En memoria de Fontanarrosa

La desaparición de Roberto Fontanarrosa, joven todavía y en la plenitud de su talento, replantea el tema de la relación entre narrativa y teatro. Cantidad de espectáculos teatrales han venido sirviéndose desde hace años de sus textos, por cierto admirables: en mi opinión, él es uno de los mayores escritores argentinos contemporáneos, el Fray Mocho de nuestro tiempo. De aquel ilustre antecesor (que se llamaba, recordemos, José S. Alvarez, y fue el fundador de la revista Caras y Caretas ) tenía Fontanarrosa la aguda observación de la vida cotidiana, sobre todo en la calle, manantial inagotable de diálogos y, a menudo, también de conductas que rozan lo inverosímil. Cabe preguntarse: ¿lo inverosímil a partir de qué modelo supuestamente racional? Porque justamente lo que captó el formidable creador de Inodoro Pereyra (y su perro sabio, Mendieta) y Boogie el Aceitoso , es que una parte considerable de la vida del argentino promedio se va en fantasías grandiosas, en alardes imaginativos de un barroquismo que desafía al realismo mágico de los escritores caribeños. Tal vez porque, como lo dijo amargamente, tiempo atrás, el pensador Mario Bunge en este diario, "la mayoría de los argentinos viven vidas mediocres". El aserto se presta a la polémica, pero no puede dejar de señalarse la coincidencia de tres grandes escritores en la observación de ese rasgo nacional. También Manuel Puig y Silvina Ocampo proponen, como Fontanarrosa -cada uno con su estilo propio-, una excursión a los paraísos imaginarios que intentarían compensar las carencias de la monótona rutina cotidiana. Acaso esa rutina no sea privativa de los argentinos: basta ver las andanzas de los Simpson para advertir que el problema es universal. Los párrafos precedentes procuran plantear mejor el tema de esta nota, que podría resumirse en una pregunta: ¿por qué las narraciones y las historietas de Fontanarrosa se trasladan sin mayores tropiezos al escenario y hasta no pocas veces parecen destinadas expresamente a él? No hay una sola respuesta, y la que sigue es tan sólo una opinión personal. Ante todo, creo que el "Negro" tenía un oído privilegiado para el habla cotidiana (no me gusta eso de "habla popular"; crea una falsa dicotomía social que no existe en la realidad), captaba hasta los matices más sutiles que expresan, tal vez sin que el mismo hablante se dé cuenta, la potencia del anhelo por encima del desencanto, el ansia de felicidad que se opone a la impotencia, y el sueño de la riqueza material sin límites. Luego, sabía describir esa "otra" realidad onírica con la fuerza de la visión fantasmal, cualidad que tan sólo poseen los grandes artistas, ya se trate de escritores, pintores o actores, y que tal vez nadie ha expresado mejor que Salvador Dalí cuando en su autobiografía explica (o intenta explicar) esa suerte de operación mágica mediante la cual una imagen evocada adquiere una corporeidad diríamos que palpable.
Fontanarrosa, autodidacto, aplicaba a esa magia una vastedad de lecturas realmente asombrosa, una cultura plástica igualmente riquísima y un sentido del humor que tan sólo se define como prodigioso. Esos mismos materiales, llevados al escenario, se incorporan fácilmente a él, se encarnan sin rechinamientos: en el caso de Inodoro y Boogie, por ejemplo, el trazo dibujado se transforma en personaje de carne y hueso porque la carnalidad ya está presente en la imagen. Y la palabra fluye en escena con la misma fluidez con que lo hace en el globito correspondiente, por la simple razón de que en esa palabra hay verdad: de arte y de vida, fundidas en una sola. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los textos de La mesa de los galanes o El mundo ha vivido equivocado . Es tan agudo el diálogo; han sido tan hábilmente seleccionadas las palabras (pura intuición, estoy seguro) y transportadas a la página sin perder la frescura original, que cada espectador reconoce ese idioma, que es el suyo, en el cual se reconoce también a sí mismo. Solamente los grandes artistas tienen el don de expresar así a su pueblo y, al hacerlo, como quería Tolstoi, expresan al mundo entero. Claro que, para lograrlo, hay que ser Tolstoi... o Fontanarrosa.

Ernesto Schoo.

(c) La Nación.

Ernesto Laclau contra Negri, Hardt y Zizek

Las manos en la masa

Creador de una de las teorías políticas más heterodoxas de los últimos años, apadrinado por Eric Hobsbawm, compañero de trabajo de Gino Germani y de militancia de Jorge Abelardo Ramos, Ernesto Laclau ha vuelto a poner el dedo en la llaga política. Esta vez con La razón populista, un libro provocador que devuelve al centro de la escena esa noción tan bastardeada y relegada: el populismo. El esfuerzo, de paso, lo lleva a confrontar con los tres intelectuales mimados del momento. A continuación, el mismo Laclau refuta las concepciones monolíticas del poder que proponen Antonio Negri y Michael Hardt en sus best-sellers intelectuales Imperio y Multitud y expone las “contorsiones ideológicas” de Slavoj Zizek por conciliar sus propias contradicciones.

Por José Natanson, Página/12, 2005

Ernesto Laclau es una de las grandes voces de la teoría política. Graduado en Historia en la UBA, trabajó junto a Gino Germani y José Luis Romero, y militó en la izquierda nacional de Jorge Abelardo Ramos hasta que en 1969 fue convocado por el historiador británico Eric Hobsbawm, quien apadrinó su ingreso a Oxford. Espantado con los altibajos de la democracia argentina, Laclau se quedó a vivir en Inglaterra, donde escribió libros como Emancipación y diferencia y Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Con su teoría de la hegemonía, Laclau fue creando una originalísima reflexión política, muy difícil de encuadrar, que abreva en el marxismo de Gramsci y Derrida y en el psicoanálisis de Lacan, y que subraya el aspecto discursivo de los fenómenos sociales.
En su último libro, provocativamente titulado La razón populista (Fondo de Cultura Económica), Laclau rompe con el análisis micropolítico al que últimamente se han limitado muchas investigaciones de ciencias sociales (ceñidas al pequeño fenómeno, al tema puntual, al matiz imperceptible) y se plantea un objetivo ambicioso: redefinir el populismo como parte de un enfoque, más global, sobre la discusión teórica de la izquierda. El libro, serio candidato a best-seller académico del año, concluye con una demoledora crítica a Michael Hardt y Toni Negri.
¿Por qué critica las concepciones de Imperio y Multitud? –le preguntó Radar a Laclau, que atiende amablemente el teléfono en su departamento cercano a la Universidad de Essex, donde enseña desde hace treinta años.
–Ellos sostienen que hay una realidad, “el Imperio”, que no está dividido, una especie de realidad global. Y yo pienso que la lucha entre distintos bloques de poder sigue siendo importante. En segundo término, ellos sostienen que frente a ese bloque total hay una realidad que se llama “multitud”. Plantean que hay distintos puntos de rechazo al sistema que tienden espontáneamente a unificarse en un actor social común, simplemente porque expresan el hecho de que no hay nada más natural que la oposición al poder por parte de aquel que es explotado. El momento de la articulación política está ausente.
En su libro usted se burla: habla de “la unidad como un regalo del cielo”. ¿Ellos presuponen la unidad de las luchas anticapitalistas?
–Sí. Nosotros hemos planteado que hay una proliferación de puntos de ruptura y antagonismo, pero no presuponemos un estilo manifiesto por el cual estas rupturas y estas luchas tengan que confluir en una lucha unificada. Pensamos que el momento de la articulación política, que por supuesto ya no pasa por la forma de partido en sentido clásico, sigue siendo importante. Eso lo veo en el Foro de Porto Alegre. Ahí se ve una expansión de movimientos que hablan de sus experiencias concretas en distintas partes del mundo, que son afectados por la lógica del capitalismo globalizado. Hay un intento por crear un lenguaje relativamente común que establezca los vínculos entre esos sectores.
¿La mirada de Hardt y Negri despolitiza?
–Su idea de Imperio alude a algo dominante y sin matices: es difícil ver cómo una lucha contra este tipo de agente puede llevarse a cabo. De todos modos, en su planteo hay algunos aspectos que no conviene desdeñar. Ellos han visto que el agente histórico ya no es un agente unificado y homogéneo, como era la clase obrera, sino que es múltiple. En eso estoy de acuerdo. La diferencia es que no la piensan en el marco de una posible articulación: dan por sentado que esta multiplicidad va a producir efectos por sí misma.
Zizek, el contorsionista
Pero Laclau no se limita a polemizar con los autores de Imperio: va más allá, y arremete contra el esloveno Slavoj Zizek –a su vez uno de los críticos más despiadados de Hardt y Negri–, a quien acusa de encarar todo tipo de “contorsiones inverosímiles” para compaginar diferentes teorías en un todo más o menos coherente. “Tiene una posición ambigua”, explica Laclau. “El respondió a una entrevista diciendo que el problema de los Estados Unidos es que actúan como una potencia global y no piensan como una potencia global sino en términos de sus propios intereses. La solución sería, entonces, que pensaran y actuaran como potencia global, que asumieran su rol de gendarmes mundiales. Afirmar esto, para alguien como Zizek que viene de la tradición hegeliana, significa que los Estados Unidos tendrían que ser la clase universal.”
¿Es una búsqueda de un sujeto global?
–La función que Hegel atribuía al Estado y Marx al proletariado ahora Zizek espera que la cumpla el imperialismo americano. No hay ninguna base para pensar que las cosas vayan a ser de esa manera. Y no creo que ninguna causa progresista, en ningún lugar del mundo, pueda pensar en esos términos. Por otro lado, Zizek es un ultraizquierdista vociferante en lo que se refiere a la política mundial, obviamente en contradicción con estas posiciones de universalización del proyecto americano, pero al mismo tiempo es miembro del Partido Liberal-Democrático esloveno, que hasta hace unos pocos meses estaba en el poder, y que por supuesto ni remotamente es un partido de estas características, ni siquiera socialista. Es como decía el Martín Fierro: “No hay como el peligro para despejar al mamao”.
Elogio del populismo
Antes de zambullirse en las turbulencias del debate sobre la nueva izquierda, Laclau avanza otro paso en su proyecto, la construcción de una democracia radical, a través de una reconceptualización polémica del concepto de populismo: saca al populismo de los márgenes del análisis -ese lugar de irracionalidad, emotividad y estupidez de las masas al que lo habían relegado las ciencias sociales– y lo reubica en el centro de su reflexión, como parte de un giro teórico que se conecta íntimamente con su historia personal, marcada desde chico por una especie de fascinación por los fenómenos populares. “Yo vengo de una familia yrigoyenista, donde el sentido de lo nacional y popular estaba muy presente. Arturo Jauretche, por ejemplo, era muy amigo de mi padre. Después estuve en la izquierda nacional, tuve un contacto estrecho con Abelardo Ramos, aunque luego evolucionó políticamente en una dirección que no me gustó. Después, cuando llegué a Europa, había una multiplicidad de movimientos post-mayo de 1968. Eso me llevó a pensar la concepción del populismo”, explica.
La idea, entonces, es sacudir la concepción desdeñosa y peyorativa, y proponer una nueva “racionalidad populista”, que rompa con las dos formas de racionalidad que anuncian el fin de la política: el evento revolucionario total, que al provocar la reconciliación plena de la sociedad consigo misma volvería superfluo el momento político, y la práctica gradualista, que reduce la política a la mera administración. El populismo –dice Laclau– no es un contenido específico sino una forma de pensar las identidades sociales, un modo de articular demandas dispersas; en definitiva, una manera de construir lo político.
¿Por qué eligió el titulo La razón populista para su libro? ¿Por qué no La razón popular?
–“Populismo” era un término vilipendiado y yo lo quería llevar al nivel de una racionalidad política más general. Ese es uno de los ejes del libro, que se refleja en ciertas cosas que se dicen hoy en la Argentina. Cuando el ministro de Economía desdeña por populistas a ciertas prácticas, está planteando que hay una forma administrativa de decidir respecto de estas cuestiones. No digo que esté necesariamente equivocado sino que plantea una idea de gestión de la cosa pública que no tiene nada que ver con la construcción de identidades populares más amplias.
La vieja discusión “política contra administración”.
–Sí. Esta idea de pureza de la política como administración estuvo ligada al desarrollo del neoconservadurismo. Fue la forma en que el menemismo concibió el espacio público.
Populistas siglo XXI
Continuación de una línea de investigación que lleva décadas de desarrollo, La razón populista fue publicado en Inglaterra en el 2002, cuando Hugo Chávez aún se tambaleaba en el poder –todavía no había ratificado su legitimidad en un plebiscito– y Kirchner era el gobernador semidesconocido de una provincia lejana y fría. El libro de Laclau no podía apuntar, por lo tanto, a proveer una teoría para estos nuevos liderazgos latinoamericanos, pero ciertamente funciona como tal: puede leerse como el sostén filosófico-político de un tipo de liderazgo post-Consenso de Washington, que combina apelaciones a la recuperación de la política, elementos carismáticos y un cuidado noventista de las cuentas públicas. “Los veo de una manera positiva, aunque son experiencias distintas que apelan a un tipo de construcción del pueblo distinto”, responde Laclau cuando se le pregunta por los gobiernos de Kirchner y Chávez. “En Venezuela había una masa que, antes del ingreso de Chávez, no estaba integrada al sistema, por lo que se plantea la necesidad de integrarla de algún modo. Eso se produce a través de mecanismos populistas, a través de la identificación con el líder, y después viene el momento de la construcción institucional. En la Argentina no funciona de la misma manera porque hay una sociedad civil que no estaba tan desintegrada como en Venezuela. La función de Kirchner, si va a ser un líder populista real, es construir y articular políticamente a partir de una pluralidad de fuerzas que estaban parcialmente organizadas. La forma política va a ser distinta, pero no hay dudas de que el futuro latinoamericano pasa por este tipo de proyectos.”

Pasa y Pasa, por Juan Gelman

Los medios más importantes de EE.UU., los demócratas, los republicanos, no ahorran elogios a los efectivos norteamericanos que combaten en Irak. Las torturas en la prisión de Abu Ghraib fueron producto de alguna “manzana podrida” que nunca falta en un cajón, como dijera la Casa Blanca cuando saltó el escándalo. La contaminación se ha extendido más de lo que pareciera: una larga investigación de los periodistas Chris Hedges, premio Pulitzer 2002 por su cobertura del terrorismo mundial, y Laila Al-Arian, colaboradora de UPI, The New York Times y otros periódicos, permite aseverar que la cifra de 600.000 civiles iraquíes muertos por los ocupantes no es exagerada.

Hedges y Al-Arian entrevistaron en los últimos meses a 50 militares, marines y marineros veteranos de la guerra de Irak, de capitán para abajo. “Decenas de ellos asistieron a la muerte de civiles iraquíes, de niños incluso, por fuego norteamericano. Algunos participaron en esas muertes... muchos dijeron que esos actos fueron perpetrados por una minoría. Sin embargo, los describieron como algo corriente y dijeron que a menudo ni siquiera son registrados y casi nunca, castigados”, señalan los dos periodistas (The Nation, número que aparecerá el 30-7-07). “Físicamente, es imposible llevar a cabo una investigación cada vez que un civil es herido o muerto porque sucede con mucha frecuencia y habría que dedicar todo el tiempo a hacerlo”, manifestó el teniente de la reserva Jonathan Morgenstein, que sirvió con los marines de agosto del 2004 a marzo del 2005. Como declara Jeff Englehart, que combatió durante un año, desde febrero del 2004, en la 3ª brigada de la 1ª división de Infantería: “Supongo que, cuando estuve allí, la actitud general era ‘un iraquí muerto es nada más que un iraquí muerto. ¿Y qué’”. Opinión que seguramente no comparten los familiares del muerto.

Estos militares carecían de entrenamiento en contrainsurgencia y las pautas del mando acerca de la necesaria distinción entre civiles y terroristas y/o insurgentes iraquíes fueron siempre borrosas. Patrick Resta, un guardia nacional de Filadelfia que combatió nueve meses desde marzo del 2004, recuerda que el jefe de pelotón les dijo: “Las Convenciones de Ginebra no existen para nada en Irak, y eso está escrito si quieren verlo”. Muchos regresan mutilados física y espiritualmente y en casa reflexionan: “Al encontrarnos con otros veteranos parece que la culpa se instala realmente, echa entonces raíces”, confiesa Englehart. El sargento Timothy John Westphal relata el allanamiento de una casa al frente de 44 efectivos, refiere el terror de sus habitantes y agrega: “Recuerdo que pensé que había aterrorizado a alguien sirviendo a la bandera estadounidense”.

“Nuestra impotencia para responder a los que nos atacaban llevó a la aplicación de tácticas que parecían simplemente destinadas a castigar a la población local”, afirma el sargento Camilo Mejía. Esa impotencia y el miedo a la muerte recorta la humanidad de las tropas. “Sentí que mi compasión por la gente se reducía enormemente. Lo único que importaba era yo mismo y los compañeros con los que estaba, y al diablo todos los demás”, confiesa el sargento Ben Flanders. “Muchos opinaban que si ellos no hablan inglés y tienen la piel más oscura, no son tan humanos como nosotros, así que podemos hacer lo que queremos”, resume el especialista Josh Middleton.

Por ejemplo: aplastar a un niño de 10 años con el camión de un convoy, ametrallar a los automóviles que pasan por los retenes sin detenerse porque están insuficientemente señalados o asesinar a civiles inermes –niños incluso– y detener a los que sobreviven a las matanzas. Los veteranos indican que se parte del presupuesto de que la mayoría de los civiles iraquíes son hostiles, pero que rara vez encuentran armas prohibidas en los allanamientos nocturnos y sorpresivos. El especialista Philip Chrystal bromeaba con eso: llamaba por radio al comando e informaba “Habla Lima 31. Sí, encontré aquí las armas de destrucción masiva”.

Los entrevistados por Hedges y Al-Arian manifiestan que la mayoría de los civiles iraquíes detenidos –se estima que son unos 60.000– son inocentes o culpables de delitos menores. “Vestían indumentaria árabe y calzaban botas de tipo militar, se los consideraba combatientes enemigos, los esposaban y a la cárcel –declara el sargento Jesús Bocanegra–. Deteníamos a cualquiera en edad militar, cualquiera de 15 a 30 años era un sospechoso.” Y el racismo: “Era muy común que los soldados estadounidenses se burlaran de los iraquíes llamándolos jinetes de camello o negros del desierto”, indica Englehart. Ese lenguaje los convierte en nadie, ya no son personas, son objetos, destacan varios veteranos. ¿Qué importan, entonces, 600.000 civiles iraquíes muertos? Son iraquíes muertos, nada más.

JUAN GELMAN

Hipólito Yrigoyen: espanto de tiranos y redención de pueblos

Por Diego Barovero

Hipólito Yrigoyen, caudillo popular exaltado a la presidencia de la Nación en dos oportunidades por el sufragio libre de sus conciudadanos, es el realizador de la república representativa consagrada en el artículo 1º de la Constitución Nacional. Sus enseñanzas, su prédica y su obra tienen aún en el siglo XXI una vigencia y una actualidad indiscutible.

Ha ocurrido con Yrigoyen una de las más injustificables paradojas de la historia argentina, puesto que siendo uno de los líderes de América que más tempranamente se preocupó por la defensa de la soberanía, por la realización del principio democrático y social y por la unidad latinoamericana, ha permanecido hasta hoy olvidado o relegado en su auténtica dimensión por los libros de historia y nuestra tradición política.

Quizá por esa razón los sectores del privilegio se han ocupado de atenuar o disminuir la trascendencia que el pensamiento y la acción de Yrigoyen tuvieron en el proceso de emancipación del pueblo argentino. Por que la lucha que iniciara Leandro N. Alem y que continuó y perfeccionó su sobrino Hipólito Yrigoyen entró en franca colisión con los intereses de lo que éste último denominó acertadamente "El Régimen"

Fue Yrigoyen la más acabada expresión nacional del humanismo ético que centraba su esfuerzo en la realización del hombre, inspirado en el ideal krausista que enfatizaba el sentido moral del derecho, que es el conjunto de condiciones para la realización nacional y la idea de la política como creación ética.

En ello se nutrió para dar forma y contenido a dos principios esenciales de la filosofía y la conducta yrigoyeneanas: la ética y la intransigencia. Ambas eran concebidas como medios reparadores contra la usurpación del poder, en la concepción de una democracia integral en la que se complementan e interactúan la justicia y la libertad.

Esa democracia era considerada inviable por El Régimen "falaz y descreído". Ese mismo sistema fue ideando los más imaginativos artificios para obstruir la concreción de ese ideal emancipador argentino:el fraude patriótico, la proscripción, la persecución, la dictadura, la represión.

La lección de Yrigoyen, su lucha, su conducta, su legado doctrinario desde las jornadas revolucionarias de 1890 en el Parque de Artillería hasta sus días de confinamiento en Martín García, nos demuestra que en ningún lugar del mundo se regalan las libertades y menos aún en Latinoamérica y en Argentina.

Yrigoyen encarnó un sentimiento nacional de pureza y decencia cívica, un movimiento de conciencias, de corazones y de almas dispuestos a pelear el buen combate. Para ello era menester asumir una conducta ética en la que los medios se subordinen a los fines y fueran congruentes con ellos.

En la doctrina yrigoyenista asume fundamental importancia la bandera de la plena vigencia de la Constitución Nacional, en la que el prócer sostenía que estaba condensado "todo el espíritu de la Nación, todos los anhelos de su vida múltiple y todas las promesas con las cuales ha de llenar su cometido humano"

Porque Yrigoyen tenía un sentido sustantivo del derecho y en su obra de gobierno ello se tradujo en la plena vigencia de la Constitución Nacional: respeto integral por los derechos y libertades, publicidad de los actos de gobierno, austeridad y decencia republicana, autonomía de los otros poderes del Estado, realización del auténtico federalismo, defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial argentina y americana.

No es tarea fácil glosar la copiosa y magnífica obra de Yrigoyen, pero es justo como homenaje tener presente sus grandes líneas. Durante sus dos mandatos presidenciales constitucionales llevó adelante una política de fuerte contenido principista y con sentido de reparación social. Se crearon más de 3 mil escuelas, el analfabetismo descendió del 20% al 4%, impulsó la Reforma Universitaria procurando la democratización de los claustros y la libertad de cátedra. Fue un firme defensor del patrimonio del suelo y el subsuelo; fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y propugnó la nacionalización del petróleo.

Sentó las bases de la Marina Mercante nacional y proyectó la creación del Banco Agrícola para fomentar la protección agropecuaria nacional y el Banco de la República como órgano de regulación financiera. Impulsó las primeras leyes de previsión social. Fomentó la investigación científica mediante la creación de los institutos de la nutrición, del petróleo y del cáncer.

En el plano de las relaciones internacionales ejerció la defensa de nuestra dignidad nacional por el valor soberano que emana de la autodeterminación de los pueblos y fomentó la confraternidad americana y mundial. Al momento de su derrocamiento por el golpe militar del 6 de setiembre de 1930 el producto bruto de nuestro país era el 50% de toda América Latina.

El día de su muerte el pueblo de la ciudad (a pesar de la amenaza de cesantía para los empleados públicos, y de la doble falta para los estudiantes) se congregó en una multitud jamás vista hasta entonces (un observador francés ha señalado que constituyó una de las tres más grandes multitudes porteñas de todos los tiempos) para despedirlo y acompañarlo hasta su morada final, en el Panteón de los Caídos en la Revolución de 1890 en el cementerio de la Recoleta, que aún hoy guarda sus restos.

Por eso Yrigoyen tiene estado de permanencia en la tradición y cultura cívica argentina, porque demostró que era posible un mundo en que los hombres fueran sagrados para los hombres y los pueblos sagrados para los pueblos.

* Vicepresidente Consejo Directivo Instituto Nacional Yrigoyeneano

www.yrigoyen.gov.ar

Los derechos humanos y la televisión pública

Por Roberto Gargarella *

Desde su reciente consagración electoral, el nuevo jefe de la ciudad designado ha dejado caer algunas consideraciones bastante notables, muy ilustrativas sobre el lugar fuertemente ideológico desde el que –a pesar de sus intenciones manifiestas– ha decidido hablar. Aquí quisiera ocuparme de dos de esas expresiones. La primera implicó una definición de principios, y la segunda se refirió a una propuesta concreta de política pública. Habían pasado minutos de su consagración electoral, y ante la lógica expectativa existente por conocer sus primeras reacciones en la victoria, el jefe de la ciudad electo pronunció una cuidadosa y preparada frase. Sostuvo entonces que “el siglo XX fue de los derechos humanos, el siglo XXI debe ser de las obligaciones ciudadanas”, a continuación de lo cual agregó: “No más perseguir fantasmas del pasado, no más resentimiento. ¡Queremos construir para adelante!” ¿Cómo? –hubiera querido preguntarle alguno–. ¿Querrá decir el siglo de las violaciones de los derechos humanos? ¿El siglo del nazismo, del fascismo, de las dictaduras latinoamericanas? ¿Querrá decir que éste, por tanto, seráel siglo destinado a reparar todo aquello ocurrido en las décadas anteriores? ¿Querrá decir que éste será el siglo en el que nos dedicaremos a cumplir, finalmente, con las exigencias constitucionales vigentes, para asegurarle a cada uno todo aquello que no se le aseguró hasta ahora (alimento, techo, cuidado)? ¿El siglo en el que nos pondremos manos a la obra, para acabar con las desigualdades generadas y mantenidas por la violencia en el siglo pasado? Es curioso, pero sospecho que desde el bunker del jefe de la ciudad electo, comentarios como éste se podrán ver como tendenciosos, mientras que las afirmaciones agresivamente ideológicas del líder electo serán consideradas como propuestas destinadas a “superar” la discusión ideológica.

La propuesta de política pública sobre la que quería pensar, mientras tanto, tiene que ver con la sugerencia de cerrar el canal Ciudad Abierta, con el fin de gastar menos y evitar, al mismo tiempo, que los “amigos de los que están en el poder se diviertan haciendo televisión”. Siendo ésta una de las primeras propuestas hechas por el mandatario electo, finalizado el sufragio, ella queda revestida inmediatamente –como la declaración anterior– de una significación especial. ¿Por qué elegir este tema en lugar de otros, y por qué luego decir lo dicho? La selección efectuada resulta, otra vez, menos desafortunada que irritante. En un momento en el que nos vemos acosados por una programación televisiva bruta –como suele serlo cuando su principio organizador es exclusivamente el del dinero– las declaraciones del nuevo jefe de Gobierno alarman. Ello, sobre todo, por el modo en que esas manifestaciones expresan e insisten sobre un tópico –uno no quisiera decirlo– tan de derecha. La idea es que la “intervención” del Estado –por ejemplo en materia de comunicación pública– irrumpe sobre un estado de cosas más o menos “natural” y más o menos irreprochable, que no debe ser distorsionado por un Estado que sólo puede interferir para ubicar a sus amigos en lugares de poder. Contra dicha idea, debe decirse que, dado que la televisión representa un aspecto central de la comunicación pública moderna, ella queda sujeta al escrutinio constitucional –como la apertura, o no, de nuevas escuelas públicas o privadas; como el funcionamiento de los medios de transporte; como la accesibilidad de los hospitales–. La pregunta relevante, entonces, en todas las áreas señaladas, es si el estado de cosas reinante contribuye a dejar satisfecho el “piso” de las exigencias constitucionales. Constituiría una afrenta constitucional, entonces, que el entramado de escuelas privadas existentes no permitiera, en los hechos, el acceso a la educación de los sectores más pobres; o que un sistema de transportes mayormente “privado” dejara de pasar sistemáticamente por ciertos sectores de la ciudad. La creación de nuevas escuelas, hospitales o líneas de transporte, entonces, no puede ser evaluada desde el punto de vista del “gasto,” sino desde las obligaciones constitucionales existentes. La pregunta relevante, entonces, no es “cuánto estamos gastando” sino si en los hechos están satisfechas o no las necesidades –educativas, sanitarias– de la población. De modo similar, en materia de comunicación pública, la primera pregunta debe ser si está satisfecha o no la obligación constitucional de asegurarle “voz” a cada uno, y de facilitarnos a todos un acceso a discusiones públicas sobre cuestiones de interés común. En tal sentido, la libertad de expresión tiene a la no censura como condición necesaria pero no suficiente: la libertad de expresión se ve agraviada con la censura, pero también con la ausencia sistemática de voces o de discusión pública. Si la televisión actualmente existente de ningún modo satisficiera dichas necesidades (lo cual no es lo mismo que decir que ella debe dirigirse exclusivamente a dicho objetivo), entonces ella fallaría en su responsabilidad principal –como fallaría un sistema de escuelas exclusivamente privadas, en donde no se enseñara a leer y escribir; un sistema de transporte en donde los transportistas se negaran sistemáticamente a subir a ciertos pasajeros; o un sistema de salud que dejara sin atención a los enfermos de sida–. En materia de educación, de transporte, de salud, de comunicación, la obligación del Estado es la de asegurar que queden siempre satisfechos ciertos derechos básicos para todos, y que los servicios se administren de forma no discriminatoria. Por ello, la elección de preguntas y respuestas efectuada por el nuevo jefe de Gobierno resulta tan inapropiada: en el siglo de las obligaciones, habría sido interesante verlo de inmediato preocupado por cumplir con las suyas.

* Abogado y Sociólogo. Publicado en PÁGINA/12 - 2 de Julio de 2007.

Foucault en Guantánamo

Por EDUARDO JORGE PRATS. (República Dominicana).


El 17 de marzo de 1976 Michel Foucault dictó una clase en el Colegio de Francia en donde definiría un concepto tan actual que la humanidad y la democracia liberal se juega su destino en su comprensión. Como siempre, el anfiteatro estaba repleto: quinientas personas –estudiantes, profesores y curiosos- que debían repartirse en trescientos asientos. Decenas de grabadores están listos en el escritorio del profesor para captar la voz fuerte de Foucault. El hombre se quita la chaqueta, aparta los grabadores para colocar sus papeles, y arranca a toda máquina. El concepto aparece delineado desde el inicio de su clase:

“Me parece que uno de los fenómenos fundamentales del siglo XIX fue y es lo que podríamos llamar la consideración de la vida por parte del poder; por decirlo de algún modo, un ejercicio del poder sobre el hombre en cuanto ser viviente, una especie de estatización de lo biológico o, al menos, cierta tendencia conducente a lo que podría denominarse la estatización de lo biológico (…) Luego de la anatomopolítica del cuerpo humano, introducida durante el siglo XVIII, vemos aparecer, a finales de éste, algo que ya no es anatomopolítica sino lo que yo llamaría una biopolítica de la especie humana”.

Paradójicamente, y como bien señala Giorgio Agamben, Foucault nunca extendió sus análisis al lugar ejemplar donde se manifestaba la moderna biopolítica en toda su intensidad: el campo de concentración. Porque es ahí, en el campo de concentración, donde es evidente que la característica fundamental del estado totalitario es, para decirlo en palabras de Kart Lowith, la “politización de la vida”.

Hoy la realidad del biopoder es evidente en los campos de Guantánamo. Allá permanecen “detenidos” cientos de seres humanos a quienes el gobierno de George Bush ha denominado “combatientes ilegales”. Con esa denominación, se quiere decir que su actividad terrorista no solo le coloca fuera de la ley –tanto fuera de los pactos de derechos humanos como de las leyes de la guerra- sino también fuera de la humanidad. Y esto es lo que explica el trato cruel e inhumano contra estos prisioneros documentado por la Cruz Roja y organismos internacionales de derechos humanos: privados de comida, agua y sueño; golpeados y amenazados con pistolas; intimidados con perros; expuestos a frío y calor constantes; torturados con música a todo volumen y luces cegadoras durante 24 horas.

¿Cómo categorizar a unos prisioneros que viven en una tierra de nadie, en el “limbo de la ilegalidad internacional” (Emma Reverer)? Aquí hay que acudir necesariamente a un concepto recuperado por Agamben en su obra “Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life”. Homo sacer designa, en el antiguo derecho romano, la persona que podía ser asesinada con impunidad y cuya muerte, por eso mismo, no presentaba valor alguno. Los talibanes son homo sacer, lo cual es una evidencia del racismo implícito en la guerra contra el terrorismo, pues, como bien se interroga Foucault, “¿cómo se puede hacer funcionar un biopoder y al mismo tiempo ejercer los derechos de la guerra, los derechos del asesinato y de la función de la muerte si no es pasando por el racismo?”.

Los talibanes son situados en Guantánamo para colocarlos fuera de la ley. De hecho, el propósito de Guantánamo es asegurarse que todo el proceso esté fuera de los procedimientos normales y de las garantías del debido proceso. Se trata de un estado de excepción global declarado por el ejecutivo estadounidense lo que demuestra claramente que, como bien afirmaba Carl Schmitt, “soberano es quien decide la excepción”. Pero… ¿quedará limitada la excepcionalidad del biopoder al campo de Guantánamo? Si nos fijamos como la tortura ha sido incorporada de manera natural al discurso liberal, no cabría duda que la fuerza expansiva de la excepcionalidad puede alcanzar tierra firme. Ya hay quienes favorecen legalizar la tortura, eso sí, como bien afirma el constitucionalista Alan Dershowitz, con previa autorización judicial.

Cuando un estado soberano decide defender su sociedad contra enemigos difusos como los terroristas, y ello lo hace con los instrumentos que aseguran el poder biológico y disciplinario sobre la vida, es preciso “llegar a un punto tal que la población íntegra se exponga a la muerte”, como bien nos recuerda Foucault.

La guerra a la delincuencia

Por EDUARDO JORGE PRATS. (República Dominicana)

Uno de los signos más ominosos de los nuevos tiempos que vivimos es que el Estado ha adoptado el discurso y los medios de la guerra, otrora restringidos al campo de las relaciones interestatales, al ámbito interno de las naciones. La tendencia inició en Estados Unidos cuando Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas en los 70 y se extendió a América Latina donde ya la tendencia había asomado y alcanzó su máxima expresión con la doctrina de la seguridad nacional de los regímenes burocrático-autoritarios que prevalecieron en la región desde temprano en los 60 hasta finales de los 80.

Cuando el Estado adopta con relación a los que habitan en su territorio los medios y el discurso de la guerra, lo que prevalece es la lógica del amigo/enemigo (Schmitt). Con dos datos fundamentales que tipifican al moderno Estado policial: el enemigo es difuso porque está disperso o cambia constantemente y ello obliga a una guerra indefinida, una guerra permanente. Cuando el enemigo es el guerrillero o el terrorista, el Estado olvida las leyes de la guerra y se involucra en una guerra sucia que conduce a y habilita el terrorismo de Estado. Si el enemigo es el delincuente, se eliminan las garantías del debido proceso y se generaliza el estado de excepción. Como bien expresa Raúl Zaffaroni, “así como la guerrilla habilitaba el terrorismo de estado y el consiguiente asesinato oficial, el delito habilitaría el crimen de Estado”.

Hoy las guerras interestatales se conducen con el discurso y los instrumentos de la acción policial y esta última se desarrolla a partir de la retórica y los medios de la guerra. Si la guerra fue en tiempos de Carl von Clausewitz la política por otros medios, hoy la política es la guerra por otros medios. Y la política criminal no escapa a esta característica medular del nuevo orden emergente: los operadores del sistema penal proyectan el poder punitivo del Estado como una guerra a los delincuentes. Esta guerra tiene sus estadísticas: número de enemigos (delincuentes) muertos, soldados (policías) caídos en el cumplimiento de su deber.

El discurso de la guerra contra la delincuencia obvia, sin embargo, un dato importante: quienes mueren pertenecen a los estratos más pobres y excluidos de la población. Incluyendo a los policías, que, después de las víctimas de los delitos, es el segmento poblacional que corre mayores riesgos de vida en el sistema penal. Quizás detrás de todo haya una lógica perversa de control social: que se maten los pobres y los excluidos entre ellos.

Esta ideología de la seguridad ciudadana a la cañona es una de las mayores amenazas al estado de derecho contemporáneo. Y ello así por varias razones: porque recorta las garantías constitucionales y generaliza el estado de emergencia constitucional; porque socava la independencia judicial y convierte al juez en un ejecutor de la política criminal trazada por el ejecutivo; porque potencia los miedos y los espacios paranoicos; porque aumenta la violencia e impide la resolución alternativa de los conflictos; porque criminaliza a los excluidos y evita resarcir a las víctimas; porque devalúa la dignidad humana; porque fomenta el autoritarismo al proyectar a los críticos de los abusos del poder como representantes de los delincuentes; porque aumenta la violencia y la exclusión social; y porque obstaculiza lograr la seguridad ciudadana sin desmedro de las libertades.

Ante esta situación, ¿qué hacer? O para interrogarnos en palabras de Luigi Ferrajoli, “¿cuáles son, más allá del derecho de resistencia, los remedios para las lesiones de los derechos fundamentales producidas por la criminalidad y la impunidad de los mismos estados que deberían garantizarlos? En otras palabras, ¿qué defensas tiene el ciudadano del Estado ‘delincuente’ en el caso de que sea inefectivo frente a él el derecho penal y el derecho procesal interno?”. En teoría, el derecho internacional de los derechos humanos debería bastar para domesticar el Estado delincuente y los “macropoderes salvajes”. El verdadero problema, sin embargo, es que precisamente la globalización del estado de excepción tras 11/9/01 ha vuelto inefectivo el derecho internacional al punto de su evanescencia y, por si fuera poco, la erosión progresiva del principio de soberanía dificulta una respuesta estatal a la cuestión.

116 años

El 26 de junio de 1891 los radicales cumplimos años, 116 para ser exactos. "Yo no acepto el acuerdo; soy radical contra el acuerdo; soy radical intransigente", Alem en esa frase nos bautizaba.

Son 116 años de un permanente compromiso democrático y popular, en los cuales no fue ajena nuestra fuerza, no solo a la responsabilidad de gobierno sus logros y fracasos , sino también a la lucha desde el llano contra el fraude, la oligarquía, el despotismo, la arbitrariedad, el privilegio. Una historia plagada de dirigentes y próceres legendarios, forjada en el compromiso militante a lo largo y ancho de la patria.

Quizás deberíamos estar todos los radicales un poco avergonzados frente a esta imagen actual de partido, desdibujado, deshilachado y escaldado.

Ese gran dirigente platense que fue el Dr. ANSELMO MARINI dijo:

El radicalismo tiene que volver a sus fuentes, que siempre estuvieron amparadas por lo que Yrigoyen define como su idea moral. Se hizo muy fuerte la defensa de sus ideales, tuvo casi un sentido religioso. Por ello los radicales nos llamamos correligionarios, participantes de una verdadera religión, que es la religión de la ética, de la política limpia, de la política moral. Recuerdo una frase de esos viejos militantes que abundaban en todos los comités barriales que decía: el radicalismo es ante todo un partido de buena gente. Por que en definitiva ser radical era ni más ni menos que eso, conducta.

El radicalismo, quizás aturdido, herido, golpeado, como un boxeador atontado que tira golpes al aire sin objetivo, merece otra suerte, se lo brindara la mística militante o lo que quede de ella de cada uno de nosotros. Estamos en la arena como estuvieron nuestros mayores, pero con la convicción de un legado a cumplir, el que nos marca en su testamente nuestro fundador

¡Adelante los que quedan!
¡Ah! Cuánto bien ha podido hacer este partido si no hubiesen promediado ciertas causas y ciertos factores... ¡No importa! Todavía puede hacerse mucho. Pertenece principalmente a las nuevas generaciones. Ellas le dieron origen y ellas sabrán consumar la obra. ¡Deben consumarla.

Que asi sea.

Dr. Gustavo Aramburu

Artuto Illia 1966: nos quitaron la oportunidad democrática y republicana

La Marcha Radical y el Himno Nacional atronaban en los accesos de la Casa Rosada. Eran las 7.29 del 28 de junio de 1966. Se cometía un vil despojo, el Dr. Illia, tras 45 meses de gobierno, dejaba el poder. Salió acompañado entre otros por el doctor Miguel Ángel Zavala Ortiz, su Canciller, quien gritó en ese instante: 'volveremos'. En medio del cálido asedio de la gente radical el doctor Illia llegó en andas hasta Rivadavia. Desistió del coche oficial que se le ofrecía y se retiro hacia el domicilio de su hermano en taxi.

Al día siguiente de su derrocamiento efectuó ante el Escribano Mayor de Gobierno una manifestación de sus bienes. El 12 de octubre de 1963, cuando asumió la primera magistratura de la República, poseía una propiedad en Cruz del Eje obsequiada con el aporte de sus vecinos, sus útiles de consultorio, un automóvil, y un depósito bancario de 300.000 pesos, mientras que a la fecha de su destitución, seguía teniendo la casa, pero había perdido el automóvil y el saldo del banco. Contemporáneamente a su vil derrocamiento, el Dr.Illia acompañaba a su compañera de toda la vida victima de cáncer.

Illia cumplió con su palabra no obstante las presiones del poder, recupero la explotación de la riqueza del subsuelo para la Nación.

La promulgación de leyes de relevancia, tales como la del Salario Mínimo Vital y Móvil y la Ley de Medicamentos, más conocida como Ley Oñativia, son jalones de un gobierno comprometido con los mas humildes e impermeable a las presiones de los poderosos.

Illia tuvo como eje de gobierno el apoyo a la Educación, incrementó el presupuesto para esta área a niveles que no tienen parangón siquiera internacionalmente.

En el ámbito internacional, la apertura comercial hacia la China comunista, el mantenimiento del principio de no intervención en la crisis de Santo Domingo, y la famosa resolución que adoptó Naciones Unidas por vía del Comité de Descolonización sobre el tema Malvinas son hechos a destacarse.

Quizás seria bueno recordar un monologo de TATO BORES sobre el final del gobierno de Illia La cuestión es que a Don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos un cacho la culpa todos porque los sindicatos, la C.G.T. le tiraba tortugas en Plaza de Mayo, los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacíamos chistes - éramos una manga de boludos que pa' que' le via' contar -; porque el problema no era que Don Illia era lento: el problema es que los que vinieron después fueron... fueron rápidos, y fuimos derecho pal' cara...melo, fuimos, pero bah, pero rápido!

Quizas los radicales, en medio de nuestras duras realidades, nuestros pesares y desventuras electorales, debemos parar la pelota y reflexionar arduamente sobre esa digna y valerosa imagen de Don Arturo saliendo ese triste amanecer hace hoy 41 años.

http://ricardobalbin.tripod.com/illia.htm

www.historia.radicales.org.ar

Año nuevo indígena

5515

Hoy comienza el año 5515 para millones de argentinos y sudamericanos. Los pueblos originarios andino-amazónicos celebran el año nuevo con el solsticio de invierno, al que los quechuas conocen como Inti Raymi, los aymara como Mara T’aka y los mapuches como We tripantu. El epicentro de los festejos será en la ciudad sagrada de Tiwanaku, en Bolivia, pero habrá ceremonias en todas las comunidades indígenas. Para los ranqueles, el festejo principal será en Leubucó, a 190 kilómetros de Santa Rosa, La Pampa, donde están los restos del cacique Mariano Rosas. En tanto, los mapuches harán su ceremonia central en Bahía Blanca con representantes de todos los pueblos.

Año nuevo en el hemisferio sur, por Armando Marileo.

Un falso debate sobre el aborto

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina indemnizó a una abuela cuya nieta a punto de nacer murió en el vientre de su madre al ser asesinada por la dictadura. Voces conservadoras dijeron que el fallo cierra la puerta a la despenalización del aborto. Aquí, cuatro expertos refutan esa interpretación.

Por Mariana Carbajal, Página/12.

Un fallo de la Corte Suprema, que le otorgó una indemnización por daños y perjuicios a una abuela cuya nieta a punto de nacer murió en el vientre de su madre al ser asesinada ella, durante la última dictadura militar, abrió una inesperada polémica: voceros de los sectores más conservadores salieron a celebrar que con esa sentencia el máximo tribunal cerraba la posibilidad de avanzar hacia la legalización del aborto al haber resuelto en un caso vinculado con un “no nacido”. En la última semana, en un editorial de La Nación, el ex presidente Carlos Menem y su ex ministro de Justicia, Rodolfo Barra, se encolumnaron con el mismo discurso. Sin embargo, tres juristas y una legisladora consultados por Página/12 descalificaron esa interpretación. “Lo que resolvió la Corte no tiene ninguna relación con la figura penal del delito de aborto”, coincidieron el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y la profesora Zulita Fellini. “En ningún momento se expide sobre el derecho a la vida del feto”, afirmó la diputada Marcela Rodríguez, investigadora del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp). “No se puede asimilar a un pronunciamiento sobre la naturaleza jurídica del embrión y tampoco se debe perder de vista que se trataba de un embarazo a término”, observó la profesora de Derecho Civil Nelly Minyersky.

La sentencia en cuestión es del 22 de mayo. Por unanimidad, el máximo tribunal revocó un fallo de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que negaba –en sintonía con el Ministerio de Justicia– la indemnización reclamada por Elvira Berta Sánchez respecto de la criatura que su hija estaba a punto de parir cuando fue asesinada, luego de ser secuestrada el 14 de septiembre de 1976. Aquella resolución de segunda instancia decía que “no es posible reconocer derechos en el nonato que sean transmisibles”. Los jueces de la Corte sostuvieron que a la abuela le corresponde una reparación no por derecho hereditario, es decir, no porque el nonato transmita derechos, sino por derecho propio: como víctima, por el perjuicio personal, moral o material que el crimen le ha provocado. Ana María del Carmen Pérez, la hija de Sánchez, “se hallaba con un embarazo a término”, destaca el máximo tribunal. Cumplía nueve meses de gestación seis días después de su desaparición forzada.

Los votos de los ministros Raúl Zaffaroni y Elena Highton se remiten al dictamen de la Procuración General de la Nación que lleva la firma de uno de los fiscales generales, Ricardo Bausset, donde se menciona que “el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda la legislación positiva, y que resulta garantizado por la Constitución Nacional, derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional”.

Este párrafo –que sólo dos camaristas toman como propio al emitir su voto– es en el cual se basan fundamentalmente los voceros de la jerarquía católica en temas de salud reproductiva y derechos de la mujer para festejar. “El Tribunal ha reafirmado la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la protección de la vida. El segundo paso lógico, entonces, no podrá ser otro que reafirmar la protección del por-nacer, desde el mismo momento de su concepción hasta el nacimiento, de cualquier manipulación agraviante o práctica abortista de la naturaleza que fuere”, sostuvo Barra, ex ministro de la Corte Suprema, integrante de la otrora mayoría automática menemista, en una columna publicada el jueves en el diario Clarín. La de Barra fue la tercera voz que se hizo oír en los últimos días para afirmar que “la Corte Suprema protege el derecho a la vida” y en consecuencia, sostener –en una expresión de deseo– que va camino a cerrar cualquier avance hacia la despenalización del aborto. El primero que pegó el grito de júbilo fue el diario La Nación, a través de un editorial publicado el sábado 9; el miércoles lo hizo el ex presidente Carlos Menem. “En una atmósfera a menudo viciada por posturas que alientan con sedicentes argumentos progresistas las prácticas abortivas y contracepcionales, este fallo de la Corte merece ser destacado y elogiado”, sostuvo el actual senador en una columna también publicada en La Nación.

Al cruce de la interpretación de Barra y Cía. salió el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, profesor de grado y posgrado de la UBA y la Universidad de Salamanca, y autor de una tesis doctoral sobre el aborto voluntario. “Lo que resuelve la Corte no tiene ninguna vinculación con el aborto. El alto tribunal interpreta una ley de reparación en donde se reconoce el derecho a ser resarcidos por daños y perjuicios a quienes han perdido familiares por el terrorismo de Estado. Eso está bien. Pero no quiere decir que el derecho a la vida del por nacer valga más que los derechos de la mujer como son el derecho a la vida, a la salud, y a la libertad y a la intimidad. La gran mayoría de las legislaciones del mundo lo prevé así: hay un punto que han tomado la Antropología, la Sociología, la Historia y el Derecho para dar mayor protección y es el nacimiento. Si se mata a una persona nacida está prevista mayor pena que si se trata de un no nacido. Esto mismo está contemplado en nuestro Código Penal. No tiene asidero decir que el derecho a la vida es absoluto. Es una posición dogmática que no tiene ningún fundamento legal ni constitucional”, consideró Gil Domínguez, en diálogo con Página/12.

Intención

La indemnización que otorga la Corte tiene sustento en la ley 24.411. Pero el alto tribunal diferencia dos circunstancias que prevé la norma: la indemnización prevista para las personas en situación de desaparición forzada que tienen derecho a percibir sus “causahabientes” o “herederos”; y la reparación que tienen derecho a recibir los familiares del fallecido por “el accionar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, o cualquier grupo paramilitar” durante la última dictadura. En el segundo caso, separa el alto tribunal, “el beneficio no le es otorgado al fallecido, ni éste lo percibe por medio de sus causahabientes (...) son estos últimos los beneficiarios”. Según la Corte, “tratándose en el caso del fallecimiento de una persona ‘por nacer’, vale decir una de las especies jurídicas del género persona según nuestra ley civil (...) no existe motivo alguno para negar a la señora Sánchez su pretensión”. Evaluaron que el caso es equiparable al de la indemnización por daños y perjuicios sufridos por los parientes de alguien que fue víctima de un homicidio.

Minyersky, profesora de Derecho Civil y presidenta de la Comisión de Bioética de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, aportó la siguiente reflexión al debate: “Hay que recordar lo que dice el artículo 3290 del Código Civil. Cuando Vélez Sarsfield se refiere a la capacidad del concebido, dijo: ‘el hijo en el seno materno tiene sólo una vida en común con ella (la madre); el nacimiento puede únicamente darle una vida individual’”. En ese sentido, para Minyersky, cuando la Corte “en forma confusa y contradictoria asimila la muerte de un no nato con un homicidio, contradice la mayoría de la jurisprudencia y doctrina penal que hay al respecto”. De todas formas, agregó: “No se puede asimilar este fallo a un pronunciamiento sobre la naturaleza jurídica del embrión y tampoco se puede perder de vista que se trataba de un embarazo a término”. La abogada y diputada Marcela Rodríguez sostuvo: “En ningún momento se expide la Corte sobre el derecho a la vida del feto”. “Es más –continuó–, en la sentencia se incluye un párrafo donde claramente se cita al civilista Alfredo Orgaz, en el que dice que hay que distinguir entre persona como una cualidad jurídica, un procedimiento técnico, de individuo humano, que por otra parte no se puede reconocer como tal ya que las normas civiles no lo reconocen: si no nació con vida no es persona.” Textualmente, la sentencia dice: “Ha tratado el punto con claridad Alfredo Orgaz, al expresar que ‘el derecho positivo puede libremente conferir la personalidad a diversos substratos, de modo que éstos sean el término de imputación de un conjunto de derechos y deberes jurídicos. Esta libertad de ordenamiento jurídico, sin embargo, reconoce sustancialmente ciertas limitaciones. Ante todo, es necesario que haya, como hemos dicho, un sustrato real que pueda ser el soporte o el portador de la personalidad: en consecuencia, no pueden reputarse personas los muertos’”.

Para la diputada del ARI, “la Corte no le reconoce el carácter de persona al feto no nacido”. “Dice que hay que hacer una interpretación extensiva de las leyes reparatorias de los delitos cometidos durante la última dictadura, es decir, dicen que deben alcanzar a la mayor cantidad de población posible. En ese sentido, expresa que le corresponde la indemnización a la mujer por los daños y perjuicios espirituales y materiales por el sufrimiento que le ocasionó como potencial abuela la pérdida de ese ser a punto de nacer”, precisó.

La ex jueza de menores Zulita Fellini se sumó a la polémica: “La cuestión tratada en ese fallo no tiene absolutamente nada que ver con manifestaciones respecto de la figura penal del delito de aborto. La categoría de persona por nacer que se menciona es una creación jurídica, una ficción sólo a esos efectos, condicionada legalmente al nacimiento con vida, ya que quien no ha adquirido aun los derechos no puede transmitirlos. La actora (Sánchez) no concurre en relación a un derecho hereditario sino por derecho propio, por sentirse particular damnificada. Es y actúa como víctima”, explicó Fellini, investigadora, profesora de postgrado y asesora jurídica del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.

–¿Por qué entonces Barra y Menem sostienen que se reafirma con este fallo la calidad de sujeto de derecho al por nacer y con ello se obstaculizaría cualquier intento de despenalizar el aborto? –le preguntó Página/12.

–Es una expresión de gente que no ha podido distinguir la concepción del fallo. No sé si es adrede o no. Pero es evidente que no lo han estudiado.

PÁGINA/12, 17 de Junio de 2007.

Los nadies, de Eduardo Galeano

Foro Argentino de la Deuda Externa - Conferencia Homenaje a Alejandro Olmos

El pasado 15 de mayo, el Secretariado Nacional del Foro Argentino de la Deuda Externa inauguró en el Salón Verde de la Facultad una serie de clases dictadas en el marco de la Cátedra Libre sobre la Deuda Externa, para rendir homenaje a quien fuera el fundador del Foro, Alejandro Olmos. Fallecido el 24 de abril del año 2000, este periodista y militante político argentino fue el impulsor más ferviente de las denuncias por ilegitimidad de la deuda externa contraída por nuestros gobernantes durante la segunda mitad del siglo veinte, y fue el denunciante principal en la famosa causa “Olmos” que declaró como deliberado, grosero y agraviante el incremento de la deuda externa llevado a cabo durante los años 1976 en adelante.

Para la apertura del seminario, estuvieron presentes personalidades cercanas al homenajeado y fuertemente ligadas a la lucha contra la deuda externa, como el Embajador Dr. Miguel Ángel Espeche Gil, la Diputada Nacional Marta Maffei, el Secretario del Foro Aldo Bufa y el dirigente de SUTEBA Walter Ormazábal. La actividad contó con la coordinación del Prof. Alberto González Arzac.

Muy brevemente, Espeche Gil se mostró orgulloso de pertenecer hace largo tiempo al Foro y celebró que se recuerde permanentemente a Alejandro Olmos en esta Casa de estudios. Asimismo, comentó que integra actualmente un grupo de investigación que redactará próximamente un informe para conseguir que se declare la imprescriptibilidad de los delitos denunciados y probados en la causa “Olmos”, en la cual fueron sobreseídos los imputados por prescripción de la pena.

A continuación, Marta Maffei, quien expuso sobre “El estado de la deuda”, rescató por sobre todo la “coherencia y el compromiso social” en la vida de Olmos, y la virtud de no haber claudicado ni haberse sometido ante ningún gobierno. Por todo esto, Maffei sostuvo que Olmos “ha sido ocultado y silenciado”.

“La deuda externa es un instrumento de dominación, que sustituye en América Latina la dominación directa que ejercían los países centrales por la vía de las armas, aunque tuvo más éxito que éstas, porque es una estrategia menos visible” –denunció luego.

“Esa deuda nunca se invirtió para el país, sino que era un dinero que entraba, pasaba al Banco Central y de ahí pasaba al mercado de cambio como instrumento de especulación y fuga de capitales” -agregó Maffei. En ese sentido, la diputada comentó que Olmos planteó las irregularidades, ilícitos, y señaló a los políticos, funcionarios, administradores y titulares de empresas del estado y privadas, y del Banco Central que se encontraban comprometidos. Así, no sólo insistió en la responsabilidad de nuestros funcionarios, sino también la de los acreedores, como el Fondo Monetario Internacional, donde, según Maffei, hay agentes que investigan la deuda argentina analizando la forma de sacarle el máximo provecho.

“Mientras se siga pagando la deuda, el delito se sigue consumando”, afirmó para terminar la diputada.

Por su parte, Aldo Bufa hizo un breve reconocimiento al recientemente fallecido Norberto Acerbi, quien fuera el presidente del Foro. “Como otros muchos luchadores, no tuvo renombre ni publicidad, pero tuvo una acción política desde de la izquierda nacional, y tuvo una acción gremial, a través de su lucha en el campo sanitario” -recordó Bufa.

Más tarde, Walter Ormazábal habló sobre los “Orígenes de la deuda externa”. Así, explicó que hacia 1976, en la época de la dictadura, había un superávit de la balanza comercial: “teníamos más de diez mil millones de dólares de reservas y no era una necesidad para la Argentina el ingreso de divisas por vía del endeudamiento” -sostuvo. De este modo, argumentó que la contracción de los empréstitos tuvo que ver “con la necesidad de las potencias de colocar dinero en el exterior, en un momento donde había gran liquidez, producto de la crisis de superproducción causada por el alto precio del crudo de petróleo”.

En ese sentido, Ormazábal no dudó en declarar “ilegítima y fraudulenta” a la deuda. “El pueblo argentino ha luchado mucho y no se merece esto –continuó-, y aquellos que han saqueado al país deben pagar con la cárcel”. De esta manera, finalizó proponiendo que se suspenda el pago total de la deuda actual, “hasta que se descubra qué parte es legítima y qué parte no lo es”.

El 4 de abril de 1982 Alejandro Olmos presentó en el Juzgado Federal en lo Penal N° 2, causa N° 14.467, caratulada “Olmos, Alejandro s/dcia.”, Expte. N° 7.723/98, una querella contra José Alfredo Martínez de Hoz y otros funcionarios del gobierno militar de 1976 por la contracción de la deuda externa. Recién el 13 de julio del 2000, tres meses después de su muerte, el juez federal Jorge Ballestero declararía el endeudamiento extranjero contraído durante varios gobiernos como ilegal, inmoral, ilegítimo y fraudulento.

A su iniciativa se debió, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, la creación de una Comisión de Ilícitos en el Senado; Olmos fue asesor de ésta y de la comisión senatorial de economía hasta 1989. Asimismo, integró la delegación argentina ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra entre 1986 y 1987.

La cuestión mapuche. Un desafío para el gobierno chileno.

Una agenda de políticas indígenas basada en derechos

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El sistema internacional no reemplaza a los mecanismos que se necesitan en el ámbito estatal para garantizar los derechos humanos. Sin embargo, como demuestra el caso que comentamos, la jurisprudencia y recomendaciones de las instancias internacionales, fortalecen la legitimidad y posiciones de los pueblos indígenas como titulares de derechos.

POR VICTOR TOLEDO.

Las conclusiones y recomendaciones de los Comités de Naciones Unidas a Chile han introducido un nuevo y decisivo factor en el proceso de diseño de las nuevas políticas hacia los pueblos indígenas en Chile, imponiendo al Gobierno de Chile una agenda mínima de tareas, que está bajo examen internacional. La “nueva política indígena" del gobierno ya no solo debiera limitarse a una consideración discrecional de los planteamientos de las organizaciones y comunidades indígenas, sino que debe cumplir obligaciones de derecho internacional. Y eso es saludable para los derechos de los pueblos indígenas.

Las Conclusiones y Recomendaciones del Comité de Derechos Humanos (CDH) y del Comité de Derechos del Niño (CDN) fueron formuladas después de examinar los respectivos informes periódicos de Chile, en cumplimiento de obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de Derechos del Niño, respectivamente. Las sesiones de verificaron los días 26 de enero de 2007 (CDN) y 15 de marzo de 2007 (CDH).

En el proceso de diseño de la “política de nuevo trato” y la “nueva política indígena urbana”, tales recomendaciones son insoslayables. Al mismo tiempo, las recomendaciones han venido a legitimar y reforzar, desde el derecho internacional, los planteamientos y reclamaciones que han hecho las organizaciones indígenas ante diversas instancias gubernamentales.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE INTERÉS PARA DERECHOS INDÍGENAS

Destacamos las siguientes recomendaciones:

• Ratificación del Convenio 169 de la OIT;
• Reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas en la Constitución;
• Modificación de la política y legislación penal y policial;
• Obligación de consulta a las comunidades indígenas antes de aprobar proyectos que afecten sus tierras;
• Garantizar los derechos a restitución y protección de las tierras ancestrales,
• Modificar la legislación sectorial que pueda afectar las tierras ancestrales y los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos.
• Garantizar los derechos a la educación y la salud de los niños indígenas.
• Implementar las Recomendaciones del Relator R. Stavenhagen

Dichas recomendaciones ameritan ser analizadas, una por una, por las organizaciones indígenas, sus dirigentes y equipos técnicos, para exigir al estado su cabal cumplimiento a través de nuevas políticas estatales.

UNA VICTORIA MAPUCHE EN EL DERECHO INTERNACIONAL

Una atención y valoración de las recomendaciones que debe ser mayor, cuando se constata que en la Recomendación del CDH, respecto al derecho sobre las tierras ancestrales, estamos ante una victoria jurídica y doctrinaria en el derecho internacional, trascendental para el pueblo mapuche y todos los pueblos indígenas.

En efecto, el Comité ha respaldado y legitimado una de las más arraigadas reivindicaciones de los comunidades mapuche, como es la protección y restitución de las tierras ancestrales, e incorporado la expresión “tierras antiguas” a la jurisprudencia internacional. Y el Comité ha fundamentado su recomendación respecto a la obligación de proteger el derecho de los pueblos indígenas a la tierras, vinculándolo al derecho a la cultura (articulo 27) y en el derecho a la libre determinación de los pueblos y la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales (articulo 1, numero 2 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Abordaremos esa recomendación específica y sus implicancias para la Política de Tierras de CONADI en un texto aparte. En esta ocasión nos interesa subrayar la necesidad de vigilar y exigir el cumplimiento de las recomendaciones, y de la pertinencia y viabilidad de políticas indígenas basadas en derechos.

VIGILANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

El sistema internacional no reemplaza a los mecanismos que se necesitan en el ámbito estatal para garantizar los derechos humanos. Sin embargo, como demuestra el caso que comentamos, la jurisprudencia y recomendaciones de las instancias internacionales, fortalecen la legitimidad y posiciones de los pueblos indígenas como titulares de derechos y ayudan a supervisar la conducta del estado y sirven de contrapeso a la fuerzas políticas locales, que obstaculizan en el cumplimiento de los derechos humanos.(1)

Las conclusiones y recomendaciones de los comités son la interpretación autorizada de los Tratados de Derechos Humanos. Las conclusiones y recomendaciones de los comités tienen el efecto de reforzar y legitimar a las personas y los pueblos en la titularidad de sus derechos y en la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones estatales. Y esa reafirmación y legitimación no es algo menor para pueblos y comunidades cuyos derechos han sido sistemáticamente negados.

El Comité de derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño han dejado en claro al Estado de Chile que, desde el derecho internacional, los derechos de los pueblos indígenas existen, son exigibles en tanto derechos humanos, y generan obligaciones estatales, incluso en casos de estados, como Chile, que se han negado a reconocer derechos de pueblos indígenas en su legislación interna. Los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos, y en tanto tales, son anteriores a los propios estados, y su respeto, protección y garantía es obligatorio.

¿Cumplirá cabalmente y de buena fe, el estado de Chile las recomendaciones? Eso depende en gran medida de los marcos de las políticas públicas, y voluntades políticas gubernamentales y del grado de presión, vigilancia y exigencia que realicen los pueblos directamente interesados y sus organizaciones.

EL ENFOQUE DE DERECHOS, MIDEPLAN Y EL TEST DE LAS RECOMENDACIONES DE ONU

En términos de marcos de políticas públicas, implementar estas recomendaciones de derechos humanos no debiera ser cognitivamente complejo para los responsables de las políticas indígenas en Chile. Cabe tener presente que MIDEPLAN ha establecido el “enfoque de derechos humanos” promovido por Naciones Unidas como directriz principal para el diseño de las políticas públicas a su cargo. Es lo que el Gobierno de Michelle Bachelet ha denominado “políticas públicas basadas en derechos”. Tal enfoque, además, encuentra fundamento en el articulo 5, inciso segundo, de la Constitución.

El enfoque de derechos consiste en establecer un vínculo explicito entre las políticas públicas y los estándares de derechos humanos, reconociendo a los ciudadanos como titulares de derechos exigibles, y elaborando las políticas estatales para garantizar tales derechos. Para este enfoque, las normas, estándares y principios del sistema de derecho internacional de derechos humanos, pasan a ser el criterio y fundamento de los planes, políticas y procesos de las políticas públicas. La calidad del diseño, implementación y la gestión de dichas políticas, basadas en derechos, se mide por el grado de cumplimiento de las cuatro obligaciones: respeto, protección, garantía y promoción de los derechos.

En palabras de Víctor Abramovich [i] “El enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas.”[/i]

En síntesis, un enfoque de derechos parte porque los indígenas sean considerados como ciudadanos titulares de derechos, y no como clientelas de beneficiarios; sus reclamaciones sean tratadas no como “demandas” de beneficios, sino como exigencias de cumplimiento de obligaciones del estado respecto a derechos. Un enfoque de derechos en materia indígena fija al estado, un conjunto mínimo de políticas públicas a implementar correspondientes a los derechos de los pueblos indígenas, y la gestión de dichas las políticas se mide por el grado de cumplimiento de las obligaciones de respeto, protección, garantía y promoción.

LAS RECOMENDACIONES DE ONU COMO AGENDA MÍNIMA DEL 2007

Las recomendaciones de los Comités de Naciones Unidas constituyen, entonces, una valiosa oportunidad de poner a prueba la seriedad del enfoque de derechos que implementa MIDEPLAN. Al mismo tiempo, las recomendaciones de los Comités establecen una buena coincidencia en un listado de tareas compartido, y con un plazo. Para el Estado las recomendaciones son obligaciones a cumplir, para los pueblos indígenas son derechos a exigir.

En marzo de 2008 el estado deberá informar ante el Comité de Derechos Humanos qué ha hecho para cumplir con sus recomendaciones. El asunto no es esperar que el Gobierno cumpla por si sólo las recomendaciones. No lo hará si no hay control ciudadano. El plazo de un año presta un generoso refuerzo a las posiciones de los pueblos indígenas para empujar los cambios, en nombre de sus derechos.

Una medida básica para vigilar y contribuir al cumplimiento de las recomendaciones de derecho internacional es establecer un mecanismo bipartito estado-pueblos indígenas, que a lo largo del año haga seguimiento a las medidas de cumplimiento. Otra medida básica es abrir el debate sobre cada una de las recomendaciones. Finalmente cabe recordar la expresiva frase de la Presidenta de la República: [i] “Un estado que no es capaz de garantizar derechos es un estado de derecha”[/i]. ¿Cómo se calificaría un estado que no es capaz de garantizar los derechos de los pueblos indígenas? /

Extraído de: Periódico Mapuche "Azkintuwe". Temuco, Chile.
Abril de 2007.

Continúa la represión del pueblo Mapuche en Chile en base a la Ley Antiterrorista. Leer nota.

El rapto de Europa

Por Carlos Fuentes

Visite Europa por primera vez en 1950. Las bombas de la Blitzkrieg habían dejado vastos huecos en el centro de Londres y la bombas de la Real Fuerza Aérea Británica habían devastado la ciudad alemana de Dresden. Viena estaba ocupada por las cuatro potencias victoriosas (los Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña y Francia). Las efigies de Lenin y Stalin cubrían la fachada imperial del Hofburg. De Milán a Nápoles, los niños robaban, pedían limosna y carecían de zapatos.

Medio siglo más tarde, Europa es el principal bloque económico y comercial del mundo. Con 500 millones de habitantes, posee el nivel de educación, comunicaciones y bienestar general más alto del orbe. Con un ingreso medio per cápita de 29.000 dólares anuales.

El dolor de la posguerra ha desaparecido. Hoy Europa, en términos generales, respira satisfacción. El continente es un gran éxito histórico. Cuando Jean Monet y Robert Schumann se unieron a Konrad Adenauer, en 1950, para plantar las semillas de la Comunidad Europea, un propósito era dominante: que no volviese a haber una guerra entre Francia y Alemania. Que las catástrofes de 1870, 1914 y 1939 no se repitiesen jamás.

Construida sobre el eje pacífico de la cooperación franco-germana, Europa es hoy, en gran medida, un hecho que sus habitantes dan por asegurado. Sin embargo, la voluntad histórica que llevó a la creación de la Comunidad Económica Europea, precisamente porque tuvo éxito, tiende a ser olvidada. Por una parte, toda una juventud europea no piensa dos veces en el pasado. El presente le es grato y le es cómodo. No hay fronteras cerradas, la cultura popular no requiere pasaporte, el pasado no regresará, la historia es el olvido.

La complacencia que se nota en vastos sectores de la población europea puede resultar gratificante a la luz de un pasado violento. Pero no autoriza a soslayar la nueva problemática que el siglo XXI les impone a lo europeos, dentro y fuera de sus fronteras.

Hace medio siglo, los trabajadores españoles e italianos emigraban a Francia, Inglaterra y Alemania. Eran necesarios pero sospechosos. Hoy, España e Italia reciben migración masiva del Africa subsahariana y del Maghreb: 200 millones de migrantes. En Alemania, viven y trabajan siete millones de turcos. La presencia del trabajador migratorio suscita y resucita viejos prejuicios nacionalistas y racistas, poniendo en peligro una de las grandes conquistas de la posguerra, que ha sido ejercer influencia política y económica sin banderas nacionalistas.

La migración es consecuencia inevitable de la globalización. Si se globalizan las finanzas y el comercio, también se globalizará el trabajo. Este es ya un hecho internacional, por más que nos empeñemos en tratarlo cono asunto bilateral. La migración propone, en primer lugar, programas de cooperación activa entre países de expulsión y países de recepción a fin de que aquéllos generen trabajo que retenga a su mano de obra y éstos establezcan claras reglas que discriminalicen a la migración, la protejan y la integren a la economía europea. Las excepciones criminales deben ser la excepción, no la regla.

El continuado bienestar europeo depende, asimismo, de que los focos de inestabilidad sean objeto de atención política y diplomática oportuna. La salud internacional de Europa depende de que la política mundial se encauce mediante negociación y previsión y no, fatalmente, con actos de ataque preventivo que conducen al fracaso, como en Irak. Valgan las palabras del primer ministro francés, Dominique de Villepin, como guía de la acción: "Sólo el consenso y el respeto a la ley dan legitimidad a la fuerza y fuerza a la legitimidad".

Ello requiere, en las palabras de otro gran estadista europeo contemporáneo, Mássimo D Alema, vicepresidente y canciller de Italia,"un orden, instituciones y un cuadro de normas" a fin de que la interdependencia y la cooperación internacional sean los principios de la mundialización. De suerte que no es menor la importancia de Europa como factor activo y moderador de una situación internacional tan peligrosa como el abandono de toda regla a favor de una ciega y catastrófica soberbia unilateralista.

Pero Europa no sólo tiene problemas y obligaciones externas. La comunidad original de seis Estados pronto se extenderá a veintisiete naciones, muchas de ellas con niveles socioeconómicos inferiores a los del occidente europeo.

Acelerar el desarrollo del centro y el sur de Europa no será sencillo. La cortina de hierro sólo disfrazaba una casa de cartón. La inversión para el desarrollo de la Europa central y los Balcanes será tan grande como los obstáculos políticos y culturales, amén del doble movimiento de empresas occidentales en busca de mano de obra barata más allá del Danubio y de trabajadores del Este en busca de trabajo en Occidente. Y todo esto, a las puertas de una Rusia de voluntad política renovada, poder petrolero y un tradicional sentimiento de estar siendo sitiada. De nuevo, la política y la diplomacia europeas deben buscar acomodos inteligentes con Moscú.

"Europa no tiene número de teléfono", dijo famosa y cínicamente Henry Kissinger. Pero la historia europea tiene muchos números y el éxito de hoy no debe olvidar ni los nuevos desafíos ni los viejos obstáculos. Desde que Winston Churchill predijo acertadamente, en Zurich (1945), que la amistad de Francia y Alemania era el corazón de la unidad europea, el Reino Unido se ha dividido entre ser padrino, socio o antagonista de Europa -"el continente", como le dicen los británicos- en beneficio de la alianza atlántica con Washington. La catastrófica guerra de Irak quizá condicione al siguiente gobierno de Londres a acercarse más a Europa y aceptar el desafío de lo que formula Hugh Thomas: "unirnos activamente a Europa... o permanecer aislados, sin gloria y con ruina".

El propio Thomas describe a François Mitterrand como "el último gran estadista literario de Europa", que logró desmantelar al comunismo y disminuir el nacionalismo gaullista, abriendo una etapa intensa de colaboración franco germana. La elección de abril, en Francia, pondrá a prueba las activas orientaciones galas: el centralismo, el europeísmo, el internacionalismo. Y Alemania deberá proseguir su política de influencia sin nacionalismo, acorde con el desiderátum de Thomas Mann de "una Alemania europea, no una Europa alemana".

México y la América latina, por último, están obligados, por elementales razones de salud, a diversificar sus relaciones exteriores más allá del continente americano. Vivimos con un gigante herido que acaso se dispare a una catastrófica furia hacia delante, arrastrándonos a un despeñadero. Europa aparece, más que nunca, como factor de equilibrio y de salud internacional.

Y nosotros, los iberoamericanos, con tan hondas raíces en España y Portugal, ¿no somos lo más semejante a Europa fuera de Europa? No permitamos que Europa nos sea raptada.



Texto de la Declaración de Berlin, 2007.

"Durante siglos Europa ha sido una idea, una esperanza de paz y entendimiento. Esta esperanza se ha hecho realidad. La unificación europea nos ha procurado paz y bienestar, ha cimentado nuestra comunidad y superado nuestras contradicciones. Cada miembro ha contribuido a unificar Europa y a fortalecer la democracia y el Estado de derecho. Gracias al ansia de libertad de las gentes de Europa Central y Oriental, hoy se ha superado definitivamente la división artificial de Europa. Con la unificación europea hemos demostrado haber aprendido la lección de las confrontaciones sangrientas y de una historia llena de sufrimiento. Hoy vivimos juntos, de una manera que nunca fue posible en el pasado. Los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, para fortuna nuestra, estamos unidos.

I - En la Unión Europea estamos haciendo realidad nuestros ideales comunes: para nosotros el ser humano es el centro de todas las cosas. Su dignidad es sagrada. Sus derechos son inalienables. Mujeres y hombres tienen los mismos derechos. Nos esforzamos por alcanzar la paz y la libertad, la democracia y el Estado de derecho, el respeto mutuo y la responsabilidad recíproca, el bienestar y la seguridad, la tolerancia y la participación, la justicia y la solidaridad. En la Unión Europea vivimos y actuamos juntos de manera singular, y esto se manifiesta en la convivencia democrática entre los Estados miembros y las instituciones europeas. La Unión Europea se funda en la igualdad de derechos y la convivencia solidaria. Así hacemos posible un equilibrio justo entre los intereses de los distintos Estados miembros. En la Unión Europea preservamos la identidad de los Estados miembros y la diversidad de sus tradiciones. Valoramos como una riqueza nuestras fronteras abiertas y la viva diversidad de nuestras lenguas, culturas y regiones. Hay muchas metas que no podemos alcanzar solos, pero sí juntos. Las tareas se reparten entre la Unión Europea, los Estados miembros, sus regiones y sus municipios.

II - Nos enfrentamos a grandes desafíos que no se detienen en las fronteras nacionales. La Unión Europea es nuestra respuesta a ellos. Sólo unidos podemos preservar en el futuro nuestro ideal europeo de sociedad, en beneficio de todos los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea. Este modelo europeo aúna el éxito económico y la responsabilidad social. El mercado común y el euro nos hacen más fuertes. Con ellos podemos amoldar a nuestro sistema de valores la creciente interdependencia económica mundial y la cada vez más intensa competencia que reina en los mercados internacionales. La riqueza de Europa se basa en el conocimiento y las capacidades de sus gentes; ésta es la clave del crecimiento, el empleo y la cohesión social. Vamos a luchar juntos contra el terrorismo, la delincuencia organizada y la inmigración ilegal. Y lo haremos defendiendo las libertades y los derechos ciudadanos incluso en el combate contra sus enemigos. Nunca más debe dejarse una puerta abierta al racismo y a la xenofobia. Defendemos que los conflictos del mundo se resuelvan de forma pacífica y que los seres humanos no sean víctimas de la guerra, el terrorismo y la violencia. La Unión Europea quiere promover en el mundo la libertad y el desarrollo. Queremos hacer retroceder la pobreza, el hambre y las enfermedades. Para ello vamos a seguir ejerciendo nuestro liderazgo. Queremos llevar juntos la iniciativa en política energética y protección del clima, aportando nuestra contribución para contrarrestar la amenaza mundial del cambio climático.

III - La Unión Europea se nutrirá también en el futuro de su apertura y de la voluntad de sus Estados miembros de consolidar, juntos y acompasadamente, el desarrollo interno de la Unión Europea. Esta seguirá promoviendo también la democracia, la estabilidad, y el bienestar allende sus fronteras. Con la unificación europea se ha hecho realidad un sueño de generaciones anteriores. Nuestra historia nos reclama que preservemos esta ventura para las generaciones venideras. Para ello debemos seguir adaptando la estructura política de Europa a la evolución de los tiempos. Henos aquí, por tanto, cincuenta años después de la firma de los Tratados de Roma, unidos en el empeño de dotar a la Unión Europea de fundamentos comunes renovados de aquí a las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Porque sabemos que Europa es nuestro futuro común."