Entrevista al Dr. Mario Coriolano
La protección adecuada y efectiva de los acusados en el sistema penal y la rehabilitación de los condenados en sitios de detención sanos y donde se respeten sus derechos, son obligaciones del Estado reconocidas en la Constitución nacional y en pactos internacionales. Las responsabilidades del país se potenciarán aún más a partir de mediados de 2007, cuando se pongan en marcha los mecanismos de control del cumplimiento del Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas contra la Tortura, del cual Argentina fue la primera Nación en ratificarlo.
La preocupación en esta materia es muy profunda por las graves fallas que se detectan en el sistema penal. Así lo reconoció el defensor oficial ante el Tribunal de Casación de Buenos Aires, Mario Coriolano, quien estuvo en Tucumán para el dictado de un curso de capacitación regional en visitas a prisiones. “El Protocolo parte de que hay ciertos estándares que no están alcanzados en Argentina, y su vigencia es una oportunidad importante para revisar la institucionalidad vinculada con este tema”, admitió el integrante del Foro para la Justicia Democrática.
- ¿Cuáles son los problemas más graves que se registran?
- Hay problemas de institucionalidad variados, que dejan en evidencia una ausencia importante de independencia de las instituciones vinculadas a la promoción y protección de los derechos humanos. Lo adecuado sería que tengan un presupuesto propio, la facultad de designación y de remoción del personal sin presión externa, una infraestructura adecuada para cumplir con el mandato de respetar las garantías individuales de los detenidos, e incluso que se demuestre la efectiva independencia de jueces, fiscales y defensores públicos.
- ¿Es posible evaluar esa independencia?
- Una de las formas de evaluación es el cumplimiento de los estándares de la calidad del servicio que se presta. Está pendiente mejorar el control de la gestión, que es necesario no sólo en lo interno de cada institución (a veces no está creado o no es bueno), sino también en lo externo, con un sistema mixto de auditorías, público y privado. El discurso y la acción permiten conformar las agendas públicas. El accionar se conoce por lo que cada uno hace y deja de hacer.
- ¿El defensor público es la parte débil del Poder Judicial?
- La independencia del defensor público no estuvo adecuadamente presente en la agenda. El panorama nacional es muy amplio, con déficit normativo u operativo, según las provincias, Pueden depender del fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, del tribunal superior o de un Defensor General creado por la Constitución. Pero, además, hay que ver si tienen presupuesto e infraestructura para su labor.
- ¿Cuál es el mejor modelo de Defensoría Oficial?
- Me inclino por un esquema en que sea autónomo funcionalmente, que no dependa de un fiscal ni de un órgano jurisdiccional. Prefiero el modelo de una cabeza propia pero dentro del Poder Judicial, y no extrapoder (como ocurre en la Nación), lo que tiene inconvenientes y genera el riesgo de debilitamiento. Una Defensoría General extrapoder que, cumpliendo su tarea, produzca acciones que no sean del gusto de otros poderes, podría causar una pulseada económica y negociaciones constantes sobre el presupuesto.
- ¿El manejo presupuestario es una estrategia de control?
- No puede haber independencia sin un presupuesto propio en su elaboración en base a las necesidades y en la ejecución sin presiones externas. No suministrar los recursos necesarios es una manera de presionar. Pero también está la obligación de ejercer políticas y tomar decisiones en sentido positivo, en este momento histórico de hiperconflictividad. A veces no es sólo falta de dinero. Tenemos obligaciones que no podemos dejar pasar en nuestro cargo, porque quienes contamos con intangibilidad salarial y estabilidad en los cargos ganados por concursos, debemos hacer visible lo invisible.
- ¿Los avances que se dieron a nivel nacional, como la renovación de la Corte Suprema, se replicaron en las provincias?
- No se puede dar un diagnóstico único. La nueva conformación de la Corte es un buen ejemplo en materia de derechos humanos y de políticas públicas. Es una señal de una evolución cuando hay compromisos de ideas y una coherencia en el discurso. Las sentencias nacionales en esta materia fueron filtrándose en las provincias, como una jurisprudencia importante que llevó a cambios trascendentes. Los defensores también hemos recurrido a la Nación y logramos respuestas.
- ¿Cuáles son las cuestiones pendientes?
- Hay déficits democráticos importantes en las instituciones policiales y en los servicios penitenciarios, es una cuenta pendiente central. Incluso en las provincias que han hecho reformas judiciales y que han sido líderes en ese aspecto, como Tucumán, tienen problemas porque los fiscales carecen de recursos humanos y materiales y no disponen de cuerpos investigativos independientes. Esta situación es una vulneración de las normativas internacionales. En Buenos Aires hubo avances en la Policía, pero no en las cárceles, pese a la toma de medidas como las intervenciones a las cárceles, donde hay violaciones masivas a los derechos humanos, con torturas, tratos crueles y vejaciones. Es una materia pendiente y, en algunos casos, con tiempo de descuento.
- ¿La Justicia responde a los reclamos que se le hacen?
- Se le transfirió la solución de problemas que no son propios del Poder Judicial, y se deterioró su imagen. Si está debilitada, no da respuestas en el debate público. Hay morosidad judicial respecto de las víctimas, que reclaman celeridad al Estado. Esto le valió a Argentina denuncias y resoluciones en contra, que obliga a cumplir medidas y que no están siendo ejecutadas adecuadamente en ciertos casos. Hay monitoreos constantes desde lo internacional.
- Se dice que no importa lo que pasa en las cárceles, porque los presos no votan.
- Que una persona detenida vote o tenga garantizados sus derechos básicos no afectaría a nadie ni empeoraría la seguridad ciudadana. Hay un discurso propio de la democracia, la Constitución y los derechos humanos, y otro que prefiere un sistema de gobierno no democrático, al que incomoda la ley y las garantías constitucionales. Los autoritarios se exponen a través de sus propuestas (como aumentar penas o denegar excarcelaciones), pero también hay manipulaciones que son propias del doble discurso o del discurso demagógico que no se concreta, sin llegar a ser hipócrita, porque se queda en el palabrerío vacío. Si no hay ideas concretas, se permite la mentira.
La protección adecuada y efectiva de los acusados en el sistema penal y la rehabilitación de los condenados en sitios de detención sanos y donde se respeten sus derechos, son obligaciones del Estado reconocidas en la Constitución nacional y en pactos internacionales. Las responsabilidades del país se potenciarán aún más a partir de mediados de 2007, cuando se pongan en marcha los mecanismos de control del cumplimiento del Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas contra la Tortura, del cual Argentina fue la primera Nación en ratificarlo.
La preocupación en esta materia es muy profunda por las graves fallas que se detectan en el sistema penal. Así lo reconoció el defensor oficial ante el Tribunal de Casación de Buenos Aires, Mario Coriolano, quien estuvo en Tucumán para el dictado de un curso de capacitación regional en visitas a prisiones. “El Protocolo parte de que hay ciertos estándares que no están alcanzados en Argentina, y su vigencia es una oportunidad importante para revisar la institucionalidad vinculada con este tema”, admitió el integrante del Foro para la Justicia Democrática.
- ¿Cuáles son los problemas más graves que se registran?
- Hay problemas de institucionalidad variados, que dejan en evidencia una ausencia importante de independencia de las instituciones vinculadas a la promoción y protección de los derechos humanos. Lo adecuado sería que tengan un presupuesto propio, la facultad de designación y de remoción del personal sin presión externa, una infraestructura adecuada para cumplir con el mandato de respetar las garantías individuales de los detenidos, e incluso que se demuestre la efectiva independencia de jueces, fiscales y defensores públicos.
- ¿Es posible evaluar esa independencia?
- Una de las formas de evaluación es el cumplimiento de los estándares de la calidad del servicio que se presta. Está pendiente mejorar el control de la gestión, que es necesario no sólo en lo interno de cada institución (a veces no está creado o no es bueno), sino también en lo externo, con un sistema mixto de auditorías, público y privado. El discurso y la acción permiten conformar las agendas públicas. El accionar se conoce por lo que cada uno hace y deja de hacer.
- ¿El defensor público es la parte débil del Poder Judicial?
- La independencia del defensor público no estuvo adecuadamente presente en la agenda. El panorama nacional es muy amplio, con déficit normativo u operativo, según las provincias, Pueden depender del fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, del tribunal superior o de un Defensor General creado por la Constitución. Pero, además, hay que ver si tienen presupuesto e infraestructura para su labor.
- ¿Cuál es el mejor modelo de Defensoría Oficial?
- Me inclino por un esquema en que sea autónomo funcionalmente, que no dependa de un fiscal ni de un órgano jurisdiccional. Prefiero el modelo de una cabeza propia pero dentro del Poder Judicial, y no extrapoder (como ocurre en la Nación), lo que tiene inconvenientes y genera el riesgo de debilitamiento. Una Defensoría General extrapoder que, cumpliendo su tarea, produzca acciones que no sean del gusto de otros poderes, podría causar una pulseada económica y negociaciones constantes sobre el presupuesto.
- ¿El manejo presupuestario es una estrategia de control?
- No puede haber independencia sin un presupuesto propio en su elaboración en base a las necesidades y en la ejecución sin presiones externas. No suministrar los recursos necesarios es una manera de presionar. Pero también está la obligación de ejercer políticas y tomar decisiones en sentido positivo, en este momento histórico de hiperconflictividad. A veces no es sólo falta de dinero. Tenemos obligaciones que no podemos dejar pasar en nuestro cargo, porque quienes contamos con intangibilidad salarial y estabilidad en los cargos ganados por concursos, debemos hacer visible lo invisible.
- ¿Los avances que se dieron a nivel nacional, como la renovación de la Corte Suprema, se replicaron en las provincias?
- No se puede dar un diagnóstico único. La nueva conformación de la Corte es un buen ejemplo en materia de derechos humanos y de políticas públicas. Es una señal de una evolución cuando hay compromisos de ideas y una coherencia en el discurso. Las sentencias nacionales en esta materia fueron filtrándose en las provincias, como una jurisprudencia importante que llevó a cambios trascendentes. Los defensores también hemos recurrido a la Nación y logramos respuestas.
- ¿Cuáles son las cuestiones pendientes?
- Hay déficits democráticos importantes en las instituciones policiales y en los servicios penitenciarios, es una cuenta pendiente central. Incluso en las provincias que han hecho reformas judiciales y que han sido líderes en ese aspecto, como Tucumán, tienen problemas porque los fiscales carecen de recursos humanos y materiales y no disponen de cuerpos investigativos independientes. Esta situación es una vulneración de las normativas internacionales. En Buenos Aires hubo avances en la Policía, pero no en las cárceles, pese a la toma de medidas como las intervenciones a las cárceles, donde hay violaciones masivas a los derechos humanos, con torturas, tratos crueles y vejaciones. Es una materia pendiente y, en algunos casos, con tiempo de descuento.
- ¿La Justicia responde a los reclamos que se le hacen?
- Se le transfirió la solución de problemas que no son propios del Poder Judicial, y se deterioró su imagen. Si está debilitada, no da respuestas en el debate público. Hay morosidad judicial respecto de las víctimas, que reclaman celeridad al Estado. Esto le valió a Argentina denuncias y resoluciones en contra, que obliga a cumplir medidas y que no están siendo ejecutadas adecuadamente en ciertos casos. Hay monitoreos constantes desde lo internacional.
- Se dice que no importa lo que pasa en las cárceles, porque los presos no votan.
- Que una persona detenida vote o tenga garantizados sus derechos básicos no afectaría a nadie ni empeoraría la seguridad ciudadana. Hay un discurso propio de la democracia, la Constitución y los derechos humanos, y otro que prefiere un sistema de gobierno no democrático, al que incomoda la ley y las garantías constitucionales. Los autoritarios se exponen a través de sus propuestas (como aumentar penas o denegar excarcelaciones), pero también hay manipulaciones que son propias del doble discurso o del discurso demagógico que no se concreta, sin llegar a ser hipócrita, porque se queda en el palabrerío vacío. Si no hay ideas concretas, se permite la mentira.
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