ICTJ Celebra Extradición de Ex Presidente Fujimori a Perú
Decisión de la Corte Chilena Reafirma la Responsabilidad de Jefes de Estado
NUEVA YORK, 25 de Septiembre de 2007—El Centro Internacional para la Justicia Transicional celebra la resolución de la Corte Suprema de Chile, en la que acogió la solicitud de extradición del ex Presidente del Perú, Alberto Fujimori, a su país. La decisión, adoptada el viernes pasado, refuerza la importancia de la colaboración entre los poderes judiciales de diferentes países en el esfuerzo por combatir la impunidad de violaciones a los derechos humanos.
La extradición permitirá que Fujimori sea juzgado por los tribunales peruanos por dos crímenes contra los derechos humanos y varios casos de corrupción cometidos durante su gobierno entre 1990 y 2000. El juicio será una gran contribución al proceso para la obtención de verdad, alcanzar la justicia y reforzar el compromiso del gobierno en la entrega de reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Perú entre 1980 y 2000, que fueron registradas por la Comisión de Verdad y Reconciliación de ese país.
La sentencia de la Corte Suprema de Chile afirma principios muy importantes en materia de derechos humanos, incluyendo:
Como se ha señalado con anterioridad, la importancia de la cooperación entre los sistemas judiciales de distintos países para hacer justicia en casos de violaciones a los derechos humanos. Esta colaboración se origina en la obligación general de los Estados de impedir la impunidad de delitos que, por su gravedad, afectan a toda la comunidad internacional y del compromiso que éstos tienen de respetar y promover tales derechos. Al afirmar este principio, la sentencia constituye un poderoso llamado a todos aquellos ex jefes de Estado que se refugian en otros países, de que sus intentos de escapar de la justicia serán frustrados y serán extraditados y juzgados.
La responsabilidad de jefes de Estado como autores mediatos de violaciones a los derechos humanos, como consecuencia de su dominio de un aparato organizado de poder. La Corte Suprema de Chile consideró para esto la concentración de poder que Fujimori habría tenido, especialmente sobre las fuerzas armadas y servicios de inteligencia del Perú.
El rechazo de la pretendida inmunidad de ex jefes de Estado por crímenes cometidos en el ejercicio del poder, consecuencia de la obligación de respetar los derechos humanos. Esto reafirma las conclusiones a las que llegó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció la responsabilidad del Estado peruano en los dos casos de violaciones a los derechos humanos por los que fue concedida la extradición.
La sentencia, al conceder la extradición para casos de corrupción como de violaciones a los derechos humanos, la Corte reconoce un patrón común en dictaduras y regímenes autoritarios, que finalmente se vuelven corruptos y utilizan su poder para beneficio personal y para cometer crímenes en contra de la población.
Como se recuerda, el Perú requirió la extradición de Fujimori por 13 casos. Dentro de dichos casos, estaban la matanza de Barrios Altos, las desapariciones forzadas de “La Cantuta”, además de actos sistemáticos de corrupción cometidos en asociación directa con altos funcionarios públicos y, en particular, en coautoría con Vladimiro Montesinos, su poderoso asesor personal.
La Corte acogió la extradición en forma unánime para los casos de Barrios Altos y La Cantuta, así como para un caso de corrupción, y por votos de mayoría en los restantes cinco, lo que permitirá el juzgamiento en el Perú por siete de los trece casos por los que se solicitó la extradición. De los restantes seis casos, en los que la extradición fue denegada, cinco eran por corrupción y uno se refería a desaparición forzada de varias personas, que había sido agregado con posterioridad a la solicitud de extradición. El sábado pasado, al día siguiente de dictada la sentencia, Fujimori había sido trasladado al Perú, bajo custodia de la policía peruana.
Cristián Correa, del Centro Internacional para la Justicia Transicional, con base en Nueva York, destacó que “La sentencia de la Corte reafirma una doctrinas fundamental desarrollada por el Derecho Internacional, como es que los superiores pueden y deben asumir su responsabilidad por los crímenes cometidos bajo su control, independientemente de su participación material en los crímenes.”
Correa agregó además que “Esperamos que los tribunales de Perú realicen un juicio imparcial, con todas las garantías del debido proceso, así como con la participación de las víctimas. Dado que este juicio constituye una oportunidad histórica para la sociedad peruana para desentrañar la horrible verdad de su pasado reciente, de hacer justicia y de garantizar que los derechos humanos sean valorados y protegidos, debe cumplir con las garantías internacionalmente reconocidas de un juicio justo.”
Pero mientras la extradición de Fujimori y su próximo juicio en el Peru son signos esperanzadores y positivos de un creciente compromiso por el respeto de los derechos humanos y la justicia, este compromiso es aún frágil. El domingo, en Lima, el memorial en homenaje a las víctimas de violaciones a los derechos humanos “El Ojo que Llora”, fue atacado con pintura naranja, un color asociado a partidarios de Fujimori. El gobierno Peruano debe no sólo apoyar la existencia de un juicio justo e imparcial de su ex mandatario, sino también enviar un fuerte mensaje de que cualquier acción encaminada a obstruir la justicia en Perú no será tolerada
2.9.07
Ginzburg: "Quien piensa que la realidad es sólo lo que se toca no entiende nada"
Verdadero, falso, simulado, artificial son categorías que impactan sobre nuestra historia individual y social. Para captar los rasgos de una época hay que ser capaz de mirar sin anteojeras ni prejuicios.
Por Claudio Martyniuk
San Agustín comparó la belleza de la historia humana con una melodía. La sucesión de los siglos sería como un canto que nadie escucha en su totalidad. Siguiendo huellas, recurriendo a metáforas, empleando perspectivas que acercan lo extraño o provocan extrañamiento sobre lo familiar, el historiador Carlo Ginzburg persigue la reconstrucción de fragmentos diversos de esa música.
Mueve sus reflexiones con el ritmo justo, conjuga erudición con profundidad y da cuerpo a una nueva manera de pensar la historia. Esa mirada diferente se disfruta en el más conocido de sus libros, El queso y los gusanos (1976), en el que un pobre molinero friulano que termina quemado por la Inquisición encarna la tensión de toda una época entre la cultura popular y la oficial.
Ginzburg viajó a Buenos Aires invitado por la Carrera de Sociología de la UBA, que cumple cincuenta años de existencia. Lo hizo con el apoyo de la Fundación OSDE, CLACSO y el Ministerio de Educación. Entre carteles políticos y académicos, en la sede de Sociología, se emociona cuando se le recuerda a su madre, la escritora Natalia Ginzburg, y se apasiona en la reflexión.
Dada su manera tan original de abordar la historia, ¿qué lazos encuentra entre el arte y el conocimiento?
Creo que hay una relación compleja, y es decisivo el tema de la diferencia entre lo que es ficticio, lo que es inventado y lo que es verdadero. Es necesario distinguir esos dos planos para poder ver mejor su relación. Apasiona pensar que algo totalmente inventado pueda tener un valor cognoscitivo, no porque es inventado sino justamente por qué fue inventado. Una poesía, un cuadro nos proponen mundos imaginarios, pero nos pueden decir algo importante sobre el mundo real. Esa relación está en el centro de mi último libro - El hilo y las huellas. Verdadero, falso, simulado-. La relación entre esos tres ámbitos -verdadero, falso, simulado- no es central solamente en la reflexión de los historiadores sino que está en el centro de la vida cotidiana de todos. No se puede ignorar ninguno de esos términos ni confundirlos. Lo simulado que se presenta como verdadero es falso. Pero lo artificial que se propone como artificial es artificial, pero igualmente tiene una relación con la verdad.
Verdadero, falso, simulado... ¿dónde habita lo sagrado en el mundo contemporáneo? ¿La religión monopoliza lo sagrado?
La religión no tiene el monopolio de lo sagrado, aun cuando trate de afirmarlo. Hay una competencia por lo sagrado. Hay una tendencia, a la que me resisto, de considerar la secularización como un fenómeno concluido. El mundo en el que vivimos es el mundo desencantado, dijo Max Weber. Yo creo que las cosas no son así. La globalización es un fenómeno iniciado hace ya mucho tiempo y no concluido, que desde el comienzo significó una verdadera lucha con lo sagrado: la construcción de un mundo inmune a lo sagrado, depurado de lo sagrado; la construcción potencial de un mundo que entra en el dominio de lo sagrado y lo hace propio. La secularización está en conflicto con las religiones; de manera visible con los llamados fundamentalismos.
Usted analizó "un lapsus" de Juan Pablo II: el llamar a los judíos "nuestros hermanos mayores". ¿Hay antisemitismo en el catolicismo?
Yo creo que la postura de Wojtyla era totalmente hostil al antisemitismo. Elementos de una antigua polémica antijudía reaparecieron contra su voluntad, y eso muestra qué raíces profundas tiene. El conflicto entre cristianismo y judaísmo se encuentra en las raíces mismas del cristianismo. Es quizás imposible suprimirlo. Por eso me resisto siempre a la expresión "judeo-cristiano" que es mistificadora porque propone una continuidad que existe solamente desde el punto de vista cristiano, como enmascaramiento del conflicto. Pero el conflicto es verdadero desde ambas partes. Los conflictos no son necesariamente violentos. Hay un modo de controlar el conflicto, que es lo que se ha hecho. Y ciertamente hay elementos importantes en esa dirección. Pero me parece que el conflicto está en las raíces. Hay una competencia, pero es más que eso. A niveles diversos existe, sí, antisemitismo. En el antisemitismo existen también elementos fantasmáticos. Existe un tipo de hostilidad que como otras hostilidades se nutre de lo que existe o de lo que no existe. Por lo tanto, de la presencia física del judío o de un judío fantasmático. Porque quien piensa que la realidad está hecha sólo de lo que se toca no entiende nada de la realidad.
Usted investigó, en La historia nocturna, los demonios y embrujos del pasado. ¿El chivo expiatorio se construye en la actualidad del mismo modo?
La analogía me parece importante como instrumento de reflexión. ¿Pero, por qué esa analogía me parece a veces poco interesante? Porque creo que sirvió para deslegitimar ciertas formas de persecución política. Y pienso en Estados Unidos durante el período de McCarthy cuando Arthur Miller escribió Las brujas de Salem. Era una forma de deslegitimación, pero volver a proponerla mecánicamente es poco interesante. Se dice: existe intolerancia, existe la búsqueda del chivo expiatorio. Pero es una analogía genérica. Las analogías interesantes son las que nos hacen ver algo inesperado en un fenómeno. En este caso, todo me parece descontado. Había intolerancia entonces, hay intolerancia ahora, por lo tanto, la búsqueda del chivo expiatorio continúa. ¿Por qué "ése" y no otro chivo expiatorio? Aquí la pregunta comienza a tornarse distinta. Entonces, ya no las brujas, ¿pero quién las reemplaza? Puede ser un chivo expiatorio inexistente. Eso es interesante. Alguien puede decirme que tampoco las brujas existían. Las brujas no existían pero en parte fueron construidas. Había un correspondiente social. Entonces, cuando leo que en Japón Los protocolos de los Sabios de Sión es un libro muy leído, me pregunto ¿cómo es posible? Ahí no hay judíos. No es la búsqueda de un chivo expiatorio local. Quizá se trata de un chivo expiatorio fantasmático, a escala internacional.
En la Argentina, ante los modos de conocer y representar los crímenes de la dictadura militar, algunos intelectuales se pronunciaron críticamente por el exceso de utilización de testimonios personales. ¿El documento ofrecería bases más firmes para conocer el pasado?
Le respondo de una manera un poco indirecta. A mediados de los años 70, hubo en Bolonia un congreso sobre las fuentes orales. Participando como oyente, en un momento intervine. Miren, dije, acá se habla de fuentes orales. A doscientos metros, en el archivo estatal de Bolonia se conservan un centenar de volúmenes que son transcripciones de fuentes orales, hechas por jueces de los siglos XVI a XVIII. Procesos criminales. Ahí hay fuentes orales que fueron transcriptas. Cuando se dice que no se puede hacer la historia sólo con fuentes orales y que hacen falta documentos, hay que recordar que hay kilómetros de documentos que son transcripciones de fuentes orales. Entonces, el problema no es elegir entre fuentes orales y fuentes escritas, porque también las fuentes orales pueden dejar una huella escrita. El problema es cómo leer las distintas fuentes. Si uno leyese en forma acrítica las fuentes orales -o cualquier fuente - como un testimonio de verdad y punto, haría una lectura ingenua. El problema es siempre leer entre las líneas del documento. Pero no hay una receta preestablecida. Frente a cada documento hay que problematizar qué está diciendo esa fuente.
Eso me recuerda que usted comparó al historiador con Sherlock Holmes.
Sí, en un ensayo -Huellas. Raíces de un paradigma indiciario-, sobre el que sigo reflexionando. El año pasado hubo un congreso en Francia sobre ese texto de hace veinticinco años. Ahora salió un volumen donde hay discusiones nacidas de él, y yo escribí una especie de post-scriptum, porque fue un ensayo que orientó mi trabajo de muchas maneras. Por ejemplo, hacia el problema de la prueba. Yo ahí hablo de los indicios, pero no de las pruebas. Eso me impactó al releer el ensayo. Está el descubrimiento de la importancia de los indicios, pero no hay ninguna reflexión sobre el problema de las pruebas. Y esto pasó a ser importantísimo para mí.
¿Por qué?
Porque se produjo la aparición de una actitud escéptica, ligada al posmodernismo, para la cual la distinción entre narraciones de ficción y narraciones históricas se volvió más confusa. Las consecuencias científicas, morales y políticas de esa postura son muy serias, y por eso sentí la necesidad de intervenir, centrándome en el problema de la prueba. Y además hubo un elemento personal. Adriano Sofri, un amigo mío que era líder de un movimiento de extrema izquierda en los años 70, fue incriminado como instigador de un homicidio político y fue condenado a 22 años de prisión. Después del primer proceso escribí El juez y el historiador, donde analizo las actas de ese juicio contemporáneo. Ahí trato de demostrar que no había ninguna prueba en contra de mi amigo. Pero incluyo la reflexión dentro de un problema más general: el problema aún no zanjado de las relaciones entre juez e historiador.
Copyright Clarín, 2 / 09 / 2007
Mueve sus reflexiones con el ritmo justo, conjuga erudición con profundidad y da cuerpo a una nueva manera de pensar la historia. Esa mirada diferente se disfruta en el más conocido de sus libros, El queso y los gusanos (1976), en el que un pobre molinero friulano que termina quemado por la Inquisición encarna la tensión de toda una época entre la cultura popular y la oficial.
Ginzburg viajó a Buenos Aires invitado por la Carrera de Sociología de la UBA, que cumple cincuenta años de existencia. Lo hizo con el apoyo de la Fundación OSDE, CLACSO y el Ministerio de Educación. Entre carteles políticos y académicos, en la sede de Sociología, se emociona cuando se le recuerda a su madre, la escritora Natalia Ginzburg, y se apasiona en la reflexión.
Dada su manera tan original de abordar la historia, ¿qué lazos encuentra entre el arte y el conocimiento?
Creo que hay una relación compleja, y es decisivo el tema de la diferencia entre lo que es ficticio, lo que es inventado y lo que es verdadero. Es necesario distinguir esos dos planos para poder ver mejor su relación. Apasiona pensar que algo totalmente inventado pueda tener un valor cognoscitivo, no porque es inventado sino justamente por qué fue inventado. Una poesía, un cuadro nos proponen mundos imaginarios, pero nos pueden decir algo importante sobre el mundo real. Esa relación está en el centro de mi último libro - El hilo y las huellas. Verdadero, falso, simulado-. La relación entre esos tres ámbitos -verdadero, falso, simulado- no es central solamente en la reflexión de los historiadores sino que está en el centro de la vida cotidiana de todos. No se puede ignorar ninguno de esos términos ni confundirlos. Lo simulado que se presenta como verdadero es falso. Pero lo artificial que se propone como artificial es artificial, pero igualmente tiene una relación con la verdad.
Verdadero, falso, simulado... ¿dónde habita lo sagrado en el mundo contemporáneo? ¿La religión monopoliza lo sagrado?
La religión no tiene el monopolio de lo sagrado, aun cuando trate de afirmarlo. Hay una competencia por lo sagrado. Hay una tendencia, a la que me resisto, de considerar la secularización como un fenómeno concluido. El mundo en el que vivimos es el mundo desencantado, dijo Max Weber. Yo creo que las cosas no son así. La globalización es un fenómeno iniciado hace ya mucho tiempo y no concluido, que desde el comienzo significó una verdadera lucha con lo sagrado: la construcción de un mundo inmune a lo sagrado, depurado de lo sagrado; la construcción potencial de un mundo que entra en el dominio de lo sagrado y lo hace propio. La secularización está en conflicto con las religiones; de manera visible con los llamados fundamentalismos.
Usted analizó "un lapsus" de Juan Pablo II: el llamar a los judíos "nuestros hermanos mayores". ¿Hay antisemitismo en el catolicismo?
Yo creo que la postura de Wojtyla era totalmente hostil al antisemitismo. Elementos de una antigua polémica antijudía reaparecieron contra su voluntad, y eso muestra qué raíces profundas tiene. El conflicto entre cristianismo y judaísmo se encuentra en las raíces mismas del cristianismo. Es quizás imposible suprimirlo. Por eso me resisto siempre a la expresión "judeo-cristiano" que es mistificadora porque propone una continuidad que existe solamente desde el punto de vista cristiano, como enmascaramiento del conflicto. Pero el conflicto es verdadero desde ambas partes. Los conflictos no son necesariamente violentos. Hay un modo de controlar el conflicto, que es lo que se ha hecho. Y ciertamente hay elementos importantes en esa dirección. Pero me parece que el conflicto está en las raíces. Hay una competencia, pero es más que eso. A niveles diversos existe, sí, antisemitismo. En el antisemitismo existen también elementos fantasmáticos. Existe un tipo de hostilidad que como otras hostilidades se nutre de lo que existe o de lo que no existe. Por lo tanto, de la presencia física del judío o de un judío fantasmático. Porque quien piensa que la realidad está hecha sólo de lo que se toca no entiende nada de la realidad.
Usted investigó, en La historia nocturna, los demonios y embrujos del pasado. ¿El chivo expiatorio se construye en la actualidad del mismo modo?
La analogía me parece importante como instrumento de reflexión. ¿Pero, por qué esa analogía me parece a veces poco interesante? Porque creo que sirvió para deslegitimar ciertas formas de persecución política. Y pienso en Estados Unidos durante el período de McCarthy cuando Arthur Miller escribió Las brujas de Salem. Era una forma de deslegitimación, pero volver a proponerla mecánicamente es poco interesante. Se dice: existe intolerancia, existe la búsqueda del chivo expiatorio. Pero es una analogía genérica. Las analogías interesantes son las que nos hacen ver algo inesperado en un fenómeno. En este caso, todo me parece descontado. Había intolerancia entonces, hay intolerancia ahora, por lo tanto, la búsqueda del chivo expiatorio continúa. ¿Por qué "ése" y no otro chivo expiatorio? Aquí la pregunta comienza a tornarse distinta. Entonces, ya no las brujas, ¿pero quién las reemplaza? Puede ser un chivo expiatorio inexistente. Eso es interesante. Alguien puede decirme que tampoco las brujas existían. Las brujas no existían pero en parte fueron construidas. Había un correspondiente social. Entonces, cuando leo que en Japón Los protocolos de los Sabios de Sión es un libro muy leído, me pregunto ¿cómo es posible? Ahí no hay judíos. No es la búsqueda de un chivo expiatorio local. Quizá se trata de un chivo expiatorio fantasmático, a escala internacional.
En la Argentina, ante los modos de conocer y representar los crímenes de la dictadura militar, algunos intelectuales se pronunciaron críticamente por el exceso de utilización de testimonios personales. ¿El documento ofrecería bases más firmes para conocer el pasado?
Le respondo de una manera un poco indirecta. A mediados de los años 70, hubo en Bolonia un congreso sobre las fuentes orales. Participando como oyente, en un momento intervine. Miren, dije, acá se habla de fuentes orales. A doscientos metros, en el archivo estatal de Bolonia se conservan un centenar de volúmenes que son transcripciones de fuentes orales, hechas por jueces de los siglos XVI a XVIII. Procesos criminales. Ahí hay fuentes orales que fueron transcriptas. Cuando se dice que no se puede hacer la historia sólo con fuentes orales y que hacen falta documentos, hay que recordar que hay kilómetros de documentos que son transcripciones de fuentes orales. Entonces, el problema no es elegir entre fuentes orales y fuentes escritas, porque también las fuentes orales pueden dejar una huella escrita. El problema es cómo leer las distintas fuentes. Si uno leyese en forma acrítica las fuentes orales -o cualquier fuente - como un testimonio de verdad y punto, haría una lectura ingenua. El problema es siempre leer entre las líneas del documento. Pero no hay una receta preestablecida. Frente a cada documento hay que problematizar qué está diciendo esa fuente.
Eso me recuerda que usted comparó al historiador con Sherlock Holmes.
Sí, en un ensayo -Huellas. Raíces de un paradigma indiciario-, sobre el que sigo reflexionando. El año pasado hubo un congreso en Francia sobre ese texto de hace veinticinco años. Ahora salió un volumen donde hay discusiones nacidas de él, y yo escribí una especie de post-scriptum, porque fue un ensayo que orientó mi trabajo de muchas maneras. Por ejemplo, hacia el problema de la prueba. Yo ahí hablo de los indicios, pero no de las pruebas. Eso me impactó al releer el ensayo. Está el descubrimiento de la importancia de los indicios, pero no hay ninguna reflexión sobre el problema de las pruebas. Y esto pasó a ser importantísimo para mí.
¿Por qué?
Porque se produjo la aparición de una actitud escéptica, ligada al posmodernismo, para la cual la distinción entre narraciones de ficción y narraciones históricas se volvió más confusa. Las consecuencias científicas, morales y políticas de esa postura son muy serias, y por eso sentí la necesidad de intervenir, centrándome en el problema de la prueba. Y además hubo un elemento personal. Adriano Sofri, un amigo mío que era líder de un movimiento de extrema izquierda en los años 70, fue incriminado como instigador de un homicidio político y fue condenado a 22 años de prisión. Después del primer proceso escribí El juez y el historiador, donde analizo las actas de ese juicio contemporáneo. Ahí trato de demostrar que no había ninguna prueba en contra de mi amigo. Pero incluyo la reflexión dentro de un problema más general: el problema aún no zanjado de las relaciones entre juez e historiador.
Copyright Clarín, 2 / 09 / 2007
20.8.07
En memoria de Fontanarrosa
La desaparición de Roberto Fontanarrosa, joven todavía y en la plenitud de su talento, replantea el tema de la relación entre narrativa y teatro. Cantidad de espectáculos teatrales han venido sirviéndose desde hace años de sus textos, por cierto admirables: en mi opinión, él es uno de los mayores escritores argentinos contemporáneos, el Fray Mocho de nuestro tiempo. De aquel ilustre antecesor (que se llamaba, recordemos, José S. Alvarez, y fue el fundador de la revista Caras y Caretas ) tenía Fontanarrosa la aguda observación de la vida cotidiana, sobre todo en la calle, manantial inagotable de diálogos y, a menudo, también de conductas que rozan lo inverosímil. Cabe preguntarse: ¿lo inverosímil a partir de qué modelo supuestamente racional? Porque justamente lo que captó el formidable creador de Inodoro Pereyra (y su perro sabio, Mendieta) y Boogie el Aceitoso , es que una parte considerable de la vida del argentino promedio se va en fantasías grandiosas, en alardes imaginativos de un barroquismo que desafía al realismo mágico de los escritores caribeños. Tal vez porque, como lo dijo amargamente, tiempo atrás, el pensador Mario Bunge en este diario, "la mayoría de los argentinos viven vidas mediocres". El aserto se presta a la polémica, pero no puede dejar de señalarse la coincidencia de tres grandes escritores en la observación de ese rasgo nacional. También Manuel Puig y Silvina Ocampo proponen, como Fontanarrosa -cada uno con su estilo propio-, una excursión a los paraísos imaginarios que intentarían compensar las carencias de la monótona rutina cotidiana. Acaso esa rutina no sea privativa de los argentinos: basta ver las andanzas de los Simpson para advertir que el problema es universal. Los párrafos precedentes procuran plantear mejor el tema de esta nota, que podría resumirse en una pregunta: ¿por qué las narraciones y las historietas de Fontanarrosa se trasladan sin mayores tropiezos al escenario y hasta no pocas veces parecen destinadas expresamente a él? No hay una sola respuesta, y la que sigue es tan sólo una opinión personal. Ante todo, creo que el "Negro" tenía un oído privilegiado para el habla cotidiana (no me gusta eso de "habla popular"; crea una falsa dicotomía social que no existe en la realidad), captaba hasta los matices más sutiles que expresan, tal vez sin que el mismo hablante se dé cuenta, la potencia del anhelo por encima del desencanto, el ansia de felicidad que se opone a la impotencia, y el sueño de la riqueza material sin límites. Luego, sabía describir esa "otra" realidad onírica con la fuerza de la visión fantasmal, cualidad que tan sólo poseen los grandes artistas, ya se trate de escritores, pintores o actores, y que tal vez nadie ha expresado mejor que Salvador Dalí cuando en su autobiografía explica (o intenta explicar) esa suerte de operación mágica mediante la cual una imagen evocada adquiere una corporeidad diríamos que palpable.
Fontanarrosa, autodidacto, aplicaba a esa magia una vastedad de lecturas realmente asombrosa, una cultura plástica igualmente riquísima y un sentido del humor que tan sólo se define como prodigioso. Esos mismos materiales, llevados al escenario, se incorporan fácilmente a él, se encarnan sin rechinamientos: en el caso de Inodoro y Boogie, por ejemplo, el trazo dibujado se transforma en personaje de carne y hueso porque la carnalidad ya está presente en la imagen. Y la palabra fluye en escena con la misma fluidez con que lo hace en el globito correspondiente, por la simple razón de que en esa palabra hay verdad: de arte y de vida, fundidas en una sola. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los textos de La mesa de los galanes o El mundo ha vivido equivocado . Es tan agudo el diálogo; han sido tan hábilmente seleccionadas las palabras (pura intuición, estoy seguro) y transportadas a la página sin perder la frescura original, que cada espectador reconoce ese idioma, que es el suyo, en el cual se reconoce también a sí mismo. Solamente los grandes artistas tienen el don de expresar así a su pueblo y, al hacerlo, como quería Tolstoi, expresan al mundo entero. Claro que, para lograrlo, hay que ser Tolstoi... o Fontanarrosa.
Fontanarrosa, autodidacto, aplicaba a esa magia una vastedad de lecturas realmente asombrosa, una cultura plástica igualmente riquísima y un sentido del humor que tan sólo se define como prodigioso. Esos mismos materiales, llevados al escenario, se incorporan fácilmente a él, se encarnan sin rechinamientos: en el caso de Inodoro y Boogie, por ejemplo, el trazo dibujado se transforma en personaje de carne y hueso porque la carnalidad ya está presente en la imagen. Y la palabra fluye en escena con la misma fluidez con que lo hace en el globito correspondiente, por la simple razón de que en esa palabra hay verdad: de arte y de vida, fundidas en una sola. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los textos de La mesa de los galanes o El mundo ha vivido equivocado . Es tan agudo el diálogo; han sido tan hábilmente seleccionadas las palabras (pura intuición, estoy seguro) y transportadas a la página sin perder la frescura original, que cada espectador reconoce ese idioma, que es el suyo, en el cual se reconoce también a sí mismo. Solamente los grandes artistas tienen el don de expresar así a su pueblo y, al hacerlo, como quería Tolstoi, expresan al mundo entero. Claro que, para lograrlo, hay que ser Tolstoi... o Fontanarrosa.
Ernesto Schoo.
(c) La Nación.
11.8.07
Ernesto Laclau contra Negri, Hardt y Zizek
Las manos en la masa
Por José Natanson, Página/12, 2005
Ernesto Laclau es una de las grandes voces de la teoría política. Graduado en Historia en la UBA, trabajó junto a Gino Germani y José Luis Romero, y militó en la izquierda nacional de Jorge Abelardo Ramos hasta que en 1969 fue convocado por el historiador británico Eric Hobsbawm, quien apadrinó su ingreso a Oxford. Espantado con los altibajos de la democracia argentina, Laclau se quedó a vivir en Inglaterra, donde escribió libros como Emancipación y diferencia y Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Con su teoría de la hegemonía, Laclau fue creando una originalísima reflexión política, muy difícil de encuadrar, que abreva en el marxismo de Gramsci y Derrida y en el psicoanálisis de Lacan, y que subraya el aspecto discursivo de los fenómenos sociales.
En su último libro, provocativamente titulado La razón populista (Fondo de Cultura Económica), Laclau rompe con el análisis micropolítico al que últimamente se han limitado muchas investigaciones de ciencias sociales (ceñidas al pequeño fenómeno, al tema puntual, al matiz imperceptible) y se plantea un objetivo ambicioso: redefinir el populismo como parte de un enfoque, más global, sobre la discusión teórica de la izquierda. El libro, serio candidato a best-seller académico del año, concluye con una demoledora crítica a Michael Hardt y Toni Negri.
¿Por qué critica las concepciones de Imperio y Multitud? –le preguntó Radar a Laclau, que atiende amablemente el teléfono en su departamento cercano a la Universidad de Essex, donde enseña desde hace treinta años.
–Ellos sostienen que hay una realidad, “el Imperio”, que no está dividido, una especie de realidad global. Y yo pienso que la lucha entre distintos bloques de poder sigue siendo importante. En segundo término, ellos sostienen que frente a ese bloque total hay una realidad que se llama “multitud”. Plantean que hay distintos puntos de rechazo al sistema que tienden espontáneamente a unificarse en un actor social común, simplemente porque expresan el hecho de que no hay nada más natural que la oposición al poder por parte de aquel que es explotado. El momento de la articulación política está ausente.
En su libro usted se burla: habla de “la unidad como un regalo del cielo”. ¿Ellos presuponen la unidad de las luchas anticapitalistas?
–Sí. Nosotros hemos planteado que hay una proliferación de puntos de ruptura y antagonismo, pero no presuponemos un estilo manifiesto por el cual estas rupturas y estas luchas tengan que confluir en una lucha unificada. Pensamos que el momento de la articulación política, que por supuesto ya no pasa por la forma de partido en sentido clásico, sigue siendo importante. Eso lo veo en el Foro de Porto Alegre. Ahí se ve una expansión de movimientos que hablan de sus experiencias concretas en distintas partes del mundo, que son afectados por la lógica del capitalismo globalizado. Hay un intento por crear un lenguaje relativamente común que establezca los vínculos entre esos sectores.
¿La mirada de Hardt y Negri despolitiza?
–Su idea de Imperio alude a algo dominante y sin matices: es difícil ver cómo una lucha contra este tipo de agente puede llevarse a cabo. De todos modos, en su planteo hay algunos aspectos que no conviene desdeñar. Ellos han visto que el agente histórico ya no es un agente unificado y homogéneo, como era la clase obrera, sino que es múltiple. En eso estoy de acuerdo. La diferencia es que no la piensan en el marco de una posible articulación: dan por sentado que esta multiplicidad va a producir efectos por sí misma.
Zizek, el contorsionista
Pero Laclau no se limita a polemizar con los autores de Imperio: va más allá, y arremete contra el esloveno Slavoj Zizek –a su vez uno de los críticos más despiadados de Hardt y Negri–, a quien acusa de encarar todo tipo de “contorsiones inverosímiles” para compaginar diferentes teorías en un todo más o menos coherente. “Tiene una posición ambigua”, explica Laclau. “El respondió a una entrevista diciendo que el problema de los Estados Unidos es que actúan como una potencia global y no piensan como una potencia global sino en términos de sus propios intereses. La solución sería, entonces, que pensaran y actuaran como potencia global, que asumieran su rol de gendarmes mundiales. Afirmar esto, para alguien como Zizek que viene de la tradición hegeliana, significa que los Estados Unidos tendrían que ser la clase universal.”
¿Es una búsqueda de un sujeto global?
–La función que Hegel atribuía al Estado y Marx al proletariado ahora Zizek espera que la cumpla el imperialismo americano. No hay ninguna base para pensar que las cosas vayan a ser de esa manera. Y no creo que ninguna causa progresista, en ningún lugar del mundo, pueda pensar en esos términos. Por otro lado, Zizek es un ultraizquierdista vociferante en lo que se refiere a la política mundial, obviamente en contradicción con estas posiciones de universalización del proyecto americano, pero al mismo tiempo es miembro del Partido Liberal-Democrático esloveno, que hasta hace unos pocos meses estaba en el poder, y que por supuesto ni remotamente es un partido de estas características, ni siquiera socialista. Es como decía el Martín Fierro: “No hay como el peligro para despejar al mamao”.
Elogio del populismo
Antes de zambullirse en las turbulencias del debate sobre la nueva izquierda, Laclau avanza otro paso en su proyecto, la construcción de una democracia radical, a través de una reconceptualización polémica del concepto de populismo: saca al populismo de los márgenes del análisis -ese lugar de irracionalidad, emotividad y estupidez de las masas al que lo habían relegado las ciencias sociales– y lo reubica en el centro de su reflexión, como parte de un giro teórico que se conecta íntimamente con su historia personal, marcada desde chico por una especie de fascinación por los fenómenos populares. “Yo vengo de una familia yrigoyenista, donde el sentido de lo nacional y popular estaba muy presente. Arturo Jauretche, por ejemplo, era muy amigo de mi padre. Después estuve en la izquierda nacional, tuve un contacto estrecho con Abelardo Ramos, aunque luego evolucionó políticamente en una dirección que no me gustó. Después, cuando llegué a Europa, había una multiplicidad de movimientos post-mayo de 1968. Eso me llevó a pensar la concepción del populismo”, explica.
La idea, entonces, es sacudir la concepción desdeñosa y peyorativa, y proponer una nueva “racionalidad populista”, que rompa con las dos formas de racionalidad que anuncian el fin de la política: el evento revolucionario total, que al provocar la reconciliación plena de la sociedad consigo misma volvería superfluo el momento político, y la práctica gradualista, que reduce la política a la mera administración. El populismo –dice Laclau– no es un contenido específico sino una forma de pensar las identidades sociales, un modo de articular demandas dispersas; en definitiva, una manera de construir lo político.
¿Por qué eligió el titulo La razón populista para su libro? ¿Por qué no La razón popular?
–“Populismo” era un término vilipendiado y yo lo quería llevar al nivel de una racionalidad política más general. Ese es uno de los ejes del libro, que se refleja en ciertas cosas que se dicen hoy en la Argentina. Cuando el ministro de Economía desdeña por populistas a ciertas prácticas, está planteando que hay una forma administrativa de decidir respecto de estas cuestiones. No digo que esté necesariamente equivocado sino que plantea una idea de gestión de la cosa pública que no tiene nada que ver con la construcción de identidades populares más amplias.
La vieja discusión “política contra administración”.
–Sí. Esta idea de pureza de la política como administración estuvo ligada al desarrollo del neoconservadurismo. Fue la forma en que el menemismo concibió el espacio público.
Populistas siglo XXI
Continuación de una línea de investigación que lleva décadas de desarrollo, La razón populista fue publicado en Inglaterra en el 2002, cuando Hugo Chávez aún se tambaleaba en el poder –todavía no había ratificado su legitimidad en un plebiscito– y Kirchner era el gobernador semidesconocido de una provincia lejana y fría. El libro de Laclau no podía apuntar, por lo tanto, a proveer una teoría para estos nuevos liderazgos latinoamericanos, pero ciertamente funciona como tal: puede leerse como el sostén filosófico-político de un tipo de liderazgo post-Consenso de Washington, que combina apelaciones a la recuperación de la política, elementos carismáticos y un cuidado noventista de las cuentas públicas. “Los veo de una manera positiva, aunque son experiencias distintas que apelan a un tipo de construcción del pueblo distinto”, responde Laclau cuando se le pregunta por los gobiernos de Kirchner y Chávez. “En Venezuela había una masa que, antes del ingreso de Chávez, no estaba integrada al sistema, por lo que se plantea la necesidad de integrarla de algún modo. Eso se produce a través de mecanismos populistas, a través de la identificación con el líder, y después viene el momento de la construcción institucional. En la Argentina no funciona de la misma manera porque hay una sociedad civil que no estaba tan desintegrada como en Venezuela. La función de Kirchner, si va a ser un líder populista real, es construir y articular políticamente a partir de una pluralidad de fuerzas que estaban parcialmente organizadas. La forma política va a ser distinta, pero no hay dudas de que el futuro latinoamericano pasa por este tipo de proyectos.”
En su último libro, provocativamente titulado La razón populista (Fondo de Cultura Económica), Laclau rompe con el análisis micropolítico al que últimamente se han limitado muchas investigaciones de ciencias sociales (ceñidas al pequeño fenómeno, al tema puntual, al matiz imperceptible) y se plantea un objetivo ambicioso: redefinir el populismo como parte de un enfoque, más global, sobre la discusión teórica de la izquierda. El libro, serio candidato a best-seller académico del año, concluye con una demoledora crítica a Michael Hardt y Toni Negri.
¿Por qué critica las concepciones de Imperio y Multitud? –le preguntó Radar a Laclau, que atiende amablemente el teléfono en su departamento cercano a la Universidad de Essex, donde enseña desde hace treinta años.
–Ellos sostienen que hay una realidad, “el Imperio”, que no está dividido, una especie de realidad global. Y yo pienso que la lucha entre distintos bloques de poder sigue siendo importante. En segundo término, ellos sostienen que frente a ese bloque total hay una realidad que se llama “multitud”. Plantean que hay distintos puntos de rechazo al sistema que tienden espontáneamente a unificarse en un actor social común, simplemente porque expresan el hecho de que no hay nada más natural que la oposición al poder por parte de aquel que es explotado. El momento de la articulación política está ausente.
En su libro usted se burla: habla de “la unidad como un regalo del cielo”. ¿Ellos presuponen la unidad de las luchas anticapitalistas?
–Sí. Nosotros hemos planteado que hay una proliferación de puntos de ruptura y antagonismo, pero no presuponemos un estilo manifiesto por el cual estas rupturas y estas luchas tengan que confluir en una lucha unificada. Pensamos que el momento de la articulación política, que por supuesto ya no pasa por la forma de partido en sentido clásico, sigue siendo importante. Eso lo veo en el Foro de Porto Alegre. Ahí se ve una expansión de movimientos que hablan de sus experiencias concretas en distintas partes del mundo, que son afectados por la lógica del capitalismo globalizado. Hay un intento por crear un lenguaje relativamente común que establezca los vínculos entre esos sectores.
¿La mirada de Hardt y Negri despolitiza?
–Su idea de Imperio alude a algo dominante y sin matices: es difícil ver cómo una lucha contra este tipo de agente puede llevarse a cabo. De todos modos, en su planteo hay algunos aspectos que no conviene desdeñar. Ellos han visto que el agente histórico ya no es un agente unificado y homogéneo, como era la clase obrera, sino que es múltiple. En eso estoy de acuerdo. La diferencia es que no la piensan en el marco de una posible articulación: dan por sentado que esta multiplicidad va a producir efectos por sí misma.
Zizek, el contorsionista
Pero Laclau no se limita a polemizar con los autores de Imperio: va más allá, y arremete contra el esloveno Slavoj Zizek –a su vez uno de los críticos más despiadados de Hardt y Negri–, a quien acusa de encarar todo tipo de “contorsiones inverosímiles” para compaginar diferentes teorías en un todo más o menos coherente. “Tiene una posición ambigua”, explica Laclau. “El respondió a una entrevista diciendo que el problema de los Estados Unidos es que actúan como una potencia global y no piensan como una potencia global sino en términos de sus propios intereses. La solución sería, entonces, que pensaran y actuaran como potencia global, que asumieran su rol de gendarmes mundiales. Afirmar esto, para alguien como Zizek que viene de la tradición hegeliana, significa que los Estados Unidos tendrían que ser la clase universal.”
¿Es una búsqueda de un sujeto global?
–La función que Hegel atribuía al Estado y Marx al proletariado ahora Zizek espera que la cumpla el imperialismo americano. No hay ninguna base para pensar que las cosas vayan a ser de esa manera. Y no creo que ninguna causa progresista, en ningún lugar del mundo, pueda pensar en esos términos. Por otro lado, Zizek es un ultraizquierdista vociferante en lo que se refiere a la política mundial, obviamente en contradicción con estas posiciones de universalización del proyecto americano, pero al mismo tiempo es miembro del Partido Liberal-Democrático esloveno, que hasta hace unos pocos meses estaba en el poder, y que por supuesto ni remotamente es un partido de estas características, ni siquiera socialista. Es como decía el Martín Fierro: “No hay como el peligro para despejar al mamao”.
Elogio del populismo
Antes de zambullirse en las turbulencias del debate sobre la nueva izquierda, Laclau avanza otro paso en su proyecto, la construcción de una democracia radical, a través de una reconceptualización polémica del concepto de populismo: saca al populismo de los márgenes del análisis -ese lugar de irracionalidad, emotividad y estupidez de las masas al que lo habían relegado las ciencias sociales– y lo reubica en el centro de su reflexión, como parte de un giro teórico que se conecta íntimamente con su historia personal, marcada desde chico por una especie de fascinación por los fenómenos populares. “Yo vengo de una familia yrigoyenista, donde el sentido de lo nacional y popular estaba muy presente. Arturo Jauretche, por ejemplo, era muy amigo de mi padre. Después estuve en la izquierda nacional, tuve un contacto estrecho con Abelardo Ramos, aunque luego evolucionó políticamente en una dirección que no me gustó. Después, cuando llegué a Europa, había una multiplicidad de movimientos post-mayo de 1968. Eso me llevó a pensar la concepción del populismo”, explica.
La idea, entonces, es sacudir la concepción desdeñosa y peyorativa, y proponer una nueva “racionalidad populista”, que rompa con las dos formas de racionalidad que anuncian el fin de la política: el evento revolucionario total, que al provocar la reconciliación plena de la sociedad consigo misma volvería superfluo el momento político, y la práctica gradualista, que reduce la política a la mera administración. El populismo –dice Laclau– no es un contenido específico sino una forma de pensar las identidades sociales, un modo de articular demandas dispersas; en definitiva, una manera de construir lo político.
¿Por qué eligió el titulo La razón populista para su libro? ¿Por qué no La razón popular?
–“Populismo” era un término vilipendiado y yo lo quería llevar al nivel de una racionalidad política más general. Ese es uno de los ejes del libro, que se refleja en ciertas cosas que se dicen hoy en la Argentina. Cuando el ministro de Economía desdeña por populistas a ciertas prácticas, está planteando que hay una forma administrativa de decidir respecto de estas cuestiones. No digo que esté necesariamente equivocado sino que plantea una idea de gestión de la cosa pública que no tiene nada que ver con la construcción de identidades populares más amplias.
La vieja discusión “política contra administración”.
–Sí. Esta idea de pureza de la política como administración estuvo ligada al desarrollo del neoconservadurismo. Fue la forma en que el menemismo concibió el espacio público.
Populistas siglo XXI
Continuación de una línea de investigación que lleva décadas de desarrollo, La razón populista fue publicado en Inglaterra en el 2002, cuando Hugo Chávez aún se tambaleaba en el poder –todavía no había ratificado su legitimidad en un plebiscito– y Kirchner era el gobernador semidesconocido de una provincia lejana y fría. El libro de Laclau no podía apuntar, por lo tanto, a proveer una teoría para estos nuevos liderazgos latinoamericanos, pero ciertamente funciona como tal: puede leerse como el sostén filosófico-político de un tipo de liderazgo post-Consenso de Washington, que combina apelaciones a la recuperación de la política, elementos carismáticos y un cuidado noventista de las cuentas públicas. “Los veo de una manera positiva, aunque son experiencias distintas que apelan a un tipo de construcción del pueblo distinto”, responde Laclau cuando se le pregunta por los gobiernos de Kirchner y Chávez. “En Venezuela había una masa que, antes del ingreso de Chávez, no estaba integrada al sistema, por lo que se plantea la necesidad de integrarla de algún modo. Eso se produce a través de mecanismos populistas, a través de la identificación con el líder, y después viene el momento de la construcción institucional. En la Argentina no funciona de la misma manera porque hay una sociedad civil que no estaba tan desintegrada como en Venezuela. La función de Kirchner, si va a ser un líder populista real, es construir y articular políticamente a partir de una pluralidad de fuerzas que estaban parcialmente organizadas. La forma política va a ser distinta, pero no hay dudas de que el futuro latinoamericano pasa por este tipo de proyectos.”
23.7.07
22.7.07
Pasa y Pasa, por Juan Gelman
Los medios más importantes de EE.UU., los demócratas, los republicanos, no ahorran elogios a los efectivos norteamericanos que combaten en Irak. Las torturas en la prisión de Abu Ghraib fueron producto de alguna “manzana podrida” que nunca falta en un cajón, como dijera la Casa Blanca cuando saltó el escándalo. La contaminación se ha extendido más de lo que pareciera: una larga investigación de los periodistas Chris Hedges, premio Pulitzer 2002 por su cobertura del terrorismo mundial, y Laila Al-Arian, colaboradora de UPI, The New York Times y otros periódicos, permite aseverar que la cifra de 600.000 civiles iraquíes muertos por los ocupantes no es exagerada.
Hedges y Al-Arian entrevistaron en los últimos meses a 50 militares, marines y marineros veteranos de la guerra de Irak, de capitán para abajo. “Decenas de ellos asistieron a la muerte de civiles iraquíes, de niños incluso, por fuego norteamericano. Algunos participaron en esas muertes... muchos dijeron que esos actos fueron perpetrados por una minoría. Sin embargo, los describieron como algo corriente y dijeron que a menudo ni siquiera son registrados y casi nunca, castigados”, señalan los dos periodistas (The Nation, número que aparecerá el 30-7-07). “Físicamente, es imposible llevar a cabo una investigación cada vez que un civil es herido o muerto porque sucede con mucha frecuencia y habría que dedicar todo el tiempo a hacerlo”, manifestó el teniente de la reserva Jonathan Morgenstein, que sirvió con los marines de agosto del 2004 a marzo del 2005. Como declara Jeff Englehart, que combatió durante un año, desde febrero del 2004, en la 3ª brigada de la 1ª división de Infantería: “Supongo que, cuando estuve allí, la actitud general era ‘un iraquí muerto es nada más que un iraquí muerto. ¿Y qué’”. Opinión que seguramente no comparten los familiares del muerto.
Estos militares carecían de entrenamiento en contrainsurgencia y las pautas del mando acerca de la necesaria distinción entre civiles y terroristas y/o insurgentes iraquíes fueron siempre borrosas. Patrick Resta, un guardia nacional de Filadelfia que combatió nueve meses desde marzo del 2004, recuerda que el jefe de pelotón les dijo: “Las Convenciones de Ginebra no existen para nada en Irak, y eso está escrito si quieren verlo”. Muchos regresan mutilados física y espiritualmente y en casa reflexionan: “Al encontrarnos con otros veteranos parece que la culpa se instala realmente, echa entonces raíces”, confiesa Englehart. El sargento Timothy John Westphal relata el allanamiento de una casa al frente de 44 efectivos, refiere el terror de sus habitantes y agrega: “Recuerdo que pensé que había aterrorizado a alguien sirviendo a la bandera estadounidense”.
“Nuestra impotencia para responder a los que nos atacaban llevó a la aplicación de tácticas que parecían simplemente destinadas a castigar a la población local”, afirma el sargento Camilo Mejía. Esa impotencia y el miedo a la muerte recorta la humanidad de las tropas. “Sentí que mi compasión por la gente se reducía enormemente. Lo único que importaba era yo mismo y los compañeros con los que estaba, y al diablo todos los demás”, confiesa el sargento Ben Flanders. “Muchos opinaban que si ellos no hablan inglés y tienen la piel más oscura, no son tan humanos como nosotros, así que podemos hacer lo que queremos”, resume el especialista Josh Middleton.
Por ejemplo: aplastar a un niño de 10 años con el camión de un convoy, ametrallar a los automóviles que pasan por los retenes sin detenerse porque están insuficientemente señalados o asesinar a civiles inermes –niños incluso– y detener a los que sobreviven a las matanzas. Los veteranos indican que se parte del presupuesto de que la mayoría de los civiles iraquíes son hostiles, pero que rara vez encuentran armas prohibidas en los allanamientos nocturnos y sorpresivos. El especialista Philip Chrystal bromeaba con eso: llamaba por radio al comando e informaba “Habla Lima 31. Sí, encontré aquí las armas de destrucción masiva”.
Los entrevistados por Hedges y Al-Arian manifiestan que la mayoría de los civiles iraquíes detenidos –se estima que son unos 60.000– son inocentes o culpables de delitos menores. “Vestían indumentaria árabe y calzaban botas de tipo militar, se los consideraba combatientes enemigos, los esposaban y a la cárcel –declara el sargento Jesús Bocanegra–. Deteníamos a cualquiera en edad militar, cualquiera de 15 a 30 años era un sospechoso.” Y el racismo: “Era muy común que los soldados estadounidenses se burlaran de los iraquíes llamándolos jinetes de camello o negros del desierto”, indica Englehart. Ese lenguaje los convierte en nadie, ya no son personas, son objetos, destacan varios veteranos. ¿Qué importan, entonces, 600.000 civiles iraquíes muertos? Son iraquíes muertos, nada más.
JUAN GELMAN
11.7.07
Hipólito Yrigoyen: espanto de tiranos y redención de pueblos
Por Diego Barovero
Hipólito Yrigoyen, caudillo popular exaltado a la presidencia de la Nación en dos oportunidades por el sufragio libre de sus conciudadanos, es el realizador de la república representativa consagrada en el artículo 1º de la Constitución Nacional. Sus enseñanzas, su prédica y su obra tienen aún en el siglo XXI una vigencia y una actualidad indiscutible.
Ha ocurrido con Yrigoyen una de las más injustificables paradojas de la historia argentina, puesto que siendo uno de los líderes de América que más tempranamente se preocupó por la defensa de la soberanía, por la realización del principio democrático y social y por la unidad latinoamericana, ha permanecido hasta hoy olvidado o relegado en su auténtica dimensión por los libros de historia y nuestra tradición política.
Quizá por esa razón los sectores del privilegio se han ocupado de atenuar o disminuir la trascendencia que el pensamiento y la acción de Yrigoyen tuvieron en el proceso de emancipación del pueblo argentino. Por que la lucha que iniciara Leandro N. Alem y que continuó y perfeccionó su sobrino Hipólito Yrigoyen entró en franca colisión con los intereses de lo que éste último denominó acertadamente "El Régimen"
Fue Yrigoyen la más acabada expresión nacional del humanismo ético que centraba su esfuerzo en la realización del hombre, inspirado en el ideal krausista que enfatizaba el sentido moral del derecho, que es el conjunto de condiciones para la realización nacional y la idea de la política como creación ética.
En ello se nutrió para dar forma y contenido a dos principios esenciales de la filosofía y la conducta yrigoyeneanas: la ética y la intransigencia. Ambas eran concebidas como medios reparadores contra la usurpación del poder, en la concepción de una democracia integral en la que se complementan e interactúan la justicia y la libertad.
Esa democracia era considerada inviable por El Régimen "falaz y descreído". Ese mismo sistema fue ideando los más imaginativos artificios para obstruir la concreción de ese ideal emancipador argentino:el fraude patriótico, la proscripción, la persecución, la dictadura, la represión.
La lección de Yrigoyen, su lucha, su conducta, su legado doctrinario desde las jornadas revolucionarias de 1890 en el Parque de Artillería hasta sus días de confinamiento en Martín García, nos demuestra que en ningún lugar del mundo se regalan las libertades y menos aún en Latinoamérica y en Argentina.
Yrigoyen encarnó un sentimiento nacional de pureza y decencia cívica, un movimiento de conciencias, de corazones y de almas dispuestos a pelear el buen combate. Para ello era menester asumir una conducta ética en la que los medios se subordinen a los fines y fueran congruentes con ellos.
En la doctrina yrigoyenista asume fundamental importancia la bandera de la plena vigencia de la Constitución Nacional, en la que el prócer sostenía que estaba condensado "todo el espíritu de la Nación, todos los anhelos de su vida múltiple y todas las promesas con las cuales ha de llenar su cometido humano"
Porque Yrigoyen tenía un sentido sustantivo del derecho y en su obra de gobierno ello se tradujo en la plena vigencia de la Constitución Nacional: respeto integral por los derechos y libertades, publicidad de los actos de gobierno, austeridad y decencia republicana, autonomía de los otros poderes del Estado, realización del auténtico federalismo, defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial argentina y americana.
No es tarea fácil glosar la copiosa y magnífica obra de Yrigoyen, pero es justo como homenaje tener presente sus grandes líneas. Durante sus dos mandatos presidenciales constitucionales llevó adelante una política de fuerte contenido principista y con sentido de reparación social. Se crearon más de 3 mil escuelas, el analfabetismo descendió del 20% al 4%, impulsó la Reforma Universitaria procurando la democratización de los claustros y la libertad de cátedra. Fue un firme defensor del patrimonio del suelo y el subsuelo; fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y propugnó la nacionalización del petróleo.
Sentó las bases de la Marina Mercante nacional y proyectó la creación del Banco Agrícola para fomentar la protección agropecuaria nacional y el Banco de la República como órgano de regulación financiera. Impulsó las primeras leyes de previsión social. Fomentó la investigación científica mediante la creación de los institutos de la nutrición, del petróleo y del cáncer.
En el plano de las relaciones internacionales ejerció la defensa de nuestra dignidad nacional por el valor soberano que emana de la autodeterminación de los pueblos y fomentó la confraternidad americana y mundial. Al momento de su derrocamiento por el golpe militar del 6 de setiembre de 1930 el producto bruto de nuestro país era el 50% de toda América Latina.
El día de su muerte el pueblo de la ciudad (a pesar de la amenaza de cesantía para los empleados públicos, y de la doble falta para los estudiantes) se congregó en una multitud jamás vista hasta entonces (un observador francés ha señalado que constituyó una de las tres más grandes multitudes porteñas de todos los tiempos) para despedirlo y acompañarlo hasta su morada final, en el Panteón de los Caídos en la Revolución de 1890 en el cementerio de la Recoleta, que aún hoy guarda sus restos.
Por eso Yrigoyen tiene estado de permanencia en la tradición y cultura cívica argentina, porque demostró que era posible un mundo en que los hombres fueran sagrados para los hombres y los pueblos sagrados para los pueblos.
* Vicepresidente Consejo Directivo Instituto Nacional Yrigoyeneano
2.7.07
Los derechos humanos y la televisión pública
Por Roberto Gargarella *
Desde su reciente consagración electoral, el nuevo jefe de la ciudad designado ha dejado caer algunas consideraciones bastante notables, muy ilustrativas sobre el lugar fuertemente ideológico desde el que –a pesar de sus intenciones manifiestas– ha decidido hablar. Aquí quisiera ocuparme de dos de esas expresiones. La primera implicó una definición de principios, y la segunda se refirió a una propuesta concreta de política pública. Habían pasado minutos de su consagración electoral, y ante la lógica expectativa existente por conocer sus primeras reacciones en la victoria, el jefe de la ciudad electo pronunció una cuidadosa y preparada frase. Sostuvo entonces que “el siglo XX fue de los derechos humanos, el siglo XXI debe ser de las obligaciones ciudadanas”, a continuación de lo cual agregó: “No más perseguir fantasmas del pasado, no más resentimiento. ¡Queremos construir para adelante!” ¿Cómo? –hubiera querido preguntarle alguno–. ¿Querrá decir el siglo de las violaciones de los derechos humanos? ¿El siglo del nazismo, del fascismo, de las dictaduras latinoamericanas? ¿Querrá decir que éste, por tanto, seráel siglo destinado a reparar todo aquello ocurrido en las décadas anteriores? ¿Querrá decir que éste será el siglo en el que nos dedicaremos a cumplir, finalmente, con las exigencias constitucionales vigentes, para asegurarle a cada uno todo aquello que no se le aseguró hasta ahora (alimento, techo, cuidado)? ¿El siglo en el que nos pondremos manos a la obra, para acabar con las desigualdades generadas y mantenidas por la violencia en el siglo pasado? Es curioso, pero sospecho que desde el bunker del jefe de la ciudad electo, comentarios como éste se podrán ver como tendenciosos, mientras que las afirmaciones agresivamente ideológicas del líder electo serán consideradas como propuestas destinadas a “superar” la discusión ideológica.
La propuesta de política pública sobre la que quería pensar, mientras tanto, tiene que ver con la sugerencia de cerrar el canal Ciudad Abierta, con el fin de gastar menos y evitar, al mismo tiempo, que los “amigos de los que están en el poder se diviertan haciendo televisión”. Siendo ésta una de las primeras propuestas hechas por el mandatario electo, finalizado el sufragio, ella queda revestida inmediatamente –como la declaración anterior– de una significación especial. ¿Por qué elegir este tema en lugar de otros, y por qué luego decir lo dicho? La selección efectuada resulta, otra vez, menos desafortunada que irritante. En un momento en el que nos vemos acosados por una programación televisiva bruta –como suele serlo cuando su principio organizador es exclusivamente el del dinero– las declaraciones del nuevo jefe de Gobierno alarman. Ello, sobre todo, por el modo en que esas manifestaciones expresan e insisten sobre un tópico –uno no quisiera decirlo– tan de derecha. La idea es que la “intervención” del Estado –por ejemplo en materia de comunicación pública– irrumpe sobre un estado de cosas más o menos “natural” y más o menos irreprochable, que no debe ser distorsionado por un Estado que sólo puede interferir para ubicar a sus amigos en lugares de poder. Contra dicha idea, debe decirse que, dado que la televisión representa un aspecto central de la comunicación pública moderna, ella queda sujeta al escrutinio constitucional –como la apertura, o no, de nuevas escuelas públicas o privadas; como el funcionamiento de los medios de transporte; como la accesibilidad de los hospitales–. La pregunta relevante, entonces, en todas las áreas señaladas, es si el estado de cosas reinante contribuye a dejar satisfecho el “piso” de las exigencias constitucionales. Constituiría una afrenta constitucional, entonces, que el entramado de escuelas privadas existentes no permitiera, en los hechos, el acceso a la educación de los sectores más pobres; o que un sistema de transportes mayormente “privado” dejara de pasar sistemáticamente por ciertos sectores de la ciudad. La creación de nuevas escuelas, hospitales o líneas de transporte, entonces, no puede ser evaluada desde el punto de vista del “gasto,” sino desde las obligaciones constitucionales existentes. La pregunta relevante, entonces, no es “cuánto estamos gastando” sino si en los hechos están satisfechas o no las necesidades –educativas, sanitarias– de la población. De modo similar, en materia de comunicación pública, la primera pregunta debe ser si está satisfecha o no la obligación constitucional de asegurarle “voz” a cada uno, y de facilitarnos a todos un acceso a discusiones públicas sobre cuestiones de interés común. En tal sentido, la libertad de expresión tiene a la no censura como condición necesaria pero no suficiente: la libertad de expresión se ve agraviada con la censura, pero también con la ausencia sistemática de voces o de discusión pública. Si la televisión actualmente existente de ningún modo satisficiera dichas necesidades (lo cual no es lo mismo que decir que ella debe dirigirse exclusivamente a dicho objetivo), entonces ella fallaría en su responsabilidad principal –como fallaría un sistema de escuelas exclusivamente privadas, en donde no se enseñara a leer y escribir; un sistema de transporte en donde los transportistas se negaran sistemáticamente a subir a ciertos pasajeros; o un sistema de salud que dejara sin atención a los enfermos de sida–. En materia de educación, de transporte, de salud, de comunicación, la obligación del Estado es la de asegurar que queden siempre satisfechos ciertos derechos básicos para todos, y que los servicios se administren de forma no discriminatoria. Por ello, la elección de preguntas y respuestas efectuada por el nuevo jefe de Gobierno resulta tan inapropiada: en el siglo de las obligaciones, habría sido interesante verlo de inmediato preocupado por cumplir con las suyas.
* Abogado y Sociólogo. Publicado en PÁGINA/12 - 2 de Julio de 2007.
29.6.07
Foucault en Guantánamo
Por EDUARDO JORGE PRATS. (República Dominicana).
El 17 de marzo de 1976 Michel Foucault dictó una clase en el Colegio de Francia en donde definiría un concepto tan actual que la humanidad y la democracia liberal se juega su destino en su comprensión. Como siempre, el anfiteatro estaba repleto: quinientas personas –estudiantes, profesores y curiosos- que debían repartirse en trescientos asientos. Decenas de grabadores están listos en el escritorio del profesor para captar la voz fuerte de Foucault. El hombre se quita la chaqueta, aparta los grabadores para colocar sus papeles, y arranca a toda máquina. El concepto aparece delineado desde el inicio de su clase:
“Me parece que uno de los fenómenos fundamentales del siglo XIX fue y es lo que podríamos llamar la consideración de la vida por parte del poder; por decirlo de algún modo, un ejercicio del poder sobre el hombre en cuanto ser viviente, una especie de estatización de lo biológico o, al menos, cierta tendencia conducente a lo que podría denominarse la estatización de lo biológico (…) Luego de la anatomopolítica del cuerpo humano, introducida durante el siglo XVIII, vemos aparecer, a finales de éste, algo que ya no es anatomopolítica sino lo que yo llamaría una biopolítica de la especie humana”.
Paradójicamente, y como bien señala Giorgio Agamben, Foucault nunca extendió sus análisis al lugar ejemplar donde se manifestaba la moderna biopolítica en toda su intensidad: el campo de concentración. Porque es ahí, en el campo de concentración, donde es evidente que la característica fundamental del estado totalitario es, para decirlo en palabras de Kart Lowith, la “politización de la vida”.
Hoy la realidad del biopoder es evidente en los campos de Guantánamo. Allá permanecen “detenidos” cientos de seres humanos a quienes el gobierno de George Bush ha denominado “combatientes ilegales”. Con esa denominación, se quiere decir que su actividad terrorista no solo le coloca fuera de la ley –tanto fuera de los pactos de derechos humanos como de las leyes de la guerra- sino también fuera de la humanidad. Y esto es lo que explica el trato cruel e inhumano contra estos prisioneros documentado por la Cruz Roja y organismos internacionales de derechos humanos: privados de comida, agua y sueño; golpeados y amenazados con pistolas; intimidados con perros; expuestos a frío y calor constantes; torturados con música a todo volumen y luces cegadoras durante 24 horas.
¿Cómo categorizar a unos prisioneros que viven en una tierra de nadie, en el “limbo de la ilegalidad internacional” (Emma Reverer)? Aquí hay que acudir necesariamente a un concepto recuperado por Agamben en su obra “Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life”. Homo sacer designa, en el antiguo derecho romano, la persona que podía ser asesinada con impunidad y cuya muerte, por eso mismo, no presentaba valor alguno. Los talibanes son homo sacer, lo cual es una evidencia del racismo implícito en la guerra contra el terrorismo, pues, como bien se interroga Foucault, “¿cómo se puede hacer funcionar un biopoder y al mismo tiempo ejercer los derechos de la guerra, los derechos del asesinato y de la función de la muerte si no es pasando por el racismo?”.
Los talibanes son situados en Guantánamo para colocarlos fuera de la ley. De hecho, el propósito de Guantánamo es asegurarse que todo el proceso esté fuera de los procedimientos normales y de las garantías del debido proceso. Se trata de un estado de excepción global declarado por el ejecutivo estadounidense lo que demuestra claramente que, como bien afirmaba Carl Schmitt, “soberano es quien decide la excepción”. Pero… ¿quedará limitada la excepcionalidad del biopoder al campo de Guantánamo? Si nos fijamos como la tortura ha sido incorporada de manera natural al discurso liberal, no cabría duda que la fuerza expansiva de la excepcionalidad puede alcanzar tierra firme. Ya hay quienes favorecen legalizar la tortura, eso sí, como bien afirma el constitucionalista Alan Dershowitz, con previa autorización judicial.
Cuando un estado soberano decide defender su sociedad contra enemigos difusos como los terroristas, y ello lo hace con los instrumentos que aseguran el poder biológico y disciplinario sobre la vida, es preciso “llegar a un punto tal que la población íntegra se exponga a la muerte”, como bien nos recuerda Foucault.
El 17 de marzo de 1976 Michel Foucault dictó una clase en el Colegio de Francia en donde definiría un concepto tan actual que la humanidad y la democracia liberal se juega su destino en su comprensión. Como siempre, el anfiteatro estaba repleto: quinientas personas –estudiantes, profesores y curiosos- que debían repartirse en trescientos asientos. Decenas de grabadores están listos en el escritorio del profesor para captar la voz fuerte de Foucault. El hombre se quita la chaqueta, aparta los grabadores para colocar sus papeles, y arranca a toda máquina. El concepto aparece delineado desde el inicio de su clase:
“Me parece que uno de los fenómenos fundamentales del siglo XIX fue y es lo que podríamos llamar la consideración de la vida por parte del poder; por decirlo de algún modo, un ejercicio del poder sobre el hombre en cuanto ser viviente, una especie de estatización de lo biológico o, al menos, cierta tendencia conducente a lo que podría denominarse la estatización de lo biológico (…) Luego de la anatomopolítica del cuerpo humano, introducida durante el siglo XVIII, vemos aparecer, a finales de éste, algo que ya no es anatomopolítica sino lo que yo llamaría una biopolítica de la especie humana”.
Paradójicamente, y como bien señala Giorgio Agamben, Foucault nunca extendió sus análisis al lugar ejemplar donde se manifestaba la moderna biopolítica en toda su intensidad: el campo de concentración. Porque es ahí, en el campo de concentración, donde es evidente que la característica fundamental del estado totalitario es, para decirlo en palabras de Kart Lowith, la “politización de la vida”.
Hoy la realidad del biopoder es evidente en los campos de Guantánamo. Allá permanecen “detenidos” cientos de seres humanos a quienes el gobierno de George Bush ha denominado “combatientes ilegales”. Con esa denominación, se quiere decir que su actividad terrorista no solo le coloca fuera de la ley –tanto fuera de los pactos de derechos humanos como de las leyes de la guerra- sino también fuera de la humanidad. Y esto es lo que explica el trato cruel e inhumano contra estos prisioneros documentado por la Cruz Roja y organismos internacionales de derechos humanos: privados de comida, agua y sueño; golpeados y amenazados con pistolas; intimidados con perros; expuestos a frío y calor constantes; torturados con música a todo volumen y luces cegadoras durante 24 horas.
¿Cómo categorizar a unos prisioneros que viven en una tierra de nadie, en el “limbo de la ilegalidad internacional” (Emma Reverer)? Aquí hay que acudir necesariamente a un concepto recuperado por Agamben en su obra “Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life”. Homo sacer designa, en el antiguo derecho romano, la persona que podía ser asesinada con impunidad y cuya muerte, por eso mismo, no presentaba valor alguno. Los talibanes son homo sacer, lo cual es una evidencia del racismo implícito en la guerra contra el terrorismo, pues, como bien se interroga Foucault, “¿cómo se puede hacer funcionar un biopoder y al mismo tiempo ejercer los derechos de la guerra, los derechos del asesinato y de la función de la muerte si no es pasando por el racismo?”.
Los talibanes son situados en Guantánamo para colocarlos fuera de la ley. De hecho, el propósito de Guantánamo es asegurarse que todo el proceso esté fuera de los procedimientos normales y de las garantías del debido proceso. Se trata de un estado de excepción global declarado por el ejecutivo estadounidense lo que demuestra claramente que, como bien afirmaba Carl Schmitt, “soberano es quien decide la excepción”. Pero… ¿quedará limitada la excepcionalidad del biopoder al campo de Guantánamo? Si nos fijamos como la tortura ha sido incorporada de manera natural al discurso liberal, no cabría duda que la fuerza expansiva de la excepcionalidad puede alcanzar tierra firme. Ya hay quienes favorecen legalizar la tortura, eso sí, como bien afirma el constitucionalista Alan Dershowitz, con previa autorización judicial.
Cuando un estado soberano decide defender su sociedad contra enemigos difusos como los terroristas, y ello lo hace con los instrumentos que aseguran el poder biológico y disciplinario sobre la vida, es preciso “llegar a un punto tal que la población íntegra se exponga a la muerte”, como bien nos recuerda Foucault.
La guerra a la delincuencia
Por EDUARDO JORGE PRATS. (República Dominicana)
Uno de los signos más ominosos de los nuevos tiempos que vivimos es que el Estado ha adoptado el discurso y los medios de la guerra, otrora restringidos al campo de las relaciones interestatales, al ámbito interno de las naciones. La tendencia inició en Estados Unidos cuando Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas en los 70 y se extendió a América Latina donde ya la tendencia había asomado y alcanzó su máxima expresión con la doctrina de la seguridad nacional de los regímenes burocrático-autoritarios que prevalecieron en la región desde temprano en los 60 hasta finales de los 80.
Cuando el Estado adopta con relación a los que habitan en su territorio los medios y el discurso de la guerra, lo que prevalece es la lógica del amigo/enemigo (Schmitt). Con dos datos fundamentales que tipifican al moderno Estado policial: el enemigo es difuso porque está disperso o cambia constantemente y ello obliga a una guerra indefinida, una guerra permanente. Cuando el enemigo es el guerrillero o el terrorista, el Estado olvida las leyes de la guerra y se involucra en una guerra sucia que conduce a y habilita el terrorismo de Estado. Si el enemigo es el delincuente, se eliminan las garantías del debido proceso y se generaliza el estado de excepción. Como bien expresa Raúl Zaffaroni, “así como la guerrilla habilitaba el terrorismo de estado y el consiguiente asesinato oficial, el delito habilitaría el crimen de Estado”.
Hoy las guerras interestatales se conducen con el discurso y los instrumentos de la acción policial y esta última se desarrolla a partir de la retórica y los medios de la guerra. Si la guerra fue en tiempos de Carl von Clausewitz la política por otros medios, hoy la política es la guerra por otros medios. Y la política criminal no escapa a esta característica medular del nuevo orden emergente: los operadores del sistema penal proyectan el poder punitivo del Estado como una guerra a los delincuentes. Esta guerra tiene sus estadísticas: número de enemigos (delincuentes) muertos, soldados (policías) caídos en el cumplimiento de su deber.
El discurso de la guerra contra la delincuencia obvia, sin embargo, un dato importante: quienes mueren pertenecen a los estratos más pobres y excluidos de la población. Incluyendo a los policías, que, después de las víctimas de los delitos, es el segmento poblacional que corre mayores riesgos de vida en el sistema penal. Quizás detrás de todo haya una lógica perversa de control social: que se maten los pobres y los excluidos entre ellos.
Esta ideología de la seguridad ciudadana a la cañona es una de las mayores amenazas al estado de derecho contemporáneo. Y ello así por varias razones: porque recorta las garantías constitucionales y generaliza el estado de emergencia constitucional; porque socava la independencia judicial y convierte al juez en un ejecutor de la política criminal trazada por el ejecutivo; porque potencia los miedos y los espacios paranoicos; porque aumenta la violencia e impide la resolución alternativa de los conflictos; porque criminaliza a los excluidos y evita resarcir a las víctimas; porque devalúa la dignidad humana; porque fomenta el autoritarismo al proyectar a los críticos de los abusos del poder como representantes de los delincuentes; porque aumenta la violencia y la exclusión social; y porque obstaculiza lograr la seguridad ciudadana sin desmedro de las libertades.
Ante esta situación, ¿qué hacer? O para interrogarnos en palabras de Luigi Ferrajoli, “¿cuáles son, más allá del derecho de resistencia, los remedios para las lesiones de los derechos fundamentales producidas por la criminalidad y la impunidad de los mismos estados que deberían garantizarlos? En otras palabras, ¿qué defensas tiene el ciudadano del Estado ‘delincuente’ en el caso de que sea inefectivo frente a él el derecho penal y el derecho procesal interno?”. En teoría, el derecho internacional de los derechos humanos debería bastar para domesticar el Estado delincuente y los “macropoderes salvajes”. El verdadero problema, sin embargo, es que precisamente la globalización del estado de excepción tras 11/9/01 ha vuelto inefectivo el derecho internacional al punto de su evanescencia y, por si fuera poco, la erosión progresiva del principio de soberanía dificulta una respuesta estatal a la cuestión.
Uno de los signos más ominosos de los nuevos tiempos que vivimos es que el Estado ha adoptado el discurso y los medios de la guerra, otrora restringidos al campo de las relaciones interestatales, al ámbito interno de las naciones. La tendencia inició en Estados Unidos cuando Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas en los 70 y se extendió a América Latina donde ya la tendencia había asomado y alcanzó su máxima expresión con la doctrina de la seguridad nacional de los regímenes burocrático-autoritarios que prevalecieron en la región desde temprano en los 60 hasta finales de los 80.
Cuando el Estado adopta con relación a los que habitan en su territorio los medios y el discurso de la guerra, lo que prevalece es la lógica del amigo/enemigo (Schmitt). Con dos datos fundamentales que tipifican al moderno Estado policial: el enemigo es difuso porque está disperso o cambia constantemente y ello obliga a una guerra indefinida, una guerra permanente. Cuando el enemigo es el guerrillero o el terrorista, el Estado olvida las leyes de la guerra y se involucra en una guerra sucia que conduce a y habilita el terrorismo de Estado. Si el enemigo es el delincuente, se eliminan las garantías del debido proceso y se generaliza el estado de excepción. Como bien expresa Raúl Zaffaroni, “así como la guerrilla habilitaba el terrorismo de estado y el consiguiente asesinato oficial, el delito habilitaría el crimen de Estado”.
Hoy las guerras interestatales se conducen con el discurso y los instrumentos de la acción policial y esta última se desarrolla a partir de la retórica y los medios de la guerra. Si la guerra fue en tiempos de Carl von Clausewitz la política por otros medios, hoy la política es la guerra por otros medios. Y la política criminal no escapa a esta característica medular del nuevo orden emergente: los operadores del sistema penal proyectan el poder punitivo del Estado como una guerra a los delincuentes. Esta guerra tiene sus estadísticas: número de enemigos (delincuentes) muertos, soldados (policías) caídos en el cumplimiento de su deber.
El discurso de la guerra contra la delincuencia obvia, sin embargo, un dato importante: quienes mueren pertenecen a los estratos más pobres y excluidos de la población. Incluyendo a los policías, que, después de las víctimas de los delitos, es el segmento poblacional que corre mayores riesgos de vida en el sistema penal. Quizás detrás de todo haya una lógica perversa de control social: que se maten los pobres y los excluidos entre ellos.
Esta ideología de la seguridad ciudadana a la cañona es una de las mayores amenazas al estado de derecho contemporáneo. Y ello así por varias razones: porque recorta las garantías constitucionales y generaliza el estado de emergencia constitucional; porque socava la independencia judicial y convierte al juez en un ejecutor de la política criminal trazada por el ejecutivo; porque potencia los miedos y los espacios paranoicos; porque aumenta la violencia e impide la resolución alternativa de los conflictos; porque criminaliza a los excluidos y evita resarcir a las víctimas; porque devalúa la dignidad humana; porque fomenta el autoritarismo al proyectar a los críticos de los abusos del poder como representantes de los delincuentes; porque aumenta la violencia y la exclusión social; y porque obstaculiza lograr la seguridad ciudadana sin desmedro de las libertades.
Ante esta situación, ¿qué hacer? O para interrogarnos en palabras de Luigi Ferrajoli, “¿cuáles son, más allá del derecho de resistencia, los remedios para las lesiones de los derechos fundamentales producidas por la criminalidad y la impunidad de los mismos estados que deberían garantizarlos? En otras palabras, ¿qué defensas tiene el ciudadano del Estado ‘delincuente’ en el caso de que sea inefectivo frente a él el derecho penal y el derecho procesal interno?”. En teoría, el derecho internacional de los derechos humanos debería bastar para domesticar el Estado delincuente y los “macropoderes salvajes”. El verdadero problema, sin embargo, es que precisamente la globalización del estado de excepción tras 11/9/01 ha vuelto inefectivo el derecho internacional al punto de su evanescencia y, por si fuera poco, la erosión progresiva del principio de soberanía dificulta una respuesta estatal a la cuestión.
25.6.07
116 años
El 26 de junio de 1891 los radicales cumplimos años, 116 para ser exactos. "Yo no acepto el acuerdo; soy radical contra el acuerdo; soy radical intransigente", Alem en esa frase nos bautizaba.
Son 116 años de un permanente compromiso democrático y popular, en los cuales no fue ajena nuestra fuerza, no solo a la responsabilidad de gobierno sus logros y fracasos , sino también a la lucha desde el llano contra el fraude, la oligarquía, el despotismo, la arbitrariedad, el privilegio. Una historia plagada de dirigentes y próceres legendarios, forjada en el compromiso militante a lo largo y ancho de la patria.
Quizás deberíamos estar todos los radicales un poco avergonzados frente a esta imagen actual de partido, desdibujado, deshilachado y escaldado.
Ese gran dirigente platense que fue el Dr. ANSELMO MARINI dijo:
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El radicalismo, quizás aturdido, herido, golpeado, como un boxeador atontado que tira golpes al aire sin objetivo, merece otra suerte, se lo brindara la mística militante o lo que quede de ella de cada uno de nosotros. Estamos en la arena como estuvieron nuestros mayores, pero con la convicción de un legado a cumplir, el que nos marca en su testamente nuestro fundador
¡Adelante los que quedan!
¡Ah! Cuánto bien ha podido hacer este partido si no hubiesen promediado ciertas causas y ciertos factores... ¡No importa! Todavía puede hacerse mucho. Pertenece principalmente a las nuevas generaciones. Ellas le dieron origen y ellas sabrán consumar la obra. ¡Deben consumarla.
Que asi sea.
Dr. Gustavo Aramburu
24.6.07
Artuto Illia 1966: nos quitaron la oportunidad democrática y republicana
Al día siguiente de su derrocamiento efectuó ante el Escribano Mayor de Gobierno una manifestación de sus bienes. El 12 de octubre de 1963, cuando asumió la primera magistratura de
Illia cumplió con su palabra no obstante las presiones del poder, recupero la explotación de la riqueza del subsuelo para
La promulgación de leyes de relevancia, tales como la del Salario Mínimo Vital y Móvil y
Illia tuvo como eje de gobierno el apoyo a
En el ámbito internacional, la apertura comercial hacia
Quizás seria bueno recordar un monologo de TATO BORES sobre el final del gobierno de Illia La cuestión es que a Don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos un cacho la culpa todos porque los sindicatos,
Quizas los radicales, en medio de nuestras duras realidades, nuestros pesares y desventuras electorales, debemos parar la pelota y reflexionar arduamente sobre esa digna y valerosa imagen de Don Arturo saliendo ese triste amanecer hace hoy 41 años.
http://ricardobalbin.tripod.com/illia.htm
21.6.07
Año nuevo indígena
5515
Hoy comienza el año 5515 para millones de argentinos y sudamericanos. Los pueblos originarios andino-amazónicos celebran el año nuevo con el solsticio de invierno, al que los quechuas conocen como Inti Raymi, los aymara como Mara T’aka y los mapuches como We tripantu. El epicentro de los festejos será en la ciudad sagrada de Tiwanaku, en Bolivia, pero habrá ceremonias en todas las comunidades indígenas. Para los ranqueles, el festejo principal será en Leubucó, a 190 kilómetros de Santa Rosa, La Pampa, donde están los restos del cacique Mariano Rosas. En tanto, los mapuches harán su ceremonia central en Bahía Blanca con representantes de todos los pueblos.
Año nuevo en el hemisferio sur, por Armando Marileo.
17.6.07
Un falso debate sobre el aborto
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina indemnizó a una abuela cuya nieta a punto de nacer murió en el vientre de su madre al ser asesinada por la dictadura. Voces conservadoras dijeron que el fallo cierra la puerta a la despenalización del aborto. Aquí, cuatro expertos refutan esa interpretación.
Por Mariana Carbajal, Página/12.
Un fallo de la Corte Suprema, que le otorgó una indemnización por daños y perjuicios a una abuela cuya nieta a punto de nacer murió en el vientre de su madre al ser asesinada ella, durante la última dictadura militar, abrió una inesperada polémica: voceros de los sectores más conservadores salieron a celebrar que con esa sentencia el máximo tribunal cerraba la posibilidad de avanzar hacia la legalización del aborto al haber resuelto en un caso vinculado con un “no nacido”. En la última semana, en un editorial de La Nación, el ex presidente Carlos Menem y su ex ministro de Justicia, Rodolfo Barra, se encolumnaron con el mismo discurso. Sin embargo, tres juristas y una legisladora consultados por Página/12 descalificaron esa interpretación. “Lo que resolvió la Corte no tiene ninguna relación con la figura penal del delito de aborto”, coincidieron el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y la profesora Zulita Fellini. “En ningún momento se expide sobre el derecho a la vida del feto”, afirmó la diputada Marcela Rodríguez, investigadora del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp). “No se puede asimilar a un pronunciamiento sobre la naturaleza jurídica del embrión y tampoco se debe perder de vista que se trataba de un embarazo a término”, observó la profesora de Derecho Civil Nelly Minyersky.
La sentencia en cuestión es del 22 de mayo. Por unanimidad, el máximo tribunal revocó un fallo de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que negaba –en sintonía con el Ministerio de Justicia– la indemnización reclamada por Elvira Berta Sánchez respecto de la criatura que su hija estaba a punto de parir cuando fue asesinada, luego de ser secuestrada el 14 de septiembre de 1976. Aquella resolución de segunda instancia decía que “no es posible reconocer derechos en el nonato que sean transmisibles”. Los jueces de la Corte sostuvieron que a la abuela le corresponde una reparación no por derecho hereditario, es decir, no porque el nonato transmita derechos, sino por derecho propio: como víctima, por el perjuicio personal, moral o material que el crimen le ha provocado. Ana María del Carmen Pérez, la hija de Sánchez, “se hallaba con un embarazo a término”, destaca el máximo tribunal. Cumplía nueve meses de gestación seis días después de su desaparición forzada.
Los votos de los ministros Raúl Zaffaroni y Elena Highton se remiten al dictamen de la Procuración General de la Nación que lleva la firma de uno de los fiscales generales, Ricardo Bausset, donde se menciona que “el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda la legislación positiva, y que resulta garantizado por la Constitución Nacional, derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
Este párrafo –que sólo dos camaristas toman como propio al emitir su voto– es en el cual se basan fundamentalmente los voceros de la jerarquía católica en temas de salud reproductiva y derechos de la mujer para festejar. “El Tribunal ha reafirmado la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la protección de la vida. El segundo paso lógico, entonces, no podrá ser otro que reafirmar la protección del por-nacer, desde el mismo momento de su concepción hasta el nacimiento, de cualquier manipulación agraviante o práctica abortista de la naturaleza que fuere”, sostuvo Barra, ex ministro de la Corte Suprema, integrante de la otrora mayoría automática menemista, en una columna publicada el jueves en el diario Clarín. La de Barra fue la tercera voz que se hizo oír en los últimos días para afirmar que “la Corte Suprema protege el derecho a la vida” y en consecuencia, sostener –en una expresión de deseo– que va camino a cerrar cualquier avance hacia la despenalización del aborto. El primero que pegó el grito de júbilo fue el diario La Nación, a través de un editorial publicado el sábado 9; el miércoles lo hizo el ex presidente Carlos Menem. “En una atmósfera a menudo viciada por posturas que alientan con sedicentes argumentos progresistas las prácticas abortivas y contracepcionales, este fallo de la Corte merece ser destacado y elogiado”, sostuvo el actual senador en una columna también publicada en La Nación.
Al cruce de la interpretación de Barra y Cía. salió el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, profesor de grado y posgrado de la UBA y la Universidad de Salamanca, y autor de una tesis doctoral sobre el aborto voluntario. “Lo que resuelve la Corte no tiene ninguna vinculación con el aborto. El alto tribunal interpreta una ley de reparación en donde se reconoce el derecho a ser resarcidos por daños y perjuicios a quienes han perdido familiares por el terrorismo de Estado. Eso está bien. Pero no quiere decir que el derecho a la vida del por nacer valga más que los derechos de la mujer como son el derecho a la vida, a la salud, y a la libertad y a la intimidad. La gran mayoría de las legislaciones del mundo lo prevé así: hay un punto que han tomado la Antropología, la Sociología, la Historia y el Derecho para dar mayor protección y es el nacimiento. Si se mata a una persona nacida está prevista mayor pena que si se trata de un no nacido. Esto mismo está contemplado en nuestro Código Penal. No tiene asidero decir que el derecho a la vida es absoluto. Es una posición dogmática que no tiene ningún fundamento legal ni constitucional”, consideró Gil Domínguez, en diálogo con Página/12.
Intención
La indemnización que otorga la Corte tiene sustento en la ley 24.411. Pero el alto tribunal diferencia dos circunstancias que prevé la norma: la indemnización prevista para las personas en situación de desaparición forzada que tienen derecho a percibir sus “causahabientes” o “herederos”; y la reparación que tienen derecho a recibir los familiares del fallecido por “el accionar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, o cualquier grupo paramilitar” durante la última dictadura. En el segundo caso, separa el alto tribunal, “el beneficio no le es otorgado al fallecido, ni éste lo percibe por medio de sus causahabientes (...) son estos últimos los beneficiarios”. Según la Corte, “tratándose en el caso del fallecimiento de una persona ‘por nacer’, vale decir una de las especies jurídicas del género persona según nuestra ley civil (...) no existe motivo alguno para negar a la señora Sánchez su pretensión”. Evaluaron que el caso es equiparable al de la indemnización por daños y perjuicios sufridos por los parientes de alguien que fue víctima de un homicidio.
Minyersky, profesora de Derecho Civil y presidenta de la Comisión de Bioética de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, aportó la siguiente reflexión al debate: “Hay que recordar lo que dice el artículo 3290 del Código Civil. Cuando Vélez Sarsfield se refiere a la capacidad del concebido, dijo: ‘el hijo en el seno materno tiene sólo una vida en común con ella (la madre); el nacimiento puede únicamente darle una vida individual’”. En ese sentido, para Minyersky, cuando la Corte “en forma confusa y contradictoria asimila la muerte de un no nato con un homicidio, contradice la mayoría de la jurisprudencia y doctrina penal que hay al respecto”. De todas formas, agregó: “No se puede asimilar este fallo a un pronunciamiento sobre la naturaleza jurídica del embrión y tampoco se puede perder de vista que se trataba de un embarazo a término”. La abogada y diputada Marcela Rodríguez sostuvo: “En ningún momento se expide la Corte sobre el derecho a la vida del feto”. “Es más –continuó–, en la sentencia se incluye un párrafo donde claramente se cita al civilista Alfredo Orgaz, en el que dice que hay que distinguir entre persona como una cualidad jurídica, un procedimiento técnico, de individuo humano, que por otra parte no se puede reconocer como tal ya que las normas civiles no lo reconocen: si no nació con vida no es persona.” Textualmente, la sentencia dice: “Ha tratado el punto con claridad Alfredo Orgaz, al expresar que ‘el derecho positivo puede libremente conferir la personalidad a diversos substratos, de modo que éstos sean el término de imputación de un conjunto de derechos y deberes jurídicos. Esta libertad de ordenamiento jurídico, sin embargo, reconoce sustancialmente ciertas limitaciones. Ante todo, es necesario que haya, como hemos dicho, un sustrato real que pueda ser el soporte o el portador de la personalidad: en consecuencia, no pueden reputarse personas los muertos’”.
Para la diputada del ARI, “la Corte no le reconoce el carácter de persona al feto no nacido”. “Dice que hay que hacer una interpretación extensiva de las leyes reparatorias de los delitos cometidos durante la última dictadura, es decir, dicen que deben alcanzar a la mayor cantidad de población posible. En ese sentido, expresa que le corresponde la indemnización a la mujer por los daños y perjuicios espirituales y materiales por el sufrimiento que le ocasionó como potencial abuela la pérdida de ese ser a punto de nacer”, precisó.
La ex jueza de menores Zulita Fellini se sumó a la polémica: “La cuestión tratada en ese fallo no tiene absolutamente nada que ver con manifestaciones respecto de la figura penal del delito de aborto. La categoría de persona por nacer que se menciona es una creación jurídica, una ficción sólo a esos efectos, condicionada legalmente al nacimiento con vida, ya que quien no ha adquirido aun los derechos no puede transmitirlos. La actora (Sánchez) no concurre en relación a un derecho hereditario sino por derecho propio, por sentirse particular damnificada. Es y actúa como víctima”, explicó Fellini, investigadora, profesora de postgrado y asesora jurídica del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.
–¿Por qué entonces Barra y Menem sostienen que se reafirma con este fallo la calidad de sujeto de derecho al por nacer y con ello se obstaculizaría cualquier intento de despenalizar el aborto? –le preguntó Página/12.
–Es una expresión de gente que no ha podido distinguir la concepción del fallo. No sé si es adrede o no. Pero es evidente que no lo han estudiado.
PÁGINA/12, 17 de Junio de 2007.11.6.07
Foro Argentino de la Deuda Externa - Conferencia Homenaje a Alejandro Olmos
El pasado 15 de mayo, el Secretariado Nacional del Foro Argentino de la Deuda Externa inauguró en el Salón Verde de la Facultad una serie de clases dictadas en el marco de la Cátedra Libre sobre la Deuda Externa, para rendir homenaje a quien fuera el fundador del Foro, Alejandro Olmos. Fallecido el 24 de abril del año 2000, este periodista y militante político argentino fue el impulsor más ferviente de las denuncias por ilegitimidad de la deuda externa contraída por nuestros gobernantes durante la segunda mitad del siglo veinte, y fue el denunciante principal en la famosa causa “Olmos” que declaró como deliberado, grosero y agraviante el incremento de la deuda externa llevado a cabo durante los años 1976 en adelante.
Para la apertura del seminario, estuvieron presentes personalidades cercanas al homenajeado y fuertemente ligadas a la lucha contra la deuda externa, como el Embajador Dr. Miguel Ángel Espeche Gil, la Diputada Nacional Marta Maffei, el Secretario del Foro Aldo Bufa y el dirigente de SUTEBA Walter Ormazábal. La actividad contó con la coordinación del Prof. Alberto González Arzac.
Muy brevemente, Espeche Gil se mostró orgulloso de pertenecer hace largo tiempo al Foro y celebró que se recuerde permanentemente a Alejandro Olmos en esta Casa de estudios. Asimismo, comentó que integra actualmente un grupo de investigación que redactará próximamente un informe para conseguir que se declare la imprescriptibilidad de los delitos denunciados y probados en la causa “Olmos”, en la cual fueron sobreseídos los imputados por prescripción de la pena.
A continuación, Marta Maffei, quien expuso sobre “El estado de la deuda”, rescató por sobre todo la “coherencia y el compromiso social” en la vida de Olmos, y la virtud de no haber claudicado ni haberse sometido ante ningún gobierno. Por todo esto, Maffei sostuvo que Olmos “ha sido ocultado y silenciado”.
“La deuda externa es un instrumento de dominación, que sustituye en América Latina la dominación directa que ejercían los países centrales por la vía de las armas, aunque tuvo más éxito que éstas, porque es una estrategia menos visible” –denunció luego.
“Esa deuda nunca se invirtió para el país, sino que era un dinero que entraba, pasaba al Banco Central y de ahí pasaba al mercado de cambio como instrumento de especulación y fuga de capitales” -agregó Maffei. En ese sentido, la diputada comentó que Olmos planteó las irregularidades, ilícitos, y señaló a los políticos, funcionarios, administradores y titulares de empresas del estado y privadas, y del Banco Central que se encontraban comprometidos. Así, no sólo insistió en la responsabilidad de nuestros funcionarios, sino también la de los acreedores, como el Fondo Monetario Internacional, donde, según Maffei, hay agentes que investigan la deuda argentina analizando la forma de sacarle el máximo provecho.
“Mientras se siga pagando la deuda, el delito se sigue consumando”, afirmó para terminar la diputada.
Por su parte, Aldo Bufa hizo un breve reconocimiento al recientemente fallecido Norberto Acerbi, quien fuera el presidente del Foro. “Como otros muchos luchadores, no tuvo renombre ni publicidad, pero tuvo una acción política desde de la izquierda nacional, y tuvo una acción gremial, a través de su lucha en el campo sanitario” -recordó Bufa.
Más tarde, Walter Ormazábal habló sobre los “Orígenes de la deuda externa”. Así, explicó que hacia 1976, en la época de la dictadura, había un superávit de la balanza comercial: “teníamos más de diez mil millones de dólares de reservas y no era una necesidad para la Argentina el ingreso de divisas por vía del endeudamiento” -sostuvo. De este modo, argumentó que la contracción de los empréstitos tuvo que ver “con la necesidad de las potencias de colocar dinero en el exterior, en un momento donde había gran liquidez, producto de la crisis de superproducción causada por el alto precio del crudo de petróleo”.
En ese sentido, Ormazábal no dudó en declarar “ilegítima y fraudulenta” a la deuda. “El pueblo argentino ha luchado mucho y no se merece esto –continuó-, y aquellos que han saqueado al país deben pagar con la cárcel”. De esta manera, finalizó proponiendo que se suspenda el pago total de la deuda actual, “hasta que se descubra qué parte es legítima y qué parte no lo es”.
El 4 de abril de 1982 Alejandro Olmos presentó en el Juzgado Federal en lo Penal N° 2, causa N° 14.467, caratulada “Olmos, Alejandro s/dcia.”, Expte. N° 7.723/98, una querella contra José Alfredo Martínez de Hoz y otros funcionarios del gobierno militar de 1976 por la contracción de la deuda externa. Recién el 13 de julio del 2000, tres meses después de su muerte, el juez federal Jorge Ballestero declararía el endeudamiento extranjero contraído durante varios gobiernos como ilegal, inmoral, ilegítimo y fraudulento.
A su iniciativa se debió, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, la creación de una Comisión de Ilícitos en el Senado; Olmos fue asesor de ésta y de la comisión senatorial de economía hasta 1989. Asimismo, integró la delegación argentina ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra entre 1986 y 1987.
Para la apertura del seminario, estuvieron presentes personalidades cercanas al homenajeado y fuertemente ligadas a la lucha contra la deuda externa, como el Embajador Dr. Miguel Ángel Espeche Gil, la Diputada Nacional Marta Maffei, el Secretario del Foro Aldo Bufa y el dirigente de SUTEBA Walter Ormazábal. La actividad contó con la coordinación del Prof. Alberto González Arzac.
Muy brevemente, Espeche Gil se mostró orgulloso de pertenecer hace largo tiempo al Foro y celebró que se recuerde permanentemente a Alejandro Olmos en esta Casa de estudios. Asimismo, comentó que integra actualmente un grupo de investigación que redactará próximamente un informe para conseguir que se declare la imprescriptibilidad de los delitos denunciados y probados en la causa “Olmos”, en la cual fueron sobreseídos los imputados por prescripción de la pena.
A continuación, Marta Maffei, quien expuso sobre “El estado de la deuda”, rescató por sobre todo la “coherencia y el compromiso social” en la vida de Olmos, y la virtud de no haber claudicado ni haberse sometido ante ningún gobierno. Por todo esto, Maffei sostuvo que Olmos “ha sido ocultado y silenciado”.
“La deuda externa es un instrumento de dominación, que sustituye en América Latina la dominación directa que ejercían los países centrales por la vía de las armas, aunque tuvo más éxito que éstas, porque es una estrategia menos visible” –denunció luego.
“Esa deuda nunca se invirtió para el país, sino que era un dinero que entraba, pasaba al Banco Central y de ahí pasaba al mercado de cambio como instrumento de especulación y fuga de capitales” -agregó Maffei. En ese sentido, la diputada comentó que Olmos planteó las irregularidades, ilícitos, y señaló a los políticos, funcionarios, administradores y titulares de empresas del estado y privadas, y del Banco Central que se encontraban comprometidos. Así, no sólo insistió en la responsabilidad de nuestros funcionarios, sino también la de los acreedores, como el Fondo Monetario Internacional, donde, según Maffei, hay agentes que investigan la deuda argentina analizando la forma de sacarle el máximo provecho.
“Mientras se siga pagando la deuda, el delito se sigue consumando”, afirmó para terminar la diputada.
Por su parte, Aldo Bufa hizo un breve reconocimiento al recientemente fallecido Norberto Acerbi, quien fuera el presidente del Foro. “Como otros muchos luchadores, no tuvo renombre ni publicidad, pero tuvo una acción política desde de la izquierda nacional, y tuvo una acción gremial, a través de su lucha en el campo sanitario” -recordó Bufa.
Más tarde, Walter Ormazábal habló sobre los “Orígenes de la deuda externa”. Así, explicó que hacia 1976, en la época de la dictadura, había un superávit de la balanza comercial: “teníamos más de diez mil millones de dólares de reservas y no era una necesidad para la Argentina el ingreso de divisas por vía del endeudamiento” -sostuvo. De este modo, argumentó que la contracción de los empréstitos tuvo que ver “con la necesidad de las potencias de colocar dinero en el exterior, en un momento donde había gran liquidez, producto de la crisis de superproducción causada por el alto precio del crudo de petróleo”.
En ese sentido, Ormazábal no dudó en declarar “ilegítima y fraudulenta” a la deuda. “El pueblo argentino ha luchado mucho y no se merece esto –continuó-, y aquellos que han saqueado al país deben pagar con la cárcel”. De esta manera, finalizó proponiendo que se suspenda el pago total de la deuda actual, “hasta que se descubra qué parte es legítima y qué parte no lo es”.
El 4 de abril de 1982 Alejandro Olmos presentó en el Juzgado Federal en lo Penal N° 2, causa N° 14.467, caratulada “Olmos, Alejandro s/dcia.”, Expte. N° 7.723/98, una querella contra José Alfredo Martínez de Hoz y otros funcionarios del gobierno militar de 1976 por la contracción de la deuda externa. Recién el 13 de julio del 2000, tres meses después de su muerte, el juez federal Jorge Ballestero declararía el endeudamiento extranjero contraído durante varios gobiernos como ilegal, inmoral, ilegítimo y fraudulento.
A su iniciativa se debió, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, la creación de una Comisión de Ilícitos en el Senado; Olmos fue asesor de ésta y de la comisión senatorial de economía hasta 1989. Asimismo, integró la delegación argentina ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra entre 1986 y 1987.
3.4.07
La cuestión mapuche. Un desafío para el gobierno chileno.
Una agenda de políticas indígenas basada en derechos
El sistema internacional no reemplaza a los mecanismos que se necesitan en el ámbito estatal para garantizar los derechos humanos. Sin embargo, como demuestra el caso que comentamos, la jurisprudencia y recomendaciones de las instancias internacionales, fortalecen la legitimidad y posiciones de los pueblos indígenas como titulares de derechos.
POR VICTOR TOLEDO.
Las conclusiones y recomendaciones de los Comités de Naciones Unidas a Chile han introducido un nuevo y decisivo factor en el proceso de diseño de las nuevas políticas hacia los pueblos indígenas en Chile, imponiendo al Gobierno de Chile una agenda mínima de tareas, que está bajo examen internacional. La “nueva política indígena" del gobierno ya no solo debiera limitarse a una consideración discrecional de los planteamientos de las organizaciones y comunidades indígenas, sino que debe cumplir obligaciones de derecho internacional. Y eso es saludable para los derechos de los pueblos indígenas.
Las Conclusiones y Recomendaciones del Comité de Derechos Humanos (CDH) y del Comité de Derechos del Niño (CDN) fueron formuladas después de examinar los respectivos informes periódicos de Chile, en cumplimiento de obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de Derechos del Niño, respectivamente. Las sesiones de verificaron los días 26 de enero de 2007 (CDN) y 15 de marzo de 2007 (CDH).
En el proceso de diseño de la “política de nuevo trato” y la “nueva política indígena urbana”, tales recomendaciones son insoslayables. Al mismo tiempo, las recomendaciones han venido a legitimar y reforzar, desde el derecho internacional, los planteamientos y reclamaciones que han hecho las organizaciones indígenas ante diversas instancias gubernamentales.
PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE INTERÉS PARA DERECHOS INDÍGENAS
Destacamos las siguientes recomendaciones:
• Ratificación del Convenio 169 de la OIT;
• Reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas en la Constitución;
• Modificación de la política y legislación penal y policial;
• Obligación de consulta a las comunidades indígenas antes de aprobar proyectos que afecten sus tierras;
• Garantizar los derechos a restitución y protección de las tierras ancestrales,
• Modificar la legislación sectorial que pueda afectar las tierras ancestrales y los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos.
• Garantizar los derechos a la educación y la salud de los niños indígenas.
• Implementar las Recomendaciones del Relator R. Stavenhagen
Dichas recomendaciones ameritan ser analizadas, una por una, por las organizaciones indígenas, sus dirigentes y equipos técnicos, para exigir al estado su cabal cumplimiento a través de nuevas políticas estatales.
UNA VICTORIA MAPUCHE EN EL DERECHO INTERNACIONAL
Una atención y valoración de las recomendaciones que debe ser mayor, cuando se constata que en la Recomendación del CDH, respecto al derecho sobre las tierras ancestrales, estamos ante una victoria jurídica y doctrinaria en el derecho internacional, trascendental para el pueblo mapuche y todos los pueblos indígenas.
En efecto, el Comité ha respaldado y legitimado una de las más arraigadas reivindicaciones de los comunidades mapuche, como es la protección y restitución de las tierras ancestrales, e incorporado la expresión “tierras antiguas” a la jurisprudencia internacional. Y el Comité ha fundamentado su recomendación respecto a la obligación de proteger el derecho de los pueblos indígenas a la tierras, vinculándolo al derecho a la cultura (articulo 27) y en el derecho a la libre determinación de los pueblos y la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales (articulo 1, numero 2 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Abordaremos esa recomendación específica y sus implicancias para la Política de Tierras de CONADI en un texto aparte. En esta ocasión nos interesa subrayar la necesidad de vigilar y exigir el cumplimiento de las recomendaciones, y de la pertinencia y viabilidad de políticas indígenas basadas en derechos.
VIGILANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
El sistema internacional no reemplaza a los mecanismos que se necesitan en el ámbito estatal para garantizar los derechos humanos. Sin embargo, como demuestra el caso que comentamos, la jurisprudencia y recomendaciones de las instancias internacionales, fortalecen la legitimidad y posiciones de los pueblos indígenas como titulares de derechos y ayudan a supervisar la conducta del estado y sirven de contrapeso a la fuerzas políticas locales, que obstaculizan en el cumplimiento de los derechos humanos.(1)
Las conclusiones y recomendaciones de los comités son la interpretación autorizada de los Tratados de Derechos Humanos. Las conclusiones y recomendaciones de los comités tienen el efecto de reforzar y legitimar a las personas y los pueblos en la titularidad de sus derechos y en la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones estatales. Y esa reafirmación y legitimación no es algo menor para pueblos y comunidades cuyos derechos han sido sistemáticamente negados.
El Comité de derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño han dejado en claro al Estado de Chile que, desde el derecho internacional, los derechos de los pueblos indígenas existen, son exigibles en tanto derechos humanos, y generan obligaciones estatales, incluso en casos de estados, como Chile, que se han negado a reconocer derechos de pueblos indígenas en su legislación interna. Los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos, y en tanto tales, son anteriores a los propios estados, y su respeto, protección y garantía es obligatorio.
¿Cumplirá cabalmente y de buena fe, el estado de Chile las recomendaciones? Eso depende en gran medida de los marcos de las políticas públicas, y voluntades políticas gubernamentales y del grado de presión, vigilancia y exigencia que realicen los pueblos directamente interesados y sus organizaciones.
EL ENFOQUE DE DERECHOS, MIDEPLAN Y EL TEST DE LAS RECOMENDACIONES DE ONU
En términos de marcos de políticas públicas, implementar estas recomendaciones de derechos humanos no debiera ser cognitivamente complejo para los responsables de las políticas indígenas en Chile. Cabe tener presente que MIDEPLAN ha establecido el “enfoque de derechos humanos” promovido por Naciones Unidas como directriz principal para el diseño de las políticas públicas a su cargo. Es lo que el Gobierno de Michelle Bachelet ha denominado “políticas públicas basadas en derechos”. Tal enfoque, además, encuentra fundamento en el articulo 5, inciso segundo, de la Constitución.
El enfoque de derechos consiste en establecer un vínculo explicito entre las políticas públicas y los estándares de derechos humanos, reconociendo a los ciudadanos como titulares de derechos exigibles, y elaborando las políticas estatales para garantizar tales derechos. Para este enfoque, las normas, estándares y principios del sistema de derecho internacional de derechos humanos, pasan a ser el criterio y fundamento de los planes, políticas y procesos de las políticas públicas. La calidad del diseño, implementación y la gestión de dichas políticas, basadas en derechos, se mide por el grado de cumplimiento de las cuatro obligaciones: respeto, protección, garantía y promoción de los derechos.
En palabras de Víctor Abramovich [i] “El enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas.”[/i]
En síntesis, un enfoque de derechos parte porque los indígenas sean considerados como ciudadanos titulares de derechos, y no como clientelas de beneficiarios; sus reclamaciones sean tratadas no como “demandas” de beneficios, sino como exigencias de cumplimiento de obligaciones del estado respecto a derechos. Un enfoque de derechos en materia indígena fija al estado, un conjunto mínimo de políticas públicas a implementar correspondientes a los derechos de los pueblos indígenas, y la gestión de dichas las políticas se mide por el grado de cumplimiento de las obligaciones de respeto, protección, garantía y promoción.
LAS RECOMENDACIONES DE ONU COMO AGENDA MÍNIMA DEL 2007
Las recomendaciones de los Comités de Naciones Unidas constituyen, entonces, una valiosa oportunidad de poner a prueba la seriedad del enfoque de derechos que implementa MIDEPLAN. Al mismo tiempo, las recomendaciones de los Comités establecen una buena coincidencia en un listado de tareas compartido, y con un plazo. Para el Estado las recomendaciones son obligaciones a cumplir, para los pueblos indígenas son derechos a exigir.
En marzo de 2008 el estado deberá informar ante el Comité de Derechos Humanos qué ha hecho para cumplir con sus recomendaciones. El asunto no es esperar que el Gobierno cumpla por si sólo las recomendaciones. No lo hará si no hay control ciudadano. El plazo de un año presta un generoso refuerzo a las posiciones de los pueblos indígenas para empujar los cambios, en nombre de sus derechos.
Una medida básica para vigilar y contribuir al cumplimiento de las recomendaciones de derecho internacional es establecer un mecanismo bipartito estado-pueblos indígenas, que a lo largo del año haga seguimiento a las medidas de cumplimiento. Otra medida básica es abrir el debate sobre cada una de las recomendaciones. Finalmente cabe recordar la expresiva frase de la Presidenta de la República: [i] “Un estado que no es capaz de garantizar derechos es un estado de derecha”[/i]. ¿Cómo se calificaría un estado que no es capaz de garantizar los derechos de los pueblos indígenas? /
PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE INTERÉS PARA DERECHOS INDÍGENAS
Destacamos las siguientes recomendaciones:
• Ratificación del Convenio 169 de la OIT;
• Reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas en la Constitución;
• Modificación de la política y legislación penal y policial;
• Obligación de consulta a las comunidades indígenas antes de aprobar proyectos que afecten sus tierras;
• Garantizar los derechos a restitución y protección de las tierras ancestrales,
• Modificar la legislación sectorial que pueda afectar las tierras ancestrales y los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos.
• Garantizar los derechos a la educación y la salud de los niños indígenas.
• Implementar las Recomendaciones del Relator R. Stavenhagen
Dichas recomendaciones ameritan ser analizadas, una por una, por las organizaciones indígenas, sus dirigentes y equipos técnicos, para exigir al estado su cabal cumplimiento a través de nuevas políticas estatales.
UNA VICTORIA MAPUCHE EN EL DERECHO INTERNACIONAL
Una atención y valoración de las recomendaciones que debe ser mayor, cuando se constata que en la Recomendación del CDH, respecto al derecho sobre las tierras ancestrales, estamos ante una victoria jurídica y doctrinaria en el derecho internacional, trascendental para el pueblo mapuche y todos los pueblos indígenas.
En efecto, el Comité ha respaldado y legitimado una de las más arraigadas reivindicaciones de los comunidades mapuche, como es la protección y restitución de las tierras ancestrales, e incorporado la expresión “tierras antiguas” a la jurisprudencia internacional. Y el Comité ha fundamentado su recomendación respecto a la obligación de proteger el derecho de los pueblos indígenas a la tierras, vinculándolo al derecho a la cultura (articulo 27) y en el derecho a la libre determinación de los pueblos y la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales (articulo 1, numero 2 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Abordaremos esa recomendación específica y sus implicancias para la Política de Tierras de CONADI en un texto aparte. En esta ocasión nos interesa subrayar la necesidad de vigilar y exigir el cumplimiento de las recomendaciones, y de la pertinencia y viabilidad de políticas indígenas basadas en derechos.
VIGILANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
El sistema internacional no reemplaza a los mecanismos que se necesitan en el ámbito estatal para garantizar los derechos humanos. Sin embargo, como demuestra el caso que comentamos, la jurisprudencia y recomendaciones de las instancias internacionales, fortalecen la legitimidad y posiciones de los pueblos indígenas como titulares de derechos y ayudan a supervisar la conducta del estado y sirven de contrapeso a la fuerzas políticas locales, que obstaculizan en el cumplimiento de los derechos humanos.(1)
Las conclusiones y recomendaciones de los comités son la interpretación autorizada de los Tratados de Derechos Humanos. Las conclusiones y recomendaciones de los comités tienen el efecto de reforzar y legitimar a las personas y los pueblos en la titularidad de sus derechos y en la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones estatales. Y esa reafirmación y legitimación no es algo menor para pueblos y comunidades cuyos derechos han sido sistemáticamente negados.
El Comité de derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño han dejado en claro al Estado de Chile que, desde el derecho internacional, los derechos de los pueblos indígenas existen, son exigibles en tanto derechos humanos, y generan obligaciones estatales, incluso en casos de estados, como Chile, que se han negado a reconocer derechos de pueblos indígenas en su legislación interna. Los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos, y en tanto tales, son anteriores a los propios estados, y su respeto, protección y garantía es obligatorio.
¿Cumplirá cabalmente y de buena fe, el estado de Chile las recomendaciones? Eso depende en gran medida de los marcos de las políticas públicas, y voluntades políticas gubernamentales y del grado de presión, vigilancia y exigencia que realicen los pueblos directamente interesados y sus organizaciones.
EL ENFOQUE DE DERECHOS, MIDEPLAN Y EL TEST DE LAS RECOMENDACIONES DE ONU
En términos de marcos de políticas públicas, implementar estas recomendaciones de derechos humanos no debiera ser cognitivamente complejo para los responsables de las políticas indígenas en Chile. Cabe tener presente que MIDEPLAN ha establecido el “enfoque de derechos humanos” promovido por Naciones Unidas como directriz principal para el diseño de las políticas públicas a su cargo. Es lo que el Gobierno de Michelle Bachelet ha denominado “políticas públicas basadas en derechos”. Tal enfoque, además, encuentra fundamento en el articulo 5, inciso segundo, de la Constitución.
El enfoque de derechos consiste en establecer un vínculo explicito entre las políticas públicas y los estándares de derechos humanos, reconociendo a los ciudadanos como titulares de derechos exigibles, y elaborando las políticas estatales para garantizar tales derechos. Para este enfoque, las normas, estándares y principios del sistema de derecho internacional de derechos humanos, pasan a ser el criterio y fundamento de los planes, políticas y procesos de las políticas públicas. La calidad del diseño, implementación y la gestión de dichas políticas, basadas en derechos, se mide por el grado de cumplimiento de las cuatro obligaciones: respeto, protección, garantía y promoción de los derechos.
En palabras de Víctor Abramovich [i] “El enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas.”[/i]
En síntesis, un enfoque de derechos parte porque los indígenas sean considerados como ciudadanos titulares de derechos, y no como clientelas de beneficiarios; sus reclamaciones sean tratadas no como “demandas” de beneficios, sino como exigencias de cumplimiento de obligaciones del estado respecto a derechos. Un enfoque de derechos en materia indígena fija al estado, un conjunto mínimo de políticas públicas a implementar correspondientes a los derechos de los pueblos indígenas, y la gestión de dichas las políticas se mide por el grado de cumplimiento de las obligaciones de respeto, protección, garantía y promoción.
LAS RECOMENDACIONES DE ONU COMO AGENDA MÍNIMA DEL 2007
Las recomendaciones de los Comités de Naciones Unidas constituyen, entonces, una valiosa oportunidad de poner a prueba la seriedad del enfoque de derechos que implementa MIDEPLAN. Al mismo tiempo, las recomendaciones de los Comités establecen una buena coincidencia en un listado de tareas compartido, y con un plazo. Para el Estado las recomendaciones son obligaciones a cumplir, para los pueblos indígenas son derechos a exigir.
En marzo de 2008 el estado deberá informar ante el Comité de Derechos Humanos qué ha hecho para cumplir con sus recomendaciones. El asunto no es esperar que el Gobierno cumpla por si sólo las recomendaciones. No lo hará si no hay control ciudadano. El plazo de un año presta un generoso refuerzo a las posiciones de los pueblos indígenas para empujar los cambios, en nombre de sus derechos.
Una medida básica para vigilar y contribuir al cumplimiento de las recomendaciones de derecho internacional es establecer un mecanismo bipartito estado-pueblos indígenas, que a lo largo del año haga seguimiento a las medidas de cumplimiento. Otra medida básica es abrir el debate sobre cada una de las recomendaciones. Finalmente cabe recordar la expresiva frase de la Presidenta de la República: [i] “Un estado que no es capaz de garantizar derechos es un estado de derecha”[/i]. ¿Cómo se calificaría un estado que no es capaz de garantizar los derechos de los pueblos indígenas? /
Extraído de: Periódico Mapuche "Azkintuwe". Temuco, Chile.
Abril de 2007.
Continúa la represión del pueblo Mapuche en Chile en base a la Ley Antiterrorista. Leer nota.
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