Foucault en Guantánamo

Por EDUARDO JORGE PRATS. (República Dominicana).


El 17 de marzo de 1976 Michel Foucault dictó una clase en el Colegio de Francia en donde definiría un concepto tan actual que la humanidad y la democracia liberal se juega su destino en su comprensión. Como siempre, el anfiteatro estaba repleto: quinientas personas –estudiantes, profesores y curiosos- que debían repartirse en trescientos asientos. Decenas de grabadores están listos en el escritorio del profesor para captar la voz fuerte de Foucault. El hombre se quita la chaqueta, aparta los grabadores para colocar sus papeles, y arranca a toda máquina. El concepto aparece delineado desde el inicio de su clase:

“Me parece que uno de los fenómenos fundamentales del siglo XIX fue y es lo que podríamos llamar la consideración de la vida por parte del poder; por decirlo de algún modo, un ejercicio del poder sobre el hombre en cuanto ser viviente, una especie de estatización de lo biológico o, al menos, cierta tendencia conducente a lo que podría denominarse la estatización de lo biológico (…) Luego de la anatomopolítica del cuerpo humano, introducida durante el siglo XVIII, vemos aparecer, a finales de éste, algo que ya no es anatomopolítica sino lo que yo llamaría una biopolítica de la especie humana”.

Paradójicamente, y como bien señala Giorgio Agamben, Foucault nunca extendió sus análisis al lugar ejemplar donde se manifestaba la moderna biopolítica en toda su intensidad: el campo de concentración. Porque es ahí, en el campo de concentración, donde es evidente que la característica fundamental del estado totalitario es, para decirlo en palabras de Kart Lowith, la “politización de la vida”.

Hoy la realidad del biopoder es evidente en los campos de Guantánamo. Allá permanecen “detenidos” cientos de seres humanos a quienes el gobierno de George Bush ha denominado “combatientes ilegales”. Con esa denominación, se quiere decir que su actividad terrorista no solo le coloca fuera de la ley –tanto fuera de los pactos de derechos humanos como de las leyes de la guerra- sino también fuera de la humanidad. Y esto es lo que explica el trato cruel e inhumano contra estos prisioneros documentado por la Cruz Roja y organismos internacionales de derechos humanos: privados de comida, agua y sueño; golpeados y amenazados con pistolas; intimidados con perros; expuestos a frío y calor constantes; torturados con música a todo volumen y luces cegadoras durante 24 horas.

¿Cómo categorizar a unos prisioneros que viven en una tierra de nadie, en el “limbo de la ilegalidad internacional” (Emma Reverer)? Aquí hay que acudir necesariamente a un concepto recuperado por Agamben en su obra “Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life”. Homo sacer designa, en el antiguo derecho romano, la persona que podía ser asesinada con impunidad y cuya muerte, por eso mismo, no presentaba valor alguno. Los talibanes son homo sacer, lo cual es una evidencia del racismo implícito en la guerra contra el terrorismo, pues, como bien se interroga Foucault, “¿cómo se puede hacer funcionar un biopoder y al mismo tiempo ejercer los derechos de la guerra, los derechos del asesinato y de la función de la muerte si no es pasando por el racismo?”.

Los talibanes son situados en Guantánamo para colocarlos fuera de la ley. De hecho, el propósito de Guantánamo es asegurarse que todo el proceso esté fuera de los procedimientos normales y de las garantías del debido proceso. Se trata de un estado de excepción global declarado por el ejecutivo estadounidense lo que demuestra claramente que, como bien afirmaba Carl Schmitt, “soberano es quien decide la excepción”. Pero… ¿quedará limitada la excepcionalidad del biopoder al campo de Guantánamo? Si nos fijamos como la tortura ha sido incorporada de manera natural al discurso liberal, no cabría duda que la fuerza expansiva de la excepcionalidad puede alcanzar tierra firme. Ya hay quienes favorecen legalizar la tortura, eso sí, como bien afirma el constitucionalista Alan Dershowitz, con previa autorización judicial.

Cuando un estado soberano decide defender su sociedad contra enemigos difusos como los terroristas, y ello lo hace con los instrumentos que aseguran el poder biológico y disciplinario sobre la vida, es preciso “llegar a un punto tal que la población íntegra se exponga a la muerte”, como bien nos recuerda Foucault.

La guerra a la delincuencia

Por EDUARDO JORGE PRATS. (República Dominicana)

Uno de los signos más ominosos de los nuevos tiempos que vivimos es que el Estado ha adoptado el discurso y los medios de la guerra, otrora restringidos al campo de las relaciones interestatales, al ámbito interno de las naciones. La tendencia inició en Estados Unidos cuando Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas en los 70 y se extendió a América Latina donde ya la tendencia había asomado y alcanzó su máxima expresión con la doctrina de la seguridad nacional de los regímenes burocrático-autoritarios que prevalecieron en la región desde temprano en los 60 hasta finales de los 80.

Cuando el Estado adopta con relación a los que habitan en su territorio los medios y el discurso de la guerra, lo que prevalece es la lógica del amigo/enemigo (Schmitt). Con dos datos fundamentales que tipifican al moderno Estado policial: el enemigo es difuso porque está disperso o cambia constantemente y ello obliga a una guerra indefinida, una guerra permanente. Cuando el enemigo es el guerrillero o el terrorista, el Estado olvida las leyes de la guerra y se involucra en una guerra sucia que conduce a y habilita el terrorismo de Estado. Si el enemigo es el delincuente, se eliminan las garantías del debido proceso y se generaliza el estado de excepción. Como bien expresa Raúl Zaffaroni, “así como la guerrilla habilitaba el terrorismo de estado y el consiguiente asesinato oficial, el delito habilitaría el crimen de Estado”.

Hoy las guerras interestatales se conducen con el discurso y los instrumentos de la acción policial y esta última se desarrolla a partir de la retórica y los medios de la guerra. Si la guerra fue en tiempos de Carl von Clausewitz la política por otros medios, hoy la política es la guerra por otros medios. Y la política criminal no escapa a esta característica medular del nuevo orden emergente: los operadores del sistema penal proyectan el poder punitivo del Estado como una guerra a los delincuentes. Esta guerra tiene sus estadísticas: número de enemigos (delincuentes) muertos, soldados (policías) caídos en el cumplimiento de su deber.

El discurso de la guerra contra la delincuencia obvia, sin embargo, un dato importante: quienes mueren pertenecen a los estratos más pobres y excluidos de la población. Incluyendo a los policías, que, después de las víctimas de los delitos, es el segmento poblacional que corre mayores riesgos de vida en el sistema penal. Quizás detrás de todo haya una lógica perversa de control social: que se maten los pobres y los excluidos entre ellos.

Esta ideología de la seguridad ciudadana a la cañona es una de las mayores amenazas al estado de derecho contemporáneo. Y ello así por varias razones: porque recorta las garantías constitucionales y generaliza el estado de emergencia constitucional; porque socava la independencia judicial y convierte al juez en un ejecutor de la política criminal trazada por el ejecutivo; porque potencia los miedos y los espacios paranoicos; porque aumenta la violencia e impide la resolución alternativa de los conflictos; porque criminaliza a los excluidos y evita resarcir a las víctimas; porque devalúa la dignidad humana; porque fomenta el autoritarismo al proyectar a los críticos de los abusos del poder como representantes de los delincuentes; porque aumenta la violencia y la exclusión social; y porque obstaculiza lograr la seguridad ciudadana sin desmedro de las libertades.

Ante esta situación, ¿qué hacer? O para interrogarnos en palabras de Luigi Ferrajoli, “¿cuáles son, más allá del derecho de resistencia, los remedios para las lesiones de los derechos fundamentales producidas por la criminalidad y la impunidad de los mismos estados que deberían garantizarlos? En otras palabras, ¿qué defensas tiene el ciudadano del Estado ‘delincuente’ en el caso de que sea inefectivo frente a él el derecho penal y el derecho procesal interno?”. En teoría, el derecho internacional de los derechos humanos debería bastar para domesticar el Estado delincuente y los “macropoderes salvajes”. El verdadero problema, sin embargo, es que precisamente la globalización del estado de excepción tras 11/9/01 ha vuelto inefectivo el derecho internacional al punto de su evanescencia y, por si fuera poco, la erosión progresiva del principio de soberanía dificulta una respuesta estatal a la cuestión.

116 años

El 26 de junio de 1891 los radicales cumplimos años, 116 para ser exactos. "Yo no acepto el acuerdo; soy radical contra el acuerdo; soy radical intransigente", Alem en esa frase nos bautizaba.

Son 116 años de un permanente compromiso democrático y popular, en los cuales no fue ajena nuestra fuerza, no solo a la responsabilidad de gobierno sus logros y fracasos , sino también a la lucha desde el llano contra el fraude, la oligarquía, el despotismo, la arbitrariedad, el privilegio. Una historia plagada de dirigentes y próceres legendarios, forjada en el compromiso militante a lo largo y ancho de la patria.

Quizás deberíamos estar todos los radicales un poco avergonzados frente a esta imagen actual de partido, desdibujado, deshilachado y escaldado.

Ese gran dirigente platense que fue el Dr. ANSELMO MARINI dijo:

El radicalismo tiene que volver a sus fuentes, que siempre estuvieron amparadas por lo que Yrigoyen define como su idea moral. Se hizo muy fuerte la defensa de sus ideales, tuvo casi un sentido religioso. Por ello los radicales nos llamamos correligionarios, participantes de una verdadera religión, que es la religión de la ética, de la política limpia, de la política moral. Recuerdo una frase de esos viejos militantes que abundaban en todos los comités barriales que decía: el radicalismo es ante todo un partido de buena gente. Por que en definitiva ser radical era ni más ni menos que eso, conducta.

El radicalismo, quizás aturdido, herido, golpeado, como un boxeador atontado que tira golpes al aire sin objetivo, merece otra suerte, se lo brindara la mística militante o lo que quede de ella de cada uno de nosotros. Estamos en la arena como estuvieron nuestros mayores, pero con la convicción de un legado a cumplir, el que nos marca en su testamente nuestro fundador

¡Adelante los que quedan!
¡Ah! Cuánto bien ha podido hacer este partido si no hubiesen promediado ciertas causas y ciertos factores... ¡No importa! Todavía puede hacerse mucho. Pertenece principalmente a las nuevas generaciones. Ellas le dieron origen y ellas sabrán consumar la obra. ¡Deben consumarla.

Que asi sea.

Dr. Gustavo Aramburu

Artuto Illia 1966: nos quitaron la oportunidad democrática y republicana

La Marcha Radical y el Himno Nacional atronaban en los accesos de la Casa Rosada. Eran las 7.29 del 28 de junio de 1966. Se cometía un vil despojo, el Dr. Illia, tras 45 meses de gobierno, dejaba el poder. Salió acompañado entre otros por el doctor Miguel Ángel Zavala Ortiz, su Canciller, quien gritó en ese instante: 'volveremos'. En medio del cálido asedio de la gente radical el doctor Illia llegó en andas hasta Rivadavia. Desistió del coche oficial que se le ofrecía y se retiro hacia el domicilio de su hermano en taxi.

Al día siguiente de su derrocamiento efectuó ante el Escribano Mayor de Gobierno una manifestación de sus bienes. El 12 de octubre de 1963, cuando asumió la primera magistratura de la República, poseía una propiedad en Cruz del Eje obsequiada con el aporte de sus vecinos, sus útiles de consultorio, un automóvil, y un depósito bancario de 300.000 pesos, mientras que a la fecha de su destitución, seguía teniendo la casa, pero había perdido el automóvil y el saldo del banco. Contemporáneamente a su vil derrocamiento, el Dr.Illia acompañaba a su compañera de toda la vida victima de cáncer.

Illia cumplió con su palabra no obstante las presiones del poder, recupero la explotación de la riqueza del subsuelo para la Nación.

La promulgación de leyes de relevancia, tales como la del Salario Mínimo Vital y Móvil y la Ley de Medicamentos, más conocida como Ley Oñativia, son jalones de un gobierno comprometido con los mas humildes e impermeable a las presiones de los poderosos.

Illia tuvo como eje de gobierno el apoyo a la Educación, incrementó el presupuesto para esta área a niveles que no tienen parangón siquiera internacionalmente.

En el ámbito internacional, la apertura comercial hacia la China comunista, el mantenimiento del principio de no intervención en la crisis de Santo Domingo, y la famosa resolución que adoptó Naciones Unidas por vía del Comité de Descolonización sobre el tema Malvinas son hechos a destacarse.

Quizás seria bueno recordar un monologo de TATO BORES sobre el final del gobierno de Illia La cuestión es que a Don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos un cacho la culpa todos porque los sindicatos, la C.G.T. le tiraba tortugas en Plaza de Mayo, los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacíamos chistes - éramos una manga de boludos que pa' que' le via' contar -; porque el problema no era que Don Illia era lento: el problema es que los que vinieron después fueron... fueron rápidos, y fuimos derecho pal' cara...melo, fuimos, pero bah, pero rápido!

Quizas los radicales, en medio de nuestras duras realidades, nuestros pesares y desventuras electorales, debemos parar la pelota y reflexionar arduamente sobre esa digna y valerosa imagen de Don Arturo saliendo ese triste amanecer hace hoy 41 años.

http://ricardobalbin.tripod.com/illia.htm

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Año nuevo indígena

5515

Hoy comienza el año 5515 para millones de argentinos y sudamericanos. Los pueblos originarios andino-amazónicos celebran el año nuevo con el solsticio de invierno, al que los quechuas conocen como Inti Raymi, los aymara como Mara T’aka y los mapuches como We tripantu. El epicentro de los festejos será en la ciudad sagrada de Tiwanaku, en Bolivia, pero habrá ceremonias en todas las comunidades indígenas. Para los ranqueles, el festejo principal será en Leubucó, a 190 kilómetros de Santa Rosa, La Pampa, donde están los restos del cacique Mariano Rosas. En tanto, los mapuches harán su ceremonia central en Bahía Blanca con representantes de todos los pueblos.

Año nuevo en el hemisferio sur, por Armando Marileo.

Un falso debate sobre el aborto

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina indemnizó a una abuela cuya nieta a punto de nacer murió en el vientre de su madre al ser asesinada por la dictadura. Voces conservadoras dijeron que el fallo cierra la puerta a la despenalización del aborto. Aquí, cuatro expertos refutan esa interpretación.

Por Mariana Carbajal, Página/12.

Un fallo de la Corte Suprema, que le otorgó una indemnización por daños y perjuicios a una abuela cuya nieta a punto de nacer murió en el vientre de su madre al ser asesinada ella, durante la última dictadura militar, abrió una inesperada polémica: voceros de los sectores más conservadores salieron a celebrar que con esa sentencia el máximo tribunal cerraba la posibilidad de avanzar hacia la legalización del aborto al haber resuelto en un caso vinculado con un “no nacido”. En la última semana, en un editorial de La Nación, el ex presidente Carlos Menem y su ex ministro de Justicia, Rodolfo Barra, se encolumnaron con el mismo discurso. Sin embargo, tres juristas y una legisladora consultados por Página/12 descalificaron esa interpretación. “Lo que resolvió la Corte no tiene ninguna relación con la figura penal del delito de aborto”, coincidieron el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y la profesora Zulita Fellini. “En ningún momento se expide sobre el derecho a la vida del feto”, afirmó la diputada Marcela Rodríguez, investigadora del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp). “No se puede asimilar a un pronunciamiento sobre la naturaleza jurídica del embrión y tampoco se debe perder de vista que se trataba de un embarazo a término”, observó la profesora de Derecho Civil Nelly Minyersky.

La sentencia en cuestión es del 22 de mayo. Por unanimidad, el máximo tribunal revocó un fallo de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que negaba –en sintonía con el Ministerio de Justicia– la indemnización reclamada por Elvira Berta Sánchez respecto de la criatura que su hija estaba a punto de parir cuando fue asesinada, luego de ser secuestrada el 14 de septiembre de 1976. Aquella resolución de segunda instancia decía que “no es posible reconocer derechos en el nonato que sean transmisibles”. Los jueces de la Corte sostuvieron que a la abuela le corresponde una reparación no por derecho hereditario, es decir, no porque el nonato transmita derechos, sino por derecho propio: como víctima, por el perjuicio personal, moral o material que el crimen le ha provocado. Ana María del Carmen Pérez, la hija de Sánchez, “se hallaba con un embarazo a término”, destaca el máximo tribunal. Cumplía nueve meses de gestación seis días después de su desaparición forzada.

Los votos de los ministros Raúl Zaffaroni y Elena Highton se remiten al dictamen de la Procuración General de la Nación que lleva la firma de uno de los fiscales generales, Ricardo Bausset, donde se menciona que “el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda la legislación positiva, y que resulta garantizado por la Constitución Nacional, derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional”.

Este párrafo –que sólo dos camaristas toman como propio al emitir su voto– es en el cual se basan fundamentalmente los voceros de la jerarquía católica en temas de salud reproductiva y derechos de la mujer para festejar. “El Tribunal ha reafirmado la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la protección de la vida. El segundo paso lógico, entonces, no podrá ser otro que reafirmar la protección del por-nacer, desde el mismo momento de su concepción hasta el nacimiento, de cualquier manipulación agraviante o práctica abortista de la naturaleza que fuere”, sostuvo Barra, ex ministro de la Corte Suprema, integrante de la otrora mayoría automática menemista, en una columna publicada el jueves en el diario Clarín. La de Barra fue la tercera voz que se hizo oír en los últimos días para afirmar que “la Corte Suprema protege el derecho a la vida” y en consecuencia, sostener –en una expresión de deseo– que va camino a cerrar cualquier avance hacia la despenalización del aborto. El primero que pegó el grito de júbilo fue el diario La Nación, a través de un editorial publicado el sábado 9; el miércoles lo hizo el ex presidente Carlos Menem. “En una atmósfera a menudo viciada por posturas que alientan con sedicentes argumentos progresistas las prácticas abortivas y contracepcionales, este fallo de la Corte merece ser destacado y elogiado”, sostuvo el actual senador en una columna también publicada en La Nación.

Al cruce de la interpretación de Barra y Cía. salió el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, profesor de grado y posgrado de la UBA y la Universidad de Salamanca, y autor de una tesis doctoral sobre el aborto voluntario. “Lo que resuelve la Corte no tiene ninguna vinculación con el aborto. El alto tribunal interpreta una ley de reparación en donde se reconoce el derecho a ser resarcidos por daños y perjuicios a quienes han perdido familiares por el terrorismo de Estado. Eso está bien. Pero no quiere decir que el derecho a la vida del por nacer valga más que los derechos de la mujer como son el derecho a la vida, a la salud, y a la libertad y a la intimidad. La gran mayoría de las legislaciones del mundo lo prevé así: hay un punto que han tomado la Antropología, la Sociología, la Historia y el Derecho para dar mayor protección y es el nacimiento. Si se mata a una persona nacida está prevista mayor pena que si se trata de un no nacido. Esto mismo está contemplado en nuestro Código Penal. No tiene asidero decir que el derecho a la vida es absoluto. Es una posición dogmática que no tiene ningún fundamento legal ni constitucional”, consideró Gil Domínguez, en diálogo con Página/12.

Intención

La indemnización que otorga la Corte tiene sustento en la ley 24.411. Pero el alto tribunal diferencia dos circunstancias que prevé la norma: la indemnización prevista para las personas en situación de desaparición forzada que tienen derecho a percibir sus “causahabientes” o “herederos”; y la reparación que tienen derecho a recibir los familiares del fallecido por “el accionar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, o cualquier grupo paramilitar” durante la última dictadura. En el segundo caso, separa el alto tribunal, “el beneficio no le es otorgado al fallecido, ni éste lo percibe por medio de sus causahabientes (...) son estos últimos los beneficiarios”. Según la Corte, “tratándose en el caso del fallecimiento de una persona ‘por nacer’, vale decir una de las especies jurídicas del género persona según nuestra ley civil (...) no existe motivo alguno para negar a la señora Sánchez su pretensión”. Evaluaron que el caso es equiparable al de la indemnización por daños y perjuicios sufridos por los parientes de alguien que fue víctima de un homicidio.

Minyersky, profesora de Derecho Civil y presidenta de la Comisión de Bioética de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, aportó la siguiente reflexión al debate: “Hay que recordar lo que dice el artículo 3290 del Código Civil. Cuando Vélez Sarsfield se refiere a la capacidad del concebido, dijo: ‘el hijo en el seno materno tiene sólo una vida en común con ella (la madre); el nacimiento puede únicamente darle una vida individual’”. En ese sentido, para Minyersky, cuando la Corte “en forma confusa y contradictoria asimila la muerte de un no nato con un homicidio, contradice la mayoría de la jurisprudencia y doctrina penal que hay al respecto”. De todas formas, agregó: “No se puede asimilar este fallo a un pronunciamiento sobre la naturaleza jurídica del embrión y tampoco se puede perder de vista que se trataba de un embarazo a término”. La abogada y diputada Marcela Rodríguez sostuvo: “En ningún momento se expide la Corte sobre el derecho a la vida del feto”. “Es más –continuó–, en la sentencia se incluye un párrafo donde claramente se cita al civilista Alfredo Orgaz, en el que dice que hay que distinguir entre persona como una cualidad jurídica, un procedimiento técnico, de individuo humano, que por otra parte no se puede reconocer como tal ya que las normas civiles no lo reconocen: si no nació con vida no es persona.” Textualmente, la sentencia dice: “Ha tratado el punto con claridad Alfredo Orgaz, al expresar que ‘el derecho positivo puede libremente conferir la personalidad a diversos substratos, de modo que éstos sean el término de imputación de un conjunto de derechos y deberes jurídicos. Esta libertad de ordenamiento jurídico, sin embargo, reconoce sustancialmente ciertas limitaciones. Ante todo, es necesario que haya, como hemos dicho, un sustrato real que pueda ser el soporte o el portador de la personalidad: en consecuencia, no pueden reputarse personas los muertos’”.

Para la diputada del ARI, “la Corte no le reconoce el carácter de persona al feto no nacido”. “Dice que hay que hacer una interpretación extensiva de las leyes reparatorias de los delitos cometidos durante la última dictadura, es decir, dicen que deben alcanzar a la mayor cantidad de población posible. En ese sentido, expresa que le corresponde la indemnización a la mujer por los daños y perjuicios espirituales y materiales por el sufrimiento que le ocasionó como potencial abuela la pérdida de ese ser a punto de nacer”, precisó.

La ex jueza de menores Zulita Fellini se sumó a la polémica: “La cuestión tratada en ese fallo no tiene absolutamente nada que ver con manifestaciones respecto de la figura penal del delito de aborto. La categoría de persona por nacer que se menciona es una creación jurídica, una ficción sólo a esos efectos, condicionada legalmente al nacimiento con vida, ya que quien no ha adquirido aun los derechos no puede transmitirlos. La actora (Sánchez) no concurre en relación a un derecho hereditario sino por derecho propio, por sentirse particular damnificada. Es y actúa como víctima”, explicó Fellini, investigadora, profesora de postgrado y asesora jurídica del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.

–¿Por qué entonces Barra y Menem sostienen que se reafirma con este fallo la calidad de sujeto de derecho al por nacer y con ello se obstaculizaría cualquier intento de despenalizar el aborto? –le preguntó Página/12.

–Es una expresión de gente que no ha podido distinguir la concepción del fallo. No sé si es adrede o no. Pero es evidente que no lo han estudiado.

PÁGINA/12, 17 de Junio de 2007.

Los nadies, de Eduardo Galeano

Foro Argentino de la Deuda Externa - Conferencia Homenaje a Alejandro Olmos

El pasado 15 de mayo, el Secretariado Nacional del Foro Argentino de la Deuda Externa inauguró en el Salón Verde de la Facultad una serie de clases dictadas en el marco de la Cátedra Libre sobre la Deuda Externa, para rendir homenaje a quien fuera el fundador del Foro, Alejandro Olmos. Fallecido el 24 de abril del año 2000, este periodista y militante político argentino fue el impulsor más ferviente de las denuncias por ilegitimidad de la deuda externa contraída por nuestros gobernantes durante la segunda mitad del siglo veinte, y fue el denunciante principal en la famosa causa “Olmos” que declaró como deliberado, grosero y agraviante el incremento de la deuda externa llevado a cabo durante los años 1976 en adelante.

Para la apertura del seminario, estuvieron presentes personalidades cercanas al homenajeado y fuertemente ligadas a la lucha contra la deuda externa, como el Embajador Dr. Miguel Ángel Espeche Gil, la Diputada Nacional Marta Maffei, el Secretario del Foro Aldo Bufa y el dirigente de SUTEBA Walter Ormazábal. La actividad contó con la coordinación del Prof. Alberto González Arzac.

Muy brevemente, Espeche Gil se mostró orgulloso de pertenecer hace largo tiempo al Foro y celebró que se recuerde permanentemente a Alejandro Olmos en esta Casa de estudios. Asimismo, comentó que integra actualmente un grupo de investigación que redactará próximamente un informe para conseguir que se declare la imprescriptibilidad de los delitos denunciados y probados en la causa “Olmos”, en la cual fueron sobreseídos los imputados por prescripción de la pena.

A continuación, Marta Maffei, quien expuso sobre “El estado de la deuda”, rescató por sobre todo la “coherencia y el compromiso social” en la vida de Olmos, y la virtud de no haber claudicado ni haberse sometido ante ningún gobierno. Por todo esto, Maffei sostuvo que Olmos “ha sido ocultado y silenciado”.

“La deuda externa es un instrumento de dominación, que sustituye en América Latina la dominación directa que ejercían los países centrales por la vía de las armas, aunque tuvo más éxito que éstas, porque es una estrategia menos visible” –denunció luego.

“Esa deuda nunca se invirtió para el país, sino que era un dinero que entraba, pasaba al Banco Central y de ahí pasaba al mercado de cambio como instrumento de especulación y fuga de capitales” -agregó Maffei. En ese sentido, la diputada comentó que Olmos planteó las irregularidades, ilícitos, y señaló a los políticos, funcionarios, administradores y titulares de empresas del estado y privadas, y del Banco Central que se encontraban comprometidos. Así, no sólo insistió en la responsabilidad de nuestros funcionarios, sino también la de los acreedores, como el Fondo Monetario Internacional, donde, según Maffei, hay agentes que investigan la deuda argentina analizando la forma de sacarle el máximo provecho.

“Mientras se siga pagando la deuda, el delito se sigue consumando”, afirmó para terminar la diputada.

Por su parte, Aldo Bufa hizo un breve reconocimiento al recientemente fallecido Norberto Acerbi, quien fuera el presidente del Foro. “Como otros muchos luchadores, no tuvo renombre ni publicidad, pero tuvo una acción política desde de la izquierda nacional, y tuvo una acción gremial, a través de su lucha en el campo sanitario” -recordó Bufa.

Más tarde, Walter Ormazábal habló sobre los “Orígenes de la deuda externa”. Así, explicó que hacia 1976, en la época de la dictadura, había un superávit de la balanza comercial: “teníamos más de diez mil millones de dólares de reservas y no era una necesidad para la Argentina el ingreso de divisas por vía del endeudamiento” -sostuvo. De este modo, argumentó que la contracción de los empréstitos tuvo que ver “con la necesidad de las potencias de colocar dinero en el exterior, en un momento donde había gran liquidez, producto de la crisis de superproducción causada por el alto precio del crudo de petróleo”.

En ese sentido, Ormazábal no dudó en declarar “ilegítima y fraudulenta” a la deuda. “El pueblo argentino ha luchado mucho y no se merece esto –continuó-, y aquellos que han saqueado al país deben pagar con la cárcel”. De esta manera, finalizó proponiendo que se suspenda el pago total de la deuda actual, “hasta que se descubra qué parte es legítima y qué parte no lo es”.

El 4 de abril de 1982 Alejandro Olmos presentó en el Juzgado Federal en lo Penal N° 2, causa N° 14.467, caratulada “Olmos, Alejandro s/dcia.”, Expte. N° 7.723/98, una querella contra José Alfredo Martínez de Hoz y otros funcionarios del gobierno militar de 1976 por la contracción de la deuda externa. Recién el 13 de julio del 2000, tres meses después de su muerte, el juez federal Jorge Ballestero declararía el endeudamiento extranjero contraído durante varios gobiernos como ilegal, inmoral, ilegítimo y fraudulento.

A su iniciativa se debió, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, la creación de una Comisión de Ilícitos en el Senado; Olmos fue asesor de ésta y de la comisión senatorial de economía hasta 1989. Asimismo, integró la delegación argentina ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra entre 1986 y 1987.

La cuestión mapuche. Un desafío para el gobierno chileno.

Una agenda de políticas indígenas basada en derechos

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El sistema internacional no reemplaza a los mecanismos que se necesitan en el ámbito estatal para garantizar los derechos humanos. Sin embargo, como demuestra el caso que comentamos, la jurisprudencia y recomendaciones de las instancias internacionales, fortalecen la legitimidad y posiciones de los pueblos indígenas como titulares de derechos.

POR VICTOR TOLEDO.

Las conclusiones y recomendaciones de los Comités de Naciones Unidas a Chile han introducido un nuevo y decisivo factor en el proceso de diseño de las nuevas políticas hacia los pueblos indígenas en Chile, imponiendo al Gobierno de Chile una agenda mínima de tareas, que está bajo examen internacional. La “nueva política indígena" del gobierno ya no solo debiera limitarse a una consideración discrecional de los planteamientos de las organizaciones y comunidades indígenas, sino que debe cumplir obligaciones de derecho internacional. Y eso es saludable para los derechos de los pueblos indígenas.

Las Conclusiones y Recomendaciones del Comité de Derechos Humanos (CDH) y del Comité de Derechos del Niño (CDN) fueron formuladas después de examinar los respectivos informes periódicos de Chile, en cumplimiento de obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de Derechos del Niño, respectivamente. Las sesiones de verificaron los días 26 de enero de 2007 (CDN) y 15 de marzo de 2007 (CDH).

En el proceso de diseño de la “política de nuevo trato” y la “nueva política indígena urbana”, tales recomendaciones son insoslayables. Al mismo tiempo, las recomendaciones han venido a legitimar y reforzar, desde el derecho internacional, los planteamientos y reclamaciones que han hecho las organizaciones indígenas ante diversas instancias gubernamentales.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE INTERÉS PARA DERECHOS INDÍGENAS

Destacamos las siguientes recomendaciones:

• Ratificación del Convenio 169 de la OIT;
• Reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas en la Constitución;
• Modificación de la política y legislación penal y policial;
• Obligación de consulta a las comunidades indígenas antes de aprobar proyectos que afecten sus tierras;
• Garantizar los derechos a restitución y protección de las tierras ancestrales,
• Modificar la legislación sectorial que pueda afectar las tierras ancestrales y los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos.
• Garantizar los derechos a la educación y la salud de los niños indígenas.
• Implementar las Recomendaciones del Relator R. Stavenhagen

Dichas recomendaciones ameritan ser analizadas, una por una, por las organizaciones indígenas, sus dirigentes y equipos técnicos, para exigir al estado su cabal cumplimiento a través de nuevas políticas estatales.

UNA VICTORIA MAPUCHE EN EL DERECHO INTERNACIONAL

Una atención y valoración de las recomendaciones que debe ser mayor, cuando se constata que en la Recomendación del CDH, respecto al derecho sobre las tierras ancestrales, estamos ante una victoria jurídica y doctrinaria en el derecho internacional, trascendental para el pueblo mapuche y todos los pueblos indígenas.

En efecto, el Comité ha respaldado y legitimado una de las más arraigadas reivindicaciones de los comunidades mapuche, como es la protección y restitución de las tierras ancestrales, e incorporado la expresión “tierras antiguas” a la jurisprudencia internacional. Y el Comité ha fundamentado su recomendación respecto a la obligación de proteger el derecho de los pueblos indígenas a la tierras, vinculándolo al derecho a la cultura (articulo 27) y en el derecho a la libre determinación de los pueblos y la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales (articulo 1, numero 2 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Abordaremos esa recomendación específica y sus implicancias para la Política de Tierras de CONADI en un texto aparte. En esta ocasión nos interesa subrayar la necesidad de vigilar y exigir el cumplimiento de las recomendaciones, y de la pertinencia y viabilidad de políticas indígenas basadas en derechos.

VIGILANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

El sistema internacional no reemplaza a los mecanismos que se necesitan en el ámbito estatal para garantizar los derechos humanos. Sin embargo, como demuestra el caso que comentamos, la jurisprudencia y recomendaciones de las instancias internacionales, fortalecen la legitimidad y posiciones de los pueblos indígenas como titulares de derechos y ayudan a supervisar la conducta del estado y sirven de contrapeso a la fuerzas políticas locales, que obstaculizan en el cumplimiento de los derechos humanos.(1)

Las conclusiones y recomendaciones de los comités son la interpretación autorizada de los Tratados de Derechos Humanos. Las conclusiones y recomendaciones de los comités tienen el efecto de reforzar y legitimar a las personas y los pueblos en la titularidad de sus derechos y en la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones estatales. Y esa reafirmación y legitimación no es algo menor para pueblos y comunidades cuyos derechos han sido sistemáticamente negados.

El Comité de derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño han dejado en claro al Estado de Chile que, desde el derecho internacional, los derechos de los pueblos indígenas existen, son exigibles en tanto derechos humanos, y generan obligaciones estatales, incluso en casos de estados, como Chile, que se han negado a reconocer derechos de pueblos indígenas en su legislación interna. Los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos, y en tanto tales, son anteriores a los propios estados, y su respeto, protección y garantía es obligatorio.

¿Cumplirá cabalmente y de buena fe, el estado de Chile las recomendaciones? Eso depende en gran medida de los marcos de las políticas públicas, y voluntades políticas gubernamentales y del grado de presión, vigilancia y exigencia que realicen los pueblos directamente interesados y sus organizaciones.

EL ENFOQUE DE DERECHOS, MIDEPLAN Y EL TEST DE LAS RECOMENDACIONES DE ONU

En términos de marcos de políticas públicas, implementar estas recomendaciones de derechos humanos no debiera ser cognitivamente complejo para los responsables de las políticas indígenas en Chile. Cabe tener presente que MIDEPLAN ha establecido el “enfoque de derechos humanos” promovido por Naciones Unidas como directriz principal para el diseño de las políticas públicas a su cargo. Es lo que el Gobierno de Michelle Bachelet ha denominado “políticas públicas basadas en derechos”. Tal enfoque, además, encuentra fundamento en el articulo 5, inciso segundo, de la Constitución.

El enfoque de derechos consiste en establecer un vínculo explicito entre las políticas públicas y los estándares de derechos humanos, reconociendo a los ciudadanos como titulares de derechos exigibles, y elaborando las políticas estatales para garantizar tales derechos. Para este enfoque, las normas, estándares y principios del sistema de derecho internacional de derechos humanos, pasan a ser el criterio y fundamento de los planes, políticas y procesos de las políticas públicas. La calidad del diseño, implementación y la gestión de dichas políticas, basadas en derechos, se mide por el grado de cumplimiento de las cuatro obligaciones: respeto, protección, garantía y promoción de los derechos.

En palabras de Víctor Abramovich [i] “El enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas.”[/i]

En síntesis, un enfoque de derechos parte porque los indígenas sean considerados como ciudadanos titulares de derechos, y no como clientelas de beneficiarios; sus reclamaciones sean tratadas no como “demandas” de beneficios, sino como exigencias de cumplimiento de obligaciones del estado respecto a derechos. Un enfoque de derechos en materia indígena fija al estado, un conjunto mínimo de políticas públicas a implementar correspondientes a los derechos de los pueblos indígenas, y la gestión de dichas las políticas se mide por el grado de cumplimiento de las obligaciones de respeto, protección, garantía y promoción.

LAS RECOMENDACIONES DE ONU COMO AGENDA MÍNIMA DEL 2007

Las recomendaciones de los Comités de Naciones Unidas constituyen, entonces, una valiosa oportunidad de poner a prueba la seriedad del enfoque de derechos que implementa MIDEPLAN. Al mismo tiempo, las recomendaciones de los Comités establecen una buena coincidencia en un listado de tareas compartido, y con un plazo. Para el Estado las recomendaciones son obligaciones a cumplir, para los pueblos indígenas son derechos a exigir.

En marzo de 2008 el estado deberá informar ante el Comité de Derechos Humanos qué ha hecho para cumplir con sus recomendaciones. El asunto no es esperar que el Gobierno cumpla por si sólo las recomendaciones. No lo hará si no hay control ciudadano. El plazo de un año presta un generoso refuerzo a las posiciones de los pueblos indígenas para empujar los cambios, en nombre de sus derechos.

Una medida básica para vigilar y contribuir al cumplimiento de las recomendaciones de derecho internacional es establecer un mecanismo bipartito estado-pueblos indígenas, que a lo largo del año haga seguimiento a las medidas de cumplimiento. Otra medida básica es abrir el debate sobre cada una de las recomendaciones. Finalmente cabe recordar la expresiva frase de la Presidenta de la República: [i] “Un estado que no es capaz de garantizar derechos es un estado de derecha”[/i]. ¿Cómo se calificaría un estado que no es capaz de garantizar los derechos de los pueblos indígenas? /

Extraído de: Periódico Mapuche "Azkintuwe". Temuco, Chile.
Abril de 2007.

Continúa la represión del pueblo Mapuche en Chile en base a la Ley Antiterrorista. Leer nota.

El rapto de Europa

Por Carlos Fuentes

Visite Europa por primera vez en 1950. Las bombas de la Blitzkrieg habían dejado vastos huecos en el centro de Londres y la bombas de la Real Fuerza Aérea Británica habían devastado la ciudad alemana de Dresden. Viena estaba ocupada por las cuatro potencias victoriosas (los Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña y Francia). Las efigies de Lenin y Stalin cubrían la fachada imperial del Hofburg. De Milán a Nápoles, los niños robaban, pedían limosna y carecían de zapatos.

Medio siglo más tarde, Europa es el principal bloque económico y comercial del mundo. Con 500 millones de habitantes, posee el nivel de educación, comunicaciones y bienestar general más alto del orbe. Con un ingreso medio per cápita de 29.000 dólares anuales.

El dolor de la posguerra ha desaparecido. Hoy Europa, en términos generales, respira satisfacción. El continente es un gran éxito histórico. Cuando Jean Monet y Robert Schumann se unieron a Konrad Adenauer, en 1950, para plantar las semillas de la Comunidad Europea, un propósito era dominante: que no volviese a haber una guerra entre Francia y Alemania. Que las catástrofes de 1870, 1914 y 1939 no se repitiesen jamás.

Construida sobre el eje pacífico de la cooperación franco-germana, Europa es hoy, en gran medida, un hecho que sus habitantes dan por asegurado. Sin embargo, la voluntad histórica que llevó a la creación de la Comunidad Económica Europea, precisamente porque tuvo éxito, tiende a ser olvidada. Por una parte, toda una juventud europea no piensa dos veces en el pasado. El presente le es grato y le es cómodo. No hay fronteras cerradas, la cultura popular no requiere pasaporte, el pasado no regresará, la historia es el olvido.

La complacencia que se nota en vastos sectores de la población europea puede resultar gratificante a la luz de un pasado violento. Pero no autoriza a soslayar la nueva problemática que el siglo XXI les impone a lo europeos, dentro y fuera de sus fronteras.

Hace medio siglo, los trabajadores españoles e italianos emigraban a Francia, Inglaterra y Alemania. Eran necesarios pero sospechosos. Hoy, España e Italia reciben migración masiva del Africa subsahariana y del Maghreb: 200 millones de migrantes. En Alemania, viven y trabajan siete millones de turcos. La presencia del trabajador migratorio suscita y resucita viejos prejuicios nacionalistas y racistas, poniendo en peligro una de las grandes conquistas de la posguerra, que ha sido ejercer influencia política y económica sin banderas nacionalistas.

La migración es consecuencia inevitable de la globalización. Si se globalizan las finanzas y el comercio, también se globalizará el trabajo. Este es ya un hecho internacional, por más que nos empeñemos en tratarlo cono asunto bilateral. La migración propone, en primer lugar, programas de cooperación activa entre países de expulsión y países de recepción a fin de que aquéllos generen trabajo que retenga a su mano de obra y éstos establezcan claras reglas que discriminalicen a la migración, la protejan y la integren a la economía europea. Las excepciones criminales deben ser la excepción, no la regla.

El continuado bienestar europeo depende, asimismo, de que los focos de inestabilidad sean objeto de atención política y diplomática oportuna. La salud internacional de Europa depende de que la política mundial se encauce mediante negociación y previsión y no, fatalmente, con actos de ataque preventivo que conducen al fracaso, como en Irak. Valgan las palabras del primer ministro francés, Dominique de Villepin, como guía de la acción: "Sólo el consenso y el respeto a la ley dan legitimidad a la fuerza y fuerza a la legitimidad".

Ello requiere, en las palabras de otro gran estadista europeo contemporáneo, Mássimo D Alema, vicepresidente y canciller de Italia,"un orden, instituciones y un cuadro de normas" a fin de que la interdependencia y la cooperación internacional sean los principios de la mundialización. De suerte que no es menor la importancia de Europa como factor activo y moderador de una situación internacional tan peligrosa como el abandono de toda regla a favor de una ciega y catastrófica soberbia unilateralista.

Pero Europa no sólo tiene problemas y obligaciones externas. La comunidad original de seis Estados pronto se extenderá a veintisiete naciones, muchas de ellas con niveles socioeconómicos inferiores a los del occidente europeo.

Acelerar el desarrollo del centro y el sur de Europa no será sencillo. La cortina de hierro sólo disfrazaba una casa de cartón. La inversión para el desarrollo de la Europa central y los Balcanes será tan grande como los obstáculos políticos y culturales, amén del doble movimiento de empresas occidentales en busca de mano de obra barata más allá del Danubio y de trabajadores del Este en busca de trabajo en Occidente. Y todo esto, a las puertas de una Rusia de voluntad política renovada, poder petrolero y un tradicional sentimiento de estar siendo sitiada. De nuevo, la política y la diplomacia europeas deben buscar acomodos inteligentes con Moscú.

"Europa no tiene número de teléfono", dijo famosa y cínicamente Henry Kissinger. Pero la historia europea tiene muchos números y el éxito de hoy no debe olvidar ni los nuevos desafíos ni los viejos obstáculos. Desde que Winston Churchill predijo acertadamente, en Zurich (1945), que la amistad de Francia y Alemania era el corazón de la unidad europea, el Reino Unido se ha dividido entre ser padrino, socio o antagonista de Europa -"el continente", como le dicen los británicos- en beneficio de la alianza atlántica con Washington. La catastrófica guerra de Irak quizá condicione al siguiente gobierno de Londres a acercarse más a Europa y aceptar el desafío de lo que formula Hugh Thomas: "unirnos activamente a Europa... o permanecer aislados, sin gloria y con ruina".

El propio Thomas describe a François Mitterrand como "el último gran estadista literario de Europa", que logró desmantelar al comunismo y disminuir el nacionalismo gaullista, abriendo una etapa intensa de colaboración franco germana. La elección de abril, en Francia, pondrá a prueba las activas orientaciones galas: el centralismo, el europeísmo, el internacionalismo. Y Alemania deberá proseguir su política de influencia sin nacionalismo, acorde con el desiderátum de Thomas Mann de "una Alemania europea, no una Europa alemana".

México y la América latina, por último, están obligados, por elementales razones de salud, a diversificar sus relaciones exteriores más allá del continente americano. Vivimos con un gigante herido que acaso se dispare a una catastrófica furia hacia delante, arrastrándonos a un despeñadero. Europa aparece, más que nunca, como factor de equilibrio y de salud internacional.

Y nosotros, los iberoamericanos, con tan hondas raíces en España y Portugal, ¿no somos lo más semejante a Europa fuera de Europa? No permitamos que Europa nos sea raptada.



Texto de la Declaración de Berlin, 2007.

"Durante siglos Europa ha sido una idea, una esperanza de paz y entendimiento. Esta esperanza se ha hecho realidad. La unificación europea nos ha procurado paz y bienestar, ha cimentado nuestra comunidad y superado nuestras contradicciones. Cada miembro ha contribuido a unificar Europa y a fortalecer la democracia y el Estado de derecho. Gracias al ansia de libertad de las gentes de Europa Central y Oriental, hoy se ha superado definitivamente la división artificial de Europa. Con la unificación europea hemos demostrado haber aprendido la lección de las confrontaciones sangrientas y de una historia llena de sufrimiento. Hoy vivimos juntos, de una manera que nunca fue posible en el pasado. Los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, para fortuna nuestra, estamos unidos.

I - En la Unión Europea estamos haciendo realidad nuestros ideales comunes: para nosotros el ser humano es el centro de todas las cosas. Su dignidad es sagrada. Sus derechos son inalienables. Mujeres y hombres tienen los mismos derechos. Nos esforzamos por alcanzar la paz y la libertad, la democracia y el Estado de derecho, el respeto mutuo y la responsabilidad recíproca, el bienestar y la seguridad, la tolerancia y la participación, la justicia y la solidaridad. En la Unión Europea vivimos y actuamos juntos de manera singular, y esto se manifiesta en la convivencia democrática entre los Estados miembros y las instituciones europeas. La Unión Europea se funda en la igualdad de derechos y la convivencia solidaria. Así hacemos posible un equilibrio justo entre los intereses de los distintos Estados miembros. En la Unión Europea preservamos la identidad de los Estados miembros y la diversidad de sus tradiciones. Valoramos como una riqueza nuestras fronteras abiertas y la viva diversidad de nuestras lenguas, culturas y regiones. Hay muchas metas que no podemos alcanzar solos, pero sí juntos. Las tareas se reparten entre la Unión Europea, los Estados miembros, sus regiones y sus municipios.

II - Nos enfrentamos a grandes desafíos que no se detienen en las fronteras nacionales. La Unión Europea es nuestra respuesta a ellos. Sólo unidos podemos preservar en el futuro nuestro ideal europeo de sociedad, en beneficio de todos los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea. Este modelo europeo aúna el éxito económico y la responsabilidad social. El mercado común y el euro nos hacen más fuertes. Con ellos podemos amoldar a nuestro sistema de valores la creciente interdependencia económica mundial y la cada vez más intensa competencia que reina en los mercados internacionales. La riqueza de Europa se basa en el conocimiento y las capacidades de sus gentes; ésta es la clave del crecimiento, el empleo y la cohesión social. Vamos a luchar juntos contra el terrorismo, la delincuencia organizada y la inmigración ilegal. Y lo haremos defendiendo las libertades y los derechos ciudadanos incluso en el combate contra sus enemigos. Nunca más debe dejarse una puerta abierta al racismo y a la xenofobia. Defendemos que los conflictos del mundo se resuelvan de forma pacífica y que los seres humanos no sean víctimas de la guerra, el terrorismo y la violencia. La Unión Europea quiere promover en el mundo la libertad y el desarrollo. Queremos hacer retroceder la pobreza, el hambre y las enfermedades. Para ello vamos a seguir ejerciendo nuestro liderazgo. Queremos llevar juntos la iniciativa en política energética y protección del clima, aportando nuestra contribución para contrarrestar la amenaza mundial del cambio climático.

III - La Unión Europea se nutrirá también en el futuro de su apertura y de la voluntad de sus Estados miembros de consolidar, juntos y acompasadamente, el desarrollo interno de la Unión Europea. Esta seguirá promoviendo también la democracia, la estabilidad, y el bienestar allende sus fronteras. Con la unificación europea se ha hecho realidad un sueño de generaciones anteriores. Nuestra historia nos reclama que preservemos esta ventura para las generaciones venideras. Para ello debemos seguir adaptando la estructura política de Europa a la evolución de los tiempos. Henos aquí, por tanto, cincuenta años después de la firma de los Tratados de Roma, unidos en el empeño de dotar a la Unión Europea de fundamentos comunes renovados de aquí a las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Porque sabemos que Europa es nuestro futuro común."

La España postfranquista y los sucesos de 1976

El pasado 9 de marzo de 2007 se estrenó en las pantallas de cine "La revolta permanent". La ópera prima de Lluís Danés muestra una verdad que durante más de 30 años el Gobierno español ha obviado. Se trata de los sangrientos acontecimientos de Gasteiz que el 3 de marzo de 1976 se cobraron cinco muertes a manos de la Policía. La película tiene música del cantautor catalán Lluis Llach.





5 MUERTOS Y MÁS DE 100 HERIDOS DE BALA FUERON EL RESULTADO DE LA CRIMINAL REPRESIÓN DEL FRANQUISMO Y DE FRAGA IRIBARNE.

Los Sucesos de Vitoria se refieren a los acontecimientos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en la ciudad alavesa de Vitoria, en el País Vasco, durante la Transición Española y en los cuales el enfrentamiento de la Policía Armada con trabajadores refugiados en la Iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, durante unas jornadas de huelga resultó en la muerte de muerte de 5 de ellos y causó heridas de bala a un total de 150.
Manuel Fraga Iribarne, en una imagen como presidente de la Xunta de Galicia, era el ministro responsable de la fuerzas del orden durante los Sucesos de Vitoria de 1976.

El otoño del patriarca, por Diego Barovero

Cumple ochenta años Raúl Ricardo Alfonsín. Una cifra redonda de esas que suelen ser celebradas con mayor pompa y que también actúan como disparador de homenajes y hagiografías, como si los anteriores setenta y nueve tuvieran menos importancia.

Ello no obstante, no es posible sustraerse a la tentación de ensayar unas líneas acerca de la significación de la personalidad de este singular abogado de Chascomús, radical visceral que recorrió todo el cursus honorum de la vida partidaria y también en materia de cargos de representación pública, desde concejal en su ciudad natal, hasta la presidencia de la República.

Observadores y analistas, correligionarios y adversarios políticos aún se preguntan y suelen efectuar disquisiciones respecto de la permanente vigencia de este “zoon politikon”. Incluso cómo, luego de aquél accidente a la vera de una ruta en las cercanías de un casi desconocido paraje que casi le cuesta la vida y del que emergió gracias a una recuperación milagrosa, ha sido posible que la misma gente que en su momento lo repudió y no le perdonó la traumática situación de crisis – en rigor de verdad, no imputable en forma exclusiva a su administración - en que debió transmitir el mando a su sucesor, haya vivido con angustia las circunstancias de aquél siniestro y haya expresado su júbilo al saberse que el viejo líder estaba fuera de peligro.

Quizá la cuestión radique en reducir a esquemas puramente racionales aquello que tiene más que ver con lo emocional, con el ida y vuelta, con la química que se produce entre un líder y su pueblo. Porque Alfonsín desde aquellos días de 1983 en que desde los afiches y en sus apariciones públicas saludaba con ambas manos unidas en gesto más que de triunfador deportivo en abrazo fraterno y abarcador, estableció con los argentinos una relación de comunicación propia de lo que se denomina carisma. Tras su paso por el gobierno de la República, con sus errores y sus aciertos – gestión de la que debemos estar más que orgullosos sus correligionarios, aún no compartiendo algunos aspectos puntuales - amado por sus más fieles seguidores y rechazado por sus más enconados adversarios, Alfonsín conserva sin embargo esa virtud comunicativa y carismática con la sociedad. Es que irradia esa simpatía campechana propia de los políticos de raza, que tanto escasean por estos tiempos, ese aire patriarcal y paternal que él mismo ha cultivado y aún cultiva hacia su pueblo, sentimiento sin duda unido a la circunstancia de que se lo siente un poco el padre de ese renacimiento de las esperanzas que significó el retorno de las instituciones democráticas que en el imaginario colectivo permanecerá por siempre unido a su figura.

Raúl Alfonsín, mucho más a partir del delicado trance en que estuvo en juego su propia vida, aparece ante todos los argentinos, aún frente aquellos que no comulgan con sus ideas, que no practican su mismo credo cívico, como un hombre de bien, un líder decente. Es que se lo ve como el último de los políticos de antes, como esos políticos de poncho o chalina al hombro, de gesto romántico y verba encendida, franco en la expresión, llano en el decir. Casi una curiosidad en estos tiempos en que abundan los “gerentes públicos”, los “referentes”, los “operadores”, los “estrategos”, los “candidatos mediáticos”, ropajes y denominaciones bajo los que se ocultan prestidigitadores, charlatanes, demagogos, tartufos, cholulos y mercachifles.

Raúl Alfonsín conserva la virtud de haber actuado honesta y decentemente, como un hombre absolutamente fiel a sus ideas. Alguien que supo hacer el enorme sacrificio dar un paso al costado en el momento oportuno, perdiendo la posibilidad de volver a ser votado (Él mismo ha bromeado: “Me quieren, pero no me votan”) pero ganándose el respeto unánime de una sociedad que lo constituyó en patriarca y modelo.

Finalmente, valga una anécdota absolutamente personal que sirve para ilustrar en parte el porqué del halo casi mítico que rodea su figura.

La afición por indagar en los recovecos de nuestra historia me ha brindado la hermosa oportunidad de trabar una agradable amistad con don Miguel Unamuno, director del Archivo General de la Nación, veterano de las lides políticas, devoto yrigoyenista y peronista histórico y sanguíneo. Tuvo una dilatada actuación en el mundo gremial bancario en el que fogueó su militancia resistente convirtiéndose en el jefe del peronismo porteño con el arribo del peronismo al poder en 1973, llegando a presidir la Sala de Representantes (Así se llamaba entonces el Concejo Deliberante) y a ser Ministro de Trabajo de Isabel Perón. Aquello le valió persecución y cárcel en la dictadura militar y con el retorno democrático de 1983, fue elegido diputado nacional por la Capital Federal, debiendo por ello cumplir el rol de oposición a la presidencia de Alfonsín.

Una afección pulmonar y otras nanas de los años le dan un falso aire de fragilidad que es rápidamente disipado cuando se advierte su pícara mirada y su socarrona voz de porteño piola, avezado en las fintas de la política vernácula y por ello, poco propenso a regalar elogios, ni a amigos y ni a adversarios.

Saliendo juntos del edificio que guarda gran parte de nuestra memoria nacional y que dirige casi de modo vitalicio (desde hace casi diez años con singular destreza y habilidad) y luego de haber comentado avatares de la vida radical pasada y presente, antes de despedirse y con gesto confidente, me miró y me dijo: “Ah Barovero, que se dejen de joder los radicales con Alfonsín...¡A fin de cuentas, fue el único que nos hizo morder el polvo a los peronistas!”.

Tal vez allí radique también parte de la leyenda del hombre que celebra en estos días ocho décadas de vida, muchas de las cuales lleva gastadas al servicio honrado de las mejores causas nacionales y democráticas.

Dr. Diego Barovero

El día 2 de abril de 1968, se realizo un acto relámpago en la esquina de 7 y 50 de la Ciudad de La Plata, en el mismo munido de un megáfono conectado a la batería de un coche, el Ex Diputado Raúl Alfonsin pronuncio un vibrante discurso atacando a la dictadura militar de Ongania ante mas de un centenar de simpatizantes. Como consecuencia del mismo, antes de llegar de regreso a Chascomus fue detenido en la Seccional Primera de La Plata. Se dice que en esa Seccional su hija Mara conoció a su futuro esposo, el hijo de Alconada Aramburú, por lo que bromeaba” las cosas que hay que hacer para conseguirle candidato a las chicas”

Años antes el 17 de noviembre de 1966, a pocos meses de la caída de Illia Raúl Alfonsín es detenido, luego de haber forzado la reapertura del Comité de la Provincia de Buenos Aires – sito en Moreno 2480 de la Capital Federal.

Cuenta el ex diputado nacional Victorio Bisciotti en un libro de anécdotas junto a Raúl Alfonsin, que Chiche Canata lo había contactado con un candidato a Intendente de una localidad correntina, “La Cruz” distante a 100 Km. de Paso de Los Libres, allá por los noventa.

Fagundez, así se llamaba el candidato a Intendente, fue objeto de la visita de Raúl Alfonsin durante su campaña, en un día de un terrible tormenta, con una verdadera travesía aérea, con caminos intransitables, en medio del temporal, del frió y del barro, allí estaba dándole a una mano a Carlos Fagundez quien tiempo después gano la elección.

Tiempo después Raúl Alfonsin, el día 17 de junio de 1999, sufrió un terrible accidente automovilístico, que lo puso al borde de la muerte, iba a la lejana localidad de Ingeniero Jacobacci en el oeste de Rio Negro, a hablar en un acto. Estuvo en el Hospital Italiano entre la vida y la muerte, con el apoyo y los rezos de muchos argentinos recuperándose de 9 costillas rotas y lesiones en el pulmón.

Raúl Alfonsin se dio el lujo de reaparecer meses después en un vibrante acto en la cancha de Estudiante de La Plata.

Quizás se escribirán en estos dias líneas y líneas reivindicando su liderazgo democrático, su gestión presidencial, sus dotes de estadista, estas humildes líneas prefieren destacar al verdadero político, al apasionado dirigente, al que como nuestros mejores próceres trajino y trajina los parajes más recónditos de la patria llevando el mensaje de la Unión Cívica Radical.


FELIZ 80 AÑOS y gracias RAUL ALFONSIN, el gallego, el viejo, el mas grande.

Dr. Gustavo Aramburu

Un día vi pasar a la muerte
no iba a caballo
chillaba como las golondrinas alrededor de Santa María Maggiore.
Es triste una muerte así
lo digo en serio y por las duda que alguien no sepa que una muerte así es triste.
Esa muerte chillaba como un condenado
no la favorecían el bello estío, las fuentes, las mujeres que ella dejaba transitar
como calor, fuego o piedad.
La muerte esa no valía un centavo en ningún lugar del mundo.
Por empezar no era necesaria,
no tenía aventura ni coraje,
no cantaba,
no era capaz de hacer cantar,
no usaba medias azules.
Sus ojos chillaban como golondrinas cortando la tarde alrededor de Santa Mará Maggiore.
Lo digo yo que la vi.
Daba lástima o pena esa muerte a cocheros caballos suaves en la mitad del día.
Muerte sin gusto,
sola,
infeliz,
muerte vieja,
sin volar,
sin hilo en los piecitos,
chillando en la mitad de la plaza. Cuando terminó de pasar tuve miedo,
no quiero ver nunca más a esa muerte,
de todo corazón no quiero verla nunca más,
especialmente el día de mi muerte.

Juan Gelman.

Ilustración de Carlos Gorriarena, www.losderechoshumanos.com.ar/gorri.htm

Mario Abel Amaya

RECUERDO DE MARIO ABEL AMAYA

por Hipólito SOLARI YRIGOYEN

Hace treinta años la dictadura militar asesinó a Mario Abel Amaya mientras se encontraba en prisión. Era entonces un joven dirigente de la Unión Cívica Radical de Chubut, que había ejercido su mandato de diputado nacional hasta el golpe de Estado de ese año. Nadie lo había acusado de nada, ni tenía proceso de ninguna especie, ni se le reconoció derecho alguno de defensa y, tal como ocurría entonces, previamente había sido secuestrado para pasar a ser un desaparecido, luego sería reconocido como detenido y, finalmente, sometido al perverso trato de preso "de máxima peligrosidad", impuesto por decreto por el gobierno de la señora Isabel Martínez de Perón. La cronología y el itinerario de lo sucedido a Amaya comienzan el 17 de agosto, Día del Libertador, cuando en la madrugada se realiza su detención en Trelew (mi secuestro lo efectuaba al mismo tiempo el Ejército, en mi domicilio de Puerto Madryn). Luego se efectuarían los traslados en avión a la Base Aeronaval de Bahía Blanca, y de ahí al centro de tormentos y ejecuciones que funcionaba en el Regimiento 181 de Comunicaciones de la misma ciudad, conocido con el nombre de " la Escuelita ", donde él y yo revistamos como desaparecidos.

El 31 de agosto se realizó el traslado, también clandestino, hasta las afueras de Viedma, donde en una farsa se simuló un tiroteo con la Policía Federal , para hacer creer que quienes nos traían eran "sediciosos". Se nos arrojó con violencia del vehículo en que veníamos atados, amordazados y encapuchados, a una zanja lateral al camino, y en seguida nos detuvo la policía, mientras huían quienes nos habían transportado. Al día siguiente, se nos condujo detenidos en avión desde Viedma hasta la Base de Bahía Blanca y de ahí hasta la cárcel de Villa Floresta. El 11 de septiembre, se ordenó nuestro traslado y el de otros detenidos hasta la cárcel de Rawson. Tras descender el avión en la Base Aeronaval de Trelew, todos recibimos un castigo feroz que se prolongó durante muchas horas de ese día y en los siguientes en la prisión de la que era director el prefecto Osvaldo Fano y estaba bajo el control del militar Barbot. Ese trato cruel, inhumano y degradante fue la consecuencia directa de la muerte de los dos del grupo con salud más precaria: Mario Amaya, que era asmático, y Jorge Valemberg, ex presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, una honorable persona mayor integrante del justicialismo. No sólo ninguno de ellos recibió atención médica, sino que a Amaya se le retiraron el inhalador y sus medicamentos. Si bien estábamos todos incomunicados en el Pabellón 8 de Rawson, con la intención de que no trascendieran al exterior los tormentos recibidos, tuve ocasión de ver a Amaya por última vez en el baño, tenía la cabeza partida, estaba morado por los golpes y hablaba con dificultad. Alcanzó a decirme: "Estoy muy mal".

Amaya, desahuciado por los médicos, fue trasladado al hospital de la cárcel de Villa Devoto. Su madre, que fue autorizada a verlo, pasó frente a su cama del hospital sin reconocerlo por el estado en que se encontraba como consecuencia de los sufrimientos que se le habían infligido. Amaya falleció el 19 de octubre de 1976. Tenía 41 años. La represión a Amaya, que culminó con su asesinato, no fue un caso aislado. Fue similar a la que sufrieron miles de ciudadanos de distintos pensamientos políticos, ajenos a las prácticas de la violencia, pero cuyas actividades perfectamente legales y sus pensamientos progresistas molestaban al régimen. Mario Abel Amaya era radical, como lo eran Felipe Rodríguez Araya, de Rosario; Angel Pisarello, de Tucumán; Sergio Karakachoff, de La Plata , y no agoto con estas menciones que pongo como ejemplo la lista de quienes en nuestra fuerza cívica cayeron para siempre como víctimas de la represión ideológica, sin contar los que sufrieron otras formas de persecuciones y sin dejar de reconocer que hubo corrientes políticas más afectadas que la nuestra. Amaya había nacido en Dolavon, Chubut, el 3 de agosto de 1935. Sus padres provenían de la provincia de San Luis, de donde eran también sus familias. Su progenitor se había trasladado a la Patagonia para ejercer la docencia. Mario Abel se educó en Trelew hasta terminar el colegio secundario y luego se instaló en Córdoba, donde cursó sus estudios de Derecho, militó en el Reformismo y se graduó de abogado. Regresó a Chubut y se dedicó al ejercicio de su profesión y a la enseñanza en el Colegio Nacional de Trelew. Se enroló en las filas de la Unión Cívica Radical desde su época de estudiante y, al radicarse en su provincia, adhirió desde su formación al Movimiento de Renovación y Cambio, liderado por Raúl Alfonsín. Hombre inteligente y solidario, Amaya se vinculó con la defensa de los presos políticos que fueron enviados a Rawson en los regímenes que gobernaron desde 1966 a 1973. Fue apoderado del líder sindical Agustín Tosco, del que fui su abogado defensor. Cuando, después de su liberación, Tosco regresó a Córdoba, el 25 de septiembre de 1972, nos invitó a Amaya y a mí para que lo acompañáramos en el avión y participáramos en el acto multitudinario de recepción en Redes Cordobesas. Las defensas de presos políticos fueron, por esos años, un apostolado de riesgoso ejercicio. Las listas de víctimas, seguramente incompletas, recuerdan que hubo 27 abogados asesinados, 109 presos, más de 200 exiliados, en el ciclo de años crueles que se clausuraría el 10 de diciembre de 1983, al reintegrarse el país a la democracia.

El gobierno militar de 1972 puso a Amaya, por decreto, a disposición del Poder Ejecutivo, cuando se produjo la evasión de la cárcel de Rawson, el 22 de agosto de ese año. Nada tuvo que ver Amaya en ese episodio, pero se aprovechó su presencia en el aeropuerto de Trelew, desde donde los fugitivos partieron en un avión secuestrado, para castigar su lucha antidictatorial. El se encontraba ahí para entregar a una dirigente del gremio docente, en el que militaba y al que asesoraba, unos papeles que aquélla debía llevar a Buenos Aires. Amaya fue trasladado a la cárcel de Villa Devoto y me designó entonces su abogado. Al cabo de tres meses fue liberado por la enorme presión que se ejerció por él y otros detenidos en forma arbitraria, desde la Asamblea Popular de Trelew, que se reunió en forma continuada durante varias jornadas en el Teatro Español de esa ciudad. Durante el período de su prisión, sus amigos habíamos proclamado su precandidatura a diputado nacional. Después de triunfar en la convocatoria partidaria, nuestra lista, en la que yo iba de candidato a senador, fue elegida en los comicios generales de marzo y nos incorporamos a nuestras respectivas cámaras el 25 de mayo de 1973. Como diputado se distinguió por la defensa de las causas populares, de las libertades públicas y los derechos humanos.Figuraba ya en las listas negras de la intolerancia, que los propios servicios de informaciones y sus grupos terroristas anexos, como la Triple A , hacían públicas con fines de intimidación. Amaya fue velado en Buenos Aires, en el barrio de Mataderos, porque la dictadura no permitió que se lo hiciera en la Casa Radical ni en otro lugar del centro de la ciudad. Después fue trasladado y enterrado en Trelew en medio de un clima represivo, donde lo despidieron Raúl Alfonsín y Carlos Fonte, su colega en la Cámara de Diputados. Fue un demócrata cabal. Mario Abel Amaya fue un mártir de sus ideales democráticos y se erige como un ejemplo para las nuevas generaciones.