El sistema penitenciario es selectivo y apunta contra los “excluidos, los pobres y los morochos”.

Por Horacio Cecchi

De 5204 denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes penitenciarios bonaerenses, presentadas ante la Justicia entre el año 2000 y el 12 de julio pasado, 2168 causas fueron archivadas y 2948 se encuentran en trámite con un final más que previsible (si se tiene en cuenta que en sólo siete casos la Justicia se expidió con una condena). Los datos son provistos por la Comisión Provincial de la Memoria y el Comité Contra la Tortura, en su segundo informe sobre la situación de las cárceles bonaerenses, que será presentado públicamente hoy en La Plata. El dato no es menor. El informe reconoce que se frenó el aumento del hacinamiento y se derogó la ley de excarcelaciones blumbergiana que había llevado al colapso al sistema carcelario. Pero sostiene que el colapso sigue y el hacinamiento es tan sólo una de las caras del sistema de la crueldad: la impunidad sigue intacta y mucho tiene que ver la inacción judicial. El primer caso demostrado en democracia ante la Justicia de tortura con picana en una cárcel bonaerense lo logró en 2005 el Comité Contra la Tortura. Esto no sólo demuestra que el sistema sigue impune. También (y es parte de esa impunidad) que si se hubieran seguido los pasos que se siguen habitualmente, el caso no se habría demostrado nunca.

El informe “Ojos que no ven” fue presentado ayer al gobierno bonaerense. No lo recibió en mano Felipe Solá sino en su representación el ministro de Gobierno, Mario Oporto, y el secretario de Derechos Humanos, Jorge Binstock. Ni siquiera tuvo tiempo de leer el extenso informe y ya estaba respondiendo, airado, el secretario de Política Penitenciaria, Carlos Rotundo. “Es un informe falaz e intencionalmente sesgado”, aseguró Rotundo y agregó que “desde que se intervino el Servicio Penitenciario Bonaerense hasta la fecha se redujeron de 4800 a 3736 los detenidos en comisarías, y de 24.400 a 24.200 en las cárceles”.

El informe de la Comisión está basado en 151 casos testigo. De ellos, 41 corresponden estrictamente a personas muertas carbonizadas o asfixiadas (33 en el incendio de Magdalena, 3 en Los Hornos, 4 en comisarías y 1 en un instituto de menores de 18 años). Otras ocho se suicidaron con serias sospechas de que fueron ayudados ajustando el nudo. Y en otras siete ocasiones, se logró demostrar que murieron por enfermedades con nula o deficiente asistencia médica. En total, los muertos en cárceles y comisarías bonaerenses citados y comprobados por el Comité Contra la Tortura suman, en el último año, 56 presos fallecidos, que seguramente forman parte de la airada respuesta de Rotundo cuando dijo que “tenemos 200 presos menos”.

Si no avanza, como lo demostró Rotundo, el hacinamiento continúa, como también lo demostró Rotundo con su estandarte de 200 menos. “Una cosa es reconocer que hay un descenso en la cantidad de detenidos, y otra decir que se elimina el hacinamiento –dijo a Página/12 Alejandro Mosquera, responsable del CCT–. En la mayor parte de los penales, el hacinamiento sigue igual. La ley de cupos (que obligaría a fijar la capacidad real de cada unidad) sigue en carpeta. Pero además de hacinamiento, hay violencia, tratos crueles y tortura.”

El caso del preso Cristian López Toledo es paradójico, representativo del total, y testimonio crudo de la Justicia Pilatos como soporte de la impunidad intramuros. El caso fue informado al CCT por la defensora oficial de San Isidro María Dolores Gómez. Mosquera, Roberto Cipriano (coordinador del CCT), Ana Cacopardo e Inés Jaureguiberry (integrantes del equipo de profesionales) se presentaron de inmediato en la U9 de La Plata, donde tomaron testimonio a López Toledo y a su compañero Claudio Márquez Leineker, torturados. El primero estaba dispuesto a seguir adelante. El CCT presentó la denuncia, reclamó una pericia inmediata (las marcas de picana desaparecen) y siguió puntillosa y obsesivamente la causa. Hasta que se logró demostrar que efectivamente había sido picaneado, para desmentir a Rotundo. Y como para demostrar que no se trata de un error ni un exceso sino de un plan sistemático, el CCT demostró además que a López Toledo lo molieron a palos tras su denuncia y hasta que lo sacaron de la esfera del SPB y lo trasladaron a la del SPFederal, en Marcos Paz, que tampoco le garantiza nada.

En una prolija demostración casuística, el informe avanza entre sospechosos suicidios, facas y psicofármacos, y la idea de que hacinamiento, violencia, torturas y maltratos forman parte de un sistema impune sostenido por la inacción judicial: “Un fallo dictado el 30 de diciembre de 2005 –dice el informe– por la Sala II del Tribunal de Casación (...) recalificó un hecho consistente en cubrir la cabeza de la víctima con una bolsa de residuos originando una tortuosa sensación de asfixia, atar sus manos con un cable y propinarle golpes en su cuerpo con la finalidad de obtener datos de un ilícito, como apremios ilegales agravados, dejando sin efecto la calificación de torturas”.

El 16 de noviembre pasado, trece meses después de que 33 presos murieran quemados como ratas con candado en Magdalena, el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo di Rocco, descubrió en homenaje las placas con los nombres de las víctimas. En las placas nada decía de que 31 de los 33 estaban procesados y no tenían condena, por lo que no debían estar presos. La Justicia es selectiva.

Fuente: Página/12, 21 de Noviembre de 2006.

“Ni el sistema penal ni la cárcel sirven para solucionar conflictos”

Entrevista al holandés Louk Hulsman, especialista en derecho penal y acérrimo defensor del abolicionismo penal. (Fuente: Diario Página/12)

Por Carlos Rodríguez

El holandés Louk Hulsman, experto en derecho penal, tiene el aspecto de un abuelo que sabe cómo relatarles un cuento de hadas a sus nietos. Sin embargo, su conferencia en el Congreso nacional adquirió el significado de una pesadilla para los mentores de políticas de “mano dura” como Carlos Ruckauf o Juan Carlos Blumberg, dos nombres paradigmáticos. Es que el abuelo Hulsman –dicho con respeto– es un cabeza dura cuyo objetivo es “crear conciencia” para avanzar hacia la abolición del sistema penal y de esa siniestra institución llamada cárcel. “En términos de derechos humanos se sabe que el individuo es libre y que está mal poner a la gente en prisión; está mal calificar a la gente como si fuera ‘mala’.” Hulsman no pierde la sonrisa ni ante preguntas enojosas como “¿qué hacer, entonces, frente a los delitos graves?”. Se limita a responder que en criminología se habla de la existencia de una “cifra negra” del delito, es decir los hechos nunca denunciados y que, en la Argentina, por ejemplo, superan el 70 por ciento, de acuerdo con estimaciones oficiosas. “Son muy pocos los delitos que son sancionados por el sistema penal, y la sanción nunca repara el daño producido. Habría que buscar otras alternativas a la de la cárcel”, dice y sonríe.

A la hora de dar ejemplos concretos de “solución de los conflictos”, expone el propio. “Antes de hablar del paradigma abolicionista dentro del sistema de justicia, es bueno que explique cuál es mi relación con el sistema de justicia. El primer acercamiento que tuve fue en 1944, cuando los alemanes ocuparon Holanda. Fui arrestado y por eso tengo experiencia en cárcel y también en campos de concentración. La reparación que puedo esperar, en lo personal, no puede pasar por hacer pasar al otro por lo mismo que yo pasé”, afirma ante Página/12 durante una entrevista al término de la charla que ofreció en el primer piso del Palacio Legislativo, invitado por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y a la que asistieron, entre otros, los jueces en lo penal Luis Niño y Lucila Larrandart.

Hulsman admite que no todos los casos son iguales y cita el trabajo realizado por “Steiner, un colega alemán”, que entrevistó a dos mil víctimas de hechos delictivos. “El separó las historias de las víctimas en tres categorías: historias con final feliz, historias tristes y catástrofes de vida”. El prefiere seguir hablando de sus propias experiencias: “Hace unos años mi casa fue vaciada dos veces en tres semanas. Y además la destruyeron. Un mes y medio más tarde fueron descubiertos los tres chicos que hicieron esto. Hablé con ellos y con sus padres. No me importaba que los penalizaran. Al final nos hicimos amigos. Los chicos cambiaron de escuela, fueron a una más buena. El seguro pagó los daños en mi casa. No fue una situación placentera, pero la situación problemática que pasamos tuvo un final feliz. ¿Hubiera sido mejor con los tres chicos en la cárcel?”.

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Hulsman comenzó a estudiar leyes. Por su experiencia personal estaba interesado en Derecho Penal y Criminología. Ya recibido, trabajó en los ministerios de Defensa y de Justicia, en coordinación con los fiscales y con la policía. En forma paralela, trabajó como profesor de Derecho Penal. En este punto, recordó que en su labor docente a los alumnos les propuso “que vieran cómo suceden las cosas dentro del sistema penal y que no se basen sólo en lo que dicen los libros”. Dijo que su punto de vista le apuntaba, sobre todo, “a organizaciones como la policía”, dado que “los oficiales eran los que miraban lo que la gente pensaba y hacía, y después daban intervención a los fiscales”.

Eso pasaba “a principios de los setenta”, cuando en Holanda había “una fuerza de policía que se movía en un contexto muy autoritario y que se había enfrentado con un movimiento que se llamaba Provo, porque eran provo-cadores de la autoridad y de la policía”. Fueron años duros y Hulsman se tomó el trabajo de analizar el trabajo de fiscales y de jueces. “Hacía entrevistas con los jueces y les preguntaba qué pensaban de las sentencias. Comparaba sus respuestas con lo que hacían y no se correspondían. Entonces, les mostraba el material reunido y les demostraba que ellos hablaban de una forma y actuaban de otra.”

Hulsman fue uno de los que impulsó, en Holanda, la aplicación de la probation, para sancionar los delitos de otra manera, sin tener que ir a la cárcel. En la entrevista, el experto insiste en la necesidad de “cambiar el lenguaje de la Universidad, que es donde se ‘fabrican’ las palabras que luego fundamentan la creación de instituciones como la justicia penal y la cárcel”. En este punto cuestionó, en general, la aplicación de penas que incluyan la prisión, más allá de la gravedad de los delitos: “Los individuos son separados por el incidente que es objeto de condena. Se aísla al victimario de su medio, sus amigos, su familia, del sustrato material de su mundo y también se aísla a las víctimas de una manera similar, aunque estén en libertad”.

Consideró necesario, para avanzar hacia el abolicionismo que propicia, que la tarea comience en la Universidad. “Del mismo modo que existen movimientos contra la discriminación racial o contra la discriminación de homosexuales, existe un movimiento que avanza hacia el abolicionismo del sistema penal y de la cárcel.” Para eso es necesario “fabricar palabras para ir creando conciencia y para hacer ver que ni la cárcel ni el sistema penal sirven para solucionar los conflictos”. Hulsman aseguró que ya existe “un movimiento internacional para cambiar al mundo cambiando las palabras, para abolir palabras como ‘delito’ o ‘delincuente’ y trabajar con los jueces, y con los fiscales, para que empiecen a buscar otras soluciones que no atenten contra el derecho supremo del hombre, que es la libertad”.

Diario Página/12, Lunes 13 de Noviembre de 2006

Las deudas institucionales en lo penal

Entrevista al Dr. Mario Coriolano

La protección adecuada y efectiva de los acusados en el sistema penal y la rehabilitación de los condenados en sitios de detención sanos y donde se respeten sus derechos, son obligaciones del Estado reconocidas en la Constitución nacional y en pactos internacionales. Las responsabilidades del país se potenciarán aún más a partir de mediados de 2007, cuando se pongan en marcha los mecanismos de control del cumplimiento del Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas contra la Tortura, del cual Argentina fue la primera Nación en ratificarlo.
La preocupación en esta materia es muy profunda por las graves fallas que se detectan en el sistema penal. Así lo reconoció el defensor oficial ante el Tribunal de Casación de Buenos Aires, Mario Coriolano, quien estuvo en Tucumán para el dictado de un curso de capacitación regional en visitas a prisiones. “El Protocolo parte de que hay ciertos estándares que no están alcanzados en Argentina, y su vigencia es una oportunidad importante para revisar la institucionalidad vinculada con este tema”, admitió el integrante del Foro para la Justicia Democrática.

- ¿Cuáles son los problemas más graves que se registran?
- Hay problemas de institucionalidad variados, que dejan en evidencia una ausencia importante de independencia de las instituciones vinculadas a la promoción y protección de los derechos humanos. Lo adecuado sería que tengan un presupuesto propio, la facultad de designación y de remoción del personal sin presión externa, una infraestructura adecuada para cumplir con el mandato de respetar las garantías individuales de los detenidos, e incluso que se demuestre la efectiva independencia de jueces, fiscales y defensores públicos.

- ¿Es posible evaluar esa independencia?
- Una de las formas de evaluación es el cumplimiento de los estándares de la calidad del servicio que se presta. Está pendiente mejorar el control de la gestión, que es necesario no sólo en lo interno de cada institución (a veces no está creado o no es bueno), sino también en lo externo, con un sistema mixto de auditorías, público y privado. El discurso y la acción permiten conformar las agendas públicas. El accionar se conoce por lo que cada uno hace y deja de hacer.

- ¿El defensor público es la parte débil del Poder Judicial?
- La independencia del defensor público no estuvo adecuadamente presente en la agenda. El panorama nacional es muy amplio, con déficit normativo u operativo, según las provincias, Pueden depender del fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, del tribunal superior o de un Defensor General creado por la Constitución. Pero, además, hay que ver si tienen presupuesto e infraestructura para su labor.

- ¿Cuál es el mejor modelo de Defensoría Oficial?
- Me inclino por un esquema en que sea autónomo funcionalmente, que no dependa de un fiscal ni de un órgano jurisdiccional. Prefiero el modelo de una cabeza propia pero dentro del Poder Judicial, y no extrapoder (como ocurre en la Nación), lo que tiene inconvenientes y genera el riesgo de debilitamiento. Una Defensoría General extrapoder que, cumpliendo su tarea, produzca acciones que no sean del gusto de otros poderes, podría causar una pulseada económica y negociaciones constantes sobre el presupuesto.

- ¿El manejo presupuestario es una estrategia de control?
- No puede haber independencia sin un presupuesto propio en su elaboración en base a las necesidades y en la ejecución sin presiones externas. No suministrar los recursos necesarios es una manera de presionar. Pero también está la obligación de ejercer políticas y tomar decisiones en sentido positivo, en este momento histórico de hiperconflictividad. A veces no es sólo falta de dinero. Tenemos obligaciones que no podemos dejar pasar en nuestro cargo, porque quienes contamos con intangibilidad salarial y estabilidad en los cargos ganados por concursos, debemos hacer visible lo invisible.

- ¿Los avances que se dieron a nivel nacional, como la renovación de la Corte Suprema, se replicaron en las provincias?
- No se puede dar un diagnóstico único. La nueva conformación de la Corte es un buen ejemplo en materia de derechos humanos y de políticas públicas. Es una señal de una evolución cuando hay compromisos de ideas y una coherencia en el discurso. Las sentencias nacionales en esta materia fueron filtrándose en las provincias, como una jurisprudencia importante que llevó a cambios trascendentes. Los defensores también hemos recurrido a la Nación y logramos respuestas.

- ¿Cuáles son las cuestiones pendientes?
- Hay déficits democráticos importantes en las instituciones policiales y en los servicios penitenciarios, es una cuenta pendiente central. Incluso en las provincias que han hecho reformas judiciales y que han sido líderes en ese aspecto, como Tucumán, tienen problemas porque los fiscales carecen de recursos humanos y materiales y no disponen de cuerpos investigativos independientes. Esta situación es una vulneración de las normativas internacionales. En Buenos Aires hubo avances en la Policía, pero no en las cárceles, pese a la toma de medidas como las intervenciones a las cárceles, donde hay violaciones masivas a los derechos humanos, con torturas, tratos crueles y vejaciones. Es una materia pendiente y, en algunos casos, con tiempo de descuento.

- ¿La Justicia responde a los reclamos que se le hacen?
- Se le transfirió la solución de problemas que no son propios del Poder Judicial, y se deterioró su imagen. Si está debilitada, no da respuestas en el debate público. Hay morosidad judicial respecto de las víctimas, que reclaman celeridad al Estado. Esto le valió a Argentina denuncias y resoluciones en contra, que obliga a cumplir medidas y que no están siendo ejecutadas adecuadamente en ciertos casos. Hay monitoreos constantes desde lo internacional.

- Se dice que no importa lo que pasa en las cárceles, porque los presos no votan.
- Que una persona detenida vote o tenga garantizados sus derechos básicos no afectaría a nadie ni empeoraría la seguridad ciudadana. Hay un discurso propio de la democracia, la Constitución y los derechos humanos, y otro que prefiere un sistema de gobierno no democrático, al que incomoda la ley y las garantías constitucionales. Los autoritarios se exponen a través de sus propuestas (como aumentar penas o denegar excarcelaciones), pero también hay manipulaciones que son propias del doble discurso o del discurso demagógico que no se concreta, sin llegar a ser hipócrita, porque se queda en el palabrerío vacío. Si no hay ideas concretas, se permite la mentira.

ZAFFARONI “La gente no sabe el riesgo que corre con este Código Penal irracional”

En diálogo con Página/12, el juez de la Corte Suprema dice que la reducción a cinco miembros traerá rapidez y un “mejor servicio”. Sostiene que es función del tribunal indicar políticas sociales, pero no lo es ocuparse de la seguridad. El juicio por jurados, analiza, “no funciona en ninguna parte”.

Por Irina Hauser, para Página/12

Si fuera por él, reformaría la Constitución, impulsaría un gobierno parlamentario y un “tribunal constitucional” con jueces que se renueven periódicamente. Pero mientras lo que hay es otra cosa, el juez supremo Raúl Zaffaroni se da por contento con el proyecto de ley que promete reducir el tribunal a cinco integrantes. Dice que así se podrá dar “un mejor servicio”. De acá a marzo, vaticina, podrían salir los fallos pendientes importantes, como el de la pesificación. También explica que hay formas de acercar la Justicia a la gente que no dependen de una reforma legal sino de un criterio elegido: “la Corte debe emplazar a los otros poderes la realización de políticas sociales”, define. “La seguridad –diferencia– no es un tema de la Corte”. Para el penalista, la idea de instalar el juicio por jurados, reflotada por Cristina Kirchner, es peligrosa ya que puede convertirse “en un linchamiento de pobres”.

–¿Cómo afectará la reducción de la Corte al común de la gente?

–Además de los casos que suelen ser noticia, la Corte tramita una cantidad de expedientes muy grande, que no tienen publicidad, pero que interesan al común de las personas que tienen litigios. Su solución más rápida es una mejora en el servicio, sin duda, que llegará a cualquier persona que acuda a la Justicia. La Corte con siete jueces funcionará más rápido y con cinco, mucho mejor.

–¿Qué puede considerarse una respuesta rápida?

–No hay tiempos, hablo de un tiempo razonable.

–El achicamiento a cinco miembros, ¿es una conquista de la propia Corte?

–No sé de quién es, pero me parece bien. Había una falla institucional seria y encontraron una buena solución política, a tal punto que ha tenido consenso.

–¿Va a haber renuncias en el tribunal?

–No creo, nadie tiene ganas de irse.

–¿Por qué es bueno volver a una tradición de cien años? Usted, que tiende a preferir los cambios, planteaba eso el viernes último.

–Justamente, como el recurso a la Corte es algo excepcional, debe expedirse con cierta rapidez, sea porque no se dan los casos de excepción o bien porque cuando se dan se requiere una decisión que no se pierda en el túnel del tiempo. Una Corte de nueve jueces es muy lenta. Es cierto que las hay mucho mayores, pero se dividen en salas, en tanto que la nuestra trabaja como sala única y esto hace muy pesado y lento el trámite. Creo que las cosas deben cambiarse cuando la experiencia indica que el cambio mejora, pero no cuando sucede lo contrario. Si durante un siglo funcionó con cinco jueces y no fue tan mal, lo mejor es seguir así, sin perjuicio de pensar otras posibilidades, reservadas a alguna eventual y futura reforma constitucional.

–¿Cuál debería ser el rol de la Corte?

–No puede ser otro que el que le señala la Constitución: un órgano de gobierno en lo administrativo y la última instancia de control de constitucionalidad en lo jurisdiccional, lo que hace a la real vigencia de todos los derechos que la Constitución consagra.

–¿A qué se llama “acceso a Justicia”, algo que últimamente se nombra casi como un slogan de moda?

–Significa la real y efectiva posibilidad de reclamar judicialmente los derechos que a cada habitante de la Nación le corresponden. No hay ningún país con acceso total a la Justicia, porque no hay aparato judicial en el mundo capaz de tramitar la respuesta a todos los conflictos que tenemos en la vida diaria. Semejante utopía nos convertiría poco menos que en Dios. Pero se debe hacer un esfuerzo para que se logre el máximo nivel posible de respuesta adecuada, especialmente en cuanto a las personas que tienen menos posibilidades y que están en situación de mayor vulnerabilidad social.

Perfil social

–La sociedad suele tener una percepción negativa de la Justicia. ¿A qué se debe? ¿Es una imagen que se corresponde con la realidad?

–En ningún país del mundo la Justicia es bien vista, porque nunca responde a todas las demandas, porque no siempre lo hace como cada quien quiere y porque no siempre es suficientemente vindicativa como lo exigen quienes mueven esas banderas. A veces esto se agrava porque no se hacen las cosas ni siquiera lo mejor que se puede. Puedo lanzar hipótesis sobre lo sucedido en la Argentina, pero creo que eso lo deben responder los sociólogos investigando en serio y no nosotros lanzando hipótesis, especialmente. Ya tenemos demasiados opinólogos de café, mucha imaginación creadora en ciencia social de esquina, pero poca investigación de campo.

–¿La Corte no puede hacer nada en ese terreno, para mejorar la situación?

–Nosotros creo que tenemos que preocuparnos menos por la imagen y más por lo que hacemos: haciendo las cosas bien, a la larga, la imagen cambia, la gente no es tonta, ve resultados y los valora. Lo peor que podríamos hacer es preocuparnos por la imagen y condicionar lo que hacemos a la imagen. De ese modo traicionaríamos nuestra función constitucional.

–¿Qué puede aportar el tribunal para acercar la Justicia a la gente?

–Por el momento, lo que podemos hacer es lo que venimos haciendo. Esta Corte manifiesta una clara preocupación por todos los derechos de las personas, no sólo los individuales, sino también los sociales. La línea que se ha iniciado, y que no es invento nuestro porque hay muchos ejemplos en el mundo, es la de emplazar a la realización de políticas sociales.

–¿Eso no puede leerse como una intromisión en otros poderes?

–No se trata de meterse en el campo de los otros poderes, sino de indicarles la necesidad de realizar políticas, y lo digo en plural. Es propio del campo político decidir cuál es la política correcta, que puede ser (a), (b) o (c), porque nunca hay un campo infinito en la discusión. Pero el Poder Judicial no puede admitir que no se haga ni (a), ni (b) ni (c), o sea, ninguna. Si el Poder Judicial no exige eso, los derechos sociales son una pura declaración de buena voluntad que adorna la Constitución, y creo que ésa no es la voluntad de ningún constituyente.

–La Corte viene haciendo señalamientos en materia ambiental, previsional, económica, entre otras. ¿Qué se viene ahora?

–No veo algo inmediato, aunque probablemente se tenga que replantear qué pasa con los casos de pesificación de créditos hipotecarios ante la salida de la ley, según cómo quede la situación de los deudores y los acreedores.

–Todo el mundo espera que la Justicia resuelva cuestiones como la inseguridad y para eso, por lo pronto, cuenta con la receta Blumberg. ¿Qué puede ofrecer la Corte?

–La seguridad pública no es un tema de la Corte. Si no hay un buen servicio de seguridad, no habrá seguridad, y eso no depende de la Corte. Los jueces no salen a la calle a buscar delincuentes y si lo que se pretende es que los jueces no excarcelen a nadie, eso significaría que todo preso debe serlo a perpetuidad, lo que es un absurdo. No hay país en el mundo que adopte semejante disparate. Por el contrario, es urgente revertir las reformas irracionales de nuestra legislación penal y volver a un código normal, que hemos tenido desde 1921 hasta las reformas inconstitucionales de los últimos años. Estamos en el peor momento histórico de nuestra legislación penal. La gente ignora los riesgos que corre con un Código Penal que la amenaza con cualquier pena irracional y, lo que es peor, con cualquier prisión preventiva irracional. Se siente segura porque no comete delitos, pero nadie puede sentirse seguro de que no sufra un procesamiento y una prisión preventiva y las escalas penales locas agravan las dificultades que esto puede provocar.

–¿De quién depende, entonces, la seguridad?

–Hasta ahora depende del Poder Ejecutivo, pero el día de mañana podría crearse una policía judicial, de investigación. Ahora hay policía de seguridad y de investigación, pero ambas dependen del Ejecutivo. A mi entender, sería sano que la de investigación dependiera del Poder Judicial, porque es una tarea auxiliar de la Justicia.

A reformar

–¿Cómo repercutirá el achicamiento de la Corte en el resto de la Justicia?

–Supongo que gobernaremos mejor administrativamente hablando y los jueces se sentirán más acompañados.

–¿Está bien que el Gobierno adopte un criterio de autorrestricción y no nombre más jueces en la Corte?

–Creo que es mejor. Estamos al borde de un año electoral. Podrían haber nombrado a Juan Bautista Alberdi o a Dalmacio Vélez Sarsfield y habría sido criticado políticamente, con desmedro de la imagen del tribunal. Es mucho mejor que no hayan nombrado a nadie y hayan tomado esta decisión.

–¿Prefería otro sistema de selección de jueces de la Corte y de los tribunales inferiores?

–Sí, no oculto a nadie que prefiero un gobierno parlamentario y un tribunal constitucional, separado de la Corte como tribunal supremo.

Son los modelos de casi toda Europa continental, que me parecen muy superiores. Es algo que habría que ir pensando, por lo menos discutiendo.

Un tribunal constitucional es un órgano nombrado por varias fuentes, no una sola (Senado, Diputados, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema), con jueces con mandato largo pero no vitalicio, con renovación parcial periódica, difícil de hegemonizar. Es cierto que corresponde a un gobierno parlamentario, pero a mí me gusta esta forma de gobierno, porque creo que el presidencialismo está agotado en América latina. Miremos cómo nos va a nosotros y a los norteamericanos y comparemos con Europa desde la posguerra hasta hoy, y me parece que tuvieron menos accidentes ellos que nosotros. ¿O no?

–¿Qué beneficios traería un tribunal constitucional?

–Creo que nuestro control de constitucionalidad es débil, que se necesita reforzarlo con un órgano centralizador. Cuando nosotros declaramos la inconstitucionalidad de una ley, ésta sigue vigente, porque lo hacemos sólo en el caso que llega a la Corte. Esto no da suficiente seguridad. Es necesario pensar en un sistema donde los jueces puedan hacerlo, pero que si llega a un tribunal constitucional, éste pueda hacer caer la vigencia de la ley para todos, incluso para el gobierno. Las marchas y contramarchas en materia de constitucionalidad no son buenas, crean inseguridad, nunca sé del todo lo que puedo y lo que no puedo hacer.

–¿Hay cabida en Argentina para una reforma constitucional?

–No es el momento, pero despacio, es necesario abrir el debate y ver si en realidad nuestras instituciones responden a las necesidades de una democracia moderna y cómo pueden ser adecuadamente mejoradas y perfeccionadas. Las reformas constitucionales se deciden políticamente y no jurídicamente. No sé cuándo se producirá una coyuntura que lance un proyecto de reforma constitucional, esto no lo puede decir nadie y no me gusta funcionar como augur, porque generalmente los augures se equivocan. Lo que digo es que los temas institucionales deben ser discutidos y que todo momento es bueno para hacerlo, aunque no haya ni miras de reforma, porque de lo contrario, cuando la coyuntura se da nadie sabe de qué se habla y da la sensación de que todos sacan instituciones como conejos de la manga. El esclarecimiento previo de la población es lo que garantiza una reforma exitosa, se dé cuando tenga que darse y aunque sea dentro de muchos años y ninguno de nosotros esté aquí para verla.

Lo que vendrá

–¿Cómo se llegó a que la Corte trate más de 20 mil causas por año?

–La Corte tramita 20 mil causas o algo parecido, pero no las resuelve. Hay un recurso que de extraordinario se volvió ordinario, que es la arbitrariedad de sentencia. Casi todos los abogados de Buenos Aires quieren terminar con este recurso en la Corte y los organismos oficiales lo hacen por imposición de sus propias leyes y reglamentos, con lo cual el propio Estado recarga inútilmente a la Corte. Lo primero que debemos hacer es decidir cuándo es procedente y cuándo no lo es, y ahí se va la mayor parte del trabajo. El noventa por ciento de los casos que entran no son procedentes. El número de casos que queda es alto, pero no exagerado.

–¿Qué propone para aliviar esa sobrecarga de trabajo?

–Será necesario agilizar el trámite de selección previa o procedencia. Hay varias iniciativas, no quiero adelantar preferencia por ninguna. La reducción del número de jueces contribuirá a eso, porque es más fácil acordar o decidir por mayoría si no hubiese acuerdo.

–¿Qué temas que resolverá la Corte en forma prioritaria? ¿Pesificación, indultos, la situación del Riachuelo, la banca de Bussi, la legalidad de la tenencia de droga para consumo personal, algún otro?

–Son esos temas y el de deudores hipotecarios de vivienda única también. También la personería jurídica de los travestis. Creo que no hay conflicto en el país que tarde o temprano no llegue a la Corte y todos son importantes y trascendentes para las personas involucradas y preocupadas con su problema.

–¿Cuándo saldrán los fallos?

–En cuanto se apruebe la nueva ley, seguramente todo se destrabará bastante. Quizá algunos casos se resuelvan de acá a fin de año y lo que no se pueda se intentará en febrero, marzo. En algunos estamos todavía con los votos cruzados y necesitamos que se apruebe la reducción.

–¿Por qué tantas causas, sobre todo las de corrupción, tardan tantos años en llegar a juicio, muchas prescriben en el camino, y siempre queda la sensación de impunidad?

–Mientras la instrucción dure siglos y todo sea apelable y se discutan en instrucción cosas que son propias del plenario o del tribunal oral, o sea, mientras el llamado sistema mixto siga deformándose, y se haga un sistema obstruccionista del proceso penal, lamentablemente los procesos durarán mucho más de lo que deben durar y las incidencias provocarán prescripciones que no debieran producirse. Habría que limitar estrictamente las apelaciones durante la instrucción a dos o tres resoluciones y nada más. Pero la solución no la puede dar la Justicia sino el Poder Legislativo.

–¿Qué le parece el juicio por jurados? ¿Puede funcionar en Argentina?

–El juicio por jurados no funciona en ningún lado, si por jurado entendemos el modelo tradicional. No funciona porque tiene un inconveniente técnico: no se puede distinguir del todo la cuestión de hecho de la cuestión de derecho. Nadie puede decidir si hubo o no una legítima defensa, un estado de necesidad, un error invencible de algún tipo o una incapacidad psíquica, si no sabe lo que es. Y eso no se explica en cinco minutos por el juez. No hay juez capaz de explicarle a un lego todo el derecho penal que enseñamos en dos o tres años de universidad en cinco minutos. ¿La Constitución impone el jurado clásico o, en una interpretación progresiva, lo que manda es alguna forma de participación popular, de las que se han introducido en el mundo en los últimos 150 años? Me inclino por una interpretación progresiva en el último sentido, o sea, por los escabinos, una mayoría técnica y una minoría de ciudadanos legos ejerciendo control con su voto. En los Estados Unidos sólo un tres por ciento de los casos van al jurado, al resto los extorsionan con la “negociación”: si no acepta lo que el fiscal ofrece declarándose culpable, lo mandan al jurado, donde lo destruyen, salvo que lo defienda un abogado muy prestigioso, al que pocos pueden pagar.

–¿Los procesos con jurados son más rápidos?

–Nadie crea que el jurado hace más rápidos los juicios, por el contrario, es más complicado reunirlo y es más caro. Yo sé que hay una propaganda que va por el mundo, que quiere una justicia “express”, expeditiva, rápida, prêt-à-porter, sin papeles ni nada. Me parece una barbaridad, por mucho que la vendan en envase atractivo. En el fondo no es más que una suerte de linchamiento rápido de los pobres. Con signo diametralmente opuesto en lo político me suena al viejo “paredón, paredón”. No son chorizos lo que fabricamos, y sí así fuera, deben venir con buena carne y bien atados.

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Diario PAGINA/12, Domingo 12 de Noviembre de 2006.