Por el Plenario de la H. Convención Nacional de la UCR
Quienes hoy recibieron la responsabilidad de gobernar la Nación actúan como si haber sido elegidos por el voto popular los autorizara al ejercicio ilimitado del poder. Los que actúan como si la democracia fuera un despotismo de la mayoría están estropeando esta oportunidad por no escuchar, por no consensuar, por buscar fanáticamente en los demás sólo la subordinación y la obediencia.
Nuestro sueño es hacer de la Argentina una nación avanzada. Para convertirlo en realidad. Es necesario dar un salto cualitativo, hacia el equilibrio institucional, hacia el fortalecimiento del estado y hacia la cohesión social. Ello requiere la combinación de tres condiciones: instituciones republicanas fuertes, un estado capaz y efectivo y una sociedad abierta, productiva e incluyente.
Argentina está lejos de tener instituciones equilibradas. Por el contrario, se observa un desequilibrio de poder que la actual gestión presidencial no ha hecho más que profundizar. En lugar de abordar el contexto de crisis en que asumió como un desafío para equilibrar las instituciones y elaborar políticas de consenso para resolver los problemas del país, el Presidente optó por agravar los desequilibrios institucionales concentrando aún más poder en su persona.
Para conseguir el equilibrio institucional es necesario, en primer término, desconcentrar el poder del Presidente hacia los otros representantes legítimos del pueblo. Hay que restituir a los legisladores el poder para legislar y para controlar al Ejecutivo terminando con las facultades delegadas del Congreso al Ejecutivo en materia presupuestaria y con la sanción tácita de decretos y de contratos con empresas. Hay que garantizar al Poder Judicial la independencia que le corresponde modificando la Ley del Consejo de la Magistratura que hoy permite al oficialismo controlar la designación de los jueces y nombrando los jueces de la Corte Suprema que faltan, o reduciendo su número a siete.
El actual gobierno parece haber adoptado un rumbo: el del capitalismo prebendario, en el cual la ganancia y la supervivencia misma de las empresas depende de su cercanía con el poder y de su sometimiento a designios políticos del Presidente y su entorno. Ha eludido con el peso de su mayoría legislativa el control parlamentario de las renegociaciones de contratos, ha inutilizado los entes reguladores y ha lesionado severamente la capacidad del estado para investigar el lavado de dinero. También ha expandido los subsidios a distintos sectores y actividades económicas. Ha instaurado un mecanismo de control de la inflación de corto plazo que entorpece la inversión privada, desalienta las exportaciones más rentables y arma una trampa de inflación reprimida.
Los radicales entendemos que para hacer una nación avanzada es necesaria una economía privada racional. La concebimos como un sistema donde el estado genere condiciones estructurales y ventajas comparativas para garantizar la plena competencia empresarial en los mercados, para corregir sus fallas y para orientarlos a producir y a crear riquezas con alto valor agregado, estimulando así la movilización de recursos y la innovación.
La ley debe reconocer derechos donde la práctica de la libertad los ha creado. La sociedad argentina es más abierta, tolerante y operativa que la legislación que la gobierna. Por eso hay que terminar con la hipocresía y con la persecución legal de lo que los ciudadanos aceptan y hasta a veces practican. La derecha reaccionaria supo, en medio de la crisis, explotar el miedo de los ciudadanos ante la incompetencia y la venalidad de la policía y la justicia. Su presión para aumentar las penas y el contenido represivo de las normas no aportó más seguridad, porque no atendía las causas verdaderas ni era la respuesta adecuada. El proyecto de reforma penal que el gobierno nacional, acobardado por la derecha recalcitrante que dice despreciar y combatir, ahora quiere condenar al archivo de las buenas intenciones, debe ser rescatado como una base para el debate modernizador.
Este es nuestro programa y el programa de quienes aspiran a vivir en una plena democracia representativa, republicana y federal; a trabajar en una economía que estimule sus emprendimientos, recompense sus esfuerzos y distribuya equitativamente costos y beneficios; a vivir en una nación ordenada y pacífica que provea condiciones de vida decentes para todos y la libertad para que cada uno viva conforme a sus creencias. Este programa demanda, para ser ejecutado, una fuerza política distinta de la que hoy gobierna en la Argentina: una nueva coalición con las convicciones políticas, económicas y sociales adecuadas para forjar esas metas y la determinación que hace falta para cumplirlas. Convocar a esa nueva coalición y protagonizar esa gesta son el imperativo de la hora para la Unión Cívica Radical.
Quienes hoy recibieron la responsabilidad de gobernar la Nación actúan como si haber sido elegidos por el voto popular los autorizara al ejercicio ilimitado del poder. Los que actúan como si la democracia fuera un despotismo de la mayoría están estropeando esta oportunidad por no escuchar, por no consensuar, por buscar fanáticamente en los demás sólo la subordinación y la obediencia.
Nuestro sueño es hacer de la Argentina una nación avanzada. Para convertirlo en realidad. Es necesario dar un salto cualitativo, hacia el equilibrio institucional, hacia el fortalecimiento del estado y hacia la cohesión social. Ello requiere la combinación de tres condiciones: instituciones republicanas fuertes, un estado capaz y efectivo y una sociedad abierta, productiva e incluyente.
Argentina está lejos de tener instituciones equilibradas. Por el contrario, se observa un desequilibrio de poder que la actual gestión presidencial no ha hecho más que profundizar. En lugar de abordar el contexto de crisis en que asumió como un desafío para equilibrar las instituciones y elaborar políticas de consenso para resolver los problemas del país, el Presidente optó por agravar los desequilibrios institucionales concentrando aún más poder en su persona.
Para conseguir el equilibrio institucional es necesario, en primer término, desconcentrar el poder del Presidente hacia los otros representantes legítimos del pueblo. Hay que restituir a los legisladores el poder para legislar y para controlar al Ejecutivo terminando con las facultades delegadas del Congreso al Ejecutivo en materia presupuestaria y con la sanción tácita de decretos y de contratos con empresas. Hay que garantizar al Poder Judicial la independencia que le corresponde modificando la Ley del Consejo de la Magistratura que hoy permite al oficialismo controlar la designación de los jueces y nombrando los jueces de la Corte Suprema que faltan, o reduciendo su número a siete.
El actual gobierno parece haber adoptado un rumbo: el del capitalismo prebendario, en el cual la ganancia y la supervivencia misma de las empresas depende de su cercanía con el poder y de su sometimiento a designios políticos del Presidente y su entorno. Ha eludido con el peso de su mayoría legislativa el control parlamentario de las renegociaciones de contratos, ha inutilizado los entes reguladores y ha lesionado severamente la capacidad del estado para investigar el lavado de dinero. También ha expandido los subsidios a distintos sectores y actividades económicas. Ha instaurado un mecanismo de control de la inflación de corto plazo que entorpece la inversión privada, desalienta las exportaciones más rentables y arma una trampa de inflación reprimida.
Los radicales entendemos que para hacer una nación avanzada es necesaria una economía privada racional. La concebimos como un sistema donde el estado genere condiciones estructurales y ventajas comparativas para garantizar la plena competencia empresarial en los mercados, para corregir sus fallas y para orientarlos a producir y a crear riquezas con alto valor agregado, estimulando así la movilización de recursos y la innovación.
La ley debe reconocer derechos donde la práctica de la libertad los ha creado. La sociedad argentina es más abierta, tolerante y operativa que la legislación que la gobierna. Por eso hay que terminar con la hipocresía y con la persecución legal de lo que los ciudadanos aceptan y hasta a veces practican. La derecha reaccionaria supo, en medio de la crisis, explotar el miedo de los ciudadanos ante la incompetencia y la venalidad de la policía y la justicia. Su presión para aumentar las penas y el contenido represivo de las normas no aportó más seguridad, porque no atendía las causas verdaderas ni era la respuesta adecuada. El proyecto de reforma penal que el gobierno nacional, acobardado por la derecha recalcitrante que dice despreciar y combatir, ahora quiere condenar al archivo de las buenas intenciones, debe ser rescatado como una base para el debate modernizador.
Este es nuestro programa y el programa de quienes aspiran a vivir en una plena democracia representativa, republicana y federal; a trabajar en una economía que estimule sus emprendimientos, recompense sus esfuerzos y distribuya equitativamente costos y beneficios; a vivir en una nación ordenada y pacífica que provea condiciones de vida decentes para todos y la libertad para que cada uno viva conforme a sus creencias. Este programa demanda, para ser ejecutado, una fuerza política distinta de la que hoy gobierna en la Argentina: una nueva coalición con las convicciones políticas, económicas y sociales adecuadas para forjar esas metas y la determinación que hace falta para cumplirlas. Convocar a esa nueva coalición y protagonizar esa gesta son el imperativo de la hora para la Unión Cívica Radical.
Rosario, 26 de Agosto de 2006.
www.historia.radicales.org.ar
No hay comentarios.:
Publicar un comentario