31.12.06

La defensa del Estado de Derecho y los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo


160 juristas, de todas las regiones del mundo, reunidos en su calidad de Comisionados, Miembros Honorarios y representantes de Secciones Nacionales y Organizaciones Afiliadas en la Conferencia Bienal de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) del 27al 29 de agosto de 2004, en Berlín, Alemania, lugar donde se fundó hace 52 años, adoptaron la siguiente Declaración:

El mundo enfrenta un grave desafío al estado de derecho y los derechos humanos. Principios jurídicos, anteriormente bien establecidos y aceptados, están siendo cuestionados en todas las regiones del mundo a través de equivocadas respuestas al terrorismo. Muchos de los logros en la protección jurídica de los derechos humanos están bajo ataque.

El terrorismo representa una seria amenaza a los derechos humanos. La CIJ condena el terrorismo y afirma que todos los Estados tienen la obligación de tomar medidas efectivas contra los actos de terrorismo. Conforme al derecho internacional, los Estados tienen el derecho y el deber de proteger la seguridad de todas las personas.

Desde septiembre de 2001 muchos Estados han adoptado nuevas medidas contra el terrorismo que contravienen sus obligaciones internacionales. En algunos países, el clima de inseguridad post-septiembre de 2001 ha sido explotado con el propósito de justificar violaciones a los derechos humanos cometidas desde hace tiempo en nombre de la seguridad nacional.

Al adoptar medidas orientadas a eliminar los actos de terrorismo, los Estados deben observar estrictamente los principios del estado de derecho - incluyendo los principios generales del derecho penal y del derecho internacional - y las normas y obligaciones específicas del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho de los refugiados y, cuando sea aplicable, del derecho humanitario. Estos principios, normas y obligaciones definen los límites permisibles y legítimos de la acción estatal contra el terrorismo. La naturaleza odiosa de los actos terroristas no puede servir como base o pretexto a los Estados para desconocer sus obligaciones internacionales, en particular en cuanto a la protección de los derechos humanos fundamentales.

Un dominante discurso fuertemente orientado hacia la seguridad promueve el sacrificio de los derechos y libertades fundamentales en el nombre de la erradicación del terrorismo. No existe conflicto entre el deber de los Estados de proteger los derechos de las personas amenazadas por el terrorismo y su responsabilidad de garantizar que la protección de la seguridad no menoscabe otros derechos. Por el contrario, tanto la salvaguarda de las personas contra actos terroristas, como el respeto a los derechos humanos forman parte de una red de protección que le corresponde al Estado asegurar. Tanto el derecho contemporáneo de los derechos humanos, como el derecho humanitario, otorgan a los Estados un margen de flexibilidad razonablemente amplio para combatir el terrorismo sin contravenir las obligaciones jurídicas de derecho humanos y humanitarias.

Los esfuerzos internacionales y nacionales encaminados a la realización de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de todas las personas sin discriminación, y que apuntan a hacer frente a la exclusión política, económica y social, son en sí mismos herramientas esenciales para la prevención y erradicación del terrorismo.

Motivada por la misma determinación y urgencia que acompañó su fundación, y de cara a los desafíos actuales, la CIJ se dedica nuevamente a trabajar por la defensa del estado de derecho y de los derechos humanos.

En vista de los preocupantes acontecimientos recientes, la CIJ afirma que al combatir el terrorismo, los Estados deben dar cumplimiento total a los siguientes principios:

1. Deber de Proteger: Todos los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas sujetas a su jurisdicción, lo que incluye cualquier territorio bajo su ocupación o control. Los Estados deben tomar medidas para proteger estas personas contra actos terroristas. Para tal efecto, las medidas antiterroristas siempre deben ser tomadas en el marco del estricto respeto a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

2. Judicatura Independiente: En el desarrollo e implementación de las medidas antiterroristas, los Estados tienen la obligación de garantizar la independencia de la judicatura y su competencia en materia de control de las medidas estatales. Los gobiernos no deben interferir con los procesos judiciales o socavar la integridad de las decisiones judiciales, las cuales deben acatar.

3. Principios de Derecho Penal: Los Estados deben evitar abusar de las medidas antiterroristas, garantizando que las personas sospechosas de estar involucradas en actos terroristas sean acusadas únicamente de delitos definidos de forma estricta y precisa por la ley, en conformidad con el principio de legalidad (nullum crimen sine lege). Los Estados no pueden aplicar la ley penal retroactivamente. No pueden criminalizar el ejercicio legal de los derechos y libertades fundamentales. La responsabilidad penal por actos de terrorismo debe ser individual y no colectiva. En el combate contra el terrorismo, los Estados deben aplicar y, cuando sea necesario, adaptar las leyes penales existentes, en lugar de crear nuevos delitos, definidos de una forma muy general, o de recurrir a medidas administrativas extremas, especialmente las que involucran privación de la libertad.

4. Derogaciones: Los Estados no deben suspender derechos que conforme el derecho de los tratados o el derecho consuetudinario son no derogables. Los Estados deben garantizar que cualquier derogación de un derecho sujeto a suspensión durante tiempos de emergencia sea temporal, estrictamente necesaria y proporcional a la amenaza específica a la pretende hacer frente y no entrañe discriminación por motivos de raza, color, género, orientación sexual, religión, idioma, opinión políticas o de otra índole, origen nacional, social o étnico, situación económica, nacimiento u cualquier otra condición.

5. Normas perentorias: Los Estados deben observar en todo momento y en toda circunstancia la prohibición contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los actos en contravención de ésta y otras normas perentorias del derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, no pueden nunca ser justificados. Cuando dichos actos ocurran, deben ser investigados de una forma efectiva y sin demora, y aquellos responsables de su comisión deben ser llevados rápidamente ante la justicia.

6. Privación de la libertad: Los Estados no pueden mantener detenida a una persona secretamente o incomunicada y deben mantener un registro de todos los detenidos. Deben proporcionar a todas las personas privadas de libertad, donde quiera que se encuentren detenidas, un acceso rápido a sus abogados, a los miembros de su familia y al personal médico. Los Estados tienen el deber de garantizar que los detenidos sean informados de las razones de su detención y de los cargos y evidencia en su contra y de que sean presentados prontamente ante los tribunales. En todo tiempo y circunstancia, todos los detenidos tienen el derecho a un habeas corpus o a procedimientos judiciales equivalentes para impugnar la legalidad de su detención. La detención administrativa debe ser una medida excepcional, estrictamente limitada en tiempo y sujeta a supervisión judicial frecuente y periódica.

7. Juicio Justo: Los Estados deben garantizar, en todo tiempo y circunstancia, que los presuntos delincuentes sean juzgados sólo por tribunales independientes e imparciales establecidos por ley y que cuenten con todas las garantías de un juicio justo, incluyendo la presunción de inocencia, el derecho a examinar y controvertir las pruebas, el derecho de defensa -especialmente el derecho a una asesoría jurídica efectiva - y el derecho de apelación judicial. Los Estados deben garantizar que los civiles acusados sean investigados por autoridades civiles y juzgados por tribunales civiles y no por tribunales militares. Las pruebas obtenidas mediante la tortura u otros medios que constituyan violaciones graves a los derechos humanos contra un acusado o un tercero, nunca son admisibles y no pueden ser utilizadas en un proceso. Los jueces encargados de juzgar y los abogados defensores de los acusados de crímenes terroristas, deben poder desempeñar sus funciones profesionales libres de intimidación, obstáculos, acoso o interferencias indebidas.

8. Derechos y Libertades Fundamentales: En la implementación de medidas antiterroristas, los Estados deben respetar y salvaguardar los derechos y libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, religión, conciencia o creencia, de asociación y de reunión, y el ejercicio pacífico del derecho a la autodeterminación; así como el derecho a la privacidad, que es de especial preocupación en la esfera de la recolección y diseminación de información de inteligencia. Toda restricción a los derechos y libertades fundamentales debe ser necesaria y proporcional.

9. Recursos y reparaciones: Los Estados deben garantizar que cualquier persona afectada de forma adversa por medidas antiterroristas estatales o por los actos de un actor no estatal, cuya conducta es apoyada o tolerada por el Estado, disponga de un recurso efectivo y pueda obtener reparación efectiva y que los responsables de violaciones graves a los derechos humanos sean justiciables ante un tribunal de justicia. Un autoridad independiente debe ser facultada para supervisar las medidas antiterroristas.

10. No Devolución (Non Refoulement): Los Estados no pueden expulsar, devolver, transferir o extraditar a una persona sospechosa o condenada por actos terroristas a un Estado donde exista el riesgo real de que la persona pueda ser sometida a graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, o un juicio manifiestamente injusto, o ser sujeto a pena de muerte.

11. Complementariedad del Derecho Humanitario: En tiempos de conflicto armado y situaciones de ocupación, los Estados deben aplicar y respetar las reglas y principios tanto del derecho humanitario internacional, como del derecho internacional de los derechos humanos. Estos regímenes jurídicos son complementarios y se refuerzan mutuamente.

Rebrotes


Por Horacio Verbitsky

La alegría por la reaparición del testigo Gerez no debería diluir el análisis de las deficiencias puestas de manifiesto en la investigación de su secuestro y en el diseño de los juicios pendientes, y el vínculo que estas cuestiones tienen con el debate público sobre la seguridad ciudadana. Kirchner marcó un punto de inflexión ante el chantaje de los reconciliadores a palos. Pero la voluntad política debe complementarse con las necesarias medidas de organización.

La aparición del testigo Luis Gerez, golpeado pero vivo, es la mejor noticia posible en un fin de año que había adquirido tintes sombríos. Harán falta más conocimientos de los disponibles en estas primeras horas posteriores a su liberación para determinar si la insistencia oficial en vincular el desenlace feliz con el discurso del presidente Néstor Kirchner tiene otro sustento que el triunfalismo usual en la competencia política argentina. Pero no hace falta esperar más tiempo para advertir que la actitud presidencial marcó un punto de inflexión respecto del modo de tratar con quienes intentan impedir el castigo por los crímenes de la peor dictadura de la historia y con aquellos que creen posible reproducir en democracia las prácticas perversas de entonces. No obstante, es imprescindible analizar lo sucedido en un contexto más amplio y no diluir en la alegría por la conclusión del episodio las deficiencias puestas de manifiesto en su investigación y en el diseño de los juicios pendientes, y el vínculo que estas cuestiones tienen con el debate público sobre la seguridad ciudadana.

Killer serial de la dictadura, el comisario Luis Abelardo Patti siguió torturando después, con la complicidad de los sectores políticos. En 1990 el juez Raúl Borrino lo detuvo por picanear a dos acusados de un robo. El presidente Carlos Memen hizo su público elogio porque dijo que había limpiado de delincuentes su zona. El gobernador Antonio Cafiero y su ministro de gobierno José María Díaz Bancalari enviaron al jefe de policía, comisario Osvaldo Somohano, a llevarle la solidaridad oficial en su lugar de detención. Los habitantes de los countries tomaron por asalto el despacho de Borrino y con ese pretexto la Cámara de Apelaciones lo apartó de la causa, para que otro magistrado dejara en libertad a Patti. Menem lo designó como interventor en el mercado central y apoyó su candidatura a gobernador bonaerense. Eduardo Duhalde lo incluyó el año pasado en la boleta electoral de su esposa. Recién este año esa condescendencia se cortó, cuando los diputados kirchneristas Miguel Bonasso, Remo Carlotto y Araceli Méndez propusieron el rechazo de su título por falta de idoneidad moral. Así lo dispuso la Cámara de Diputados. Pero ni aún ahora toda la dirigencia política ha cortado los puentes con Patti porque comparte su idea de que los derechos y garantías constitucionales son un obstáculo para la seguridad, como lo demuestra el proyecto de reforma procesal penal del ministro de justicia bonaerense Eduardo Di Rocco, que el Senado provincial se rehusó a aprobar a la disparada y sin discusión como pretendía el gobernador Felipe Solá.

El de Gerez no constituye un caso aislado. Forma parte de una serie de episodios de características e intención similares. El secuestro de Jorge Julio López hace cien días; el presunto suicidio del testigo clave correntino Albino Montecucco, ex agente civil de la inteligencia del Ejército que apareció ahorcado el mismo día en que debía declarar en Paso de los Libres; la paliza a otro testigo que ya había declarado en la misma causa, Carlos Lozada, frente a la ex sede militar en que fue torturado hace tres décadas; y el secuestro durante dos semanas en Venado Tuerto de Héctor Darío Bustos, a quien le quemaron una svástica con cigarrillos en el pecho, son algunos de los más recientes. Esta Semana Santa en cuotas procura quebrar la voluntad estatal para continuar con esas investigaciones y obtener alguna forma de impunidad, de facto o de iure. Con todas las letras lo dijo en un editorial el diario La Nación el mismo día de la desaparición de Gerez: “Lo importante es avanzar hacia una reconciliación que difícilmente llegará si se siguen resucitando odios a partir de la pretensión oficial de fragmentar nuestra visión sobre los nefastos episodios de un pasado del que los argentinos debemos recoger enseñanzas sin quedar presos de él”. Kirchner ratificó que no retrocedería y encontró la expresión precisa para definir lo que está en juego, que es la posibilidad de vivir de una vez por todas en un Estado de derecho.

El fantasma de Alfonsín

La experiencia del ex presidente Raúl Alfonsín es aleccionadora: había hecho del juicio a los represores de la dictadura el eje de su discurso de recuperación de la juridicidad democrática e incluso al comenzar el alzamiento de 1987 dijo que no negociaría con los rebeldes porque todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y nadie escaparía a la acción de la justicia. Por eso cuando impulsó la ley de obediencia debida no sólo se interrumpieron los juicios. También sepultó su ilusión de un tercer movimiento histórico superador de radicalismo y peronismo y decretó el principio del fin de su gobierno.

El viernes Kirchner dijo que él no se dejaría intimidar como su antecesor radical. El contexto nacional e internacional y la reforma constitucional de 1994 (declaró insanablemente nulos los golpes de Estado e infames traidores a la Patria a sus autores y a los funcionarios del gobierno de facto, estableció que responderán en forma penal y civil de sus actos, que no podrán ser indultados ni prescribirán) cierran el camino para la amenaza golpista. Y el fallo de la Corte Suprema de Justicia al anular las leyes de punto final y de obediencia debida en el caso Simón, excluye la posibilidad de una nueva ley de amnistía. La Corte dijo que el derecho de gentes impide amnistiar o cesar por el mero paso del tiempo la persecución de crímenes de lesa humanidad y citó en su aval fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cumplimiento obligatorio para la Argentina. Es decir que la voluntad política expresada por el presidente tiene un sólido respaldo institucional, construido por la sociedad a lo largo de los años.

Morir inocente

Pero aun sin una ley protectora, para los fines de quienes no se resignan a la justicia bastaría que los procesos se estancaran por falta de impulso de querellantes y fiscales o de acción de los jueces, amedrentados por la represalia. Lo sucedido en Chile con Pinochet es un buen ejemplo: el dictador murió inocente, porque nunca fue condenado, y hasta recibió honras fúnebres como ex comandante en jefe del Ejército. En la Argentina el primer condenado luego de la nulidad de las leyes fue un suboficial de la Policía Federal (Julio Simón, a) el Turco Julián) y el segundo un oficial de la policía bonaerense (el comisario Miguel Etchecolatz). En cambio, ningún oficial de las Fuerzas Armadas, accionista o dirigente de empresa, obispo o capellán castrense han sido llevados a juicio, pese a que ya transcurrieron ocho años desde que los ex dictadores Massera y Videla y una docena de integrantes de sus cúpulas fueron detenidos por el robo de bebés. El transcurso del tiempo sin que se cierre la instrucción y se eleven las causas a juicio termina por devaluar a la justicia que, en cierto momento, les concede la libertad porque han excedido todo plazo razonable de detención sin condena. Es el caso, por ejemplo, del ex dictador Benito Bignone, quien con escándalo de los transeúntes fue visto en un shopping gastando en sus compras de Navidad la jubilación extraordinaria que cobra por haber usurpado el poder.

No hay tu tía

Hace cien días, cuando desapareció Jorge Julio López, sus familiares pensaban que se había ido a casa de algún amigo o pariente y dijeron que ya se había alejado otras veces. El ministro del Interior opinó que podía estar en casa de una tía (probabilidad baja: López tiene 78 años). Y una vieja conocida de López sembró dudas sobre su personalidad desde la sala de prensa de la Casa de Gobierno. Ahora, en cambio, en la propia madrugada del jueves 28 el presidente fue enterado de la desaparición de Luis Gerez, convocó al gobernador de Buenos Aires y al ministro del Interior y dispuso que el caso debía tratarse como lo que era, una privación ilegal de la libertad. Según fuentes oficiales, 3000 hombres de las fuerzas federales (Gendamería y Policía) fueron lanzados a la búsqueda. La cifra parece exagerada, pero aun sometida al necesario desagio marca una diferencia sustancial con el caso anterior. También la respuesta política fue rápida, con actos y manifestaciones en Escobar y otros lugares de la provincia. Pero más allá de esos buenos reflejos el Estado vivió a ciegas durante los dos días que duró la pesadilla. La distribución de fotos de López implicaba una preferencia subliminal por la hipótesis del anciano perdido que no podía volver. En el caso de Gerez podía ayudar a que algún testigo aportara algún dato. Pero las dos fotos en el vidrio de un patrullero reforzaban el mensaje intimidatorio, como casillas de un tablero ominoso que se fueran llenando. ¿Cuántas fotos más harían falta para obstruir la visión e invertir los términos con que durante años se conceptualizó la posibilidad de juicio y castigo como garantía de una convivencia sin los sobresaltos del crimen impune? Los controles vehiculares y los rastrillajes podían tener o no algún éxito, favorecidos por el escaso tiempo transcurrido. Pero ponían en evidencia la falta de información confiable.

Respuesta institucional

Se entiende: las viejas estructuras de inteligencia no han sido purgadas de cuadros comprometidos en prácticas incompatibles con la convivencia democrática y las nuevas no terminan de crearse. Kirchner ha mostrado decisión de conducir a las Fuerzas Armadas y ha encontrado en Nilda Garré una colaboradora eficaz. También dejó claro que no teme a quienes reivindican los métodos de la dictadura. Pero eso no basta. También es precisa una respuesta institucional a estos casos que, con baja intensidad de riesgo para sus autores, producen un efecto de desgaste y temor entre querellantes, testigos, fiscales y jueces. En ese terreno la respuesta estatal ha sido deficiente.

Hace cien días, cuando se divulgó el legajo de Juan José Alvarez como agente de la SIDE, el CELS solicitó al Poder Ejecutivo que se desclasificara la información sobre todo el personal de la Secretaría de inteligencia que prestó servicios durante la dictadura militar. Nadie respondió. La solicitud fue reiterada el viernes en una nota entregada en la Casa de Gobierno horas antes de que Kirchner hablara al país.

El gobierno ha designado allí a dos pingüinos de confianza, el secretario Héctor Icazuriaga y el subsecretario José Larcher. Pero debajo de ellos se perpetúan las estructuras históricas. El libro publicado este año por el periodista Gerardo Young, SIDE. La Argentina secreta, contiene algunos datos inquietantes sobre la continuidad en el organismo de agentes que fueron personas de confianza de los generales Carlos Martínez y Otto Paladino, y cuyos legajos habrían sido depurados en 1984. Según Young no tienen cargos menores: Horacio Antonio Stiuso, alias Aldo Stiles o Jaime, sería el actual director general de Operaciones, tercero en la línea de mando; Horacio Germán García, alias Garnica, director de Contrainteligencia y Roberto Saller, alias Gordo Miguel o Roberto Silo o Cilo, agente operativo de contrainteligencia, a cargo de investigaciones sobre secuestros. Tan importante como la limpieza de las instituciones preexistentes es el cumplimiento del mandato legal de creación de estructuras investigativas nuevas. Nada justifica seguir dilatando la puesta en funcionamiento pleno de la Dirección de Inteligencia Criminal, bajo la directa dependencia de la Secretaría de Seguridad Interior, tal como lo ordena la ley de inteligencia, que lleva cinco años de promulgada.

Protección

Kirchner pidió en su discurso que los testigos aceptaran la protección que les ofrecía y que Gerez había rechazado. Son muchos quienes no se sienten protegidos por una fuerza policial en la que todavía permanecen miles de hombres que actuaron en aquellos años. El relato del concejal Hugo Cantero, cuya presencia reclamó Gerez al recuperar la libertad, es elocuente: cuando un patrullero llegó a su casa para trasladarlo hasta el lugar donde estaba su compañero, pensó que venían a secuestrarlo también a él.

Además, para custodiar a unos cinco mil testigos durante todas las horas del día, se necesitarían quince mil efectivos, es decir un tercio de la fuerza total de la bonaerense y bastante más que el número de hombres que tiene en la calle en cualquier hora del día. La imposibilidad fáctica es evidente. Pero hay otros modos de protección y contención a los testigos, que requieren una coordinación de esfuerzos de distintos organismos oficiales. Hasta el día de hoy no existe una Autoridad Unica responsable, con capacidad operativa y de decisión, para resolver las demandas de seguridad y psicológicas de las personas vinculadas a los juicios en todo el país, que actúe en forma coordinada con las autoridades judiciales de las distintas jurisdicciones y fortalezca la capacidad estatal de búsqueda de información confiable sobre las situaciones amenazantes que puedan enfrentar los testigos.

Si los secuestros buscan instalar la idea de que hacer justicia tiene consecuencias insoportables, de modo que la única solución sea la impunidad, acelerar los procedimientos para que haya condenas en juicio y no sólo arrestos preventivos, es otra forma de protección a querellantes, testigos, fiscales y jueces. Desde el secuestro de López, el CELS ha sugerido a distintas autoridades judiciales y del ministerio público que una planificación estratégica de los juicios permitiría acortar el lapso de instrucción de modo que la mayor cantidad de testimonios se concentrara en la audiencia oral. Repetir varias veces la misma historia padecida, porque los casos no se agrupan por centro clandestino y cada desaparición, tortura o ejecución ilegal se consideran como un hecho aislado, desgasta a los testigos y multiplica su exposición, con el consiguiente peligro. También es imprescindible una acción decidida que impida a la Cámara Nacional de Casación Penal seguir paralizando los procesos a la espera de que venzan los plazos máximos de detención preventiva para ordenar libertades. En varias provincias hay juzgados y cámaras vacantes o con jueces que se excusan o son recusados por sus vínculos con los hechos y/o las personas que se investigan. El caso extremo es Formosa, donde catorce jueces pasaron por ese proceso de designación sin que quedara uno a cargo. El Procurador General y la Corte Suprema pueden dar indicaciones concretas para que fiscales y jueces acorten los tiempos de las investigaciones y la realización de los juicios. El Consejo de la Magistratura debe designar sin demoras a conjueces o subrogantes y el Poder Ejecutivo agilizar los nombramientos en los juzgados y fiscalías vacantes. Sin tales decisiones, carecerá de sentido quejarse de que los jueces no avanzan con la celeridad necesaria. Las cosas no ocurren por actos de voluntad sino como consecuencia de decisiones racionales y aplicación de recursos para ponerlas en práctica.

24.12.06

La reforma procesal blumbergiana que intenta Solá


Inspirada en el plan de FORES que dirigió Germán Garavano con un crédito del BID y que Carlos Memen presentó como propio en 1998, el gobierno bonaerense intenta aprobar el jueves 28 la devastadora reforma procesal-penal con que cree posible exorcizar a Macri y Blumberg, mediante el recurso mágico de parecérseles. Notorios delincuentes mayoristas sostienen esta enmienda que sólo se ensañará con los pobres diablos de la rapiña callejera al por menor.


La mega-reforma procesal penal que el gobierno de la provincia de Buenos Aires intenta sancionar entre brindis e indigestiones modificaría las leyes que sancionaron el Código de Procedimiento Penal (11.922), la organización del Ministerio Público (12.061) y la del Poder Judicial (5827). Pero además forma parte de un paquete mayor, que también incluye una modificación a la ley 12.297 de seguridad privada de la provincia (pese a la prohibición de la ley federal se permitirá el ingreso de capitales extranjeros y no habrá límite a la cantidad posible de los integrantes de cada agencia, que podrán constituir verdaderos ejércitos privados) y una ampliación de las facultades del Servicio Penitenciario Bonaerense, que avanzaría sobre facultades del Patronato de Liberados. La información se conoce por goteo, ya que el Poder Ejecutivo ha tratado de eludir cualquier debate e intentará que la reforma sea aprobada el 28 de diciembre, día de los santos inocentes y de las bromas pesadas. Sólo la finalidad electoral de restar argumentos a los candidatos disciplinarios Maurizio Macri y Juan Carlos Blumberg explica este apuro, cuando la reforma procesal penal anterior (que el nuevo proyecto descuartiza) insumió años de estudio, preparación y debate, que involucró a distintas organizaciones vinculadas con la justicia. La obviedad de la intención no garantiza sin embargo su resultado. Como ya se vio en Francia, la adopción por otros actores políticos del discurso de la derecha extrema contribuye a legitimarla y aumenta en vez de disminuir sus posibilidades electorales. En cambio el gobierno hizo silencio sobre el dato difundido esta semana por el ministerio de Justicia sobre el descenso en los índices delictivos, en especial los más violentos. En los últimos cinco años la tasa de homicidios dolosos se redujo casi a la mitad en todo el país (de 9,52 cada 100 mil personas en 2002 a 5,86 en 2005) y más de la mitad en Buenos Aires (de 13,78 casos cada 100 mil habitantes en 2002 a 6,39 en 2005) mientras en la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo estable. El discurso duro de la seguridad se basa así en una manipulación emocional divorciada de los meros hechos. Una vez más, esos indicadores bajaron a medida que mejoraban los de empleo e ingresos.

Las redes del delito

La Asociación por los Derechos Civiles, la Comisión Provincial por la Memoria, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el CELS declararon su acuerdo con el acortamiento de los plazos procesales y la separación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas pero sostuvieron que la mega-reforma ni siquiera se propone lograr una mayor efectividad en la persecución de los delitos más graves y dejará sin defensa adecuada a las personas sometidas a proceso que dependen de un defensor oficial, es decir nueve de cada diez. La crítica al proyecto es severa, pero también incluye propuestas para enfocar la política criminal sobre la investigación de los delitos más graves y complejos y no sólo sobre un mejoramiento de la gestión de los tribunales. El sistema penal bonaerense funciona sobre la base de los delitos de flagrancia, es decir aquellos que la policía encuentra en la calle. Por el contrario un gran porcentaje de la criminalidad obedece a redes de ilegalidad organizada. En consecuencia los fiscales y las fuerzas de seguridad deberían replantear su tarea, enfocando los puntos privilegiados y con mayor capacidad de acción de esas redes delictivas. Esto permitiría concentrar la acción de la justicia en estas áreas en las que ha demostrado no ser efectiva y no en los eslabones más vulnerables, que son al mismo tiempo los que tienen menor capacidad de acceso a la justicia y a otros bienes y derechos, y entre quienes las redes ilegales reclutan los recursos humanos a explotar. Por eso la detención de esas piezas menores, que de inmediato son reemplazadas, nunca afecta el funcionamiento de las organizaciones criminales.

Fiscalías especializadas

Una reforma responsable y de inspiración democrática debe enfocar los recursos investigativos hacia este tipo de delincuencia. Dado que “los índices de resolución de casos de criminalidad organizada, corrupción, torturas o violencia institucional son alarmantemente bajos y las denuncias por la existencia de este tipo de hechos gravemente altos”, dice el documento, los funcionarios deberían ser asignados a fiscalías especializadas para la investigación de tales hechos o delitos complejos. La ley también podría incluir que las Fiscalías Departamentales organicen sus recursos no sólo sobre la base del principio de descentralización sino también de especialización y así fortalecer los equipos de fiscales dedicados a las investigaciones complejas. El documento menciona como ejemplo la experiencia realizada por la Fiscalía de San Martín, que reorganizó su trabajo de modo de concentrar mayores recursos en ese tipo de investigaciones. Tuvo tanto éxito que no se lo perdonaron. Con un tercio de los recursos anteriores pudo seguir atendiendo los casos más simples y liberó personal y tiempo para encarar aquellos de mayor gravedad. Esto requiere una voluntad política que las autoridades no han demostrado.

La semana pasada Solá inauguró un edificio en el partido de Malvinas Argentinas donde funcionarán seis fiscalías y dos defensorías descentralizadas, dependientes del departamento judicial San Martín. Lo acompañaban su ministro de justicia Eduardo Di Rocco, la procuradora general María del Carmen Falbo y el intendente Jesús Cariglino, quien financió la construcción del edificio y atenderá a su funcionamiento. Falbo explicó que el proceso de descentralización apunta a facilitar el acceso de la gente a la justicia y a habilitar organismos que “respondan a las demandas propias del mapa del delito”. Hubiera sido más simple instalar una fiscalía especial junto al despacho de Cariglino: el intendente está procesado por asociación ilícita, estafa, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, como cabecilla de una organización que también integran otros funcionarios y empresarios, implicados en tres decenas de casos de fraude contra su municipio, que son los delitos más graves cometidos en esa jurisdicción.

Pese a las represalias que el sistema político y la propia Falbo ejercieron contra los fiscales que se atrevieron a realizar esa investigación (sometidos a sumarios, tentativas de juicio político, destierro a cargos menores mientras se desmanteló la eficaz organización que habían creado), la Cámara de Apelaciones de San Martín confirmó sus decisiones y sólo resta fijar la fecha para la realización del juicio oral y público, que se constituirá en un verdadero proceso a la corrupción política en el conurbano y a su protección judicial.

Una defensa centralizada

El documento de los cuatro organismos afirma que al eliminar la Defensoría de Casación se debilita el ya desarticulado servicio de defensa pública. La instancia que intenta suprimir la reforma es la única que permite alguna coordinación de estrategias de los defensores, al unificar el patrocinio de los casos ante los tribunales superiores provinciales, federal y del Derecho Internacional. Una instancia autónoma de control y monitoreo centralizado del sistema de Defensa Pública es imprescindible para diseñar y aplicar políticas uniformes y brindar apoyo institucional para la toma de decisiones que a cada defensor aislado le resulta arduo sostener. La falta de planificación y pautas claras de trabajo explica las diferencias entre jurisdicciones: mientras la Defensoría General de Mar del Plata promovió visitas de los defensores a los lugares de detención, la de San Isidro las restringió. Hace cuatro años, cuando el ahora canciller Jorge Taiana ocupaba la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, ese organismo produjo un documento sobre la autonomía y el fortalecimiento institucional del Ministerio Público de la Defensa, que ya alertaba sobre los riesgos de la concentración de funciones en la Procuración: el Defensor del Tribunal de Casación enfrenta ante los tribunales superiores al Procurador General del que depende jerárquica y disciplinariamente de él. La nueva enmienda consolida esa subordinación de los defensores y la desigualdad con los fiscales en cada causa. Si se aprueba el artículo 334 dejará de ser falta grave del fiscal el ocultamiento de pruebas al defensor y si ambos disintieran acerca de la realización de medidas de prueba, zanjaría el diferendo el Fiscal General. Todo esto desvirtúa un proceso contradictorio entre dos partes en igualdad de condiciones, con un tercero imparcial que resuelva el conflicto. Como escribió Taiana en aquel documento, la defensa es el órgano de control de la actividad persecutoria estatal, lo que incluye la protección de derechos básicos como la inviolabilidad de la defensa en juicio, el acceso a la justicia y la defensa frente a la violencia estatal. Tan graves violaciones a principios centrales no pasarán el test de constitucionalidad de la Corte federal y mucho menos del Sistema Interamericano, pero hasta que un caso llegue a esas instancias impulsado desde la sociedad civil mucho dolor se habrá inferido al maltratado tejido social y mucho daño se habrá hecho al rol líder argentino en el campo de los derechos humanos.

La Defensoría de Casación mostró las ventajas institucionales de una autoridad directiva que defina políticas concretas de fortalecimiento de la defensa. Impulsó la creación de áreas de ejecución de la defensa, intentó separar las cuestiones de administración para encargárselas a personal especializado, promovió la capacitación y especialización de los defensores, realizó informes sobre la situación de los imputados y detenidos a partir de los cuales se realizaron recomendaciones a los defensores y pedidos a las autoridades de la provincia y creó un “Banco de Datos de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. La medida de su éxito fue la decisión del anterior Procurador, Eduardo Matías De la Cruz, de reasumir las funciones de superintendencia que había delegado, debido a la presión policial y penitenciaria, pero también la de jueces y fiscales, que rechazaban ese control. Desde entonces estas iniciativas perdieron apoyo y recursos para sostenerse. También se prohibió a los defensores tomar fotos de los presos machucados por sus guardiacárceles, en la misma unidad platense donde durante la dictadura fueron maltratados Taiana y Carlos Zannini. El documento recomienda que se establezca un cargo de Defensor General o que el cargo de Defensor de Casación se convierta en Defensor ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia, “con competencias suficientes para realizar la tarea de coordinación”, como jefe de la defensa pública. Esa coordinación provincial de la actuación de los defensores departamentales debería disponer de “competencias funcionales y recursos propios”.

La fijación oral

Al presentar la reforma el gobierno postuló la oralización de todas las etapas del proceso, pero esto no figura en el proyecto firmado por Solá. Un nuevo proyecto de ley buscaría oralizar sólo los casos de flagrancia, según el proyecto piloto en Mar del Plata. Esa experiencia demostró que la oralidad en la etapa preparatoria agiliza en forma drástica los procesos, es eficaz para hacer valer los derechos de las partes y esencial para el control de las prisiones preventivas indiscriminadas y para generalizar la utilización de medidas de coerción alternativas y menos lesivas a los derechos del imputado. Esto es esencial en una provincia que padece el flagelo de la superpoblación de presos sin condena, ocho de cada diez, que da lugar a fugas, motines e incendios trágicos como el de Magdalena, que no parecen pesar sobre ninguna buena conciencia política. Nada impide “realizar audiencias en la etapa preparatoria para casos más complejos que los de flagrancia”, dicen los organismos, incluyendo los más graves: “homicidios, violaciones, corrupción de funcionarios públicos –uno de los problemas delictivos más acuciantes en la provincia– y delitos económicos”.

El proyecto oficial dispuso la supresión de la Cámara de Casación (que lo atribuyó al disgusto oficial por algunas de sus decisiones inspiradas en “las obligaciones internacionales adquiridas por la República Argentina con relación al sistema americano de derechos humanos”) y delegó en las cámaras departamentales el recurso contra la sentencia definitiva. Pero así se desatienden las exigencias previstas por la doctrina del fallo “Casal”. En ese fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que la amplia revisión de las sentencias incluyera las cuestiones de hecho y prueba, en cumplimiento de la garantía constitucional de la doble instancia. Para ello deberían filmarse o grabarse las audiencias de juicio, de modo que los jueces revisores de la sentencia definitiva tuvieran todos los elementos necesarios. El proyecto oficial confía a tribunales unipersonales el juzgamiento de delitos con penas de menos de 20 años de prisión, es decir la enorme mayoría de los que se cometen. Esto implica suprimir la colegiación penal. Es posible que los tribunales unipersonales de juicio y de apelación incrementen la eficiencia del sistema, si se la mide por la cantidad y velocidad de sentencias, pero al costo de aumentar el margen de error en la apreciación de los hechos, el análisis de las pruebas y la solución normativa, en decisiones que impliquen la libertad de las personas. Lejos de reducir los niveles de violencia en la sociedad, los incrementaría. El criterio alternativo propuesto es que sólo pueda prescindirse de la colegiación en casos en que las decisiones de los tribunales de juicio y de la Cámara de Revisión y Garantías no puedan incluir medidas restrictivas de la libertad del imputado. El último punto del documento reclama una mejoría en el proceso de selección de jueces, fiscales y defensores, al que deberían extenderse los procedimientos vigentes para la designación de los miembros de la Suprema Corte, el Procurador y Subprocurador General. La transparencia y calidad democrática de las instituciones de gobierno reclaman el mismo método para la designación del futuro Defensor General o Defensor ante la Suprema Corte y para los jueces y magistrados del ministerio público de todas las instancias. Con criterios similares a los de los decretos 222 y 588 que Kirchner firmó en 2003, las organizaciones solicitan que sea obligatoria la información acerca del cumplimiento de las obligaciones tributarias del candidato y la regularidad de sus aportes provisionales; que se establezca como condición el compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos y que se contemple la equidad de género. El documento también solicita al gobernador que provea el cargo vacante desde hace dos años en la Suprema Corte provincial y al Senado que modifique su Reglamento para permitir la participación de la sociedad civil en la designación de magistrados. Las sesiones de la Comisión de Asuntos Constitucionales son públicas pero las entrevistas con los candidatos a jueces no. Esto no permite una efectiva participación, con audiencias públicas convocadas para que la sociedad civil formule preguntas y los candidatos respondan a las presentaciones efectuadas, tal como ocurre en el Senado de la Nación.

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No sólo en la provincia de Buenos Aires se discuten las bondades de una reforma procesal penal y el rol de la defensa pública. Un artículo mucho más extenso que estas dos páginas/12 fue dedicado al caso el domingo por el diario The New York Times, que describe un día en el tribunal penal central de Irak, establecido hace tres años por el Virrey interino L. Paul Bremer III. Según el juez principal designado por el gobierno de W.Bush, el tribunal federal creado para los casos más graves sería un modelo para los juzgados de todo el país, con una biblioteca, una sala de conferencias y computadoras para archivar los registros y permitir que los estudiantes aprendieran cómo funciona la justicia. Nada de eso ocurrió.

Dos camiones militares estadounidenses custodiados por siete vehículos Humvees se detuvieron frente a la sede del tribunal. Los soldados saltaron apuntando en abanico con sus fusiles mientras los acusados eran bajados de los camiones, con ropas amarillas de presidiario, capuchas negras y manos y pies engrillados. Cada juicio duró 15 minutos. Antes del almuerzo se habían leído cinco condenas y una absolución. El primero fue un empleado del ministerio de industria a quien los soldados estadounidenses acusaron de poseer explosivos. La prueba no fue cuestionada, dice el NYT, porque el acusado no tenía defensor. Los jueces le nombraron uno pero no permitieron que hablara con él. El acusado negó que los explosivos le pertenecieran o hubieran estado en su casa y pidió examinar las fotos. Los jueces no accedieron. El defensor se limitó a decir que era inocente. Lo condenaron a 30 años de cárcel.

Con el mismo método el tribunal condenó a la horca a 14 detenidos, lo que preocupa incluso a uno de los fiscales estadounidenses. “Son necesarias garantías para que no vayan al cadalso personas inocentes”, reclama Mark Waller, un mayor retirado de la Fuerza Aérea y fiscal en el Estado de Colorado. Sin embargo los soldados estadounidenses se quejan de que deben detener varias veces a cada persona porque los jueces les permiten entrar por una puerta y salir por la otra para volver a atacarlos.

La mayoría de los defensores de oficio reciben amenazas para no contradecir los cargos. Un abogado estadounidense dijo que había participado en un centenar de juicios y que nunca vio a un defensor presentar pruebas o testigos. “Lo principal que necesitamos hacer en Irak es establecer el estado de derecho. Es la piedra fundamental de una civilización, sin la cual lo que tenemos es anarquía. Y estamos fracasando”, dice el fiscal Waller. Una reciente evaluación del Pentágono afirma que no se ha creado un aparato judicial capaz de reducir los abusos de los fuerzas de seguridad y que la justicia iraquí está sobrecargada de trabajo. El objetivo de los funcionarios estadounidenses es que el sistema judicial condene a quienes constituyen una amenaza para sus tropas y libere a quienes no lo son. “Y esa es una línea muy delgada” dice el general John Gardner. Es decir, si son morochos iraquíes la diferencia entre culpables e inocentes es casi imperceptible a la vista militar pese a sus sofisticados dispositivos ópticos.

“Al mismo tiempo hay detenidos que pasan hasta dos años sin ser acusados de nada”, dice el diario. Sólo una mínima proporción son llevados a juicio: 3.000 sobre 61.500 personas detenidas desde la ocupación. Para Qasim Hassan al-Aboudi, del Consejo de la Magistratura iraquí, los norteamericanos llevan a juicio casos sin pruebas suficientes. “Vemos delincuentes que quedan en libertad, pero no es culpa del sistema judicial, sino de los errores en la recolección de pruebas”.

El defensor privado de dos detenidos por el presunto ataque a un hospital presentó una carta del director certificando que nunca se había producido. El juez la agregó al expediente y leyó la sentencia: 30 años de prisión. El fallo ni mencionó la carta. El juez interrogó a un camionero acusado de poseer armas en su casa:

–¿Usted es terrorista, integra alguna organización?

–No señor

–¿Y por qué lo trajeron aquí?

El defensor, designado al empezar el juicio, sólo pidió clemencia. Lo condenaron a 30 años.

Los defensores firman el acta de la audiencia sin leerla. Con pedido de reserva de su identidad por miedo a ser asesinado, un defensor dijo que le hubiera gustado hablar con su cliente “para saber cómo defenderlo” pero que los norteamericanos no se lo permitieron. Según el presidente de la Asociación de Abogados de Irak, Diya al-Saadie, “no podemos imaginar un sistema judicial justo sin un abogado defensor que pueda cumplir con su deber”. La ex coordinadora del programa de la cancillería estadounidense “Estado de Derecho en Irak”, Karen Hanrahan, diseñó un plan para crear un sistema de Defensa Pública. Pero nunca consiguió los recursos para financiarlo, porque la planificación judicial es dominada por los fiscales. El fiscal de Iowa Charles W. Larson, quien fue asesor en Irak hasta el año pasado, dijo que su equipo tenía en cuenta a los defensores, pero que “éste es un sistema que gira sobre los jueces”. Es previsible que el hiperactivo embajador Earl Anthony Wayne no objetará la reforma bonaerense.

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¿Habrá que esperar a ese día para que el gobierno advierta el error de su rudimentaria respuesta a la demanda de seguridad, cuando los indicadores oficiales dicen que los crímenes violentos se han reducido a la mitad?


Horacio Verbitsky

Diario Página/12, 24 de diciembre de 2006.

23.12.06

San Luis y la tradición nepotista


Si hay una provincia argentina emblemática de la tradición caudillista y nepotista que ha cundido en distintos rincones de la Argentina, ésa es la de San Luis, donde los hermanos Rodríguez Saá gobiernan desde 1983 hasta hoy, sin certeza alguna de que dejarán el poder.

El reciente fracaso por imponer un proyecto de reelección indefinida del mandatario provincial de Misiones, que no sólo cortó las aspiraciones del gobernador Jorge Rovira, sino que arrastró al presidente Néstor Kirchner por haberlo apoyado, generó consecuencias políticas importantes en todo el país. Una de ellas fue el fin de varios proyectos reeleccionistas de dudosa legalidad o legitimidad, como los que se plantearon en su momento los gobernadores de Buenos Aires, Felipe Solá, y de Jujuy, Eduardo Fellner.

Lamentablemente, existen cinco provincias (San Luis, La Rioja, Catamarca, Formosa y Santa Cruz) cuyas constituciones admiten la posibilidad de la reelección indefinida del gobernador.

En las últimas semanas, surgió la posibilidad de que la provincia de San Luis se excluyera de esa lista. Un proyecto de enmienda de la Constitución provincial, propuesto por el gobernador Alberto Rodríguez Saá y aprobado ya por la Cámara de Diputados, plantea limitar la posibilidad de reelección del titular del Poder Ejecutivo de la provincia por un solo período consecutivo, dejando de lado la actual alternativa de la reelección perpetua.

Lo controvertido del proyecto es que sus efectos sólo se aplicarían a partir de 2011, en virtud de lo cual sectores de la oposición han denunciado, no sin sólidos fundamentos, que el actual gobernador podría permanecer en el poder, si lo deseara y contara con el apoyo ciudadano, hasta 2019. La dinastía Rodríguez Saá se estiraría así nada menos que por 36 años, como mínimo, en una tenebrosa combinación de poder hegemónico y nepotismo.

Cinco años atrás, la consigna popular de "¡que se vayan todos!" asustó a buena parte de la clase política, cuya agenda pareció comenzar a otorgarles un lugar importante a las demandas de reforma política. No pocos funcionarios y dirigentes políticos, ante el novedoso escenario, comenzaron a agotar a sus auditorios con frases que prometían pulverizar la corrupción e investigar hechos ilícitos hasta las últimas consecuencias, o bien comenzaron a apelar a la necesidad de una nueva política. Con tristeza, hoy advertimos que, por entonces, la vieja dirigencia política tan sólo asumió la retórica de quienes parecían amenazar su continuidad en la silla del poder con el único propósito de seguir manteniendo sus privilegios. Y así fue: la tan esperada renovación no se produjo y la reforma política -hoy cajoneada por el gobierno nacional- se convirtió en un simple eslogan para ganar tiempo.

Es probable que con algunas ideas para reformar las constituciones provinciales, como la de San Luis, ocurra algo parecido. Se trata apenas de neutralizar viejos reclamos sociales, cambiando algo para que en el fondo nada se modifique.

Sería más trascendente para las instituciones y para la seguridad jurídica de la provincia que las autoridades de San Luis dieran otra clase de señales, sobre todo en momentos en que la comunidad empresarial observa con preocupación cómo una sociedad mixta con mayoritaria participación del estado provincial, la Constructora San Luis Sapem, que preside el ministro Alberto Pérez, pretende despojar de sus derechos sobre un yacimiento minero salino, ubicado en la Laguna del Bebedero, a la empresa Dos Anclas, que viene explotándolo desde 1917 y adquirió esas tierras en 1941. Maniobras como las descriptas no hacen más que acentuar la percepción de que, en algunas provincias, el sector privado sólo puede tener derecho a hacer negocios si tiene un padrino en el poder político de turno.

No menos conveniente sería que, en lugar de agitar proyectos de reforma constitucional, quienes gobiernan la provincia de San Luis hicieran gestos efectivos de renunciamiento a seguir aferrándose al poder, para dar paso a nuevas generaciones políticas y facilitar la alternancia, tan valiosa en cualquier república.


EDITORIAL DEL DIARIO "LA NACIÓN", Sábado 23 de diciembre de 2006.

19.12.06

13 de diciembre: DÍA DEL CORAJE CÍVICO


El Diputado Nacional Miguel Ángel Giubergia de la Unión Cívica Radical presentó un Proyecto de Ley para instituir el 13 de diciembre de cada año como el Día del Coraje Cívico Argentino, en conmemoración del dictado del Decreto de juzgamiento a las Juntas Militares. La mayoría de los diputados que promueven medidas a favor de los derechos humanos votaron en contra.


"Quienes levantan la bandera de los Derechos Humanos y se consideran paladines de esta lucha votaron en contra", expresó Miguel Ángel Giubergia luego de la sesión de Diputados en donde se rechazó el proyecto para establecer el 13 de diciembre como Día del Coraje Cívico.

El 13 de diciembre de 1983 fue aprobado del decreto 158 que dio inicio, por primera vez en el mundo, a lo que sería el Juicio Sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de los integrantes de las Juntas Militares que gobernaron entre los años 1976 y 1983. Durante este período se perpetró el mayor genocidio contra el pueblo argentino. Miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de los procedimientos de lucha inspirados en la totalitaria "doctrina de la seguridad nacional".

Como conmemoración de esa fecha, el diputado Radical Miguel Ángel Giubergia presentó un proyecto de ley para establecer ese día como el día del Coraje Cívico Argentino. Dado que el Congreso está finalizando su período de sesiones ordinarias, Giubergia solicitó el tratamiento del proyecto sobre tablas, que en su Artículo 3° dice: "En todas las unidades militares de la República Argentina como así también en los buques y aeronaves deberá leerse el día 13 de diciembre de cada año el Decreto N° 158/1983 con sus fundamentos"

Frente a la negativa del oficialismo para tratarlo sobre tablas, y para evitar el vencimiento de la iniciativa, el legislador jujeño pidió su votación nominal en la Cámara de Diputados. De los 143 legisladores presentes, 89 votaron en contra, 48 a favor y 5 se abstuvieron. Lo paradójico es que los votos negativos pertenecen en su mayoría a diputados de bloques que habitualmente son los impulsores de medidas a favor de los derechos humanos: Frente para la Victoria y ARI, principalmente.

"El Decreto 158/83 fue la base que permitió sentar en el banquillo a los represores de la última dictadura. Es un hito histórico de tal magnitud que amerita tener el reconocimiento que en este proyecto se propone. Creo que nuestros hijos, nuestros jóvenes, toda la sociedad argentina, deben conocer y saber la existencia de este decreto. Había que tener el coraje y la valentía para enfrentarse a quienes habían estado torturando y matando durante toda esa década infame que tuvo que soportar el país, había que tener coraje y el coraje lo tuvo el pueblo de la República, que fue el que llevó adelante estos decretos. El coraje lo tuvo el pueblo argentino, que fue el que llevó a la condena a estos delincuentes y a estos genocidas. Por eso venimos aquí a solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto de ley al cumplirse 23 años del dictado de lo que sirvió y debe servir como ejemplo para todos y cada uno de los argentinos, porque en este país nunca más puede existir genocidio", fueron las palabras de Giubergia que finalizaron con un aplauso en el recinto de Diputados.

El Decreto 158/1983 es completado por la Ley N° 23.049, que modifica el Código de Justicia Militar establecido que la jurisdicción militar deberá limitarse al juzgamiento de los delitos militares y de faltas disciplinarias, habilitando la justicia civil.

El proyecto de ley de Giubergia es acompañado con la firma de sus compañeros de bancada: Alejandro Nievas, Fernando Chironi, Hugo Storero, Alicia Tate, Cinthya Hernández, Beatriz Leiva de Martí y Victor Zimmemann.

www.losderechoshumanos.com.ar

12.12.06

La sombra perecedera de Augusto Pinochet


Por Ariel Dorfman

¿Ha muerto de veras el general Augusto Pinochet? Pese a que no cabe duda de que su cuerpo, comprobadamente mortal, ya no envilece con su respiración el aire de mi país, temo que el dictador que malgobernó Chile durante tantos años no vaya nunca a extinguirse de esta tierra. Para exorcizarlo definitivamente hubiera sido necesario que concluyera cada uno de los innumerables procesos por tortura y secuestro, por robos y asesinatos, que se le seguían en los tribunales chilenos, hubiera sido necesario que a Pinochet se le forzara a mirar, una tras otra, las caras de los familiares de los hombres y mujeres que hizo desaparecer, hubiera sido crucial que aliviase de alguna manera mínima el irreparable y múltiple dolor que inflingió. Hubiera sido necesario que se quedase solo en la muerte en vez de que un tercio cómplice, recalcitrante y autoritario de la población chilena llorara su partida y exigiera duelo nacional; tendría que haberse quedado solitario y frío en la muerte, lamentado únicamente por sus parientes más cercanos y sus amigos íntimos. Pero es tal el recelo y la influencia que todavía genera este tirano supuestamente muerto, ha torcido de tal manera el sentido común de la república y logrado confundir de tal manera la ética de los políticos chilenos, que el gobierno democrático decidió, en forma indigna y vergonzosa, que la ministra de Defensa, Vivian Blanlot, asistiera oficialmente a los ritos fúnebres. ¡Un gobierno presidido por una mujer, Michelle Bachelet, a la que el general Pinochet encarceló y atormentó y a cuyo padre hizo matar! ¡La ministra de Defensa de un Chile democrático participando en un homenaje a un terrorista internacional que hizo ultimar a los tres ministros de Defensa de Salvador Allende, el hombre que asesinó a José Tohá en un calabozo chileno y a Orlando Letelier en una calle en Washington y al ex comandante en jefe del Ejército chileno Carlos Prats González, en una desamparada avenida de Buenos Aires!

Y, sin embargo, a pesar de estos desconsolantes signos de la permanencia y poderío del general más allá de la muerte, también siento que algo ha cambiado categóricamente en mi país. Lo saben miles y miles de chilenos que festejaron en forma espontánea la noticia de la partida del general Pinochet de este mundo como si se tratara, no de una extinción, sino de un alumbramiento. Danzando en las calles de Santiago, ellos repetían una palabra incesantemente: la palabra sombra. Se fue la sombra, decía un hombre y decía una mujer sin haberse puesto de acuerdo, susurraban unos y otros y todos. La sombra, la sombra, ya no cae la sombra de Pinochet sobre nosotros. Como si los mil demonios de una plaga hubiesen sido lavados del territorio nacional, como si entendiéramos que nunca más el miedo, nunca más el helicóptero en la noche, nunca más la sombra impura y poluta. Para estos celebrantes, la mayoría de ellos jóvenes, algo se había quebrado para siempre en el momento en que dejó de latir el corazón hosco e impenitente de Augusto Pinochet. Se habían pasado la vida, nos hemos pasado la vida, imaginando este momento, este día en que la oscuridad retrocede, este diciembre en que queda un país limpio. Este instante en que ya no podremos culpar al dictador de todo lo que va mal, todo lo que se enrosca, todo lo que entristece y frustra. Este instante en que no tendremos ya nunca más a Pinochet como horizonte perverso.

¿Ha muerto de veras el General? ¿Dejará alguna vez de contaminar cada espejo esquizofrénico de la vida nacional? ¿Dejaremos de ser alguna vez un país dividido? ¿Acaso tendrá razón aquella madre futura, encinta de siete meses, que saltaba de alegría en el centro de Santiago cuando proclamó a los cuatro vientos que ahora todo iba a ser diferente, porque su hijo iba a nacer en un Chile sin Pinochet?

La batalla por el alma de mi país recién comienza.


Hoy es un mal día para el diablo, perdió la presidencia del infierno.”

Carlos Fuentes.

11.12.06

que lo tiren al Mapocho














OBITUARIO CON HURRAS
Vamos a festejarlo
vengan todos
los inocentes
los damnificados
los que gritan de noche
los que sueñan de día
los que sufren el cuerpo
los que alojan fantasmas
los que pisan descalzos
los que blasfeman y arden
los pobres congelados
los que quieren a alguien
los que nunca se olvidan
vamos a festejarlo
vengan todos
el crápula se ha muerto
se acabó el alma negra
el ladrón
el cochino
se acabó para siempre
hurra
que vengan todos
vamos a festejarlo
a no decir
la muerte
siempre lo borra todo
todo lo purifica
cualquier día
la muerte
no borra nada
quedan
siempre las cicatrices
hurra
murió el cretino
vamos a festejarlo
a no llorar de vicio
que lloren sus iguales
y se traguen sus lágrimas
se acabó el monstruo prócer
se acabó para siempre
vamos a festejarlo
a no ponernos tibios
a no creer que éste
es un muerto cualquiera
vamos a festejarlo
a no volvernos flojos
a no olvidar que éste
es un muerto de mierda
Mario Benedetti

Augusto Pinochet, asesino


Y se murió de viejito nomás. En una cama, del corazón (un corazón al que sólo acudió para morir tranquilo), rodeado de fascistas y dolorosamente impune. Cuesta encontrar las palabras para expresar la monstruosidad de este hombre. Cuesta expresar la tragedia que implicó en nuestras vidas. Inauguró el golpe sangriento, con torturas sin límite, con desaparecidos. Todo golpe cruento, asesino, tomó su nombre: pinochetazo. Aquí, a mediados del ’75, todos lo decían: “Lo que se viene es el pinochetazo”. Debimos saberlo desde el ’73. Debimos saber que el adversario no sólo era poderoso, sino que era criminal. Debimos haber puesto cautela en nuestra mano; no frenarla, no pararla, pero reflexionar que lo de Chile nos dejaba muy solos, era muy desmedido y reclamaba eso: cautela. Pero estábamos embalados. En septiembre de 1973 la Facultad de Filosofía y Letras dictaba muchas de sus materias en la calle Córdoba. Un lindo lugar con una capilla en el medio. Ivannisevich se sacó una foto pegándole con un pico a una pared, destruyendo el edificio. Prolijos, dejaron la capilla. Todavía está. Un pibe de la JUP me dijo del golpe y se me ofreció para levantar mi clase. Yo, uno se creía, aún, inmortal, le dije que la levantaba yo y llevaba a mis alumnos a la marcha. Salimos de las aulas en busca de las marchas. Sentíamos más la presencia de la JP en las calles, vivando a Allende, que la relación profunda, íntima, que la tragedia de Chile tenía con nosotros. En esa época las fronteras parecían más lejanas. Si algo pasaba en Chile, no tenía por qué pasar aquí.

En seguida llegó la foto del carnicero. Es la perfecta caricatura del general golpista sudamericano. La jeta erguida, bigote, anteojos negros. Después, la noticia de la muerte de Allende. Decían: se suicidó. No recuerdo qué dijo Perón. Nada memorable, sin duda. Poco tiempo después cruzaba la cordillera y se entrevistaba con el carnicero. ¡Qué vivos están estos recuerdos! Los dos bien trajeados de milicos. Con capas y todo. Le gustaban las capas a Pinochet. Al día siguiente o a los dos días empezaron a llegar los exiliados, los que apenas habían salvado el pellejo o los que habían sido escupidos del Estado Nacional. Estaban desechos. En Ezeiza, el gobierno argentino les tomó huellas digitales hasta de los dedos del pie. Les tomaron todos los datos, los ficharon bien fichados, les hicieron saber que si algo raro hacían duraban media hora sin ser arrestados. El Descamisado publicó las fotos y tituló: “Esta vergüenza se hace en nombre del peronismo”. Claro que sí: eso hizo el peronismo. Lo habría hecho cualquier gobierno argentino. Pero el peronismo de esos días era pinochetista. Cosa que, en algún oscuro rincón de su alma, siempre puede volver a ser si es necesario.

López Rega habrá brindado con champán. El carnicero de Chile estaba enseñando cómo se arreglan las cosas con el marxismo internacional, con la sinarquía apátrida. Nosotros empezamos a enterarnos de las peores cosas. Las versiones que llegaban sobre las torturas y las violaciones del Estado Nacional estremecían. ¿Era posible tanta crueldad? Se sabía que estaba lleno de tipos de la CIA el Estadio. Que los de la CIA eran especialmente activos en torturar y hasta enseñaban a los empeñosos chilenos cómo hacerlo. Las mujeres que maltrataron a Allende con los cacerolazos salieron a festejar. Otros agarraban lo que tenían a mano y huían. “Yo –me contó años después un escritor– llegué a Perú, me metí en una pensión, abrí mi valija y puse en un estante los libros que me había llevado. Ahí estaba mi nueva biblioteca: un libro de Cortázar, otro de Lezama Lima y uno de Tolstoi. Era todo lo que tenía.”

Un día lo fue a ver Borges. El carnicero estaba orgulloso: el gran escritor había cruzado la cordillera y estaba feliz de verlo. Le puso una condecoración bien llamativa. El gran escritor le dijo al carnicero: “Me honra esta condecoración porque Chile tiene la forma de una espada”. También la Thatcher lo recibió y le habló con un inglés lento y vocalizado como para que el carnicero entendiera: “Le agradezco su ayuda en la guerra de las Falklands. Sin sus informaciones nuestros pilotos no podrían haber hecho los blancos que hicieron”. El carnicero sonrió, satisfecho, goloso.

Cierta vez estaba en una clínica en Londres. Golpean a su habitación. Entra una mujer joven y resuelta, treinta años, por ahí. El carnicero, siempre seductor, sonríe y dice: “Pasa, niña. Dime, ¿a qué vienes?” “A arrestarlo, general. Por violaciones a los derechos humanos.” Se enfurece y llama a sus matones: “¡Saquen de aquí a esta comunista!” Días después regresa a su país. Llega en silla de ruedas. No bien baja del avión se pone de pie y saluda a los suyos. ¡Pícaro el carnicero! Otra vez había engañado a todos.

No sirve para nada que se muera. Que estos tipos se mueran cuando ya mataron a todos los que querían matar es un pobre consuelo. Ni un cáncer vale desearle. Nadie va a revivir por eso. Nadie va a sufrir menos de lo que sufrió. Deja, para colmo, problemas. Los militares de su país (al que le aseguró la economía y todos sabemos cuánto aprecian esto los pueblos) lo honrarán desde las armas. Michelle Bachelet no lo honrará desde el Estado. Pero habrá que organizar actos en toda América latina. El New York Times ha anunciado su muerte como la de un cruzado contra el marxismo. Puño de hierro, dictador, pero un hombre que no dudó. Fue la suma de las peores cosas que un ser humano puede ofrecer: lo de asesino lo sabemos, pero fue, además, ladrón, mentiroso, cínico, se rió de sus adversarios y de sus muertos. Descansará en paz porque morirse es eso. Pero que no tenga paz su memoria. Que nadie olvide sus crímenes. La era de horror que inauguró. Que en las escuelas argentinas se sepa que Pinochet es parte de nuestra historia, porque prefiguró nuestra pesadilla, porque inspiró a nuestros verdugos. Que gane la verdad por sobre la mentira con que sus adeptos buscan protegerlo. Que su nombre infunda pavor y que ese pavor se transforme en coraje: nunca más un Pinochet. Que haya un busto suyo con una placa en todos los países del mundo. Que esa placa diga: “Augusto Pinochet, asesino”. Porque olvidarlo sería como olvidar Auschwitz, el Estadio Nacional, la ESMA.

José Pablo Feinmann

Página/12, 11 de diciembre de 2006

10.12.06

por quienes faltan ...

Canto que mal me sales
cuando tengo que cantar espanto...

Estadio Chile - Septiembre 1973.

VICTOR JARA

la muerte del tirano


!!!!!! FELÍZ DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS !!!!!!


En 1950 la Asamblea General de las Naciones Unidas instaura el día 10 de diciembre como el DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, donde se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Justo este día, de este año 2006, nos alegra la noticia de la muerte del nefasto dictador que violó sistemáticamente los derechos humanos en Chile.