales se redujeron a su mera enunciación en el papel.

Ante todo, ha sido retomada la doctrina autoproclamada de la "guerra justa". Nada menos que cuatro veces durante poco más de un decenio ha sido quebrantada la prohibición de la guerra, que es la norma fundamental del orden internacional establecido por la Carta de las Naciones Unidas. La guerra, con su carga implícita de víctimas inocentes, ha sido rehabilitada como instrumento de solución de las controversias internacionales o, peor aun, ha sido propuesta, como en los casos de Afganistán y de Irak, como una nueva y absurda forma de intervención policial y de "justicia" penal sumaria.

Por otro lado, el fenómeno de la globalización económica en su conjunto puede ser entendido e identificado en el plano jurídico, como un vacío de derecho público internacional, idóneo para regular los grandes poderes económicos transnacionales, que se sustraen así al rol normativo de los derechos públicos nacionales y se transforman en poderes desregulados y salvajes: un vacío de derecho público colmado, inevitablemente, por el derecho privado, es decir, por un derecho de formación contractual, producido por las empresas mismas, que se sustituyen de esta manera a las formas tradicionales de la ley (3) y que refleja inevitablemente la ley del más fuerte. De ello ha derivado una anomia general y una regresión neo-absolutista tanto de las grandes potencias como de los grandes poderes económicos transnacionales: lo cual constituye un neo-absolutismo regresivo que se manifiesta en la ausencia de reglas, condición manifiestamente asumida por el capitalismo globalizado actual, como una suerte de nueva Grundnorm del así llamado nuevo orden económico y político internacional.

En ausencia de una esfera pública mundial, el efecto más evidente de la globalización es el crecimiento constante de la desigualdad, signo de un nuevo racismo que considera inevitables a la miseria, al hambre, a las enfermedades y a la muerte de millones de seres humanos considerados sin valor. Los datos mundiales de la desigualdad y la pobreza son espantosos. Se ha calculado que, en 1820, los países ricos eran 3 veces más ricos que los países pobres, en 1913 eran 11 veces más ricos, mientras que, en 1992, se habían vuelto ya 72 veces más ricos que los países pobres. También se ha calculado que menos de 300 millonarios en dólares son más ricos que la mitad de la población mundial, es decir, tres mil millones de personas (4); que alrededor de mil millones de personas no tienen acceso al agua y a la alimentación básica, lo cual provoca 15 millones de muertes cada año; que 17 millones de personas mueren cada año a causa de enfermedades no curadas y, aun antes, a causa del mercado, ya que no pueden pagar los costosos medicamentos "esenciales", cuyas fórmulas están registradas comercialmente, o, peor aun, porque los medicamentos más simples que podrían curarlos se encuentran entre los llamados medicamentos "huérfanos", es decir, los que ya no se producen porque combaten enfermedades erradicadas en gran parte de los países occidentales (5).

En síntesis, estamos frente al desarrollo de una desigualdad que no tiene antecedentes en la historia. Actualmente, la humanidad en su conjunto es mucho más rica que en el pasado, pero también es mucho más pobre si consideramos masas inmensas y en constante aumento de seres humanos. Por cierto, en el plano jurídico los hombres son incomparablemente más iguales que en cualquier otra época, en virtud de las tantas cartas y declaraciones de derechos. Pero también son incomparablemente más desiguales en los hechos. El "tiempo de los derechos" -para usar la conocida expresión de Norberto Bobbio- es también el tiempo de su violación masiva y de la desigualdad más profunda e intolerable. De tal suerte que frente a esta enorme diferencia entre el deber ser normativo y el ser efectivo de los sistemas políticos, es el constitucionalismo democrático en cuanto tal el que corre el riesgo de ser desacreditado como un nuevo engaño y una nueva apariencia ideológica de Occidente.

4. Replantear la esfera pública. Instituciones de gobierno e instituciones de garantía. Pues bien, este fracaso del constitucionalismo democrático se debe a la ausencia, sobre todo en el derecho internacional, de garantías y, aun antes, de instituciones de garantía que estén a la altura de los nuevos problemas y de los nuevos poderes extra -o supra- nacionales. El orden internacional -salvo la institución de la Corte penal internacional, a la cual, sin embargo, todavía no han adherido las máximas potencias, tal como Estados Unidos, Rusia y China- se ha quedado sustancialmente privado de instituciones de garantía. Pese a todas sus cartas y convenciones de derechos humanos, el orden internacional se puede comparar a lo que sería un orden estatal compuesto sólo por una constitución, sin las leyes necesarias para su actuación y aplicación.

Por lo tanto, es la esfera pública y la clásica articulación entre los poderes públicos lo que hoy debe ser replanteado y refundado. Yo pienso que mucho más que la diferenciación y separación montesquieviana entre los poderes clásicos -legislativo, ejecutivo y judicial- hoy es esencial, sobre todo a nivel internacional, hacer otra distinción y separación: aquella entre instituciones de gobierno e instituciones de garantía, justificada por la diversidad de sus fuentes de legitimación: la representatividad política de las instituciones de gobierno, tanto legislativas o ejecutivas, y la sujeción al derecho y, por ende, a los derechos fundamentales positivamente estipulados, de las instituciones de garantía.

Es claro que a nivel internacional el verdadero problema, la verdadera gran laguna, es la falta de las funciones e instituciones de garantía, mucho más que de las funciones de gobierno, siendo que no tiene mucho sentido y no es siquiera pertinente a las funciones de defensa de los derechos humanos una hipotética democracia representativa planetaria basada en el principio un sujeto/un voto. En este nivel, mucho más que el refuerzo de las funciones e instituciones de gobierno, tanto más legitimadas cuanto más son ejercitadas por los organismos representativos de los Estados nacionales, lo que se requiere es el refuerzo o la creación de funciones y de instituciones de garantía, no sólo de las tradicionales garantías secundarias o jurisdiccionales, destinadas a intervenir contra las violaciones de los derechos, sino aun antes de las garantías primarias y de las respectivas instituciones, encaminadas a su protección y satisfacción directas (6). Me refiero, en particular, a la FAO y a la Organización Mundial de la Salud, a las que sería necesario dotar de los medios y los poderes necesarios para cumplir con las funciones de provisión de servicios alimentarios y sanitarios; a la fuerza de policía internacional, prevista en protección de la paz por el capítulo VII de la Carta de la ONU; a las instituciones de garantía que sería necesario establecer en temas de ambiente, educación y subsistencia.

Luego, es evidente que tales instituciones requerirían el establecimiento de una imposición fiscal mundial: la Tobin Tax, por ejemplo, sobre transacciones financieras, pero, aun antes, la tasación del uso y explotación de los bienes comunes de la humanidad (7), como las órbitas satelitales, las bandas del éter y los recursos de los fondos oceánicos, actualmente utilizados por los países ricos como si fueran res nullius, en vez de "patrimonio común de la humanidad", como las llaman los Tratados internacionales sobre el mar y los espacios extra-atmosféricos (8).

5. La garantía de los derechos sociales. Hoy, por lo tanto, frente a los gigantescos problemas del hambre, la miseria y las agresiones al ambiente, generados por una globalización sin reglas, el desafío principal que ésta le pone a la razón jurídica y política es la fundación de una esfera pública internacional que garantice los derechos fundamentales y, en primer lugar, los derechos sociales a la supervivencia. En efecto, la garantía de los derechos sociales a nivel estatal e internacional no sólo es un deber impuesto por las cartas constitucionales e internacionales, sino que, antes bien, es una necesidad vital, debida al cambio profundo que se produjo en la relación entre hombre y naturaleza, que ha hecho de los derechos sociales a la supervivencia -a la subsistencia, a la alimentación básica, a la salud y a la educación- un corolario de aquel derecho a la vida que en el modelo hobbesiano del Estado moderno constituyó la primera razón de ser del contrato social de convivencia.

En efecto, en las sociedades actuales, caracterizadas por un alto nivel de interdependencia y desarrollo tecnológico, incluso sobrevivir, no menos que vivir, requiere garantías jurídicas, puesto que también la supervivencia, no menos que la defensa de la vida ante agresiones indebidas, es cada vez menos un fenómeno solamente natural y cada vez más un fenómeno artificial y social. En la época de Locke, en los orígenes de la edad moderna cuando todavía existía una relación directa entre vida y naturaleza, la supervivencia podía ser tranquilamente confiada a la autonomía del individuo: a su trabajo, a su capacidad de adaptación, a su libre y responsable poder de iniciativa y, en todo caso -escribía Locke-, a su voluntad de trabajar y cultivar nuevas tierras "sin perjudicar a nadie, pues hay en el mundo tierra suficiente para abastecer al doble de sus habitantes" (9), como podría ser "en cualquier parte interna y desierta de América" (10). Fue sobre esta base que el primer liberalismo pudo ofrecer un fundamento axiológico al primer capitalismo, teorizando el nexo entre libertad, trabajo, propiedad y vida, a cuya "mutua conservación" estaba encaminado el contrato social (11). Es cierto que hoy esto ya no es así. "El hombre civilizado", escribió Tocqueville ya un siglo y medio atrás (12), "está expuesto infinitamente más a las vicisitudes del destino que el hombre del pasado". Mucho más que en el pasado, la supervivencia del hombre en su plenitud -desde el trabajo a la migración, desde la casa hasta la alimentación básica- es confiada a su integración social, es decir, a condiciones materiales y a circunstancias jurídicas y sociales de vida que van más allá de su libertad de iniciativa.

Es en esta artificialidad social de la supervivencia donde se encuentra hoy el fundamento axiológico de los derechos sociales. Debe considerarse además que los derechos sociales a la salud, a la educación, a la subsistencia, tienen sus inevitables y necesarios costos (13), así como cuestan, por lo demás, los derechos de libertad. En consecuencia, cuesta también la democracia constitucional. Pero ¡ojo!: cuesta todavía más no satisfacer esos derechos. Tal como lo ha demostrado Amartya Sen, sin las libertades fundamentales ni los derechos políticos es imposible la democracia política, pero tampoco la iniciativa económica, la seguridad de los mercados y el desarrollo intelectual, cultural y tecnológico (14).

Ahora bien, a mí me parece que esta tesis de Sen debe ser ampliada, pues vale no sólo para las libertades fundamentales, sino también para los derechos sociales, que quizás sean más esenciales para el desarrollo de la seguridad y la economía. La garantía de todos estos derechos -el acceso al agua y a los llamados "medicamentos esenciales", no menos que a la educación básica- es el presupuesto no sólo de la supervivencia individual, sino también del desarrollo económico de toda la sociedad. En efecto, la malnutrición y la desnutrición provocan enfermedades y muerte, pero también perjudican cualquier desarrollo posible: el desarrollo de la persona, de la cual hipotecan sus aptitudes, sean manuales o intelectuales; el desarrollo de la economía, dado que sofocan, junto a la productividad de los particulares, la producción de la riqueza en su conjunto. En síntesis, el hambre pone en acción un círculo vicioso terrible: provoca enfermedades que llevan a destinar los ya pobres réditos familiares a la compra de medicamentos; reduce la capacidad productiva de la población; genera revoluciones, conflictos sociales y desórdenes civiles; en fin, es el factor principal de la criminalidad que precisamente se puede denominar de supervivencia. Hoy, más de mil millones de personas sufren de hambre y sed, y decenas de millones mueren cada año por enfermedades o por falta de agua y alimentación de base. Esta no es sólo una catástrofe moralmente inaceptable. Es también la principal razón de la falta de desarrollo económico de gran parte del plantea.

Creo, en definitiva, que se pueda afirmar que los derechos fundamentales son el factor principal y el motor principal del desarrollo, no sólo civil sino también económico. La prueba histórica de este nexo entre derechos sociales y desarrollo está ante los ojos de todos. Ella está ofrecida por la propia experiencia de los países occidentales ricos. Seguramente el mayor desarrollo económico y el mayor bienestar de estos países con respecto al resto del mundo, como así también con respecto a su pasado, se deben no sólo al aprovechamiento y en muchísimos casos a la explotación del resto del planeta, sino también al mejoramiento de las condiciones generales de vida, a la mayor educación, al mejor estado de salud, a las mayores energías dedicadas por cada uno al trabajo y a la investigación. De tal suerte que podemos decir, invirtiendo el prejuicio de la contraposición entre garantías de los derechos y desarrollo económico, que la mejor política económica, la más eficaz para incrementar el desarrollo, así como la mejor política en materia de prevención de los delitos es una política social encaminada a garantizar los derechos vitales de todos. Y también podemos decir que los gastos públicos que son necesarios para tal fin no deben ser concebidos como un pasivo relevante en los balances públicos, sino como la forma de inversión pública seguramente más productiva.

6. Las razones de la crisis del constitucionalismo democrático. Dos aporías de la democracia. Debemos entonces preguntarnos cuáles son las razones del actual vacío de garantías internacionales de los derechos humanos que, sin embargo, se encuentran solemnemente proclamados.

Creo que una primera, brutal razón, es la que sugiere Michel Foucault. Consiste en el racismo. El racismo, escribió Foucault hace treinta años, "representa el modo en que ha sido posible introducir una separación entre lo que debe vivir y lo que debe morir". Y es "la condición de aceptabilidad de la decisión de matar ..., la condición en base a la cual se puede ejercitar el derecho de matar"(15). A la opinión pública occidental en tanto le es posible tolerar o ignorar las decenas de millones de muertos cada año por hambre y falta de curas, o la tragedia de miles de inmigrantes rechazados cada año en nuestras fronteras, o las miles de víctimas inocentes de las actuales guerras globales, en cuanto esta tolerancia y este rechazo sean sostenidos por el racismo.

Luego, hay un segundo orden de razones que explica la crisis del constitucionalismo democrático. Se trata de dos aporías presentes en las actuales democracias, ligadas, la primera, a la relación entre democracia y espacio, y, la segunda, a la relación entre democracia y tiempo.

La primera aporía consiste en el final de la relación entre democracias y Estado. En todos los países del mundo -excluido Estados Unidos y, en todo caso, mucho más en los países pobres- se rompió la relación entre democracia y Estado, es decir, entre pueblo y representantes. Los pueblos ya no son gobernados por sus representantes, pues las decisiones más importantes para sus vidas se toman fuera de los confines de sus Estados. Por ello, el orden internacional no es democrático y, de hecho, es gobernado por la mayoría de una minoría, los países ricos de Occidente, que equivalen a un quinto de la humanidad. Es claro que la política de esta minoría, si quiere mantener intactos sus actuales privilegios, debe ser inevitablemente discriminatoria. La conservación de nuestros estilos de vida implica la miseria y el subdesarrollo del resto de la humanidad, aun cuando ello sea contrario al derecho a la vida establecido en las cartas internacionales. De aquí el valor, pero también la ineficacia, de los derechos de todos los seres humanos del planeta.

La segunda aporía, todavía más grave, se refiere al cambio de la relación entre democracia y tiempo. El horizonte de la política en nuestras sociedades democráticas, también a causa de sus degeneraciones videocráticas y de la práctica cotidiana de los sondeos, está limitado a los tiempos breves, brevísimos. La política está perdiendo las dimensiones del tiempo, tanto la memoria del pasado (es decir de los "nunca más" de los que nacieron las constituciones y las cartas de la segunda post-guerra) como la perspectiva y proyección del futuro no inmediato. Sólo así pueden explicarse, por un lado, la remoción de nuestro horizonte de los problemas del hambre y la miseria y, por el otro, de los peligros que pueden provenir de ello para la paz y la seguridad. Sólo así se explican, en definitiva, la ilusión de que la economía pueda autogobernarse y prescindir de una esfera pública global, la destrucción irresponsable del ambiente y la indiferencia despreocupada frente a las prognosis infaustas en torno al futuro de nuestro planeta. En síntesis, la democracia actual, basada en la comunicación televisiva y en los sondeos, conoce sólo tiempos sumamente breves: no recuerda -es más, remueve- el pasado y no se hace cargo del futuro, es decir, de lo que ocurrirá más allá de las contingencias electorales.

Estas dos aporías, ligadas a los restringidos horizontes espaciales y temporales de la democracia política, conllevan hoy el riesgo de generar un conflicto entre la óptica miope de los tiempos breves, por un lado (que se limita a los intereses inmediatos y nacionales e ignora los grandes problemas globales), y la racionalidad política, por el otro (que, contrariamente, impondría el deber de hacerse cargo de los intereses a largo plazo, los cuales están vinculados con el futuro del planeta y, por lo tanto, también a largo plazo, con el futuro de los países democráticos mismos). Es un peligro gravísimo. De hecho, hay una terrible novedad en los problemas y crisis actuales con respecto a todas las crisis del pasado: se trata del carácter irreversible de las catástrofes que amenazan el futuro de la humanidad, en caso que no se tomen en serio las promesas de paz, de garantía de los derechos y de salvaguardia del ambiente, contenidas en las tantas cartas internacionales de los derechos humanos.

La primera catástrofe es la nuclear. El fin de la bipolaridad no marcó el fin de la amenaza nuclear, sino que, al contrario, la agravó, dejando espacio a una proliferación descontrolada de armamentos nucleares, químicos, bacteriológicos, dotados de capacidad destructiva sin comparación con el pasado. Frente a esta amenaza, el único remedio es la institución, en sostén de la prohibición de la guerra, de garantías idóneas, principalmente el monopolio jurídico de la fuerza en cabeza de la ONU. En segundo lugar, todas las armas deberían ser calificadas como bienes ilícitos, de modo que su producción, comercio, uso y tenencia deberían prohibirse tan severamente como se hace con las drogas. Se trataría de la medida más eficaz de prevención frente al terrorismo, la criminalidad y las tantas guerras que afligen al planeta.

La segunda catástrofe, aun más alarmante, es la destrucción del ambiente. Nuestra generación produjo daños irreversibles a nuestro ambiente natural, que aumentan cada año. Estamos destruyendo nuestro planeta en una carrera desquiciada hacia el desarrollo insostenible. Hemos masacrado especies animales completas, consumido gran parte de nuestros recursos energéticos, envenenado el mar, contaminado el aire y el agua, desforestado, convertido en desierto y cemento millones de hectáreas de tierra. De las otras catástrofes, incluso de las más terribles -piénsese en la segunda guerra mundial y en el horror del Holocausto-, la razón jurídica y política siempre extrajo lecciones, formulando nuevos pactos sociales de convivencia, nuevos "nunca más", a fin de evitar que se repitieran. De manera distinta a todas las otras catástrofes pasadas de la historia humana, la catástrofe ecológica es en gran parte irremediable, y probablemente no tendremos tiempo para extraer las correspondientes lecciones. Por primera vez en la historia existe el peligro de que se adquiera la conciencia de la necesidad de cambiar el rumbo y establecer un nuevo pacto cuando ya sea demasiado tarde.

Bajo esta perspectiva -el peligro de un crecimiento ilimitado e insostenible- sería necesario unir a las cartas constitucionales de los derechos fundamentales, una Carta constitucional de los bienes fundamentales: por un lado, estipulando los vínculos a la producción y distribución de los bienes sociales; por el otro, trazando, sobre la base de un nuevo "contrato natural" (16) encaminado a la protección de los bienes comunes, límites rigurosos tanto al mercado como a la política. En particular, repito, en lo que se refiere a los bienes comunes, debemos ser conscientes de que una política racional encaminada a su protección, convirtiéndolos en inviolables, indisponibles e inapropiables, requiere hoy de una lucha contra el tiempo. Es previsible que se arribe, antes o después, a una democracia cosmopolítica, a un nuevo pacto de convivencia dictado nuevamente por la razón. Pero hoy debemos saber que la historia ya no es concebible con seguridad como progresiva, sino que presenta en su horizonte la catástrofe irreversible. Y nosotros corremos el riesgo de llegar tarde para prevenirla.

7. Por un constitucionalismo mundial. Concluyo afirmando que la perspectiva aquí conjeturada de la ampliación a las relaciones internacionales del paradigma del Estado constitucional de derecho -en pocas palabras, la construcción de una esfera pública mundial- no resulta solamente implicada -y, por ello, normativamente impuesta-, si tomamos en serio al derecho, por el diseño normativo de la Carta de la ONU y de las convenciones sobre derechos humanos. Ella representa además la única alternativa racional a un futuro de guerras, violencia, fundamentalismos y destrucciones. Agrego que aun cuando la actual anarquía internacional equivalga de hecho a la primacía de la ley del más fuerte, ella no favorece, en el largo plazo, ni siquiera al más fuerte, ya que se resuelve en una inseguridad general y precariedad, ya que siempre "el más débil", como escribió Thomas Hobbes, "tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte con una maquinación secreta o aliándose con otros" (17).

Lamentablemente no hay razones para cultivar ningún optimismo. Pero es necesario, al menos, evitar la falacia en la cual incurre buena parte de la filosofía política y jurídica "realista". En los procesos actuales no hay nada de natural, ni de necesario, ni, por lo tanto, de inevitable. Estos procesos son el fruto de decisiones políticas o, podría decirse también, de un vacío de la política y, en consecuencia, si se los quiere combatir, ellos requieren a la política y aún antes a la cultura jurídica y política la proyección de las nuevas y específicas garantías de un Estado de derecho internacional en condiciones de afrontarlos. El futuro de la paz, de los derechos y de la democracia, en pocas palabras, depende también de nosotros. Vale decir que depende también, como siempre, de la cultura jurídica y política y de su capacidad de análisis y de proyección. Por ello quiero concluir recordando el optimismo metodológico expresado por Norberto Bobbio en uno de los pasajes más bellos de sus últimos escritos. Es cierto, escribió Bobbio evocando a Kant (18), que el progreso "no es necesario", sino "sólo posible". Pero ello depende también de nuestra confianza en esta "posibilidad" y de nuestro rechazo a dar por descontadas "la inmovilidad y la monótona reiteración de la historia". "Respecto a las grandes aspiraciones del hombre" expuestas en las tantas cartas y declaraciones de los derechos, advirtió Bobbio, "ya estamos demasiado retrasados. Intentemos no acrecentar ese retraso con nuestra desconfianza, indolencia, escepticismo. No tenemos tiempo para perder. La historia, como siempre, mantiene su ambigüedad procediendo en dos direcciones opuestas: en dirección a la paz o en dirección a la guerra, a la libertad o a la opresión. La vía de la paz y de la libertad pasa a través del reconocimiento y la protección de los derechos del hombre. No niego que la vía es difícil. Pero no hay alternativas" (19).

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(*)(*)"Lectio Doctoralis" del profesor Luigi Ferrajoli en la oportunidad del doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata, 22 de noviembre de 2005. Traducción de Pablo Eiroa y Nicolás Guzmán.
(1) Como lo ha reconstruido y evidenciado FILIPPI, A., "La filosofía de Bobbio en América Latina y España", Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003, ps. 11-33.
(2) Sobre estos cambios de paradigma remito a mi "Lo stato di diritto tra passato e futuro", en P. Costa y D. Zolo, "Lo stato di diritto", Feltrinelli, Milano 2002, ps. 349-386 y "Diritti fondamentali. Un dibattito teorico", a cargo de E. Vitale, Laterza, Roma-Bari 2001, ps. 18-22, 145-150, 318-332.
(3) Véase, sobre estas nuevas fuentes del derecho, FERRARESE, M. R., "Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale", Il Mulino, Bologna, 2000.
(4) "UNDP. Rapporto 1999 sullo sviluppo umano. La globalizzazione", Rosenberg e Sellier, Torino 1999, p. 55. La divergencia de rédito entre el quinto de la población mundial que vive en los países más ricos y el quinto que vive en los países más pobres era de 30 a 1 en 1960, de 60 a 1 en 1990 y de 74 a 1 en 1997 (ivi, p.19).
(5) TOGNONI, G., "I farmaci essenziali come indicatori di diritto", en "Giornale italiano di farmacia clinica", 12, 2, abril-junio 1998, ps. 116-122, que recuerda que en 1977 la Organización Mundial de la Salud compiló una lista de "medicamentos esenciales", objeto en cuanto tales, de distribución obligatoria, de los que propuso la siguiente definición: "se definen 'medicamentos esenciales' aquellos que satisfacen las necesidades sanitarias de la mayor parte de la población y que, por lo tanto, deben estar disponibles en todo momento en cantidad suficiente y en la forma farmacéutica apropiada". La lista contemplaba originariamente poco más de doscientos medicamentos. En 1997 contenía poco menos de trescientos, casi todos no costosos. Continúa siendo aún una de las tantas promesas no mantenidas.
(6) Sobre esta distinción, me remito a mi "Garanzie", en "Parole chiave", 1999, N° 19, ps. 15-32.
(7) Recuérdense las máximas romanas clásicas: "Quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitatis, quaedam nullius pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur" ("Institutiones" di Giustiniano, 2, 1 pr.; D 1,8,2,1 pr.); "et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris" (ivi D 1,8,2,1). Esta clásica definición de los bienes comunes de la humanidad, junto a la reivindicación en cabeza de los españoles del "jus migrandi" y del "ius communicationis", fue esgrimida por Francisco de Vitoria, al comienzo de la edad moderna, para legitimar la conquista y la colonización del nuevo mundo. Estos bienes, declaró Vitorio, son de utilidad pública: " Ergo neminem licet ab illis prohibere. Ex quo sequitur quod barbari iniuriam fecerent Hispanis, si prohiberent illos a suis regionibus" (F. de Vitoria, "De indis recenter inventis relectio prior" (1539), en "De indis et de iure belli relectiones. Relectiones theologicae XII", a cargo de E.Nys, "The Classics of International Law", Oceana, New York 1964, sect. III, 2., prob. 10, p. 258).
(8) Es la expresión usada por el art. 136 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar del 10.12.1982: "la Zona (de alta mar) y sus recursos son patrimonio común de la humanidad"; "Todos los derechos sobre los recursos de la Zona", añade el art. 137, inc. 2, "pertenecen a toda la humanidad, en cuyo nombre actuará la Autoridad (Internacional de los Fondos Marinos). Estos recursos son inalienables"; "Las actividades en la Zona se realizarán... en beneficio de toda la humanidad, independientemente de la ubicación geográfica de los Estados, ya sean ribereños o sin litoral, y prestando consideración especial a los intereses y necesidades de los Estados en desarrollo" y se asegura "la distribución equitativa de los beneficios financieros y otros beneficios económicos derivados de las actividades en la Zona mediante un mecanismo apropiado, sobre una base no discriminatoria". También "en beneficio de toda la humanidad" son calificados los espacios extra-atmosféricos del art. 1 del Tratado respectivo del 27.1.1967, que impone su "utilización para el bien y en el interés de todos los países, cualquiera que sea el estadio de su desarrollo económico o científico".
(9) LOCKE, J., "Second Treatise of Government" (1690), tr. esp. de Carlos Mellizo, "Segundo tratado sobre el gobierno civil", Alianza editorial, Madrid, 1990, cap.V, § 36, p. 63. Poco antes: "Toda porción de tierra que un hombre labre, plante, mejore, cultive y haga que produzca frutos para su uso, será propiedad suya. Es como si, como resultado de su trabajo, este hombre pusiera cercas a esa tierra, apartándola de los terrenos comunales ... Aquel que sometió, labró y sembró una parcela de tierra, añadió a ella algo que era de su propiedad y a lo que ningún otro tenía derecho ni podía arrebatar sin cometer injuria" (ivi, § 32, p.60).
(10) Ivi, § 36, p.62. "Las posesiones que podría apropiarse", prosigue Locke, no producirían "perjuicio a su vecino" (ibídem). También porque "aquel que, mediante su propio esfuerzo, se apropia de una parcela de tierra no sólo no disminuye la propiedad común de la humanidad, sino que la acrecienta; pues los frutos en beneficio de la vida humana que son producidos por un acre de tierra cultivada resultan ser -sin exageración- diez veces más que los producidos por un acre de tierra igualmente fértil que no es aprovechado y continúa siendo terreno comunal ... Mas si digo que la productividad de la tierra cultivada es diez veces mayor que la de la no cultivada, la verdad es que estoy calculando muy por lo bajo ... habría que preguntarse si de verdad en las tierras salvajes de América que no han sido cultivadas y permanecen en su estado natural, sin ninguna mejora, labranza o cultivo, mil acres producen los mismos bienes utilizables para la vida, que los que producen diez acres de tierra igualmente fértil en el condado de Devonshire donde han sido cultivados" (ivi, § 37, p.64-65).
(11) LOCKE, J., op. cit., cap. IX, 121, p. 339.
(12) de TOCQUEVILLE, A., "Mémoires sur le paupérisme" (1838), en "Oeuvres complètes", Gallimard, Paris 1989, t. XVI, Mélanges.
(13) HOLMES, S. e SUNSTEIN, C. R., "Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse", Il Mulino, Bologna 2000.
(14) SEN, A., "Resources, Values and Development" (1984), tr. it., "Risorse, valori, sviluppo", Bollati Boringhieri, Torino 1982, cap. V, ps.122-141; íd., "On Ethics and Economics", (1987), tr. it., "Etica ed economia", Laterza, Roma-Bari 2001; íd., Development as Feedom (1999), tr. it., "Lo sviluppo è libertà". Perché non c'è crescita senza democrazia", Mondadori, Milano, 2000.
(15) FOUCAULT, M., "Corso" cit., ps. 200 e 221.
(16) Es el título del ensayo de SERRES, M., "Le contrat naturel", (1990), tr.it., "Il contratto naturale", Feltrinelli, Milano 1991.
(17) HOBBES, T., "Leviathan", tr. it., Leviatano, con texto en inglés de 1651 en frente, a cargo de R. Santi, Bompiani, Milano 2001, cap.XIII, 1, p. 203.
(18) La referencia es a KANT, I., "Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio" (1798), en "Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto", tr. it. de G. Solari, Utet, Torino 1965, §§ 6 e 7, ps. 218-226; íd., "Sopra il detto comune: 'Questo può essere giusto in teoria ma non vale nella pratica'", (1793), ivi, III, ps. 273-281.
(19) BOBBIO, N., "Dalla priorità dei doveri alla priorità dei diritti" (1989), ahora en íd., "Teoria generale della politica", a cargo de Michelangelo Bovero, Einaudi, Torino 1999, ps. 439-440.

Para darle verdad a la democracia

Por Roberto Gargarella

Cuando se verifica el déficit de calidad de la democracia en América latina, conviene recordar cómo resolvió la Corte Constitucional colombiana los resultados de una cuestionable votación en el Congreso.

Resulta claro que ningún miembro de la comunidad puede, sensatamente, exigir que las instituciones y prácticas políticas existentes en su entorno encajen de modo perfecto con sus propios y exigentes ideales sobre lo que una democracia "debe ser".

Por lo demás, el debate en torno al significado de la idea de democracia es demasiado engorroso como para ponerse exigentes en la materia: en definitiva, nadie está en condiciones de proclamar de modo inequívoco cuál es el significado "verdadero" del concepto de democracia.

Esta actitud de timidez conceptual —este bajo nivel de exigencia frente a la calidad de la vida política comunitaria— no debe confundirse con una actitud de indiferencia, con un "todo vale" en materia de producción democrática. Por el contrario, hay estándares mínimos que todos podemos esperar de cualquier decisión que pretenda alcanzar la dignidad de ser llamada decisión democrática.

Para pensar mejor sobre los alcances de la cuestión, puede ser interesante recurrir a un ejemplo significativo, sencillo y cercano a la vez. Hace poco más de un año, el máximo Tribunal de justicia colombiano —la hasta hoy notable e internacionalmente respetadísima Corte Constitucional colombiana— debió analizar la validez del "estatuto antiterrorista" impulsado por el presidente Uribe. Cabe señalar que la aprobación de dicho estatuto revestía una importancia capital para el Ejecutivo, teniendo en cuenta el lugar que dicho proyecto ocupaba entre las promesas electorales del presidente, y la centralidad del tema de la violencia terrorista en el vecino país.

El "estatuto", sin embargo, había sido aprobado en el Congreso a través de un procedi miento poco transparente. Entre las cuestiones que la Corte tuvo la oportunidad de examinar, destacó el siguiente hecho: una minoría de representantes que había manifestado, en principio, su decisión de votar en contra del proyecto del Ejecutivo, había terminado, extrañamente, cambiando de opinión para respaldar los deseos del presidente. De ese modo, y gracias a este súbito, inexplicado y aparentemente injustificado cambio en la postura de algunos congresistas, el gobierno había conseguido los votos que necesitaba para convertir a su iniciativa en ley. Muchos —y sin dudas, una mayoría de los miembros de la comunidad jurídica argentina— le asignarían a esa ley impecables credenciales democráticas.

Sin embargo, en una decisión extraordinaria, impensable hoy en una mayoría de países, la Corte colombiana sostuvo que si bien no objetaba "que un congresista modifique su posición" frente a un cierto tema, ella consideraba cuestionable "que el cambio de voto hubiera ocurrido sin que mediara ningún debate público del asunto". Dicho cambio, sostuvo la Corte, no había sido el resultado de "una deliberación de las cámaras", con lo cual se había desconocido "el principio de publicidad y la necesidad de que las decisiones de las cámaras sean fruto de un debate".

En otros términos, la decisión de la Corte colombiana vino a decirnos que no basta con conseguir una mayoría de votos para que una decisión se haga acreedora de dignidad democrática —acreedora, en otros términos, de validez constitucional. Es interesante notar que esta fantástica decisión no provino de Suiza o de Noruega, países ricos y ejemplares en el puntilloso respeto de la pureza democrática de sus instituciones.

Dicha decisión, que demolió de un golpe el castillo de naipes celosamente levantado por el presidente colombiano, surgió de un tribunal ubicado en un país tan pobre e institucionalmente deficiente como el nuestro.

En definitiva, en un país con pocos recursos, cercado por la violencia, acosado por el terrorismo y el narcotráfico, la Justicia se supo poner de pie para decir que democracia no es cualquier cosa surgida de la aprobación de la mitad más uno. Cabría agregar, en dicho sentido, que no basta con levantar muchas manos para darle legitimidad constitucional a una ley; que en democracia es necesario conocer las razones que justifican las decisiones que se quieren tomar; que hay un problema cuando los diputados votan sin saber el contenido de lo que votan; que ese problema es serio si un representante cambia de opinión (como obviamente puede hacerlo) sin decirle a la ciudadanía, con una mano en el corazón, por qué lo hizo; que es contrario a derecho "abrir un debate" cuando ya se tiene firmado el proyecto que se quiere aprobar; que comenzar una deliberación diciendo que no se va a "cambiar ni una coma" del proyecto que se presenta constituye un modo poco auspicioso —y agregaría, jurídicamente inválido— de comenzar esa deliberación; que discutir implica estar abierto a aprender de aquel con quien discutimos; que una democracia constitucional no debe tolerar nunca el abuso de la fuerza, así se trate, por supuesto, de la fuerza abrumadora, estrepitosa, aplastante de los números.

Valga decir, como conclusión, que a la decisión judicial aquí examinada no se la recuerda hoy como la irrespetuosa afrenta a la voluntad genuina de un pueblo. Por el contrario, ella es vista como un paso modesto pero audaz en la construcción de un sistema político más decente —un pequeño hito en la heroica, imprescindible tarea de devolverle verdad a la democracia.

Etica y disciplina partidaria

Por Nélida Baigorria

La política, como la ciencia y el arte de gobernar, es una disciplina humanística cuyo estudio convoca a quienes desean indagar sus fases teoréticas, pero sin el objetivo de llevarlas a la praxis. Sin embargo, la política es, para muchos, una vocación, un llamamiento o una inspiración que impulsa a actuar para poder intervenir en los asuntos públicos, sea con su opinión, su voto o su gestión ejecutiva en los poderes del Estado.

La vocación política no se revela, habitualmente, en la niñez. Se descubre en los años dorados de la primera juventud, cuando el amor se cree eterno, el horizonte siempre luminoso y la vida un camino a perpetuidad. Esa vocación, en democracia, conduce a la afiliación a un partido político, donde se hallará el escenario para la militancia y el ascenso progresivo hacia cargos de conducción. Su peculiaridad consiste en que se trata de una vocación pasional, con tal arraigo en lo profundo del ser que se la lleva consigo hasta el instante final.

Recuerdos de viejos tiempos vividos en las aulas se activan para traer a la luz de la conciencia aquellas metáforas kantianas con las que se definía la emoción como un río que desborda, arrasa y luego con mansedumbre vuelve a su cauce, mientras que la pasión era, en cambio, el río subterráneo y silente que va cavando con sigilo su propio lecho y no tiene retorno porque se instala en el espíritu para siempre. La política, que nutre las ideas valiosas con una fuerte pasión que las dinamiza es, en definitiva, la única acción humana susceptible de trabajar sobre la realidad para transformarla en la herramienta forjadora del bien común.

Este prolegómeno conduce a un objetivo: ¿qué motor interior mueve a elegir tal o cual partido político para concretar una afiliación de origen legítimo antes que una devolución de favores a un caudillo erigido en el pater familias de determinada sigla partidaria? La respuesta es sólo una: comunes concepciones filosóficas acerca de valores perennes, como la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la fraternidad humana y, en el orden político, el Estado de Derecho, dentro del régimen republicano.

El ideario democrático diferirá en forma abismal del totalitario. En este último caso, la afiliación será compulsiva; en el primero, el acto voluntario de adherir a un partido político supone una adscripción a la profesión de fe doctrinaria y a sus bases de acción política, batería ideológica que involucra principios no negociables, porque constituyen el basamento ético de su esencia filosófico-política.

¿Qué debe entenderse, entonces, por disciplina partidaria, si no la observancia plena de los postulados básicos que definen la identidad del partido que el ciudadano escogió para afiliarse y luchar por su triunfo en las justas electorales? ¿Cómo funcionan los tribunales de conducta cuando se vulneran las líneas directrices de la doctrina partidaria?

El espectáculo que hoy ofrece la República refleja hasta qué extremo se ha degradado el valor de las convicciones y cómo el ámbito político fue invadido, en no pocos casos, por oportunistas que, sin vocación alguna y muy tardíamente, descubren que el ingreso en el mundo de la política puede brindarles el ascenso estelar que en otros terrenos les niega la vida, como la fascinación de la alfombra roja o el deslumbramiento por ciertas fatuidades que también son privativas del poder.

El pasaje sin escrúpulos ideológicos a un signo político antagónico, la constitución de alianzas que escapan a la comprensión más endeble sin que exista razón posible que las justifique, los alineamientos insólitos en los recintos parlamentarios y los realineamientos posteriores, de acuerdo con voces de mando extra-Congreso, la ausencia de lealtad al propio pensamiento y a la doctrina condensada en la plataforma electoral que se juró respetar, todo esto, por su gravedad, debería ser repertorio de trabajo diario en los despachos de los tribunales de conducta de los partidos. Eso contribuiría a rescatar, en algo, la legitimidad del quehacer político, al sancionar con ejemplar dureza las versatilidades, por conveniencias personales, de los logreros de la política.

Sin embargo, la impunidad parece ser la norma, porque sólo esporádicamente se notifica a la opinión pública de fallos que penen defecciones incalificables. Esta actitud de los tribunales de conducta induce a pensar que el acatamiento a la disciplina partidaria se impone sólo en los debates parlamentarios, cuando se trasgreden principios que la ciudadanía votó y cuya defensa, en cambio, lleva a la aplicación de sanciones disciplinarias a quienes tuvieron la fuerza moral de resistir.

Si, como se ha señalado, la política es una ideología dinamizada por la pasión hacia el gran ideal del bien común, los límites de la disciplina partidaria se ubican en el estricto cumplimiento de la profesión de fe doctrinaria y de la plataforma electoral que es su expresión concreta. En la cultura occidental, Aristóteles enseñó, hace 2300 años, que la política es inescindible de la ética. Por tal razón, cuando los intereses derrotan el universo de los valores, el quehacer político entra en los atajos del pragmatismo (tan exaltado como instrumento de la modernidad que exigen los tiempos por aquellos para quienes la conducta es una línea oblicua).

Hace más de medio siglo, un brillante diputado del legendario “bloque de los 44”, Luis Dellepiane, sentenció: “En un instante en que los hombres yacen seducidos por la corrupción no puede ofrecérseles escapatoria; cuando la estrategia y la táctica aparecen, ya se inicia la claudicación de la conducta, y con el pretexto de que los fines justifican los medios se termina por confundir los medios con los fines, quedando subsistente el aspecto inmoral como consecuencia de la acción frustrada”.

Esta sentencia de Luis Dellepiane está vigente en este nuevo instante de nuestro país; se han olvidado normas esenciales en el juego de la democracia, se está demoliendo la arquitectura jurídica de la República, y los posicionamientos políticos, antes que a convicciones ideológicas, acuden a acertijos a fin de que una predicción les permita intuir qué divisa se llevará el poder y cómo sellar alianzas para no quedar excluidos. En el siglo XXI, las encuestas reemplazan a Casandra.

La estrategia y la táctica, también ahora, han desplazado la conducta a la cual los “sagaces pragmáticos” denominan “principismo estéril”. La disciplina partidaria involucra, para el afiliado, sólo un compromiso ético: acatar las resoluciones que se ciñan a los principios consignados en la doctrina y, cuando se tienen representaciones legislativas, que el voto surja de un acuerdo entre la recta razón y la conciencia moral; éstos son pues, sus límites infranqueables.

El país ha sufrido dolorosísimas fracturas en virtud de esas “coaliciones pragmáticas” que sólo buscaron poder, creyendo, cada sector, que luego le sería factible prevalecer sobre los otros. La compatibilización entre fuerzas de signo contrario en el ejercicio del gobierno supone una empresa imposible, porque es un conocimiento de aritmética elemental el que las unidades heterogéneas jamás podrán sumarse. Nunca sumar pesos más kilos ni litros más metros, enseñan las buenas maestras de los primeros grados.

Es aleccionador exhumar, una vez más, de la memoria colectiva, el recuerdo de dos coaliciones que fueron nefastas para la República, ambas se dieron en la segunda mitad del siglo XX: el Frejuli y la Alianza, cuyos fracasos conmovieron las bases mismas de nuestra estructura institucional. Para ejemplificar sus efectos y el porqué de su desintegración bastaría observar las ubicaciones políticas que hoy exhiben algunos de quienes hasta ayer compartían el poder.

La reclamada reforma política será sólo un placebo si los responsables de su legislación, envueltos en un medio que ha perdido el valor ético como fundamento de la acción política, no comprenden que, del gran rescate moral que debe hacer el país, la prioridad indelegable es el retorno a la virtud republicana y, con ella, a todos los atributos que le son inherentes, legado histórico del gran Mariano Moreno con el primer aliento de la patria

Las elecciones de 2007 nos aguardan, son ya mañana; si los argentinos, sin atender las lecciones del pasado, seguimos girando en los mismos círculos concéntricos –en los que estamos apresados desde hace seis décadas– y volvemos a los contubernios para dirimir nuestro futuro como país, un día tristísimo, frente a los escombros de nuestras instituciones, estaremos condenados a repetir las patéticas palabras de Brutus, ardiente defensor de la república romana, cuando, derrotado por Octavio y Antonio, se quita la vida con su propia espada diciendo: “Virtud, no eres más que un nombre”.

La autora fue diputada nacional (UCR) y presidenta de la Comisión Nacional de Alfabetización.

El anteproyecto Penal: Un modelo para exportar

Por Juan Bustos Ramírez

Los procesos de reforma legislativa están supeditados a un gran numero de complejidades —no sólo hoy—, acentuadas por la desorientación de orden político criminal en las sucesivas reformas que se observan a nivel comparado, que ha quedado en evidencia el último tiempo. Una serie de razones abundan en la materia, de orden político y social que exceden las posibilidades de este análisis.

En la historia de la legislación penal argentina a partir de la Constitución Nacional, el Código Tejedor y, especialmente, del Código Penal de 1921, base de la elaboración dogmática argentina, son innumerables los proyectos de reforma que han pretendido reformular las normas y orientaciones allí contenidas. Lo anterior, no sin que en varias oportunidades la ideas de adecuación se configuran a partir de cambios o trastornos de orden político y en otras (enhorabuena!) a las necesidades político criminales de una sociedad avanzada y en pleno uso de las facultades del estado democrático de derecho.

Es en este contexto, que hemos querido realizar unas breves reflexiones respecto al anteproyecto de actualización y de reforma que se presentara a la consideración pública, y cuya labor técnica ha sido llevada a cabo magistralmente bajo la dirección del profesor Dr. David Baigún.

Los lineamientos generales que se efectúan en su primera disposición hacen una expresa mención a los principios de orden político criminal que se recogen y regulan, haciendo singular consideración de la legalidad, lesividad, culpabilidad, proporcionalidad y humanidad, todos reconocidos a nivel doctrinal y de consagración supranacional mediante diversos instrumentos internacionales. Lo anterior significa, especialmente, la adecuación de las normas punitivas a la Convención Americana de Derechos Humanos. En este orden, muy acertadas aparecen las facultades al juez para disminuir la pena o prescindir de ésta, en casos de insignificancia (art. 9), así como también los mecanismos de compensación de la prisión preventiva (art. 10), objeto de varios pronunciamientos en nuestro orden jurídico interamericano. Otro aspecto interesante, es la decidida posición de considerar al derecho procesal penal como inseparable de su fuente material, de ahí que se propone regular todo lo relativo al ejercicio de acciones, en el código punitivo.

La parte general que se propone se adecua a los parámetros de un código racional con una clara inspiración liberal y democrática, y así lo ratifica la consagración de los principios de legalidad y sus derivaciones. En cuanto a la teoría de la pena, se orienta al establecimiento de un régimen de prisión, multa e inhabilitación como penas principales, limitadas temporalmente en veinticinco años y excepcionalmente ante crímenes contra la humanidad en treinta años. A la par de estas, se configura un sistema de alternativas a las penas (art. 18) que recoge gran parte de las propuestas doctrinarias en la materia. Especial referencia merece la consagración del trabajo a favor de la comunidad, la multa reparatoria y las instrucciones judiciales. En cuanto al sistema determinación de la pena adoptado por el proyecto (art. 8) aparece como una mención digna de elogios la especial atención a los motivos que impulsaron al sujeto responsable a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, así como también los propósitos discriminatorios.

Comentario aparte es que el proyecto, siguiendo una corriente en aumento en la órbita comparada, adopta sanciones concretas en relación a las personas jurídicas, exigiendo —eso sí— que haya tenido la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa en el proceso (art. 67), con lo cual entonces implícitamente se plantea la necesidad de una dogmática penal respecto de las personas jurídicas, pues de otra manera no podría ejercer efectivamente su derecho a la defensa.

En cuanto a la extinción de la responsabilidad penal es importante destacar, conforme a las necesidades de justicia que bien conoce el mundo y nuestras realidades, que la amnistía procede salvo en los delitos de genocidio, tortura prevista en instrumentos internacionales de derechos humanos y desaparición forzada de personas. Igual disposición se establece respecto de la prescripción.

Ya en la parte especial, el proyecto asume una adecuada ordenación de los bienes jurídicos, objeto de los delitos en particular, y de esta manera se parte con los delitos contra la Humanidad. Luego se sigue con los delitos contra la persona, entre los cuales extrañamente se sigue contemplando el delito de parricidio, si bien se establece que el juez frente a circunstancias extraordinarias puede aplicar la misma pena que el homicidio. Es de destacar que en el caso del homicidio por piedad y a pedido el juez ante circunstancias particulares puede llegar a eximir totalmente de pena. Se establece la no punibilidad del aborto practicado con el consentimiento de la mujer dentro de los tres meses contados desde la concepción.

Es importante destacar que se contemplan dentro del Código Penal los delitos cambiarios, tributarios, aduaneros, los fraudes al comercio y a la industria, los delitos de desabastecimiento, contra la competencia (1), contra el medio ambiente. Con ello se aplica una buena técnica legislativa, en el sentido de no dejar estas materias a leyes especiales con regulaciones ajenas a los principios básicos del derecho penal.

En suma, se está en presencia de un código penal moderno, que si bien hace algunas concesiones a la tradición, no por eso se deja de lado los principios garantistas del sistema penal. Es por eso un proyecto que ciertamente es un excelente modelo para las diferentes reformas que se inicien en nuestros países latinoamericanos.

La noche de los Bastones Largos

CRONOLOGIA DE UNA UNA TRISTE HISTORIA

El 28 de junio de 1966 un golpe militar encabezado por Juan Carlos Onganía derroca al pesidente constitucional Arturo Illia. Por la tarde el rector de la UBA, Hilario Fernández Long, da a conocer una resolución de la Universidad en repudio al golpe.

Como primera medida, el nuevo gobierno clausura el Congreso Nacional y prohibe los partidos políticos.

Las universidades se convierten en el próximo blanco: la intervención se hace inminente.

El viernes 29 de julio se difunde el decreto ley 16.912 que determina la intervención, prohibe la actividad política en las facultades y anula el gobierno tripartito (integrado por graduados, docentes y alumnos). Los rectores deben convertirse en interventores delegados del Ministerio de Educación si quieren seguir en sus puestos. Tienen 48 horas de plazo para decidir si aceptan o renuncian.

La sede del Rectorado y las facultades de Arquitectura, Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Ingeniería y Medicina, son ocupadas por autoridades, profesores y estudiantes con el objetivo de resistir la violación de la autonomía.

Ese mismo viernes por la noche, Onganía ordena a la Guardia de Infantería el desalojo de las sedes tomadas, pese a que las 48 horas de plazo todavía no se había cumplido. Comienza de esta manera la "Operación Escarmiento".

La represión se lleva a cabo con gases lacrimógenos, culatazos y bastonazos. Resultado: 400 estudiantes y profesores detenidos; renuncian a sus puestos todos los decanos de la UBA, y hacen lo mismo 1.400 docentes; trescientos científicos se van del país.

29 de Julio de 1966

Mentes Cortas, bastones largos

Por Warren Ambrose

Ya han pasado cuarenta años de la Noche de los Bastones Largos. Ante el aniversario del triste episodio, desde EXACTAmente intentamos colaborar con la memoria mediante el particular testimonio de un científico estadounidense que en ese momento se encontraba trabajando en nuestra Facultad. Warren Ambrose, profesor de matemática del Massachusets Institute of Technology (MIT), vivió de cerca la intromisión del gobierno militar de Juan Carlos Onganía en la autonomía universitaria y, movido por este hecho, envió una carta al New York Times, cuyo contenido se transcribe a continuación.

Gentileza: REVISTA EXACTAmente de la Universidad de Buenos Aires.

Carta de Warren Ambrose

Buenos Aires, Argentina, 30 de julio de 1966

The New York Times

New York, N.Y.

Estimados señores: Quisiera describirles un brutal incidente ocurrido anoche en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires, y pedir que los lectores interesados envíen telegramas de protesta al presidente Onganía.

Ayer el gobierno emitió una ley suprimiendo la autonomía de la Universidad de Buenos Aires y colocándola (por primera vez) bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación. El gobierno disolvió los Consejos Superiores y Directivos de las Universidades y decidió que desde ahora en adelante la Universidad estaría controlada por los decanos y el rector, que funcionarían a las órdenes del Ministerio de Educación. A los decanos y al rector se les dieron 48 horas de plazo para aceptar esto. Pero los decanos y el rector emitieron una declaración en la cual se negaban a aceptar la supresión de la autonomía universitaria.

Anoche a las 22, el decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Rolando García (un meteorólogo de fama internacional, que ha sido profesor de la Universidad de California, en Los Angeles), convocó a una reunión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias (compuesto por profesores, graduados y estudiantes, con mayoría de profesores) e invitó a algunos otros profesores (entre los que me incluyo) a asistir a la misma. El objetivo de la reunión era informar a los presentes la decisión tomada por el rector y los decanos y proponer una ratificación a la misma. Dicha ratificación fue aprobada por 14 votos a favor con una abstención (proveniente de un representante estudiantil).

Luego de la votación, hubo un rumor de que la policía se dirigía hacia la Facultad de Ciencias con el propósito de entrar, que en breve plazo resultó cierto. La policía llegó y, sin ninguna formalidad, exigió la evacuación total del edificio, anunciando que entraría por la fuerza al cabo de 20 minutos (las puertas de la Facultad habían sido cerradas como símbolo de resistencia -aparte de esa medida, no hubo resistencia-). En el interior del edificio, la gente (entre quienes me encontraba) permaneció inmóvil, a la expectativa. Había alrededor de 300, de los cuales 20 eran profesores y el resto estudiantes y docentes auxiliares (es común allí que a esa hora de la noche haya mucha gente en la Facultad porque hay clases nocturnas, pero creo que la mayoría se quedó para expresar su solidaridad con la Universidad).

Entonces entró la policía. Me han dicho que tuvieron que forzar las puertas, pero lo primero que escuché fueron bombas que resultaron ser gases lacrimógenos. Luego llegaron soldados que nos ordenaron, a gritos, pasar a una de las aulas grandes, donde se nos hizo permanecer de pie, contra la pared, rodeados por soldados con pistolas, todos gritando brutalmente (evidentemente estimulados por lo que estaban haciendo -se diría que estaban emocionalmente preparados para ejercer violencia sobre nosotros-).

Luego, a los alaridos, nos agarraron a uno por uno y nos empujaron hacia la salida del edificio. Pero nos hicieron pasar entre una doble fila de soldados, colocados a una distancia de 10 pies entre sí, que nos pegaban con palos o culatas de rifles, y que nos pateaban rudamente, en cualquier parte del cuerpo que pudieran alcanzar. Nos mantuvieron incluso a suficiente distancia uno del otro de modo que cada soldado pudiera golpear a cada uno de nosotros. Debo agregar que los soldados pegaron tan duramente como les era posible y yo (como todos los demás) fui golpeado en la cabeza, en el cuerpo, y en donde pudieran alcanzarme. Esta humillación fue sufrida por todos nosotros -mujeres, profesores distinguidos, el decano y el vicedecano de la Facultad, auxiliares docentes y estudiantes-. Hoy tengo el cuerpo dolorido por los golpes recibidos, pero otros, menos afortunados que yo, han sido seriamente lastimados. El profesor Carlos Varsavsky, director del nuevo radio-observatorio de La Plata recibió serias heridas en la cabeza; un ex-secretario de la Facultad, de 70 años de edad, fue gravemente lastimado, como así mismo Félix González Bonorino, el geólogo más eminente del país.

Después de esto fuimos llevados a la comisaría seccional en camiones, donde nos retuvieron un cierto tiempo, después del cual los profesores fuimos dejados en libertad, sin ninguna explicación. Según mis conocimientos, los estudiantes siguen presos. A mí me pusieron el libertad alrededor de las 3 de la mañana, de manera que estuve con la policía alrededor de 4 horas.

No tengo conocimiento de que se haya ofrecido ninguna explicación por este comportamiento. Parece simplemente reflejar el odio del actual gobierno por los universitarios, odio para mí incomprensible, ya que a mi juicio constituyen un magnífico grupo, que han estado tratando de construir una atmósfera universitaria similar a la de las universidades norteamericanas. Esta conducta del gobierno, a mi juicio, va a retrasar seriamente el desarrollo del país, por muchas razones, entre las que se encuentra el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país.

Atentamente.

Warren Ambrose

Profesor de Matemática en el Massachusets Institute of Technology (MIT) y en la Universidad de Buenos Aires

a 40 años de "la noche de los bastones largos"

Conmemoración del

40º Aniversario de “LA NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS”,

acaecida el 29 de julio de 1966 en la Manzana de las Luces.

Miércoles 26 de julio, 19.00 h. Proyección con debate de la película “Noche de los Bastones Largos” con la presencia de su realizador Tristán Bauer .

Viernes 28 de julio, 18.00 h. Conjuntamente con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, inauguración de la exposición fotográfica: “la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: Imágenes y Testimonios de su historia”. Con la presencia de su Decano Dr. Jorge Aliaga. Colocación de placa recordatoria.

Viernes 28 de julio, 20.00 h. Conjuntamente con la revista Caras y Caretas presentación del libro "La Noche de los Bastones Largos" de Felipe Pigna y María Seoane, publicado por Caras y Caretas, con la presencia de los autores y Víctor SANTA MARÍA, la Arq. Silvia FAJRE, Ministra de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decano de la Facultad de Arquitectura D. y U. Arq. Jaime SORIN.-

Comisión Nacional de la Manzana de las Luces

Perú 272 - Buenos Aires. Tel. 4343- 3260/8167

Fuentes: "Clinton es uno de los hombres más inteligentes que conozco"

CIUDAD DE MEXICO.– El ventanal del living da al jardín. Un banco de madera, cinco macetones, dos gallos de loza y una aborigen de cerámica, tamaño natural, se reparten entre el verde de las plantas y el césped, y el amarillo terroso de las paredes. Carlos Fuentes vive seis meses aquí, a 30 minutos del centro de la ciudad, y otros seis meses en Londres. “Acá se vive la novela y allá se escribe. No se puede vivirla allá ni escribirla acá”, explica con una sonrisa.

Fuentes, uno de los más grandes escritores de América latina del último medio siglo, se muestra elegante, seductor y categórico, como siempre. Detesta al presidente Hugo Chávez y lanza alguna ironía sobre Néstor Kirchner, mientras elogia a sus amigos Gabriel García Márquez y los ex mandatarios Bill Clinton, Ricardo Lagos y Fernando Enrique Cardoso.

A los 77 años, el autor de “La muerte de Artemio Cruz” y “Aura” está por lanzar una nueva novela y se prepara para escribir otra, cuya idea central calla. Comenta, en cambio, que con la crisis “la Argentina vio su propio rostro”, alejado de los sueños europeístas. “Buena falta que les hace a veces a los argentinos ese cachetazo, ese saber que viven en América latina.”

–Su personaje María del Rosario Galván, en "La silla del águila", dice que la política es el arte de la mentira. ¿Eso se agudizó?

-La mentira es inherente a la política. El político que es totalmente sincero va al fracaso. Tiene que disimular, crear una ficción donde debería haber verdad. Y los escritores tenemos que crear la ficción para encontrar la verdad de lo que pasa. ¡Pero cuidado, tampoco se vale llevar la ficción a la política! [Ríe]. ¡Ese es nuestro territorio! ¿Sabe que ése es el libro de cabecera de Michelle Bachelet? Ella lo ha dicho. Debe de ser un libro que ella lee para saber qué no debe hacer [ríe]. ¡Es un prontuario de lo que no debe hacerse en política!

-¿Ve mucho realismo mágico en la política de América latina?

-Mire, me dice García Márquez que cuando no entiende lo que pasa en México, y eso le pasa a menudo, y a mí también, se va al Museo de Antropología y se para frente a la estatua de la diosa azteca Coatlicue.Es una diosa sin cabeza, hecha de serpientes y de calaveras. Los dioses mexicanos dicen: "No somos humanos. No nos parecemos a ustedes. Miren: calaveras, serpientes, manos laceradas, figuras sin cabezas". Y así logra García Márquez entender la realidad mexicana.

-México y América latina resultan inasibles para muchos intelectuales de otras latitudes

-Así es. Toda América latina envidiaba al PRI. ¡Qué maravilla, decían, estabilidad con desarrollo! Y si no hay democracia, no importa. Recuerdo cuando el presidente de México Adolfo Ruiz Cortines fue a la junta de presidentes en Panamá en 1956: la foto oficial era para morirse de la risa porque el único civil era él. ¡Todos con charretera, y hasta por EE.UU. estaba un general! [Dwight Eisenhower]. La gente le gritaba ¡viva el México democrático! ¡viva la revolución mexicana!

-¿El Partido Justicialista no recrea algunos rasgos del PRI?

-No, porque no tiene la misma legitimación que tuvo el PRI, que fue el resultado de una revolución y que como toda revolución se legitima a sí misma. Perón, en cambio, fue elegido. No creo que nadie se atreva a caracterizar al peronismo como una revolución o a Perón como un revolucionario. El peronismo es un movimiento político, no un hecho revolucionario fundacional.

-La pobreza y la inseguridad son, usted ha dicho, los mayores problemas de México. También son los de América latina. ¿Cómo resolverlos?

-En toda América latina hemos construido una economía desde arriba, con inversiones extranjeras y nacionales y actividad de la sociedad civil, pero se ha rezagado a la enorme mayoría de la gente. Y es esta gente la que dice: "¡Qué bonita discusión, qué bien los partidos políticos y la democracia! Pero ¿qué voy a comer? ¡Quiero trabajo!". Ese es el desafío de la democracia actual en América latina: emplear los instrumentos de la democracia para crear una nueva situación de desarrollo para las grandes mayorías de un continente donde el 50% de la población vive en diversos grados de miseria. Eso lo dice claramente Carlos Slim, empresario y magnate mexicano, que sabe de lo que habla: "Con miseria no hay mercado".

-¿Eso explica la tendencia hacia la izquierda en América latina?

-Mucho. Es una exigencia de cumplir con una agenda que hasta ahora se ignoró.

-¿Qué piensa del aumento de gobiernos de centroizquierda en la región?

-¡Pues que en buena hora! Es una tendencia positiva y permanente. Todos los países del mundo tienen un sector progresista o de izquierda que sirve de aguijón o que llega al poder. Son parte del juego democrático.

-¿Con qué referentes políticos se siente más cómodo en América latina? ¿Ricardo Lagos? ¿Alvaro Uribe? ¿Lula da Silva?

-Ricardo Lagos, Fernando Henrique Cardoso, Felipe González Lázaro Cárdenas, Franklin Roosevelt, John Kennedy Y Bill Clinton. Creo que a Clinton lo extrañamos más que nunca. Imagínelo, comparado con Bush, un gran incapaz A Clinton lo considero uno de los hombres más inteligentes que conozco. Una vez nos dio una clase de literatura a García Márquez y a mí. No conozco demasiados políticos que sepan recitar el monólogo de Benjy, de "El sonido y la furia", de William Faulkner. Kirchner no sabe ni el "Martín Fierro", ¿verdad? [Se ríe].

-¿Qué piensa de Chávez?

-No es un izquierdista. Es un fascista, engañador, un fenómeno pasajero. Está arruinando a Venezuela, está mal empleando el dinero del petróleo. Se le caen las carreteras principales del país. Es un demagogo, una especie de loro tropical. Intenta acabar con los restos de la democracia venezolana. Se benefició del vacío que dejaron los partidos políticos, pero será desalojado por la sociedad venezolana misma, a la que respeto mucho y a la que no imagino gobernada por este gorila para siempre.

-¿Y el presidente Kirchner?

-Es un gobernante elegido democráticamente. La Argentina es, después de México y junto con Chile, uno de los tres países que más quiero. A la Argentina siempre le deseo lo mejor. Y Kirchner está sujeto a leyes democráticas. Todavía no veo que esté minando las leyes que lo llevaron al poder. Espero que con todos los matices propios de su personalidad sepa respetar las leyes y estructuras que con tanto esfuerzo alcanzó el país.

-¿Cuál es el desafío mayor que usted vislumbra para la Argentina?

-Después de las crisis que sufrieron, el desafío es crear el país desde abajo. La Argentina tiene cabeza de Goliat y cuerpo de David, como decía Martínez Estrada. Es un país que tiene todo a su favor y tiene que ser un gigante. Esa Argentina que estaba oculta por la metrópoli porteña, europea y progresista, está ahí. Su país tiene más recursos que otros de América latina. Tiene un territorio riquísimo, ríos navegables Cuando vuelo sobre la Argentina siempre pienso: ¡Dios mío, si México tuviera esto seríamos otro país!

-¿Por qué estamos como estamos?

-Creo que se les fue la mano de soberbia. Chocaron contra la realidad porque se creían muy "salsas", como decimos en México. Recuerdo cuando era jovencito y vivía allá que los argentinos hablaban de los "macacos" brasileños. Decían que ellos eran "Europa en América latina". Eso se vino abajo. La Argentina vio su propio rostro, un rostro en parte europeo, en parte indígena, mestizo, un rostro de pobreza, que reclama. Buena falta que les hace a veces a los argentinos ese cachetazo, ese saber que viven en América latina. Pero la Argentina tiene con qué salir, algo que no tenemos nosotros. ¡Tienen esa pampa magnífica!

-¿Repetiremos nuestros errores o aprenderemos?

-Wilde decía que el pesimista es un optimista bien informado [Risas]. A partir de eso, quisiera ser optimista, porque tengo fe en América latina, en la comunidad hispánica y en la globalización. No sólo en la globalización material que estamos padeciendo. La globalización se va a quedar, como la Revolución Industrial no se evaporó. Pero a la globalización hay que aportarle el rostro humano, atender las necesidades sociales e individuales.

-¿Cómo se siente ante Internet como globalización de la información?

-Me parece fundamental para la promoción de la educación. Sólo espero que no supla el lugar de la palabra escrita. Vivo en el papel y creo que nada lo suplirá. Puedo sonar muy anticuado, pero no me comunico si no a través de un libro con papel, que puedo oler como el sexo de una mujer. El libro tiene olor, tiene sabor, tiene presencia. No es una pantalla helada. Internet es útil, pero no es una herramienta creativa, como lo es la palabra sumada a la escritura.

-¿Qué libros recomendaría para tentar a alguien a la lectura?

-Los libros que leímos de niños en la cultura latina siguen siendo válidos. Dumas, "Los tres mosqueteros" y "El conde de Montecristo"; Stevenson, "La isla del tesoro"; Julio Verne, Mark Twain... Con ellos aprendimos a pensar, a imaginar y a ser personas. El segundo paso es saber bien la lengua. Si no se lee el "Quijote" no se sabe la lengua española ni se entienden las demás obras. No se puede conocer al resto del mundo si no se conoce la propia lengua.

-García Márquez dice en "Vivir para contarla" que el "Quijote" le resultaba aburrido hasta que un amigo le recomendó que lo llevara al baño y lo leyera mientras cumplía con los deberes diarios. Y así fue. Lo atrapó.

[Carcajadas] -¡Qué bien! Yo recomiendo el "Quijote", pero no para el excusado. Yo llevo a Quevedo [risas], porque es escatológico, lírico y místico al mismo tiempo. Es capaz de escribir lo más sublime del mundo sobre el amor y el espíritu y, a su vez, tiene sus enormes versos sobre los pedos y todo lo que a él le gusta. Así que sería Cervantes, Quevedo y Góngora. Gabo me diría: y Garcilazo, ¿qué? O Lope de Vega. Pero yo creo que con esos tres estaría muy bien.

-¿Cómo se imagina en 2010, año del bicentenario de la independencia de México y del centenario de su revolución?

-Cada vez aprendo más. Rejuvenezco en muchos aspectos. A veces uno es viejo a los 20 por ignorancia, por pretensión. Ahora, con la vejez, me concentro mejor. Ya no pienso en el sexo ni me distraigo con miles de actividades, algo típico de la juventud. Acabo de terminar un libro y estoy pensando ya en otro. Pero no le diré sobre qué. Prefiero callar y escribir. Conozco demasiados escritores cuyos libros quedaron en un café.

Por Hugo Alconada Mon

LA NACIÓN, 19 de Julio de 2006.

Zaffaroni: Hay que debatir la reforma al Código Penal

“Si esta discusión no la sigue el Gobierno nos haremos cargo los académicos.” No lo dice un académico del montón, sino el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, preocupado por la reforma del Código Penal, que el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, el martes último dio por congelada. El penalista elogia, en diálogo con Página/12, algunos aspectos del anteproyecto que elaboró una comisión de especialistas en el ámbito de la Secretaría de Política Criminal, pero cuestiona otros. “El aborto hay que discutirlo por otro lado, porque es un tema que hace fracasar cualquier proyecto”, advierte.

La polémica por el Código Penal quedó instalada desde que se conoció la propuesta para modificarlo elaborada por un grupo de especialistas que trabajó en el propio Ministerio de Justicia, coordinado por el secretario Alejandro Slokar. La idea general apunta a devolverle coherencia a una legislación modificada por retazos, 900 veces, desde 1922. Pero hubo ciertos puntos del borrador donde se focalizó la controversia: elimina la prisión perpetua y pone una pena máxima de treinta años, despenaliza el aborto en los tres primeros meses de gestación, legaliza la tenencia de droga para consumo personal, alivia los castigos en ciertos casos de eutanasia y eleva la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 18 años.

El Poder Ejecutivo, a través del ministro Iribarne, aclaró anteayer que no le interesa enviar un proyecto al Congreso para impulsar los cambios ni “este año ni el que viene”.

–¿Le sorprendió que el Gobierno dé casi por cerrado este debate, al menos por ahora? –le preguntó este diario a Zaffaroni.

–El Gobierno entendió mal la discusión sobre el Código Penal. Es un tema que requiere un extenso y profundo debate. Lo tomaron como una bandera y no es así. El Código de 1921 se empezó a armar en 1891. En Alemania la reforma tardó diez años, en Suiza cincuenta. Tampoco digo que se demore tanto, pero es evidente que hace falta una reforma y que requerirá tiempo. El Código actual presenta una gran irracionalidad de las penas. Sale más barato darle un balazo a alguien que amenazarlo, es más grave un delito contra la propiedad que contra la vida.

–¿Qué le pareció el anteproyecto de la comisión de juristas?

–Me parece una base de trabajo positiva, para poner en discusión. La gente que elaboró esta propuesta es la mejor que hay en el derecho penal argentino. Ahora tendría que venir la etapa de análisis y debate, con todos los institutos de derecho penal del país, es decir, que se puedan escuchar las distintas opiniones técnicas. Eso, por supuesto, lleva tiempo. Supongo que solamente analizar la parte especial del Código, que se refiere a los delitos en particular, a una persona le puede llegar a llevarle seis meses.

–¿Cuál le parece el mayor acierto de la propuesta y cuál el mayor desacierto?

–La orientación es un gran acierto. Apunta a revertir la anarquía legislativa que tenemos hoy. El Código es una ley orgánica. El tema del aborto habría que discutirlo por otro lado, porque es uno de los que siempre hace fracasar cualquier proyecto de Código. Lo que digo es que hagamos ese debate en otro lado. En Austria y en Alemania, por ejemplo, se vio que generó problemas.

–El aborto no es el único tema que aquí generó irritación.

–Eliminar la prisión perpetua y poner una máxima de treinta años es algo realista. Brasil, por ejemplo, tiene una máxima de treinta años. En ningún país existe la perpetua, sacando las locuras que pueda hacer Estados Unidos. La edad de imputabilidad es una discusión seria, que debe ser trabajada, donde hay distintas posturas. Igual que la eutanasia. Pero meparece más complicado el análisis de cada delito en particular. Hay que cuidar no generar un vacío de impunidad. Y ver posibles contradicciones.

–¿Notó contradicciones en el borrador en danza?

–Algunas. Introducen la culpa grave temeraria (una nueva escala que se agrega a entre un delito culposo, la imprudencia y el dolo eventual), para evitar la arbitrariedad. Pero eso es volver al XIX. Si califico la culpa por la gravedad del deber no la puedo calificar por la gravedad del resultado. Según el texto, si el resultado de un accidente de tránsito es más de dos muertos, entonces hay culpa grave, pero eso bien puede ser una cuestión de azar.

–El ministro Iribarne dice que él prioriza una reforma procesal que acelere los tiempos de la Justicia (algo que a nadie le va a molestar), sobre la penal. ¿Debe ser así?

–Los dos son temas trascendentes que requieren cambios. La reforma procesal es importante. Pero si esta discusión sobre el Código Penal no la sigue el Gobierno nos haremos cargo los académicos. Todavía incluso está pendiente incorporar delitos obligatorios por los tratados internacionales.

Entrevista de Irina Hauser, Página/12, jueves 13 de julio de 2006.

Un molesto aniversario

Por Marcelo O´Connor

Hace un par de días, el 28, se cumplieron cuarenta años del cuarto quiebre constitucional mediante un golpe de Estado. Ese día, los militares, encabezados por un torvo general, usurparon el Gobierno desalojando a un Presidente civil. Es cierto que este había sido electo por escaso porcentaje de votos, casi tan magro como el del actual Presidente, pero constituía, sin los conocidos afanes hegemónicos, la esperanza de un encauzamiento institucional para una prolongada situación inestable, en democracia y libertad. Se lo acusó de lento ("la tortuga"), bucólico, antiguo e irrepresentativo. Las Fuerzas Armadas dieron sus motivos en el Acta de la Revolución Argentina: "1) La pésima conducción de los negocios públicos; 2) la ruptura de la unidad espiritual del pueblo argentino; 3) una sutil y agresiva penetración marxista". Los años demostraron que tanto los negocios públicos como la economía tuvieron una conducción brillante, que, luego, en vez de unidad espiritual tuvimos una masacre y que el "anticomunismo sin comunistas" siempre fue un pretexto. De paso: ¿cómo se puede ser sutil y agresivo, a la vez?

Debe ser el golpe que más arrepentidos tiene, aunque muy pocos se animaron a la pública autocrítica, como sí lo hizo el coronel Perlinger años después. Por eso fue un aniversario con más vergüenzas que homenajes al defenestrado mandatario.

Ese intento de olvido contrasta con las alharacas desplegadas con motivo del cincuentenario de la revoluciones del 16 de junio y 16 de septiembre de 1955. El colmo fue que el Gobierno, con su habitual estilo grosero, impidiera el acceso a la Casa Rosada del ex Presidente Alfonsín y un grupo de correligionarios para un modesto acto recordatorio.

¿A qué se debe esa desmemoria? Simplemente, a la mala conciencia. Pero como nada queda oculto históricamente, veamos quienes apoyaron a los militares salvadores: ante todo, el peronismo en su conjunto, empezando por el propio Perón que, en entrevista con Tomás Eloy Martínez, dijo: "Para mí este es un movimiento simpático" y "simpatizo con el movimiento militar". Los dirigentes gremiales, quienes siempre prefirieron los gobiernos militares porque tienen más poder que en la democracia y que con el Plan de Lucha generaron el clima apropiado, y los legisladores peronistas, concurrieron en masa al acto de asunción de Ongania. Frondizi, entusiastamente declaró: "Esta revolución ha nacido con los objetivos establecidos por las nuevas generaciones". La mayoría de los partidos políticos incompresiblemente también apoyaron y, no obstante, los disolvieron. El Partido Demócrata Cristiano y Oscar Alende apoyaron el desestabilizador Plan de Lucha. Las entidades empresarias, Unión Industrial, C.G.E., Sociedad Rural y A.C.I.E.L., manifestaron su complacencia. El "Economic Survey" escribió: "los círculos comerciales estadounidenses y especialmente los representantes de los grandes bancos han expresado su satisfacción ante la Revolución y reafirmado su interés en el país". La Iglesia Católica puso sus mejores hombres, tal es así que no se podía ser ministro o funcionario sin haber pasado por los Cursillos de Cristiandad. La prensa con unanimidad, opinadores como Mariano Grondona, Neustad o Timerman y hasta los humoristas, se ensañaron con la gestión de gobierno. Los extremos, tanto de derecha como de izquierda, cuyas políticas jamás dependen de la realidad, hicieron lo suyo y ahí empieza esa mezcolanza de Tacuara con castrismo que predominó después.

El rechazo de empresarios, gremialistas, militares, partidos políticos, de la sociedad argentina en su conjunto, a una salida sensata, mansa, trabajosa y quizás lenta, de la crisis institucional, derivó en la creciente violencia de los años posteriores. Es cierto que así les fue a todos y que todos pagaron su error. Algunos con pérdidas materiales de salarios y capitales y otros con la vida o las dos cosas.

Ningún otro Presidente vivió su ocaso tan en soledad como el Dr. Illia. Tampoco con tanta dignidad. El viejo Illia podría haber repetido aquella cita de Ibsen y su personaje el Dr. Stockman, que tanto le gustaba a Lisandro de la Torre: "Arrojadme piedras, que cuanto más me arrojéis, más alto levantareis el pedestal para honrar a mi gloria". No lo hubiera dicho, porque la modestia era su virtud y su austero estilo de vida lo alejaba de las actitudes rimbombantes. Pero nosotros, los argentinos amantes de la libertad y la democracia, le debemos el pedestal.

Semanario "Redacción"
Salta, sábado 1° de julio de 2006

Un gran error y una injusticia

Por Víctor H. Martínez

El portón de la historia argentina tiene dos bisagras que abrieron lamentablemente sus puertas a desencuentros y episodios dolorosos que aún muestran heridas profundas. El 6 de setiembre de 1930, un golpe cívico-militar derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen y el 28 de junio de 1966, otro golpe de Estado puso fin al gobierno del presidente Arturo Umberto Illia. Aunque en distintas circunstancias, hay el común denominador de todas las quiebras de la normalidad institucional: la pretensión de sus autores de justificar lo injustificable.

El 4 de agosto de 1900 nacía en Pergamino, Buenos Aires, Arturo Illia, quien luego de obtener su título de médico se radicó hacia 1929 en Cruz del Eje para ejercer su profesión como médico de Ferrocarriles. A diferencia de otros distinguidos colegas, abrazó el quehacer político al que serviría hasta el fin de sus días.

La dictadura del general Uriburu lo apartó de su cargo en el Ferrocarril, por lo que decidió completar sus estudios en Dinamarca, Alemania, Rusia y Francia, profundizando no sólo sus conocimientos científicos sino las percepciones de la política y las cuestiones sociales.

Después de ser senador provincial entre 1936 y 1940, vicegobernador, diputado nacional y gobernador electo, llegó a la presidencia el 12 de octubre de 1963. En su larga trayectoria debió sufrir la brusca separación de sus cargos por pronunciamientos militares.

Conocimos a Illia en el llano, dirigiendo campañas políticas desde el Comité Central y tuvimos su compañía cuando fuera elegido gobernador y nosotros recibíamos el diploma de legisladores. Muchos compartimos el abandono compulsivo determinado por la dictadura; pero en tanto nosotros nos lamentábamos por ese hecho, Illia, abrevando en sus adversidades, con postura “gandhiana”, nos alentaba con la frase que repetía en varias tribunas: “Hay que proseguir la lucha”.

Para comprender la sinrazón del despotismo que terminó con el gobierno democrático de Illia que, como todos los pronunciamientos autoritarios invocan el orden y la renovación progresista, cabe formularse unos interrogantes, teniendo presente anteriores y posteriores gobiernos.

¿Respetaba Illia la plataforma electoral y la Constitución Nacional? Fiel al documento de Avellaneda de 1945, habiendo obtenido más del 34 por ciento de los votos afirmativos y superado los votos en blanco, levantó las proscripciones posibilitando que el PJ participara en las elecciones nacionales de 1965. Respetó el derecho de huelga, las libertades de asociación y de prensa, la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, los derechos humanos y las libertades públicas, gobernando sin Estado de sitio. Hizo efectivos los derechos sociales sancionando la ley del salario mínimo, vital y móvil, cumplió con el pago del 82 por ciento móvil y saneó el sistema de seguridad social.

¿Defendió Illia los intereses nacionales frente a propios y extraños? Además de imponerse gran austeridad y de su probada honestidad en el manejo de la cosa pública, alentó modificaciones al Código Penal para incriminar a funcionarios ante eventuales actos de corrupción y enriquecimiento ilícito; durante su período se expresó en la Carta de Alta Gracia la estrategia en defensa de las producciones básicas, ratificó en la crisis de Santo Domingo el principio de no intervención, y obtuvo una resolución favorable en la ONU sobre la discusión por las Islas Malvinas.

Anuló los contratos petroleros considerados ilegítimos e inconvenientes para la Nación; desconoció la injerencia del Banco Mundial en la conducción de los servicios eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba), disminuyó la deuda externa, reestructuró el sistema ferroviario desquiciado en 1956, sancionó la ley de medicamentos para lograr rebaja de precios, implantó un régimen de promoción industrial más eficiente y puso en marcha el Plan Nacional de Desarrollo.

Hoy está en uso exhibir como modelo de buen gobierno los alentadores índices económicos, aunque no compartimos el criterio de subordinar valores al éxito económico y, menos, al coyuntural.

En la buena senda

Debe recordarse que nada en el gobierno de Illia se apartaba de la buena senda en materia económica. Aplicó el presupuesto por programas. La recaudación fiscal creció en 1965 con relación a 1964 un 80 por ciento y en el primer semestre de 1966, comparado con igual período de 1965, un 32 por ciento. Como se dijo, la deuda externa se redujo a 2.650 millones. El PIB creció un ocho por ciento en 1964 y un 7,8 en 1965 y la actividad agropecuaria lo hizo en el 7,1 por ciento, en tanto la manufacturera creció un 15,8 por ciento.

Las exportaciones, medidas en millones de dólares, pasaron a 1.410 en los primeros meses de 1966. La posesión de oro y divisas, que era negativa en 400 millones de dólares al momento de asumir Illia, pasó a ser positiva en 100 millones, en 1966. El salario real se incrementó en 6,2 por ciento y el costo de vida bajó en 6,2 por ciento.

En el orden educacional, instrumentó el plan nacional de alfabetización, promocionó la investigación científica y sostuvo la autonomía universitaria, destacándose que la educación pública recibió el más alto presupuesto de la historia.

Tuvimos el privilegio de seguir a Illia como médico, político y funcionario y sentirlo apegado al sistema de partidos, particularmente a la UCR. Tenía todas las cualidades del gran estadista, sin improvisaciones fáciles, con su accionar basado en el conocimiento profundo del país. Cuando jóvenes, nos convenció y formó sin imposiciones ni estridencias, pero con energía, sometidos sólo a la ley.

Los escenarios son distintos, pero siempre lo comparamos con Mahatma Gandhi, liderando con humanismo ejemplar a los pueblos, al servicio de las causas nobles, en favor de la paz y de la justicia social. Fue, pues, médico de almas y estadista de ciudadanos.

Nos complace que los protagonistas directos hayan reconocido la injusticia y el error del 28 de junio de 1966, pero los peligros que acechan a la democracia, aun dentro de su seno, siguen latentes y nos exigen estar vigilantes y actuantes en defensa de las instituciones.

Para ello, nada mejor que mirar atrás sin parcializar la historia ni avivar rencores, pero sí para recoger conductas y apreciar el valor de hombres que dieron lo mejor de sí, permitiendo que la juventud ejerza su derecho a conocerlos, en la búsqueda de futuras opciones.

Dr. Víctor Hipólito Martínez.
Ex Vice Presidente de la Nación Argentina (1983-1989), Ex Intendente de la Ciudad de Córdoba durante el Gobierno nacional del Dr. Illia (1963-1966). Actual Presidente del INSTITUTO NACIONAL YRIGOYENEANO, www.yrigoyen.gov.ar . Profesor emérito de Derecho Minero de la Universidad Nacional de Córdoba.
(Foto: El Dr. Illia junto al Dr. Víctor Martínez en la ciudad de Bs. As., circa 1973, foto tomada por Luisa Cerutti). El presente artículo fue publicado en el diario cordobés 'La Voz del Interior' el día 28 de junio de 2006.

Arturo Illia: un sueño breve

Visto desde hoy el balance de la gestión presidencial de Arturo Illia destaca por logros innegables, pero en su tiempo fue criticado y ridiculizado hasta la exasperación. Hay pocos casos en la historia argentina donde un presidente lograra un consenso tan rotundo para ser echado del poder. Y hay pocos casos, donde la mayoría de los que abogaron por su despido se hayan arrepentido, asumiendo que fue un error su conducta de entonces.

Esta situación tan peculiar ha impedido un examen a fondo de ese momento histórico. ¿Cuál fue la verdadera responsabilidad del peronismo en su caída? ¿Cómo se gestó la conjura militar? ¿Qué papel cumplió Estados Unidos, disconforme con varias medidas que afectaban a empresas norteamericanas? Analizando la carrera de Arturo Illia desde antes de su llegada a la Casa Rosada, Cesar Tcach explica su acción de gobierno, el clima adverso que lo rodeó y la forma en que los opositores lo fueron cercando hasta lograr su salida. Este análisis se complementa con entrevistas realizadas por Celso Rodríguez a figuras prominentes de los sesenta y con la publicación de documentos hasta hoy desconocidos de la CIA y del Departamento de Estado de U.S.A. Allí queda clara la actitud vergonzosa de ciertos políticos argentinos, peregrinando a la Embajada a pedir el golpe de 1966 y garantizando que nada malo ocurriría tras él.

Arturo Illia: un sueño breve revela de manera brillante, y quizás por primera vez, la trama completa del golpe de 1966 y muestra como la irresponsabilidad de las Fuerzas Armadas y de buena parte de la diligencia política y gremial y la triste indiferencia de la sociedad fueron determinantes para interrumpir la democracia

Comprar el libro

ARTURO ILLIA UN SUEÑO BREVE de César Tcach y Celso Rodríguez con prólogo de Robert Potash Edhasa, junio 2006, Bs. As.

Un sueño breve

El golpe militar del 28 de junio distó de ser el correlato de crisis económica alguna. El propio Mariano Grondona lo reconocía el 2 de agosto en su revista Comentarios, al señalar que se trataba de una “Revolución espiritual” en medio de grandes cosechas y una relativa bonanza económica. ¿Dónde encontrar espiritualidad en un golpe de Estado? La respuesta entroncaba con los lugares comunes de la cultura política nacional. La Argentina no era concebida como un país más, como una nación entre otras. Lejos de la mediocridad, “el más occidental y menos subdesarrollado de los países del continente” tenía una misión: conducir a América latina “fuera” del mundo subdesarrollado e incorporarla de pleno derecho al mundo occidental. Pero la proa visionaria que inspiraba su epopeya hundía sus simientes en una nueva política y una nueva elite dirigente. En los meses posteriores al golpe militar, los análisis de la revista Comentarios, dirigida por Grondona, permiten recorrer el imaginario de la “Revolución Argentina” y la cultura política sobre la que se sustentaba. A partir de un diagnóstico certero, una sociedad particularista y fragmentada, consideraba imperativo “un cambio de estructuras” cuya clave residía en el “pase a retiro” de la antigua clase política. Ese pase a retiro –expresión que por sí misma implicaba ya una militarización del lenguaje utilizado en el análisis político– conducía al desplazamiento de una dirigencia cuyas virtudes anclaban en la “artesanía del comité” y el manejo de la promoción electoral. Frente a esa clase política, cuya decadencia era irreversible, el golpe militar habría significado, explícitamente, una operación de “eutanasia política”. Desde ese punto de vista, la eutanasia justificaba la disolución de los partidos políticos, incapaces de superar el “juicio de residencia” de los militares y la opinión pública. Se apelaba a esta figura –que en la época del dominio hispano suponía un juicio evaluativo de las máximas autoridades coloniales al terminar su gestión– pero a diferencia de entonces, los dirigentes partidarios estaban condenados de antemano: se trataba de un “juicio de residencia” sin posibilidad de absolución. En reemplazo de esa perimida dirigencia política, irrumpía –de acuerdo con la revista de Grondona– una nueva elite compuesta por técnicos, militares y hombres de empresa. Estos nuevos administradores emergían de los sectores más modernos y pujantes de la sociedad argentina, y estarían destinados a constituir una “nueva clase política”. Es verdad que frente a la fuerza hegemónica del imaginario que se acaba de describir, el gobierno radical se mostró desinteresado en articular consensos y políticas de alianzas. También fue evidente su ineficacia en el plano de la comunicación política. Pero es difícil precisar hasta qué punto el golpe fue una respuesta a su propia acción, especialmente, con respecto a las Fuerzas Armadas y el sindicalismo, en la medida en que muchas de las líneas de fractura estaban dibujadas de antemano. Un ejemplo es ilustrativo al respecto. En el terreno sindical, Illia intentó modificar –mediante el decreto 969 de marzo de 1966– la Ley de Asociaciones Profesionales: se dejaba en pie una CGT única pero el manejo de los fondos se repartía entre la central, la federación provincial y el sindicato de base, y se estipulaba la participación de las minorías en las direcciones gremiales. Esta iniciativa enfureció a la burocracia sindical peronista. Pero su práctica desestabilizadora hundía sus raíces en los propios inicios de la gestión presidencial. Los dirigentes sindicales nunca dejaron de concebir las elecciones de julio de 1963 en términos de “farsa electoral”. El cuestionamiento a la legitimidad de origen del gobierno nacional se realizaba en clave antiliberal: el radicalismo expresaba un orden liberal y partidocrático destinado a ser reemplazado por otro capaz de expresar a los verdaderos actores de la comunidad nacional, como los sindicatos, el Ejército y la Iglesia. Para Vandor, las Fuerzas Armadas sentían las inquietudes del pueblo y de la CGT (...). La primacía otorgada a los factores de poder en la determinación de los procesos políticos formaba parte de un imaginario extendido en la sociedad argentina. No se trataba de algo difícil de entender. Hasta Tato Bores –el gran humorista político argentino– señalaba en su programa dominical: “Los factores de poder están rabiosos”. En el plano militar, la rabia estaba alimentada por la convicción de experimentar, simultáneamente, una guerra interna y una época de decadencia nacional que sólo su acción podría revertir. Su predisposición al golpismo estaba inscripta en tendencias profundas y de larga duración, irrigadas por crecientes niveles de autonomía institucional que se extendían a la sombra de una misión por demás equívoca: la de defender un metafísico “ser nacional”. Es por eso que son de dudosa plausibilidad las hipótesis contrafactuales que especularon sobre la posibilidad de evitar el golpe si no hubiese existido anuencia gubernamental al pase a retiro de Onganía o si se hubiesen puesto límites a las expresiones del general Pistarini en su discurso del 29 de mayo, u otros acontecimientos puntuales. A contragusto de esta interpretación, hubo quienes sostuvieron que Illia defendió una “democracia de pizarrón”, y que el golpe fue necesario por haberse agotado la paciencia social (...). En un país de memoria frágil y corazón versátil, la paciencia no figuraba en el listado de las virtudes ciudadanas. En rigor, la dictadura militar del general Onganía agravó los peligros que pretendía conjurar. La sedicente nueva elite –que de nuevo tenía poco, dado que era también alimentada por los viejos referentes del poder económico (...)– prestó su consentimiento al general Onganía y avaló un nivel de violencia material y simbólica sin precedentes sobre la sociedad argentina. Desde la clausura sine die del parlamento y los partidos hasta la censura de las minifaldas, desde el coqueteo inicial con la CGT a la represión del sindicalismo, el nuevo gobierno no sólo clausuró una época marcada por la imposibilidad de resolver la cuestión peronista: inició la era de las dictaduras soberanas y fundacionales, es decir, de un tipo de régimen militar que lejos de limitarse a reemplazar las instituciones de un modo provisorio (como fueron los anteriores golpes militares), se proponía la fundación de un nuevo ciclo histórico. El Acta y el “Estatuto de la Revolución Argentina” se situaban por encima de la Constitución Nacional. De acuerdo con Robert Potash, fueron elaborados bajo la “mirada vigilante del general Julio Alsogaray”. La persistente violencia de “los de arriba” comenzó a legitimar la violencia popular y, paradójicamente, a deslegitimar “desde abajo” los valores de la democracia política, ya de por sí devaluados en el período precedente. La idea de revolución desplazó a la de paz, reforma, parlamento e instituciones representativas, descalificadas como meras cáscaras vacías. Es que el Onganiato fue, en definitiva, el prefacio al apogeo de las grandes organizaciones del peronismo radicalizado y la izquierda revolucionaria. El 7 de setiembre de 1966, a raíz de la muerte de Silvia Martorell –la esposa de Illia, tan ridiculizada por Eloy Martínez– cerca de cuatro mil personas acompañaron al presidente en su trayecto hacia el cementerio de la Recoleta. Fue despedida con gritos a favor de la democracia y la “patria libre”; luego, una manifestación de jóvenes radicales fue disuelta por la policía en la céntrica intersección de Callao y Santa Fe. Ese mismo día, caía asesinado por una bala calibre 45 de la policía cordobesa el estudiante Santiago Pampillón. A la saña de la represión policial los universitarios contestaron con el lenguaje de las barricadas, haciéndose dueños del Barrio Clínicas (...). La policía no pudo entrar en toda la noche. Aquel 7 de setiembre, los radicales porteños se dispersaron frente a la represión. Los universitarios cordobeses, en cambio, respondieron a la violencia con la violencia. La distancia entre ambas actitudes marcaría el creciente foso entre democracia y revolución (...).

Último acto de Arturo Illia

En la ciudad cordobesa de Bell Ville, Arturo Umberto Illia encabezó, el domingo 26 de junio de 1966, el últimos acto como presidente de los argentinos. Ese día, a las 16.40, el entonces avión presidencial Independencia decoló desde el aeródromo de la ciudad del este cordobés, con destino a Buenos Aires.

A los periodistas que cubrimos esa jornada nos quedó la impresión de que habíamos sido testigos de “su último acto”. El fervor del pueblo que lo acompañó en todo momento no alcanzó para disipar los rumores sobre su destitución. Arturo Illia arribó ese domingo a las 10.20 a Bell Ville y desarrolló una extensa actividad inaugurando obras, acompañado de un fervor popular sin antecedentes para esa localidad.

Poco después del mediodía, en el kilómetro 501 de la ruta nacional número 9, se concretó la ceremonia más importante de la visita presidencial, cuando Illia cortó las cintas inaugurando el Parador de YPF, uno de los más modernos del país para esos tiempos. Las expectativas estaban centradas en las palabras que a los postres iba a pronunciar el primer mandatario.

Los rumores de golpe circulaban por todos los rincones del país, pero Arturo U. Illia eludió en su mensaje referirse concretamente a la actividad política y a la crisis militar. Orientó su discurso hacia las políticas energéticas y agropecuarias de su gobierno, herramientas estratégicas para el desarrollo del país y particularmente de esa región que demandaba la electrificación rural para su despegue.

Desde las primeras horas del lunes 27 de junio, la impresión de que Illia había presidido el día anterior en Bell Ville sus últimos actos populares comenzó a efectivizarse en los hechos. La crisis militar se desató a media mañana con la destitución del general Caro, comandante del segundo cuerpo de Ejército, por el titular de esa fuerza, Pascual Pistarini, quien adoptó la medida sin consultar al jefe del Estado. Illia lo destituyó, pero Pistarini desconoció la orden del presidente, quien horas después fue desalojado de la Casa Rosada.

La caída de Illia marcó el fin de la cuenta regresiva que se inició en la mañana del sábado 29 de mayo de 1966, en ocasión de celebrarse el Día del Ejército. En esa ceremonia, Pascual Pistarini pronunció, al lado del presidente Illia, un duro y crítico discurso. Sus palabras sonaron más fuertes cuando advirtió que “no existe la libertad cuando no se proporciona a los hombres las posibilidades mínimas de lograr su destino trascendente”. El concepto centralizó los titulares de los principales diarios del país.

Para los sectores políticos, este discurso estuvo basado en el famoso comunicado 150 de Campo de Mayo, que puso fin al enfrentamiento de “azules y colorados” y que galvanizó el liderazgo del general Juan Carlos Onganía. Discursos que reconocían para muchos el pensamiento y el asesoramiento ideológico de Mariano Grondona, a quien, junto a Bernardo Neustadt, el destituido presidente Illia no habría de concederles notas ni reportajes hasta el fin de sus días en febrero de 1983.

Juan Carlos Toledo.
Redacción del matutino cordobés: "La Voz del Interior". 25 de junio de 2006.