ZAFFARONI “La gente no sabe el riesgo que corre con este Código Penal irracional”

En diálogo con Página/12, el juez de la Corte Suprema dice que la reducción a cinco miembros traerá rapidez y un “mejor servicio”. Sostiene que es función del tribunal indicar políticas sociales, pero no lo es ocuparse de la seguridad. El juicio por jurados, analiza, “no funciona en ninguna parte”.

Por Irina Hauser, para Página/12

Si fuera por él, reformaría la Constitución, impulsaría un gobierno parlamentario y un “tribunal constitucional” con jueces que se renueven periódicamente. Pero mientras lo que hay es otra cosa, el juez supremo Raúl Zaffaroni se da por contento con el proyecto de ley que promete reducir el tribunal a cinco integrantes. Dice que así se podrá dar “un mejor servicio”. De acá a marzo, vaticina, podrían salir los fallos pendientes importantes, como el de la pesificación. También explica que hay formas de acercar la Justicia a la gente que no dependen de una reforma legal sino de un criterio elegido: “la Corte debe emplazar a los otros poderes la realización de políticas sociales”, define. “La seguridad –diferencia– no es un tema de la Corte”. Para el penalista, la idea de instalar el juicio por jurados, reflotada por Cristina Kirchner, es peligrosa ya que puede convertirse “en un linchamiento de pobres”.

–¿Cómo afectará la reducción de la Corte al común de la gente?

–Además de los casos que suelen ser noticia, la Corte tramita una cantidad de expedientes muy grande, que no tienen publicidad, pero que interesan al común de las personas que tienen litigios. Su solución más rápida es una mejora en el servicio, sin duda, que llegará a cualquier persona que acuda a la Justicia. La Corte con siete jueces funcionará más rápido y con cinco, mucho mejor.

–¿Qué puede considerarse una respuesta rápida?

–No hay tiempos, hablo de un tiempo razonable.

–El achicamiento a cinco miembros, ¿es una conquista de la propia Corte?

–No sé de quién es, pero me parece bien. Había una falla institucional seria y encontraron una buena solución política, a tal punto que ha tenido consenso.

–¿Va a haber renuncias en el tribunal?

–No creo, nadie tiene ganas de irse.

–¿Por qué es bueno volver a una tradición de cien años? Usted, que tiende a preferir los cambios, planteaba eso el viernes último.

–Justamente, como el recurso a la Corte es algo excepcional, debe expedirse con cierta rapidez, sea porque no se dan los casos de excepción o bien porque cuando se dan se requiere una decisión que no se pierda en el túnel del tiempo. Una Corte de nueve jueces es muy lenta. Es cierto que las hay mucho mayores, pero se dividen en salas, en tanto que la nuestra trabaja como sala única y esto hace muy pesado y lento el trámite. Creo que las cosas deben cambiarse cuando la experiencia indica que el cambio mejora, pero no cuando sucede lo contrario. Si durante un siglo funcionó con cinco jueces y no fue tan mal, lo mejor es seguir así, sin perjuicio de pensar otras posibilidades, reservadas a alguna eventual y futura reforma constitucional.

–¿Cuál debería ser el rol de la Corte?

–No puede ser otro que el que le señala la Constitución: un órgano de gobierno en lo administrativo y la última instancia de control de constitucionalidad en lo jurisdiccional, lo que hace a la real vigencia de todos los derechos que la Constitución consagra.

–¿A qué se llama “acceso a Justicia”, algo que últimamente se nombra casi como un slogan de moda?

–Significa la real y efectiva posibilidad de reclamar judicialmente los derechos que a cada habitante de la Nación le corresponden. No hay ningún país con acceso total a la Justicia, porque no hay aparato judicial en el mundo capaz de tramitar la respuesta a todos los conflictos que tenemos en la vida diaria. Semejante utopía nos convertiría poco menos que en Dios. Pero se debe hacer un esfuerzo para que se logre el máximo nivel posible de respuesta adecuada, especialmente en cuanto a las personas que tienen menos posibilidades y que están en situación de mayor vulnerabilidad social.

Perfil social

–La sociedad suele tener una percepción negativa de la Justicia. ¿A qué se debe? ¿Es una imagen que se corresponde con la realidad?

–En ningún país del mundo la Justicia es bien vista, porque nunca responde a todas las demandas, porque no siempre lo hace como cada quien quiere y porque no siempre es suficientemente vindicativa como lo exigen quienes mueven esas banderas. A veces esto se agrava porque no se hacen las cosas ni siquiera lo mejor que se puede. Puedo lanzar hipótesis sobre lo sucedido en la Argentina, pero creo que eso lo deben responder los sociólogos investigando en serio y no nosotros lanzando hipótesis, especialmente. Ya tenemos demasiados opinólogos de café, mucha imaginación creadora en ciencia social de esquina, pero poca investigación de campo.

–¿La Corte no puede hacer nada en ese terreno, para mejorar la situación?

–Nosotros creo que tenemos que preocuparnos menos por la imagen y más por lo que hacemos: haciendo las cosas bien, a la larga, la imagen cambia, la gente no es tonta, ve resultados y los valora. Lo peor que podríamos hacer es preocuparnos por la imagen y condicionar lo que hacemos a la imagen. De ese modo traicionaríamos nuestra función constitucional.

–¿Qué puede aportar el tribunal para acercar la Justicia a la gente?

–Por el momento, lo que podemos hacer es lo que venimos haciendo. Esta Corte manifiesta una clara preocupación por todos los derechos de las personas, no sólo los individuales, sino también los sociales. La línea que se ha iniciado, y que no es invento nuestro porque hay muchos ejemplos en el mundo, es la de emplazar a la realización de políticas sociales.

–¿Eso no puede leerse como una intromisión en otros poderes?

–No se trata de meterse en el campo de los otros poderes, sino de indicarles la necesidad de realizar políticas, y lo digo en plural. Es propio del campo político decidir cuál es la política correcta, que puede ser (a), (b) o (c), porque nunca hay un campo infinito en la discusión. Pero el Poder Judicial no puede admitir que no se haga ni (a), ni (b) ni (c), o sea, ninguna. Si el Poder Judicial no exige eso, los derechos sociales son una pura declaración de buena voluntad que adorna la Constitución, y creo que ésa no es la voluntad de ningún constituyente.

–La Corte viene haciendo señalamientos en materia ambiental, previsional, económica, entre otras. ¿Qué se viene ahora?

–No veo algo inmediato, aunque probablemente se tenga que replantear qué pasa con los casos de pesificación de créditos hipotecarios ante la salida de la ley, según cómo quede la situación de los deudores y los acreedores.

–Todo el mundo espera que la Justicia resuelva cuestiones como la inseguridad y para eso, por lo pronto, cuenta con la receta Blumberg. ¿Qué puede ofrecer la Corte?

–La seguridad pública no es un tema de la Corte. Si no hay un buen servicio de seguridad, no habrá seguridad, y eso no depende de la Corte. Los jueces no salen a la calle a buscar delincuentes y si lo que se pretende es que los jueces no excarcelen a nadie, eso significaría que todo preso debe serlo a perpetuidad, lo que es un absurdo. No hay país en el mundo que adopte semejante disparate. Por el contrario, es urgente revertir las reformas irracionales de nuestra legislación penal y volver a un código normal, que hemos tenido desde 1921 hasta las reformas inconstitucionales de los últimos años. Estamos en el peor momento histórico de nuestra legislación penal. La gente ignora los riesgos que corre con un Código Penal que la amenaza con cualquier pena irracional y, lo que es peor, con cualquier prisión preventiva irracional. Se siente segura porque no comete delitos, pero nadie puede sentirse seguro de que no sufra un procesamiento y una prisión preventiva y las escalas penales locas agravan las dificultades que esto puede provocar.

–¿De quién depende, entonces, la seguridad?

–Hasta ahora depende del Poder Ejecutivo, pero el día de mañana podría crearse una policía judicial, de investigación. Ahora hay policía de seguridad y de investigación, pero ambas dependen del Ejecutivo. A mi entender, sería sano que la de investigación dependiera del Poder Judicial, porque es una tarea auxiliar de la Justicia.

A reformar

–¿Cómo repercutirá el achicamiento de la Corte en el resto de la Justicia?

–Supongo que gobernaremos mejor administrativamente hablando y los jueces se sentirán más acompañados.

–¿Está bien que el Gobierno adopte un criterio de autorrestricción y no nombre más jueces en la Corte?

–Creo que es mejor. Estamos al borde de un año electoral. Podrían haber nombrado a Juan Bautista Alberdi o a Dalmacio Vélez Sarsfield y habría sido criticado políticamente, con desmedro de la imagen del tribunal. Es mucho mejor que no hayan nombrado a nadie y hayan tomado esta decisión.

–¿Prefería otro sistema de selección de jueces de la Corte y de los tribunales inferiores?

–Sí, no oculto a nadie que prefiero un gobierno parlamentario y un tribunal constitucional, separado de la Corte como tribunal supremo.

Son los modelos de casi toda Europa continental, que me parecen muy superiores. Es algo que habría que ir pensando, por lo menos discutiendo.

Un tribunal constitucional es un órgano nombrado por varias fuentes, no una sola (Senado, Diputados, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema), con jueces con mandato largo pero no vitalicio, con renovación parcial periódica, difícil de hegemonizar. Es cierto que corresponde a un gobierno parlamentario, pero a mí me gusta esta forma de gobierno, porque creo que el presidencialismo está agotado en América latina. Miremos cómo nos va a nosotros y a los norteamericanos y comparemos con Europa desde la posguerra hasta hoy, y me parece que tuvieron menos accidentes ellos que nosotros. ¿O no?

–¿Qué beneficios traería un tribunal constitucional?

–Creo que nuestro control de constitucionalidad es débil, que se necesita reforzarlo con un órgano centralizador. Cuando nosotros declaramos la inconstitucionalidad de una ley, ésta sigue vigente, porque lo hacemos sólo en el caso que llega a la Corte. Esto no da suficiente seguridad. Es necesario pensar en un sistema donde los jueces puedan hacerlo, pero que si llega a un tribunal constitucional, éste pueda hacer caer la vigencia de la ley para todos, incluso para el gobierno. Las marchas y contramarchas en materia de constitucionalidad no son buenas, crean inseguridad, nunca sé del todo lo que puedo y lo que no puedo hacer.

–¿Hay cabida en Argentina para una reforma constitucional?

–No es el momento, pero despacio, es necesario abrir el debate y ver si en realidad nuestras instituciones responden a las necesidades de una democracia moderna y cómo pueden ser adecuadamente mejoradas y perfeccionadas. Las reformas constitucionales se deciden políticamente y no jurídicamente. No sé cuándo se producirá una coyuntura que lance un proyecto de reforma constitucional, esto no lo puede decir nadie y no me gusta funcionar como augur, porque generalmente los augures se equivocan. Lo que digo es que los temas institucionales deben ser discutidos y que todo momento es bueno para hacerlo, aunque no haya ni miras de reforma, porque de lo contrario, cuando la coyuntura se da nadie sabe de qué se habla y da la sensación de que todos sacan instituciones como conejos de la manga. El esclarecimiento previo de la población es lo que garantiza una reforma exitosa, se dé cuando tenga que darse y aunque sea dentro de muchos años y ninguno de nosotros esté aquí para verla.

Lo que vendrá

–¿Cómo se llegó a que la Corte trate más de 20 mil causas por año?

–La Corte tramita 20 mil causas o algo parecido, pero no las resuelve. Hay un recurso que de extraordinario se volvió ordinario, que es la arbitrariedad de sentencia. Casi todos los abogados de Buenos Aires quieren terminar con este recurso en la Corte y los organismos oficiales lo hacen por imposición de sus propias leyes y reglamentos, con lo cual el propio Estado recarga inútilmente a la Corte. Lo primero que debemos hacer es decidir cuándo es procedente y cuándo no lo es, y ahí se va la mayor parte del trabajo. El noventa por ciento de los casos que entran no son procedentes. El número de casos que queda es alto, pero no exagerado.

–¿Qué propone para aliviar esa sobrecarga de trabajo?

–Será necesario agilizar el trámite de selección previa o procedencia. Hay varias iniciativas, no quiero adelantar preferencia por ninguna. La reducción del número de jueces contribuirá a eso, porque es más fácil acordar o decidir por mayoría si no hubiese acuerdo.

–¿Qué temas que resolverá la Corte en forma prioritaria? ¿Pesificación, indultos, la situación del Riachuelo, la banca de Bussi, la legalidad de la tenencia de droga para consumo personal, algún otro?

–Son esos temas y el de deudores hipotecarios de vivienda única también. También la personería jurídica de los travestis. Creo que no hay conflicto en el país que tarde o temprano no llegue a la Corte y todos son importantes y trascendentes para las personas involucradas y preocupadas con su problema.

–¿Cuándo saldrán los fallos?

–En cuanto se apruebe la nueva ley, seguramente todo se destrabará bastante. Quizá algunos casos se resuelvan de acá a fin de año y lo que no se pueda se intentará en febrero, marzo. En algunos estamos todavía con los votos cruzados y necesitamos que se apruebe la reducción.

–¿Por qué tantas causas, sobre todo las de corrupción, tardan tantos años en llegar a juicio, muchas prescriben en el camino, y siempre queda la sensación de impunidad?

–Mientras la instrucción dure siglos y todo sea apelable y se discutan en instrucción cosas que son propias del plenario o del tribunal oral, o sea, mientras el llamado sistema mixto siga deformándose, y se haga un sistema obstruccionista del proceso penal, lamentablemente los procesos durarán mucho más de lo que deben durar y las incidencias provocarán prescripciones que no debieran producirse. Habría que limitar estrictamente las apelaciones durante la instrucción a dos o tres resoluciones y nada más. Pero la solución no la puede dar la Justicia sino el Poder Legislativo.

–¿Qué le parece el juicio por jurados? ¿Puede funcionar en Argentina?

–El juicio por jurados no funciona en ningún lado, si por jurado entendemos el modelo tradicional. No funciona porque tiene un inconveniente técnico: no se puede distinguir del todo la cuestión de hecho de la cuestión de derecho. Nadie puede decidir si hubo o no una legítima defensa, un estado de necesidad, un error invencible de algún tipo o una incapacidad psíquica, si no sabe lo que es. Y eso no se explica en cinco minutos por el juez. No hay juez capaz de explicarle a un lego todo el derecho penal que enseñamos en dos o tres años de universidad en cinco minutos. ¿La Constitución impone el jurado clásico o, en una interpretación progresiva, lo que manda es alguna forma de participación popular, de las que se han introducido en el mundo en los últimos 150 años? Me inclino por una interpretación progresiva en el último sentido, o sea, por los escabinos, una mayoría técnica y una minoría de ciudadanos legos ejerciendo control con su voto. En los Estados Unidos sólo un tres por ciento de los casos van al jurado, al resto los extorsionan con la “negociación”: si no acepta lo que el fiscal ofrece declarándose culpable, lo mandan al jurado, donde lo destruyen, salvo que lo defienda un abogado muy prestigioso, al que pocos pueden pagar.

–¿Los procesos con jurados son más rápidos?

–Nadie crea que el jurado hace más rápidos los juicios, por el contrario, es más complicado reunirlo y es más caro. Yo sé que hay una propaganda que va por el mundo, que quiere una justicia “express”, expeditiva, rápida, prêt-à-porter, sin papeles ni nada. Me parece una barbaridad, por mucho que la vendan en envase atractivo. En el fondo no es más que una suerte de linchamiento rápido de los pobres. Con signo diametralmente opuesto en lo político me suena al viejo “paredón, paredón”. No son chorizos lo que fabricamos, y sí así fuera, deben venir con buena carne y bien atados.

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Diario PAGINA/12, Domingo 12 de Noviembre de 2006.