21.8.09

Ciento cincuenta mil muertos en el armario de la Presidencia española de la Unión Europea.

En España se siguen violando hoy, día tras día, los derechos humanos de los desaparecidos del régimen fascista del franquismo y de las familias de los desaparecidos.


Por Miguel Angel Rodriguez Arias.


Surgida de entre las ruinas postbélicas de un continente arrasado, y tras el nunca más de los juicios de Nuremberg, la idea de una Europa unida se cimentó – como el propio sistema ONU – desde la afirmación de los derechos humanos de los individuos como inviolables frente a cualquier invocación de la “razón de Estado”. La observancia de los derechos humanos primaría, pues, por encima de cualesquiera chalaneos o conveniencias políticas del momento en nombre de la patria, del partido… y de cualquier otra cosa; su contenido esencial no le sería negado a los miembros de ningún colectivo, bajo ningún pretexto: éste sería cumplido, y se haría cumplir, sin excepción, como base misma y legitimación de la entera vida política democrática. Porque de “estados de excepción” y de justificaciones sobre cuando resultaba aceptable excluir a un colectivo de las exigencias mínimas de humanidad ya se había tenido bastante durante la pesadilla precedente de la que nos acabábamos de despertar: el Convenio Europeo de Derechos Humanos representaría la garantía última en el marco de Europa del catálogo de mínimos consagrado en la Declaración Universal de 1948, reforzado entre nosotros, además, mediante un sistema de control jurisdiccional internacional obligatorio: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por eso mismo resulta tan inaceptable la actual situación de los desaparecidos del franquismo, y sus familias, en España – contabilizados por decenas de miles – y el amplio argumentario que ha pretendido, y pretende todavía, anteponer todo tipo de “razones de Estado” a lo que debiera ser un normal cumplimiento del contenido mínimo de los artículos 2,3, 8, 13 y 14 de dicho Convenio, tal y como se reitera en la jurisprudencia de dicho Tribunal.

Al igual que en la primera Serbia democrática post Milosevic – condenada ante la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia Herzegovina sobre la base de dicho mismo Convenio – en nuestro país se siguen violando hoy, día tras día, los derechos humanos de los desaparecidos y de sus familias; víctimas éstas últimas del “trato cruel e inhumano” de nuestras autoridades que les han condenado a esperar de por vida a sus seres queridos arrebatados, a vivir a la sombra de un “síndrome Srebrenica” que en el caso español no sé sabe ni respecto a cuantas localidades – escenario de las atroces matanzas de los victoriosos cruzados y de las décadas de silencio y dolor de los familiares – habría que renombrar.

Como al Gobierno Serbio, a nuestro Gobierno socialista de las políticas Ikea de “exhúmelo usted mismo” (a su padre, a su madre, a su hermano brutalmente asesinados… es increíble pero exáctamente eso es lo que se ha hecho, y se continúa haciendo, en España) el Convenio Europeo de Derechos Humanos – instrumento conservador y de mínimos donde los haya – también parece quedarle demasiado grande. Quién lo diría. ¿Qué otras cosas le quedan demasiado grandes en materia de derechos humanos a este Gobierno?, ¿por qué?, ¿qué pensarían históricos del partido ya fallecidos y – lo más importante todavía – qué piensan otros responsables igualmente callados como si también lo estuviesen ante todo este entusiasta copia-pega de Franco y su metodología, franquista, de tutela de los derechos humanos en el caso de los desaparecidos?. Qué silencio atronador el de las filas socialistas, cuando es de la grave violación de derechos humanos, y de un trato inhumano a personas de muy avanzada edad, indefensas, de lo que se trata.

Y el caso es que pareciera que uno no se hace socialista para hacer lo que diga su Gobierno sino para defender ideales tan irrenunciables como los derechos humanos, la solidaridad con los que sufren, la justicia… incluso a pesar de lo que su propio Gobierno socialista diga llegado el caso. Aquello que decía Pablo Iglesias que había que llevar a todas partes… con permiso de los que ahora acaban de cargarse también la justicia universal…Impacta el legado concreto en materia de derechos humanos y justicia universal (la misma que resistió 25 años, incluidos los precedentes 8 años de Gobierno Aznar) que van a dejar tras de si nuestros actuales gobernantes, ¿alguien ha iniciado algún tipo de reflexión al respecto en el seno del PSOE tras el reciente comunicado de Amnistía Internacional y del Human Rights Watch?. Porque sea cual sea la coyuntura lo mínimo que podemos esperar de un Gobierno socialdemócrata es que defienda los derechos humanos, más aún los de aquellos que no pueden defenderse por si mismos, y habían hecho de España su última esperanza. ¿Qué les parecería la eliminación de la justicia universal a los miles de brigadistas internacionales que vinieron a España a dejarse la vida, únicamente impulsados por esa misma idea de solidaridad humana cuando las víctimas indefensas a proteger eran las españolas?. Y luego nos molestaremos porque el Comité Internacional de Derechos Humanos nos acaba de decir que desde 1996 no se han producido avances en materias sustanciales de derechos humanos en España. Desde 1996. El Comité Internacional de Derechos Humanos, no Génova.

Algo demasiado importante se ha debido perder en el camino de nuestra (re)construcción Europea – y en algún otro lugar – cuando estamos otra vez con éstas ante el drama de los desaparecidos. Ante algo tan básico como el hecho de que el contenido esencial de los derechos humanos de varias decenas de miles de personas “no se toca”: el contenido esencial de los derechos humanos se cumple y se hace cumplir con toda normalidad, lo estime o no oportuno para su agenda política quien sea. Sólo un centímetro más allá de haber garantizado su efectivo y normal cumplimiento puede y debe tener lugar la política y las “razones de Estado”; si es de política democrática de lo que estamos hablando y no de una vuelta a empezar en nuestro continente.

Dice la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Que al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, se sitúa a la persona en el centro de su actuación. La situación de los desaparecidos del franquismo y sus familias desafía todo ello, además de resultar de demasiada urgencia, de demasiada gravedad, para tanto intento de andar haciéndole regates, a sabiendas, a toda la legalidad internacional en la materia. Porque a muchas de estas personas apenas les queda ya tiempo para volver a ver a sus pequeños, para recuperar a sus seres queridos por última vez antes de morir. Y eso es lo primero que nuestro Gobierno del PSOE les está negando en nuestro país, junto a otras cosas igualmente irrenunciables ampliamente reconocidas por el derecho internacional, ¿cómo es eso posible?, más aún ¿cómo es eso posible sin crítica alguna ni un amplio debate interno sobre lo que se está haciendo en todo este tema?.

Un Gobierno socialdemócrata de una España de derecho, democrática y constitucional – a la altura de su propio nombre en ambos sentidos – que reestablezca dentro de su territorio el normal cumplimiento de los derechos humanos del Convenio Europeo que jamás debió faltar es algo posible y debido. Como también lo es una Presidencia española de la Unión Europea que impulse con más razón – consciente de su responsabilidad moral como segundo país del mundo en número de desaparecidos tanto como del desprestigio internacional del reciente caso de desapariciones de los vuelos de la CIA en Europa – una iniciativa internacional y diplomática de la misma UE en pro de la ratificación del nuevo Convenio ONU contra las distintas formas de la desaparición forzada, y en particular contra la todavía desatendida lacra de la desaparición forzada infantil en el planeta.

Cumplido en España el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los deberes de “verdad, justicia y reparación” una tal contribución de la reestablecida democracia española en defensa de otros miles de pequeños hoy amenazados – y para la reunificación de sus familias de los ya desaparecidos – sería la mejor forma de homenajear y honrar la memoria de nuestros propios desaparecidos, en lugar de una Presidencia española de bombo, platillo… con más de 150.000 desaparecidos en el armario. Los errores se pueden rectificar y reparar poniendo el esfuerzo necesario, los grandes errores también, incluso los terribles. Muchos depositamos nuestra confianza en ZP cuando prometió no fallarnos, y de lo que aquí estamos hablando es de cumplir con los derechos humanos y de unas víctimas a las que en la vida se lo han quitado todo, y lo único que les queda ya es que el Estado les devuelva a sus seres queridos arrebatados.


http://segurquetomba.wordpress.com/

19.8.09

Fidel, por Eduardo Galeano.


Sus enemigos dicen que fue rey sin corona y que confundía la unidad con la unanimidad.
Y en eso sus enemigos tienen razón.

Sus enemigos dicen que si Napoleón hubiera tenido un diario como el “granma”, ningún francés se habría enterado del desastre de Waterloo.
Y en eso sus enemigos tienen razón.

Sus enemigos dicen que ejerció el poder hablando mucho y escuchando poco, porque estaba más acostumbrado a los ecos que a las voces.
Y en eso sus enemigos tienen razón.

Pero sus enemigos no dicen que no fue por posar para la Historia que puso el pecho a las balas cuando vino la invasión, que enfrentó a los huracanes de igual a igual, de huracán a huracán, que sobrevivió a 637 atentados, que su contagiosa energía fue decisiva para convertir una colonia en patria, y que no fue por hechizo de Mandinga ni por milagro de Dios que esa nueva patria pudo sobrevivir a 10 presidentes de los estados unidos, que tenían puesta la servilleta para almorzarla con cuchillo y tenedor.

Y sus enemigos no dicen que Cuba es un raro país que no compite en la copa mundial del felpudo.

Y no dicen que esta revolución, crecida en el castigo, es lo que pudo ser y no lo que quiso ser. Ni dicen en gran medida el muro entre el deseo y la realidad fue haciéndose mas alto y mas ancho gracias al bloqueo imperial, que ahogó el desarrollo de una democracia a la cubana, obligó a la militarización de la sociedad y otorgó a la burocracia, que para cada solución tiene un problema, las coartadas que necesita para justificarse y perpetuarse.

Y no dicen que a pesar de todos los pesares, a pesar de las agresiones de afuera y de las arbitrariedades de adentro, esta isla sufrida pero porfiadamente alegre ha generado la sociedad latinoamericana menos injusta.

Y sus enemigos no dicen que esa hazaña fue obra del sacrificio de su pueblo, pero también fue obra de la tozuda voluntad y el anticuado sentido del honor de este caballero que siempre se batió por los perdedores, como aquel famoso colega suyo de los campos de Castilla.-


extraído del libro de Eduardo Galeano "Espejos (una historia casi universal)", Siglo XXI, 2008.

10.8.09

Atado y bien atado: Francisco Franco y su heredero


Por Plataforma Lau Haizetara Gogoan


La lucha por abolir la tiranía es una constante en la historia. A ella se han opuesto aquellos que basan su propia supervivencia en la explotación y el sometimiento por creerse investidas, por nacimiento, designio divino o de dictadores corruptos, del derecho al poder absoluto sobre las personas y los bienes de un determinado territorio.

Las disputas entre herederos para ostentar el poder han sido continuas en la historia de las monarquías, más aún, si cabe, en la que nos gobierna. La Guerra de Sucesión, que aupó al trono a los Borbones, dejó un legado de muerte, que aún hoy, tres siglos después, es recordado, especialmente en lugares como Catalunya, donde tuvo además graves efectos sobre su política nacional.

Las Guerras Carlistas enfrentaron a los llamados a suceder a Fernando VII, que no dudaron en proclamar la guerra para defender sus pretensiones. El objetivo de mantener y aumentar el poder y el patrimonio, a costa de lo que sea, es una constante de la monarquía hispana. El propio Fernando VII no dudó en jurar una Constitución liberal en 1820 para abjurar después, llevando a la muerte, al presidio o al exilio, a miles de aquellos ante los que juró defenderla. Hay un paralelismo entre Fernando VII y Juan de Borbón, que se sumó a la rebelión militar de 1936 y mas tarde conspiró contra el régimen con opositores al mismo, siempre con el objetivo de recuperar su poder y el patrimonio.

El actual rey Juan Carlos fue educado, entre 1948 y 1961, en las academias militares franquistas. En ellas debió de dar muestras de amor patrio y vocación de fidelidad eterna al caudillo de una España de miles de fosas, de cientos de miles de prisioneros y exiliados... la España del genocidio y los crímenes de lesa humanidad.

La lealtad demostrada hizo que, el 23 de julio de 1969, el dictador genocida Francisco Franco lo nombrara su sucesor, como garantía de continuidad del régimen edificado a base de la sangre y el terror, impuestos sobre los republicanos, milicianos y gudaris; y como garantía de que una nueva República no pudiera alumbrarse en el futuro. "La España imperial" se otorgaba de nuevo un rey Borbón..., por la gracia de Franco, que incluso ocupó la Jefatura de Estado, durante algunos meses de los años de 1974 y 1975.

Un monarca consciente del origen de su poder y de sus lealtades, tal como ha quedado recogido en el acta de las Cortes franquistas de aquel día de 23 de julio de 1969: "Juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino." En su primer mensaje como príncipe proclamó: "Plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar, como Sucesor a título de Rey, lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino. [...] Quiero expresar en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936 [...] mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los Principios y Leyes que acabo de jurar".

Como sus ancestros, volvió a jurar, en 1978, otra Constitución, ante los mismos testigos del juramento anterior; y ante la realidad ocultada, silenciada y negada de las fosas y cunetas llenas de republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, obreros, campesinos, gudaris y milicianos... Las estructuras del régimen franquista se trasmutaron en forma de democracia, sin abjurar de sus lealtades franquistas ni responder por el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos. Toda la estructura de poder franquista, el ejército y la policía represora, la judicatura, la clase política, el poder económico-financiero, la prensa..., pasó incólume al nuevo Estado.

En otros países que salían de dictaduras similares se depuraron responsabilidades por los crímenes cometidos, por el dolor y miseria causados. Al menos, se separó del poder a los culpables, como mecanismo para establecer las GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN de las violaciones de derechos cometidas. Aquí no fue así. La impunidad se hizo norma, el silencio y el olvido fueron la antesala de la injusticia y la continuidad de los bandos de guerra y de represión.

Y es en la permanencia de las estructuras del poder franquistas, donde hay que buscar la causa por la que quienes lucharon por la libertad de Euskal Herria, por la República y por los derechos sociales, económicos, civiles y políticos, no hayan encontrado aún VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN, los tres ejes sobre los que debe articularse cualquier política de reconocimiento a las víctimas.

Tras haber transcurrido 73 de aquel nefasto 18 de julio, seguimos soportando la imposición de emblemas públicos, las banderas rojigualdas, himnos militares y efemérides oficiales, que nos siguen recordando la presencia ignominiosa del franquismo; no obstante, junto a las águilas de piedra y los panteones de condes y generales...; encontramos hoy, en pleno siglo XXI, encumbrado por el espíritu del 18 de julio y la legitimidad de ella emanada, al principal símbolo de carne y hueso, sucesor directo del Caudillo y responsable-heredero de su obra, la obra de un genocida al que no se le ha aplicado ningún proceso semejante a los juzgados en Nuremberg, o justicia transicional alguna, al modo en que lo conocieron las dictaduras de Salazar en Portugal, o la de los Coroneles en Grecia.


* Félix Soto, Juan Ramón Garai, Alberto Muñoz, Manuel Sainz, Gotzon Garmendia, Andoni Txasko y Julia Monge.

9.8.09

Cual es la causa del golpe hondureño

Por Vicenç Navarro

Publicado en el diario digital EL PLURAL, 7 de agosto de 2009

Este artículo señala que la causa de que hubiera un golpe militar en Honduras fue el temor de la oligarquía hondureña y sus Fuerzas Armadas a perder los privilegios garantizados por la Constitución actual que fue establecida bajo la supervisión de la dictadura que impuso una enorme represión en aquel país. El artículo muestra también, como los cinco diarios de mayor tiraje en España han reproducido sin ninguna crítica los argumentos utilizados por los golpistas para justificar el golpe.


Varios medios de información en España han reproducido los argumentos dados por los propios golpistas hondureños para explicar el golpe de estado en aquel país. Tales medios han señalado que el Presidente Zelaya había violado la Constitución, convocando ilegalmente un referéndum para “perpetuarse” en el poder. Se acepta así, la explicación dada por los golpistas, que señalan que la expulsión del Presidente Zelaya ocurrió para impedir que éste convocara un referéndum a fin de alargar su mandato. Un ejemplo de ello es el reportaje del corresponsal de El País en Tegucigalpa, que indicaba que “Zelaya fue derrotado y expulsado el 28 se junio pasado, después de intentar organizar un referéndum para abrir la vía a la reelección, que había sido declarada ilegal por las instancias judiciales” (04.08.09). Según tal reportaje, el golpe tenía por objetivo, pues, evitar que Zelaya se perpetuara en el poder.

Esta explicación ha aparecido en los cinco diarios de mayor tiraje del país. De todos ellos, La Vanguardia ha sido el periódico que ha promovido con más intensidad esta explicación. Su corresponsal en América Latina ha entrevistado nada menos que a Romeo Vásquez, General que realizó el golpe militar, el cual niega en la entrevista que lo que ocurrió en Honduras hubiera sido un golpe militar pues la detención y expulsión del Presidente respondía a principios constitucionales. El entrevistador, el Sr. Ibarz, de cuyos reportajes hablé ya en otro artículo (“Las falsedades sobre Honduras”, Público, 23.07.09) también entrevistó al Cardenal de Honduras, el Sr. Rodríguez Maradiaga, que alegó los mismos argumentos. Por cierto, ninguno de los dirigentes del movimiento en defensa del Presidente Zelaya ha sido entrevistado por La Vanguardia.

La causa principal del golpe, sin embargo, no fue impedir que Zelaya se perpetuara en el poder. El mal llamado referéndum (en realidad fue una encuesta popular gestionada por el Instituto Nacional de Estadística) no hablaba de la reelección del Presidente. En tal encuesta se consultaba a la población si ésta creía aconsejable que se eligiera a una Asamblea Constituyente que permitiera cambiar la Constitución. Y ahí está el meollo de la cuestión. Lo que motivó el golpe fue el deseo de la oligarquía hondureña de mantener intacta la Constitución instaurada por la última dictadura militar. Tal Constitución otorga gran número de privilegios a la oligarquía del país, incluyendo a las fuerzas armadas y a sus aliados en EE.UU. Eran estos privilegios los que la oligarquía y sus fuerzas armadas querían mantener a toda costa. Existía el temor, entre la oligarquía, de que una nueva Constitución pudiese, por ejemplo, pedir la eliminación de bases militares extranjeras en territorio hondureño. Hoy, el Pentágono de EE.UU. tiene una base militar en Honduras, la única existente en Centroamérica, una región de gran importancia estratégica para las fuerzas armadas de EE.UU. Éstas y las fuerzas armadas hondureñas eran conscientes del intento de los progresistas hondureños de cerrar la base, una base que ha sido el centro de actividades militares y represivas llevadas a cabo por las fuerzas militares estadounidenses en toda la región. Las fuerzas armadas hondureñas y sus aliados estadounidenses no desean cambios en la situación actual. De ahí que una de las primeras condiciones que puso el nuevo gobierno golpista al Presidente de Costa Rica (Sr. Óscar Arias) en su mediación fue precisamente que no se cambiara la Constitución.

Las fuerzas progresistas hondureñas querían, también, el enjuiciamiento de los militares que aterrorizaron a la población durante la horrible dictadura que se estableció con el apoyo del Gobierno Federal de EE.UU. También pedían que (como en España) se encontraran a los desaparecidos durante la dictadura y periodos posteriores, en actos de represión política, cuando miles de hondureños y ciudadanos de otros países de Centroamérica fueron asesinados debido a su defensa de la libertad y de los derechos civiles y sindicales de las clases populares. El Presidente Zelaya había aprobado el inicio de tal investigación.

La respuesta de EE.UU.
En EE.UU. la administración Obama está dividida sobre como responder a esta situación. El Partido Republicano apoya a los golpistas y sus argumentos son semejantes a los propuestos por el corresponsal de La Vanguardia, el Sr. Ibarz. El Sr. Zelaya –según ellos- no es ya el Presidente de Honduras, pues, ha sido sustituido por un nuevo gobierno que es el legal. Es interesante señalar que hace setenta años, La Vanguardia (llamada entonces La Vanguardia Española), propiedad de la familia Godó (que apoyó el golpe militar del General Franco en 1936 y la enormemente represiva dictadura que estableció), promovió argumentos legitimadores del golpe militar español, utilizando argumentos casi idénticos a los que su corresponsal utiliza ahora para apoyar a los golpistas hondureños. En España, el gobierno del Frente Popular, en 1936, había violado -según los golpistas- la Constitución española. Se sublevaban –según ellos- para defender la legalidad.

Este apoyo al nuevo gobierno golpista hondureño aparece también entre sectores conservadores del Partido Demócrata. La Administración Obama, sin embargo, considera al Presidente Zelaya como el Presidente legal de Honduras. Este reconocimiento es un paso positivo y marca una distancia con administraciones anteriores. Ni que decir tiene que adoptar una postura distinta habría significado enfrentarse a la gran mayoría de gobiernos de América Latina, así como a la opinión mundial. Ahora bien, la vía de la mediación, propuesta por la Administración Obama y por la OEA, y dirigida por el Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, ha abierto la posibilidad de que el Presidente Zelaya vuelva a Honduras como Presidente y a la vez se cancele el intento de cambio de la Constitución. El proceso de mediación, al reconocer a los golpistas, sentándolos en la mesa de mediación al mismo nivel que al gobierno legítimo de Honduras, dio gran poder de veto a los golpistas con lo cual, si se elimina cualquier intento de cambio de la Constitución, se habrá conseguido lo que los golpistas deseaban, es decir que no se cambie la Constitución. De ahí el gran riesgo que supone el proceso de mediación, promovido por la Administración Obama, y liderado por el Presidente de Costa Rica. Tal proceso puede conseguir lo que los golpistas deseaban. De ser así, el proceso habrá alentado a que se produzcan otros golpes de estado en América Latina, pues mostrará que dar golpes de estado es rentable, al conseguirse a través del golpe lo que no se puede obtener a través de las urnas.

Una última observación. El argumento de evitar que dirigentes políticos de América Latina “se perpetúen en el poder” se utiliza constantemente para intentar parar los intentos de aquellos presidentes latinoamericanos, democráticamente elegidos, de cambiar el sistema electoral permitiéndoles presentarse de nuevo, convirtiendo sus sistemas electorales en sistemas semejantes a los sistemas europeos. En la mayoría de países europeos no existen límites en el mandato del Presidente. En Cataluña, el Presidente Pujol gobernó durante 23 años y el Presidente Erlander en Suecia, también, 23 años, sin que los sistemas electorales catalán o sueco pudieran considerarse dictatoriales, pues siguieron las reglas del proceso democrático. El hecho de que los candidatos puedan ser elegidos tantas veces como el electorado desee, no convierte el proceso en dictatorial. Que un proceso sea democrático o no depende del proceso electoral en si y sobre todo de la pluralidad de partidos y opiniones existentes en el proceso electoral sin limitaciones en la presentación de alternativas. Y es ahí donde el centro del análisis debiera fijarse y no en que sea o no el mismo candidato el que se presente. El sistema electoral bipartidista, no proporcional, que existe en muchos países de América Latina, limita enormemente las posibilidades democráticas de aquellos países, lo cual se debe, no al número de veces que los Presidentes pueden presentarse de nuevo a las elecciones, sino a la escasa representatividad proporcional de sus sistemas electorales y limitada posibilidad de participación popular en sus sistema político. Fijarse en lo primero (la posibilidad de repetir mandato), ignorando lo segundo (la escasa diversidad de sensibilidades políticas y limitada participación ciudadana), es el punto flaco de la mayoría de críticas a la mal llamada “perpetuación en el poder”, argumentación que se hace en nombre de la defensa del sistema democrático.


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