Con el golpe a Illia nació un nuevo tipo de dictadura

Por César Tcach
Politólogo, Investigador CONICET y Director Maestría en Partidos Políticos (Universidad de Córdoba)

¿Cuáles fueron las causas del golpe militar del 28 de junio de 1966 que derrocó a Arturo Illia? No fue el correlato de crisis económica alguna; el producto bruto interno crecía a un ritmo cercano al 8% anual. El propio Mariano Grondona lo reconocía el 2 de agosto en su revista Comentarios, al señalar que se trataba de una "Revolución espiritual" en medio de grandes cosechas y una relativa bonanza económica. Lejos de la mediocridad, "el más occidental y menos subdesarrollado de los países del continente" tendría una misión: conducir a América latina "fuera" del mundo subdesarrollado e incorporarla de pleno derecho al mundo occidental.

Desde esta mirada, se hacía imperativo un "cambio de estructuras" cuya clave era el "pase a retiro" de la antigua clase política. En reemplazo de esa perimida dirigencia política, irrumpiría una nueva elite compuesta por técnicos, militares y hombres de empresa. Este punto de vista era compartido por el comandante del primer cuerpo de Ejército, general Julio Alzogaray, quien —de acuerdo a un documento de la CIA fechado el 1º de junio— habría informado a la inteligencia norteamericana que el inminente nuevo gobierno se proponía disolver todos los partidos políticos y establecer regulaciones específicas para la formación de otros nuevos. Alzogaray les comunicó, además, que los objetivos eran neutralizar las actividades comunistas, hacer de la Argentina un aliado activo de los países occidentales, recuperar la confianza de los inversores extranjeros y fortalecer las relaciones con los EE.UU.

Por cierto, existía una amplia brecha entre lo que el general Alzogaray decía en privado a los funcionarios norteamericanos y lo que decía en público. Poco tiempo antes, había sostenido en Santa Rosa de La Pampa que los golpes militares eran "cosa del pasado", una "etapa cerrada" de la historia argentina. En la madrugada del golpe se ocupó personalmente de desalojar a Arturo Illia de su despacho en la Casa Rosada.

Los propósitos desestabilizadores contaron con el beneplácito de la XXII Asamblea de ACIEL (Acción Coordinadora de Instituciones Empresariales Libres), entidad que agrupaba a los grandes empresarios nacio nales y extranjeros. En la primera semana de junio expresó en una declaración que el gobierno favorecía la actividad disolvente de grupos minoritarios que incitaban a la ocupación de fábricas y universidades; abriendo las puertas a un proceso que favorecía "la propagación de ideas extremistas que propugnan, directa o indirectamente, la implantación del colectivismo". Poco tiempo después, la Sociedad Rural se referirá al Onganiato en una terminología que no dejaba lugar a dudas: "nuestro gobierno".

Sin embargo, el golpe militar contó con una red de complicidades en la sociedad civil que excedía con holgura los límites de los grandes grupos de poder económico. Un informe de la CIA fechado el 3 de junio informó que el sindicalismo vandorista había establecido contactos con los militares y resuelto no oponerse al golpe. No era de extrañar.

En el terreno sindical, Illia intentó modificar la ley de asociaciones profesionales: el manejo de los fondos se repartiría, de acuerdo con esa iniciativa, entre la central, la Federación provincial y el sindicato de base. Se estipulaba, asimismo, la participación de las minorías en las direcciones gremiales. Esta iniciativa enfureció a la burocracia sindical peronista. Pero su práctica desestabilizadora hundía sus raíces en los propios inicios de la gestión presidencial.

Los dirigentes sindicales nunca dejaron de concebir las elecciones de julio de 1963 en términos de "farsa electoral". El cuestionamiento a la legitimidad de origen del gobierno nacional se realizaba en clave antiliberal: el radicalismo expresaba un orden liberal y partidocrático destinado a ser reemplazado por otro capaz de expresar a los verdaderos actores de la comunidad nacional, como los sindicatos, el Ejército y la Iglesia.

Vandor, elogiado sospechosamente por la revista Confirmado, no se sonrojaba al señalar que las Fuerzas Armadas sentían las inquietudes del pueblo y de la CGT. Con mayor precisión, Juan José Taccone, máximo dirigente de Luz y Fuerza en Capital Federal, sintetizaba: "La clase obrera debe integrarse al resto de los sectores nacionales, de los que no excluimos, por supuesto, a la Iglesia o al Ejército. No debemos perder contacto con empresarios industriales (...) estamos en la búsqueda de una síntesis nacional". El lugar de privilegio que los sectores corporativos —"factores de poder", en el lenguaje de la época— debían tener en la toma de decisiones formaba parte de un imaginario que renegaba de los partidos y el Parlamento.

El impacto de las tendencias desestabilizadoras fue potenciado por el comportamiento de los propios partidos políticos, y en especial, de la oposición parlamentaria. Los bloques legislativos vetaron el tratamiento del presupuesto nacional para el año 1966. Ante la negativa, en abril de ese año el presidente Illia envío un mensaje al Parlamento, en el que reiteraba la necesidad de su urgente tratamiento, al tiempo que el propio ministro de Defensa, Leopoldo Suárez, acusaba al Congreso de presionar al país. Como respuesta, siete bloques —PJ, UCRI, MID, PDP, PDC, PSA y Alianza Misionera— elaboraron un despacho conjunto que ratificaba la negativa y postulaba la prórroga del presupuesto del año anterior, como norma de emergencia. Al veto del proyecto de presupuesto 1966 (cuando se dio el golpe de Onganía aún no había sido aprobado) se añadió el rechazo al proyecto de reformas impositivas con las que el gobierno pretendía hacer frente a las demandas del sector educativo.

En los hechos, los partidos operaban en contra del sistema de partidos y desprestigiaban con su accionar la institución parlamentaria. Su dudosa responsabilidad cívica alimentó la convicción militar de ser protagonistas de una época cuyos dos rasgos más sobresalientes eran la decadencia nacional y la guerra interna. Al calor de esas creencias, el gobierno de Onganía reemplazó el antiperonismo por el antipartidismo generalizado e inició la era de las dictaduras soberanas y fundacionales, es decir, de un tipo de régimen militar que lejos de limitarse a reemplazar las instituciones de un modo provisorio (como fueron los anteriores golpes militares), se proponía la fundación de un nuevo ciclo histórico.

César Tcach es autor del libro "Arturo Illia, un sueño breve. El rol del peronismo y de los Estados Unidos en el golpe militar de 1966". (Edhasa, 2006). Nota publicada en CLARÍN, 26 de Junio de 2006.